“El pueblo de Bangladesh merece que se haga justicia por los delitos cometidos durante la guerra de la independencia. Seguir utilizando la pena de muerte no servirá para lograrlo. No hace más que exacerbar las tensiones internas y dividir aún más a una sociedad desgarrada por la violencia”, ha señalado Champa Patel, directora de Amnistía Internacional para Asia meridional.
El Tribunal Supremo de Bangladesh ha confirmado hoy la sentencia y la condena de muerte de Mir Quasem Ali, importante financista del partido Jamaat-e-Islami, tras rechazar el recurso que había presentado para que se revisaran. Mantiene así la sentencia del Tribunal de Crímenes Internacionales, tribunal bangladeshí que conoce de crímenes de guerra cometidos durante la guerra de la independencia del país de 1971 y que declaró a Mir Quasem Ali culpable de crímenes de lesa humanidad en noviembre de 2014.
La semana pasada, un grupo de expertos de la ONU instó al gobierno de Bangladesh a anular la condena de muerte de Mir Quasem Ali y a concederle un nuevo juicio porque, según informes, el anterior estaba empañado por “irregularidades”.
Amnistía Internacional y otra destacada organización de derechos humanos han expresado honda preocupación por la falta de garantías de juicio justo en los procedimientos del Tribunal de Crímenes Internacionales, donde, entre otras cosas, los abogados no disponen de tiempo suficiente para preparar la defensa y sólo pueden llamar a un número limitado de testigos.
“Los procedimientos del Tribunal de Crímenes Internacionales se han visto empañados por la falta de garantías de juicio justo desde el principio. La pena de muerte es una sanción cruel e irreversible, que no hará más agravar la injusticia de los procedimientos. Quienes sufrieron los terribles sucesos de 1971 merecen algo mejor que un proceso lleno de irregularidades. Deben detenerse de inmediato todas las ejecuciones, como primer paso para la abolición de esta pena”, ha afirmado Champa Patel.
La organización teme también por la suerte de Mir Ahmed Bin Quasem, hijo de Quasem Ali y miembro de su equipo de abogados defensores. Mir Ahmed Bin Quasem fue detenido sin orden judicial por unos hombres vestidos de civil el 9 de agosto. Está recluido en régimen de incomunicación desde entonces y no ha sido acusado formalmente de ningún delito.
“El Día Internacional de los Desaparecidos, las autoridades bangladeshíes deben investigar con prontitud y de manera exhaustiva y efectiva la desaparición forzada de Mir Ahmed Bin Quasem”, ha añadido Champa Patel.
El Tribunal de Crímenes Internacionales de Bangladesh fue creado por el gobierno en 2010 para investigar las violaciones de derechos humanos a gran escala cometidas durante la guerra de independencia del país de 1971. Amnistía Internacional acogió con beneplácito la iniciativa del gobierno de hacer que los responsables respondieran ante la justicia, aunque insistió en que los acusados debían ser sometidos a juicios justos y sin recurso a la pena de muerte. Las actuaciones del Tribunal en casos anteriores se han caracterizado por graves irregularidades y violaciones del derecho a un juicio justo.
Desde 2013 han sido ejecutadas ya cinco personas condenada a muerte por el Tribunal. En 2016, Amnistía Internacional registro ocho ejecuciones en total en Bangladesh, entre ellas el ahorcamiento, el 10 de mayo, de Motiur Rahman Nizami, quien había sido condenado a muerte por el Tribunal.
Amnistía Internacional se opone a la pena de muerte en todos los casos sin excepción, con independencia del carácter o las circunstancias del delito, de las características y la culpabilidad o inocencia del acusado y del método utilizado por el Estado para llevar a cabo la ejecución. La organización hace campaña por la abolición total de la pena capital.
