Las autoridades del estado nigeriano de Lagos deben anular de inmediato los planes de demolici贸n de todas las estructuras en situaci贸n irregular de las comunidades ribere帽as del estado dentro de tres d铆as, medida que dejar铆a a decenas de miles de personas sin hogar y en la indigencia, ha manifestado Amnist铆a Internacional.
Decenas de miles de personas que viven en asentamientos situados en zonas ribere帽as, la mayor铆a de los cuales son comunidades pesqueras pobres, corren riesgo de desalojo forzoso. La causa de ello son los planes concebidos por las autoridades de Lagos para demoler las estructuras en situaci贸n irregular con el fin de mejorar la seguridad, dado el aumento de los secuestros en el estado.
El derecho internacional proh铆be a las autoridades nigerianas utilizar los desalojos forzosos como medida punitiva.
“Aunque el gobierno tenga que abordar la cuesti贸n de los secuestros, destruir los hogares de la gente y desalojar a la fuerza de sus viviendas a decenas de miles de personas no ser谩 nunca una soluci贸n leg铆tima”, ha se帽alado Morayo Adebayo, investigador de Amnist铆a Internacional sobre Nigeria.
“Mucha gente de estos asentamientos se gana la vida en las riberas de la laguna de Lagos o sus inmediaciones y se enfrenta ahora a un futuro terriblemente incierto.
“Al intentar echar a los habitantes de las riberas avis谩ndoles s贸lo una semana antes, sin una verdadera consulta previa y sin planes de indemnizaci贸n o vivienda alternativa, las autoridades de Lagos est谩n violando sin reparos el derecho internacional de los derechos humanos. Instamos a las autoridades de Lagos a que detengan de inmediato su plan de desalojar a la fuerza a las comunidades ribere帽as de todo el estado.”
Al d铆a siguiente del anuncio del gobernador, Amnist铆a Internacional habl贸 con el baale (gobernante tradicional) de la comunidad pesquera de Illubirin, Peter Simenou, quien cont贸: “Ayer vino el gobernador y nos dijo que ten铆amos que irnos de aqu铆 dentro de siete d铆as. As铆 que le respondimos que [...] somos pescadores; no tenemos ning煤n sitio donde ir. Dijo que nos hab铆a dicho todo lo que hab铆a venido a decir, y no dijo nada m谩s.”
Amnist铆a Internacional pide al gobierno de Lagos que detenga sus planes de demolici贸n de las estructuras en situaci贸n irregular de las zonas ribere帽as de todo el estado y garantice que no se utilizan los desalojos forzosos como medida punitiva ni como instrumento para hacer cumplir la ley.
Incluso en las situaciones en que los desalojos se consideran justificados, los gobiernos est谩n obligados a garantizar que se llevan a cabo cumpliendo estrictamente el derecho internacional, incluidos los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Los gobiernos deben tener en cuenta todas las alternativas posibles a los desalojos, en consulta con todas las personas afectadas. Toda persona afectada por un plan de desalojo debe recibir el debido aviso por escrito y con antelaci贸n razonable.
Tambi茅n deben respetarse otras salvaguardias del proceso debido, como el ofrecimiento de recursos judiciales y de indemnizaci贸n. Los gobiernos tienen que garantizar que ninguna persona se queda sin hogar y proporcionar otro alojamiento adecuado a quienes no tengan medios de sustento.
Es incre铆ble que Lagos no tenga todav铆a una ley que proh铆ba los desalojos forzosos y garantice el derecho a la vivienda. Las autoridades de Lagos deben establecer una suspensi贸n de los desalojos masivos hasta que cuenten con un reglamento con que garantizar que 茅stos cumplen las normas internacionales”, ha afirmado Morayo Adebayo.
El gobernador de Lagos, Akinwunmi Ambode, visit贸 la comunidad ribere帽a de Ilubirin el 9 de octubre y dijo que dentro de siete d铆as iban a empezar a demolerse todas las chabolas del estado. El responsable de relaciones p煤blicas de la Agencia de Control de Edificaciones del Estado de Lagos confirm贸 a Amnist铆a Internacional estos planes. Dijo a la organizaci贸n que se iban a demoler todas las chabolas de las v铆as navegables.
Las autoridades del estado a帽adieron que las demoliciones previstas son consecuencia del aumento de los secuestros, de los que creen que las estructuras en situaci贸n irregular son una importante causa, y calificaron estos asentamientos de “amenaza para la seguridad”. En el sitio web oficial del gobierno del estado de Lagos, el comisario de Informaci贸n, Steve Ayorinde, ha dicho: “El gobierno ha tomado medidas adecuadas para contener la oleada de secuestros del estado, se帽alando que, de acuerdo con la directriz del gobernador del estado, Sr. Akinwunmi Ambode, se han elaborado planes para comenzar la demolici贸n de las estructuras ilegales levantadas en las zonas ribere帽as del estado.”
M谩s de dos millones de personas han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares en distintas partes de Nigeria desde 2000. Estos desalojos se llevan a cabo sin una consulta previa adecuada, sin aviso con antelaci贸n suficiente y sin indemnizaci贸n ni alojamiento alternativo. La mayor铆a de esas personas estaban ya marginadas, y muchas llevaban a帽os viviendo sin acceso a agua apta para el consumo, saneamiento, atenci贸n adecuada de la salud o educaci贸n.
En septiembre de 2015 se desaloj贸 a la fuerza a alrededor de 10.200 personas de la comunidad de Badia-East, en la zona de Ijora de Lagos, y muchas de ellas siguen a煤n sin hogar y dependen de familiares y amigos. El gobierno del estado tiene todav铆a que ofrecer indemnizaci贸n o realojo a estas personas.
Nigeria es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en otros tratados internacionales y regionales de derechos humanos en virtud de los cuales debe hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada y no llevar a cabo desalojos forzosos, sino prevenirlos.
Decenas de miles de personas que viven en asentamientos situados en zonas ribere帽as, la mayor铆a de los cuales son comunidades pesqueras pobres, corren riesgo de desalojo forzoso. La causa de ello son los planes concebidos por las autoridades de Lagos para demoler las estructuras en situaci贸n irregular con el fin de mejorar la seguridad, dado el aumento de los secuestros en el estado.
El derecho internacional proh铆be a las autoridades nigerianas utilizar los desalojos forzosos como medida punitiva.
“Aunque el gobierno tenga que abordar la cuesti贸n de los secuestros, destruir los hogares de la gente y desalojar a la fuerza de sus viviendas a decenas de miles de personas no ser谩 nunca una soluci贸n leg铆tima”, ha se帽alado Morayo Adebayo, investigador de Amnist铆a Internacional sobre Nigeria.
“Mucha gente de estos asentamientos se gana la vida en las riberas de la laguna de Lagos o sus inmediaciones y se enfrenta ahora a un futuro terriblemente incierto.
“Al intentar echar a los habitantes de las riberas avis谩ndoles s贸lo una semana antes, sin una verdadera consulta previa y sin planes de indemnizaci贸n o vivienda alternativa, las autoridades de Lagos est谩n violando sin reparos el derecho internacional de los derechos humanos. Instamos a las autoridades de Lagos a que detengan de inmediato su plan de desalojar a la fuerza a las comunidades ribere帽as de todo el estado.”
Al d铆a siguiente del anuncio del gobernador, Amnist铆a Internacional habl贸 con el baale (gobernante tradicional) de la comunidad pesquera de Illubirin, Peter Simenou, quien cont贸: “Ayer vino el gobernador y nos dijo que ten铆amos que irnos de aqu铆 dentro de siete d铆as. As铆 que le respondimos que [...] somos pescadores; no tenemos ning煤n sitio donde ir. Dijo que nos hab铆a dicho todo lo que hab铆a venido a decir, y no dijo nada m谩s.”
Amnist铆a Internacional pide al gobierno de Lagos que detenga sus planes de demolici贸n de las estructuras en situaci贸n irregular de las zonas ribere帽as de todo el estado y garantice que no se utilizan los desalojos forzosos como medida punitiva ni como instrumento para hacer cumplir la ley.
Incluso en las situaciones en que los desalojos se consideran justificados, los gobiernos est谩n obligados a garantizar que se llevan a cabo cumpliendo estrictamente el derecho internacional, incluidos los principios de razonabilidad y proporcionalidad. Los gobiernos deben tener en cuenta todas las alternativas posibles a los desalojos, en consulta con todas las personas afectadas. Toda persona afectada por un plan de desalojo debe recibir el debido aviso por escrito y con antelaci贸n razonable.
Tambi茅n deben respetarse otras salvaguardias del proceso debido, como el ofrecimiento de recursos judiciales y de indemnizaci贸n. Los gobiernos tienen que garantizar que ninguna persona se queda sin hogar y proporcionar otro alojamiento adecuado a quienes no tengan medios de sustento.
Es incre铆ble que Lagos no tenga todav铆a una ley que proh铆ba los desalojos forzosos y garantice el derecho a la vivienda. Las autoridades de Lagos deben establecer una suspensi贸n de los desalojos masivos hasta que cuenten con un reglamento con que garantizar que 茅stos cumplen las normas internacionales”, ha afirmado Morayo Adebayo.
El gobernador de Lagos, Akinwunmi Ambode, visit贸 la comunidad ribere帽a de Ilubirin el 9 de octubre y dijo que dentro de siete d铆as iban a empezar a demolerse todas las chabolas del estado. El responsable de relaciones p煤blicas de la Agencia de Control de Edificaciones del Estado de Lagos confirm贸 a Amnist铆a Internacional estos planes. Dijo a la organizaci贸n que se iban a demoler todas las chabolas de las v铆as navegables.
Las autoridades del estado a帽adieron que las demoliciones previstas son consecuencia del aumento de los secuestros, de los que creen que las estructuras en situaci贸n irregular son una importante causa, y calificaron estos asentamientos de “amenaza para la seguridad”. En el sitio web oficial del gobierno del estado de Lagos, el comisario de Informaci贸n, Steve Ayorinde, ha dicho: “El gobierno ha tomado medidas adecuadas para contener la oleada de secuestros del estado, se帽alando que, de acuerdo con la directriz del gobernador del estado, Sr. Akinwunmi Ambode, se han elaborado planes para comenzar la demolici贸n de las estructuras ilegales levantadas en las zonas ribere帽as del estado.”
M谩s de dos millones de personas han sido desalojadas a la fuerza de sus hogares en distintas partes de Nigeria desde 2000. Estos desalojos se llevan a cabo sin una consulta previa adecuada, sin aviso con antelaci贸n suficiente y sin indemnizaci贸n ni alojamiento alternativo. La mayor铆a de esas personas estaban ya marginadas, y muchas llevaban a帽os viviendo sin acceso a agua apta para el consumo, saneamiento, atenci贸n adecuada de la salud o educaci贸n.
En septiembre de 2015 se desaloj贸 a la fuerza a alrededor de 10.200 personas de la comunidad de Badia-East, en la zona de Ijora de Lagos, y muchas de ellas siguen a煤n sin hogar y dependen de familiares y amigos. El gobierno del estado tiene todav铆a que ofrecer indemnizaci贸n o realojo a estas personas.
Nigeria es Estado Parte en el Pacto Internacional de Derechos Econ贸micos, Sociales y Culturales (PIDESC) y en otros tratados internacionales y regionales de derechos humanos en virtud de los cuales debe hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada y no llevar a cabo desalojos forzosos, sino prevenirlos.