Fallecieron 11 campesinos y seis policías. El unilateral proceso judicial dicta sentencia sólo por muerte de policías, pero la muerte de campesinos queda en la impunidad
Gustavo Torres
Cuatro años después de ocurrida la masacre de Curuguaty, en el distrito ubicado en el departamento de Canindeyu, al norte de la región oriental del Paraguay, en la que fallecieron 11 campesinos y seis policías, la Justicia paraguaya ratificó las condenas a 11 agricultores a penas entre cuatro y 30 años de cárcel por la muerte de los agentes.
El 15 de junio del 2012, un pelotón de más de 300 policías procedió a desalojar con una orden de allanamiento un campamento ocupado por 70 familias sin tierra que habían tomado un predio público de 1,748 Ha, denominado Marina Kue contiguo al latifundio Campo Morumbi. Durante el operativo se cometieron violaciones de derechos humanos y graves irregularidades jurídicas, y fue utilizado como pretexto para la destitución una semana después, por medio de un juicio político, con características de juicio sumario, del presidente Fernando Lugo (2008-2012).
El fallo contra los 11 campesinos, dado a conocer el 11 de julio, deja más dudas que certezas acerca de la responsabilidad penal a falta de sustento de la acusación fiscal, ratificada posteriormente como sentencia cantada de los jueces sin demostrar evidencias de que los campesinos portaran y manejaran armas automáticas.
Según las organizaciones integrantes de la Articulación por Curuguaty —que acompañó el juicio— e investigaciones independientes, la Fiscalía no investigó los hechos de la matanza, ocultó fotografías, videos, radiografías, casquillos de balas automáticos y testimonios que contradicen su teoría que inculpaba a los labriegos, acusando a 11 de ellos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa, mientras que ningún agente policial ha sido investigado por las muertes de los campesinos en Marina Kue.
En el “campamento de la resistencia” —espacio montado en la plaza frente al Palacio de Justicia por los familiares y personas solidarias con la causa de Curuguaty para pedir nulidad de la sentencia —, el obispo de la diócesis de Misiones y Ñeembucú, Mons. Mario Melanio Medina, confió a Noticias Aliadas que a través de estas acciones se está acompañando para que lo sucedido en Curuguaty sea una causa nacional y que la ciudadanía honesta reclame la liberación de los presos porque son inocentes condenados.
“La causa de Curuguaty es algo importante porque representa la lucha de los campesinos que buscan la justicia, reivindicando la liberación del pueblo de los poderes fácticos empotrados en el Estado, de las grandes empresas agroganaderas que buscan anular el desarrollo de una sociedad incluyente y democrática que favorezca a los más necesitados frente al modelo de exclusión que proponen. Entre todos tenemos que apoyar y la Iglesia tiene que tomar conciencia y apoyar efectivamente esta causa”, asegura Medina.
En tal sentido, para Margot Bremer, religiosa alemana radicada desde hace 29 años en Paraguay realizando trabajo pastoral con comunidades indígenas y campesinas, lo sucedido en Curuguaty “representa una inhumanidad inusitada, donde campea la injusticia, por lo tanto es algo emblemático que atenta contra la vida del campesino y su modo de vida, teniendo en cuenta que el 80% de las tierras cultivables están en manos de solo un 2% de la población que se dedican a la agroexportación”.
Durante el largo proceso del juicio oral, varias personalidades políticas, sociales y culturales, como el expresidente Lugo, acompañaron la causa de las víctimas de Curuguaty a través de marchas, debates y pronunciamientos criticando las irregularidades cometidas durante el proceso de investigación al considerarlo “sesgado e interesado”.
“Durante nuestro gobierno todos los desalojos se hicieron pacíficamente, fueron en más de 60 ocasiones sin derramar una sola gota de sangre. Sobre el procedimiento me informaron que no iba a durar más de cinco minutos, sin embargo provocó esta masacre. El proceso de juicio político planteado una vez producida la masacre impidió indagar acerca de lo sucedido el 15 de junio del 2012, propusimos la conformación de una comisión de investigación independiente, pero ésta quedó anulada ante la destitución”, declaró el exobispo y senador Lugo a Noticias Aliadas.
Preocupación nacional e internacional
El senador del izquierdista Frente Guasu, Hugo Richer, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, mencionó que hay crecientes cuestionamientos a nivel nacional e internacional por la serie de debilidades del proceso judicial desde el punto de vista del derecho de los procesados.
“Durante el proceso no se ha podido dar una respuesta a lo que pasó en Curuguaty, ya que solamente se juzgó la muerte de los efectivos policiales, no así la muerte de los 11 compatriotas campesinos, es un error que marca todo el proceso porque no cierra la historia de Curuguaty, no cierra la pregunta de qué paso en Curuguaty”, dijo Richer a Noticias Aliadas. Para Richer, los señalamientos de graves irregularidades en el proceso, “ocasionaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya recomendado al gobierno paraguayo [tras su visita a Paraguay el 17 y 18 de agosto] la creación de la comisión independiente para investigar lo ocurrido de Curuguaty, eso es lo mismo que había planteado el presidente Lugo casi un día después de los hechos. En ese momento la propuesta fue muy rechazada porque ya estaba en plena marcha el golpe parlamentario, y resulta que ahora esa propuesta viene de la CIDH. El gobierno del presidente [Horacio] Cartes envió el pedido vía Ministerio de Relaciones Exteriores al
Senado, este aprobó la formación de esa comisión de manera general, pero todavía falta articular si va ser una comisión local o internacional”.
Por su parte, los obispos del Paraguay en su asamblea ordinaria de marzo del 2016 manifestaron su preocupación respecto a las contradicciones presentadas en el juicio en relación a los campesinos procesados, recordando que “denota una situación injusta y es necesario que los órganos públicos garanticen la transparencia del proceso”.
Campamento de la resistencia
Familiares, gremios campesinos, intelectuales, religiosos, entre otras personas solidarias por la causa de la masacre de Curuguaty, forman parte del campamento de resistencia, espacio que a su vez es utilizado como tribuna abierta (universidad popular) donde se imparten charlas públicas, se realizan ceremonias religiosas y ferias de productos. Los testimonios de los familiares guardan memoria colectiva de una tragedia que expresa sentimientos de dolor, impotencia, frustración, tristeza y angustia.
“Los condenaron sin encontrarlos culpables, son inocentes, nos duele en el alma esta situación, en mi caso tengo que hacerme cargo de un hijo de cinco sin la protección del padre, quedamos abandonados, por eso insistimos, nos encadenamos en este campamento hasta que consigamos la libertad de todos ellos, vamos a seguir luchando porque sabemos que ellos son inocentes, no mataron a nadie, son gente trabajadora que por el sólo hecho de anhelar un pedazo de tierra para mantener su familia se le condenó injustamente, creemos que vamos a lograr la libertad de los compañeros. Estamos fuertes gracias a que hay gente solidaria que se posiciona firme a nuestro lado, por lo tanto, no nos sentimos solos ante estos jueces y fiscales malhechores, que vienen a juzgar y rifar nuestro país, sobre todo contra los inocentes compañeros víctimas de la masacre de Curuguaty”, sostiene Ramona González, esposa de Néstor Castro, condenado a 18 años.
Raquel Villalba, esposa de Rubén Villalba, uno de los dirigentes principales de Marina Kue condenado a 30 años de cárcel más cinco años de medidas de seguridad, contó las vicisitudes que pasaron y pasan durante el proceso y la post condena.
“Aquí estamos firme, nuestra meta es lograr la libertad de los compañeros, y que pronto podamos volver a nuestras casas, cotidianamente vamos a visitarles en la cárcel, ellos están con buenos ánimos, están fuertes, fortalecidos. Estamos confiados que a través de la lucha podamos conseguir demostrar al pueblo la inocencia de los compañeros, nuestro objetivo siempre va ser recuperar de nuevo Marina Kue como lo están haciendo en estos momentos los compañeros que desde hace un año están produciendo de nuevo la tierra donde derramaron sus sangres nuestros mártires, porque son nuestras esas tierras, que son tierras públicas. Como ya se sabe, en nuestro país no hay justicia; y queda demostrado qué paso con las víctimas de la masacre de Curuguaty, de cómo fueron detenidos y condenados de la manera más injusta. Hoy, queda demostrado que en Paraguay no hay justicia, pero que anhelamos que en algún momento de la historia paraguaya se logre la anhelada justicia a través de la lucha”. —Noticias Aliadas.
Gustavo Torres
Cuatro años después de ocurrida la masacre de Curuguaty, en el distrito ubicado en el departamento de Canindeyu, al norte de la región oriental del Paraguay, en la que fallecieron 11 campesinos y seis policías, la Justicia paraguaya ratificó las condenas a 11 agricultores a penas entre cuatro y 30 años de cárcel por la muerte de los agentes.
El 15 de junio del 2012, un pelotón de más de 300 policías procedió a desalojar con una orden de allanamiento un campamento ocupado por 70 familias sin tierra que habían tomado un predio público de 1,748 Ha, denominado Marina Kue contiguo al latifundio Campo Morumbi. Durante el operativo se cometieron violaciones de derechos humanos y graves irregularidades jurídicas, y fue utilizado como pretexto para la destitución una semana después, por medio de un juicio político, con características de juicio sumario, del presidente Fernando Lugo (2008-2012).
El fallo contra los 11 campesinos, dado a conocer el 11 de julio, deja más dudas que certezas acerca de la responsabilidad penal a falta de sustento de la acusación fiscal, ratificada posteriormente como sentencia cantada de los jueces sin demostrar evidencias de que los campesinos portaran y manejaran armas automáticas.
Según las organizaciones integrantes de la Articulación por Curuguaty —que acompañó el juicio— e investigaciones independientes, la Fiscalía no investigó los hechos de la matanza, ocultó fotografías, videos, radiografías, casquillos de balas automáticos y testimonios que contradicen su teoría que inculpaba a los labriegos, acusando a 11 de ellos de invasión de inmueble, asociación criminal y homicidio doloso en grado de tentativa, mientras que ningún agente policial ha sido investigado por las muertes de los campesinos en Marina Kue.
En el “campamento de la resistencia” —espacio montado en la plaza frente al Palacio de Justicia por los familiares y personas solidarias con la causa de Curuguaty para pedir nulidad de la sentencia —, el obispo de la diócesis de Misiones y Ñeembucú, Mons. Mario Melanio Medina, confió a Noticias Aliadas que a través de estas acciones se está acompañando para que lo sucedido en Curuguaty sea una causa nacional y que la ciudadanía honesta reclame la liberación de los presos porque son inocentes condenados.
“La causa de Curuguaty es algo importante porque representa la lucha de los campesinos que buscan la justicia, reivindicando la liberación del pueblo de los poderes fácticos empotrados en el Estado, de las grandes empresas agroganaderas que buscan anular el desarrollo de una sociedad incluyente y democrática que favorezca a los más necesitados frente al modelo de exclusión que proponen. Entre todos tenemos que apoyar y la Iglesia tiene que tomar conciencia y apoyar efectivamente esta causa”, asegura Medina.
En tal sentido, para Margot Bremer, religiosa alemana radicada desde hace 29 años en Paraguay realizando trabajo pastoral con comunidades indígenas y campesinas, lo sucedido en Curuguaty “representa una inhumanidad inusitada, donde campea la injusticia, por lo tanto es algo emblemático que atenta contra la vida del campesino y su modo de vida, teniendo en cuenta que el 80% de las tierras cultivables están en manos de solo un 2% de la población que se dedican a la agroexportación”.
Durante el largo proceso del juicio oral, varias personalidades políticas, sociales y culturales, como el expresidente Lugo, acompañaron la causa de las víctimas de Curuguaty a través de marchas, debates y pronunciamientos criticando las irregularidades cometidas durante el proceso de investigación al considerarlo “sesgado e interesado”.
“Durante nuestro gobierno todos los desalojos se hicieron pacíficamente, fueron en más de 60 ocasiones sin derramar una sola gota de sangre. Sobre el procedimiento me informaron que no iba a durar más de cinco minutos, sin embargo provocó esta masacre. El proceso de juicio político planteado una vez producida la masacre impidió indagar acerca de lo sucedido el 15 de junio del 2012, propusimos la conformación de una comisión de investigación independiente, pero ésta quedó anulada ante la destitución”, declaró el exobispo y senador Lugo a Noticias Aliadas.
Preocupación nacional e internacional
El senador del izquierdista Frente Guasu, Hugo Richer, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, mencionó que hay crecientes cuestionamientos a nivel nacional e internacional por la serie de debilidades del proceso judicial desde el punto de vista del derecho de los procesados.
“Durante el proceso no se ha podido dar una respuesta a lo que pasó en Curuguaty, ya que solamente se juzgó la muerte de los efectivos policiales, no así la muerte de los 11 compatriotas campesinos, es un error que marca todo el proceso porque no cierra la historia de Curuguaty, no cierra la pregunta de qué paso en Curuguaty”, dijo Richer a Noticias Aliadas. Para Richer, los señalamientos de graves irregularidades en el proceso, “ocasionaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) haya recomendado al gobierno paraguayo [tras su visita a Paraguay el 17 y 18 de agosto] la creación de la comisión independiente para investigar lo ocurrido de Curuguaty, eso es lo mismo que había planteado el presidente Lugo casi un día después de los hechos. En ese momento la propuesta fue muy rechazada porque ya estaba en plena marcha el golpe parlamentario, y resulta que ahora esa propuesta viene de la CIDH. El gobierno del presidente [Horacio] Cartes envió el pedido vía Ministerio de Relaciones Exteriores al
Senado, este aprobó la formación de esa comisión de manera general, pero todavía falta articular si va ser una comisión local o internacional”.
Por su parte, los obispos del Paraguay en su asamblea ordinaria de marzo del 2016 manifestaron su preocupación respecto a las contradicciones presentadas en el juicio en relación a los campesinos procesados, recordando que “denota una situación injusta y es necesario que los órganos públicos garanticen la transparencia del proceso”.
Campamento de la resistencia
Familiares, gremios campesinos, intelectuales, religiosos, entre otras personas solidarias por la causa de la masacre de Curuguaty, forman parte del campamento de resistencia, espacio que a su vez es utilizado como tribuna abierta (universidad popular) donde se imparten charlas públicas, se realizan ceremonias religiosas y ferias de productos. Los testimonios de los familiares guardan memoria colectiva de una tragedia que expresa sentimientos de dolor, impotencia, frustración, tristeza y angustia.
“Los condenaron sin encontrarlos culpables, son inocentes, nos duele en el alma esta situación, en mi caso tengo que hacerme cargo de un hijo de cinco sin la protección del padre, quedamos abandonados, por eso insistimos, nos encadenamos en este campamento hasta que consigamos la libertad de todos ellos, vamos a seguir luchando porque sabemos que ellos son inocentes, no mataron a nadie, son gente trabajadora que por el sólo hecho de anhelar un pedazo de tierra para mantener su familia se le condenó injustamente, creemos que vamos a lograr la libertad de los compañeros. Estamos fuertes gracias a que hay gente solidaria que se posiciona firme a nuestro lado, por lo tanto, no nos sentimos solos ante estos jueces y fiscales malhechores, que vienen a juzgar y rifar nuestro país, sobre todo contra los inocentes compañeros víctimas de la masacre de Curuguaty”, sostiene Ramona González, esposa de Néstor Castro, condenado a 18 años.
Raquel Villalba, esposa de Rubén Villalba, uno de los dirigentes principales de Marina Kue condenado a 30 años de cárcel más cinco años de medidas de seguridad, contó las vicisitudes que pasaron y pasan durante el proceso y la post condena.
“Aquí estamos firme, nuestra meta es lograr la libertad de los compañeros, y que pronto podamos volver a nuestras casas, cotidianamente vamos a visitarles en la cárcel, ellos están con buenos ánimos, están fuertes, fortalecidos. Estamos confiados que a través de la lucha podamos conseguir demostrar al pueblo la inocencia de los compañeros, nuestro objetivo siempre va ser recuperar de nuevo Marina Kue como lo están haciendo en estos momentos los compañeros que desde hace un año están produciendo de nuevo la tierra donde derramaron sus sangres nuestros mártires, porque son nuestras esas tierras, que son tierras públicas. Como ya se sabe, en nuestro país no hay justicia; y queda demostrado qué paso con las víctimas de la masacre de Curuguaty, de cómo fueron detenidos y condenados de la manera más injusta. Hoy, queda demostrado que en Paraguay no hay justicia, pero que anhelamos que en algún momento de la historia paraguaya se logre la anhelada justicia a través de la lucha”. —Noticias Aliadas.
