OPINI脫N de Dar铆o Aranda.- Un proyecto de ley que ya tiene media sanci贸n en el Senado bonaerense achica las distancias de uso del herbicida respecto de las casas habitadas. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian que la iniciativa es inconstitucional.
La C谩mara de Senadores de Buenos Aires dio media sanci贸n a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta s贸lo diez metros de las viviendas, reduce al m铆nimo las distancias de utilizaci贸n de agroqu铆micos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia cient铆fica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegi贸 a las empresas del sector, nucleadas en la Asociaci贸n de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la C谩mara de empresas de agroqu铆micos (Casafe) por sobre la poblaci贸n.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarqu铆s, lo anunci贸 a d铆as de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroqu铆micos. El 6 de julio, y sin discusi贸n mediante, el Senado bonaerense dio media sanci贸n a una ley en l铆nea con los pedidos empresarios: “Se proh铆be toda aplicaci贸n utilizando la t茅cnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual est谩 delimitada por diez metros contados desde el l铆mite de la zona urbana”.
Entre los productos que podr谩n fumigarse hasta pasos de las viviendas est谩n el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancer铆geno”, ubicado en el segundo escal贸n de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el tambi茅n cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el pa铆s respecto a las fumigaciones y tambi茅n ignora las evidencias cient铆ficas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la poblaci贸n. No existe argumento ni t茅cnico ni cient铆fico que justifique esta ley”, denunci贸 Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agr贸nomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organizaci贸n Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirm贸 que lo 煤nico que privilegia este proyecto en la “b煤squeda de mayor rentabilidad” de empresas. Precis贸 que detr谩s de la iniciativa est谩n la Asociaci贸n de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (c谩mara empresaria de agroqu铆micos, donde est谩n todas las grandes compa帽铆as del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de Naci贸n.
El Senasa clasifica los qu铆micos en cinco categor铆as: IA (sumamente peligroso, muy t贸xico, banda roja), IB (sumamente peligroso, t贸xico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificaci贸n es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque est谩 realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulaci贸n) y deja de lado la afectaci贸n cr贸nica (por largos periodos de tiempos, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los qu铆micos son m谩s nocivos).
Diana Gonz谩lez, de la Asamblea por la Protecci贸n de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consider贸 que la clasificaci贸n del Senasa “es falaz porque excluye de la discusi贸n la exposici贸n cr贸nica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o “zonas de exclusi贸n”. Fija distancias de 500 metros para fumigaciones a茅reas y las reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y diez metros para las categor铆as III y IV. “Es una burla. Los m谩s usados hoy est谩n en las categor铆as III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios cient铆ficos que tienen efectos cr贸nicos que afectan la salud pero igual te lo echar谩n hasta la puerta de tu casa”, alert贸 Arisnabarreta.
La Corte Suprema de Buenos Aires fall贸 en 2012 y prohibi贸 fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegi贸 a Mar铆a Cristina Monsalvo y V铆ctor Fern谩ndez (de la localidad de Alberti), que sufr铆an las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El m谩ximo tribunal de Buenos Aires cit贸 el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanci贸n desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisi贸n de Ambiente) y su fundamentaci贸n no cita ning煤n trabajo t茅cnico ni cient铆fico que justifique las m铆nimas distancias. Por contraposici贸n, en Argentina existen m谩s de cien trabajos cient铆ficos de universidades p煤blicas (R铆o Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrot贸xicos en poblaciones.
Lucas Land铆var y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura qu铆mica. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya est谩n vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias p煤blicas como establece la normativa vigente.
Gonz谩lez, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como 煤nica meta proteger los intereses empresariales del agronegocios”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-305409-2016-07-28.htm
La C谩mara de Senadores de Buenos Aires dio media sanci贸n a un proyecto de ley que permite fumigar con el cuestionado herbicida glifosato hasta s贸lo diez metros de las viviendas, reduce al m铆nimo las distancias de utilizaci贸n de agroqu铆micos, desoye fallos judiciales y no se basa en ninguna evidencia cient铆fica para establecer las distancias. Organizaciones sociales y asambleas de pueblos fumigados denuncian la inconstitucionalidad del proyecto y afirman que el gobierno provincial privilegi贸 a las empresas del sector, nucleadas en la Asociaci贸n de Productores de Siembra Directa (Aapresid) y la C谩mara de empresas de agroqu铆micos (Casafe) por sobre la poblaci贸n.
El ministro de Agroindustria de Buenos Aires y ex gerente de Monsanto, Leonardo Sarqu铆s, lo anunci贸 a d铆as de asumir: trabajaban en una nueva ley provincial de agroqu铆micos. El 6 de julio, y sin discusi贸n mediante, el Senado bonaerense dio media sanci贸n a una ley en l铆nea con los pedidos empresarios: “Se proh铆be toda aplicaci贸n utilizando la t茅cnica terrestre de todos los productos fitosanitarios, fertilizantes y otros plaguicidas comprendidos en las clases III y IV, la cual est谩 delimitada por diez metros contados desde el l铆mite de la zona urbana”.
Entre los productos que podr谩n fumigarse hasta pasos de las viviendas est谩n el herbicida glifosato (categorizado por el IARC como “probable cancer铆geno”, ubicado en el segundo escal贸n de peligrosidad en una escala de 1 a 5), atrazina (su principal comercializadora es la multinacional Syngenta), clorpirifos y el tambi茅n cuestionado herbicida 2,4-D.
“Es un proyecto que desconoce absolutamente las denuncias y enfermedades que se dan en todo el pa铆s respecto a las fumigaciones y tambi茅n ignora las evidencias cient铆ficas y legales que acreditan la necesidad de proteger al ambiente y a la salud de la poblaci贸n. No existe argumento ni t茅cnico ni cient铆fico que justifique esta ley”, denunci贸 Gabriel Arisnabarreta, ingeniero agr贸nomo, productor de alimentos sin venenos e integrante de la organizaci贸n Ecos de Saladillo.
Arisnabarreta afirm贸 que lo 煤nico que privilegia este proyecto en la “b煤squeda de mayor rentabilidad” de empresas. Precis贸 que detr谩s de la iniciativa est谩n la Asociaci贸n de Siembra Directa (Aapresid), Casafe (c谩mara empresaria de agroqu铆micos, donde est谩n todas las grandes compa帽铆as del sector), la Mesa de Enlace, “sectores del INTA” y el Ministerio de Agroindustria de Naci贸n.
El Senasa clasifica los qu铆micos en cinco categor铆as: IA (sumamente peligroso, muy t贸xico, banda roja), IB (sumamente peligroso, t贸xico, banda roja), II (moderadamente peligroso, banda amarilla), III (poco peligroso, banda azul) y IV (normalmente no ofrece peligro, banda verde).
La clasificaci贸n es muy cuestionada a nivel nacional e internacional porque est谩 realizada en base a estudios de las propias empresas que comercializan los venenos y porque solo considera la toxicidad aguda (producida en el momento de la manipulaci贸n) y deja de lado la afectaci贸n cr贸nica (por largos periodos de tiempos, por ejemplo no contempla a las familias expuestas a continuas fumigaciones, donde los qu铆micos son m谩s nocivos).
Diana Gonz谩lez, de la Asamblea por la Protecci贸n de la Salud, la Vida y el Ambiente de Pergamino, consider贸 que la clasificaci贸n del Senasa “es falaz porque excluye de la discusi贸n la exposici贸n cr贸nica a la que nos vemos sometidos los vecinos de los pueblos fumigados”.
En el proyecto se mencionan prohibiciones o “zonas de exclusi贸n”. Fija distancias de 500 metros para fumigaciones a茅reas y las reduce a 100 metros (para productos de clase IA, IB y II) y diez metros para las categor铆as III y IV. “Es una burla. Los m谩s usados hoy est谩n en las categor铆as III y IV, sobre ellos hay numerosos estudios cient铆ficos que tienen efectos cr贸nicos que afectan la salud pero igual te lo echar谩n hasta la puerta de tu casa”, alert贸 Arisnabarreta.
La Corte Suprema de Buenos Aires fall贸 en 2012 y prohibi贸 fumigar a menos de 1000 metros de las viviendas. Fue una sentencia que protegi贸 a Mar铆a Cristina Monsalvo y V铆ctor Fern谩ndez (de la localidad de Alberti), que sufr铆an las aspersiones con glifosato, atrazina y cirpermetrina de un campo de soja vecino. El m谩ximo tribunal de Buenos Aires cit贸 el principio precautorio vigente en la ley: ante la posibilidad de perjuicio ambiental es necesario tomar medidas protectoras.
El proyecto con media sanci贸n desoye el fallo judicial de la Corte Suprema. Fue impulsado por el senador Alfonso Coll Areco (del bloque Peronismo Bonaerense y presidente de la Comisi贸n de Ambiente) y su fundamentaci贸n no cita ning煤n trabajo t茅cnico ni cient铆fico que justifique las m铆nimas distancias. Por contraposici贸n, en Argentina existen m谩s de cien trabajos cient铆ficos de universidades p煤blicas (R铆o Cuarto, La Plata, el Litoral, UBA y Rosario, entre otras) que dan cuenta de las consecuencias de los agrot贸xicos en poblaciones.
Lucas Land铆var y Juan Ignacio Pereyra son parte del colectivo Abogados de Pueblos Fumigados, espacio nacido de las comunidades afectadas por la consecuencias de la agricultura qu铆mica. Afirmaron que el proyecto de ley es “inconstitucional” porque desoye legislaciones que protegen la salud y el ambiente, y explicaron que es un proyecto “regresivo” (reduce protecciones ambientales que ya est谩n vigente en leyes anteriores). “Eso solo hecho ya confirma la inconstitucionalidad”, aseguraron los abogados y resaltaron que tampoco hubo audiencias p煤blicas como establece la normativa vigente.
Gonz谩lez, de la Asamblea de Pergamino, no tiene dudas: “El proyecto de ley tiene como 煤nica meta proteger los intereses empresariales del agronegocios”.
http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-305409-2016-07-28.htm