El president de la Generalitat, Carles Puigdemont, instó al Estado español a negociar un referéndum que incluya tanto una pregunta sobre la secesión de Cataluña como una propuesta de los "unionistas" sobre el futuro de la norteña región de España.
"Nuestra voluntad es sentarnos en una mesa política, no en el banquillo de los acusados", agregó en el marco de un desayuno informativo en Madrid donde reclamó "coraje" al Estado español para "dialogar" y resolver el conflicto catalán.
El dirigente independentista sostuvo que está abierto a pactar la fecha de un referéndum, las condiciones de la pregunta, el porcentaje de votos que validaría el resultado y el que lo invalidaría en función de la participación.
Tras ratificar estos compromisos, Puigdemont fue más lejos y tendió la mano a la posibilidad de que el referéndum incluya "la posibilidad de votar una propuesta del Estado" español.
Esto significa que además de una pregunta sobre la secesión, el referéndum podría incluir otra alternativa para mejorar la relación entre Cataluña y el gobierno central.
En los últimos años, numerosas encuestas han mostrado que la opción de una "tercera vía", ya sea la del federalismo o una mejora en el autogobierno, cuentan con un apoyo sustancial cuando no es mayoritario en Cataluña, frente a la disyuntiva que plantea el independentismo.
"Lo que digo es que el Estado español juegue el partido, que nos proponga algo y lo votemos. Nos podemos poner de acuerdo en cómo manejamos la pregunta y los resultados, pero se debe preguntar a los catalanes si deben ser independientes o no, y ahí no se pude renunciar", sostuvo.
Puigdemont advirtió que "todo esto se puede hablar", y recordó que su gobierno seguirá adelante con su plan de secesión.
También dijo que si no hay acuerdo sobre una consulta pactada, a mediados del próximo año su gobierno organizará un referéndum unilateral.
El líder independentista remarcó que si las respuestas por parte del Estado "siguen siendo la judicialización y la negativa al diálogo, perderemos todos".
El conflicto entre Cataluña y el gobierno central de España entró en la última semana en una espiral ascendente de tensión, después de la que la Justicia española ordenó perseguir penalmente a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, por haber desobedecido una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
En respuesta a esa decisión, el parlamento catalán respaldó -con el voto mayoritario de las fuerzas independentistas- el plan del gobierno catalán de celebrar un referéndum unilateral sobre la secesión de Cataluña a mediados de septiembre del próximo año y elecciones constituyentes antes de marzo de 2018.
La resolución del parlamento de Cataluña garantiza un nuevo choque con el TC y el gobierno en funciones del presidente conservador Mariano Rajoy, que rechaza tajantemente negociar un referéndum por considerar inconstitucional, de ahí que busca frenar cada iniciativa de los independentistas por medio de los tribunales.
El ex presidente catalán y principal impulsor de la secesión catalana, Artur Mas, ha sido procesado por haber organizado una consulta simbólica sobre la secesión el 9 de noviembre de 2014, y afrontar un pedido de 10 años de prisión solicitado por la Fiscalía.
El plan de secesión de Cataluña es uno de los mayores desafíos que afronta España, con un gobierno interino liderado por Rajoy desde diciembre, después de dos elecciones generales consecutivas en las que ganó su Partido Popular (PP) pero sin mayoría para gobernar.
En este contexto, Puigdemont sostuvo este lunes que el próximo gobierno de Rajoy, quien tiene tiempo hasta finales de este mes para lograr la reelección mediante la abstención de los socialistas, será "más débil", mientras el Ejecutivo catalán que impulsa la secesión está "más reforzado".
También negó que hubiese llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez para apoyar un gobierno alternativo al PP antes de la renuncia del ex líder socialista, como habían informado algunos medios españoles que hablaban de una supuesta abdicación del socialista ante los independentistas.
El dirigente catalán renovó recientemente la confianza del parlamento regional que lo eligió en enero con la misión de llevar a Cataluña hacia la secesión en un plazo de 18 meses.
"Nuestra voluntad es sentarnos en una mesa política, no en el banquillo de los acusados", agregó en el marco de un desayuno informativo en Madrid donde reclamó "coraje" al Estado español para "dialogar" y resolver el conflicto catalán.
El dirigente independentista sostuvo que está abierto a pactar la fecha de un referéndum, las condiciones de la pregunta, el porcentaje de votos que validaría el resultado y el que lo invalidaría en función de la participación.
Tras ratificar estos compromisos, Puigdemont fue más lejos y tendió la mano a la posibilidad de que el referéndum incluya "la posibilidad de votar una propuesta del Estado" español.
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Esto significa que además de una pregunta sobre la secesión, el referéndum podría incluir otra alternativa para mejorar la relación entre Cataluña y el gobierno central.
En los últimos años, numerosas encuestas han mostrado que la opción de una "tercera vía", ya sea la del federalismo o una mejora en el autogobierno, cuentan con un apoyo sustancial cuando no es mayoritario en Cataluña, frente a la disyuntiva que plantea el independentismo.
"Lo que digo es que el Estado español juegue el partido, que nos proponga algo y lo votemos. Nos podemos poner de acuerdo en cómo manejamos la pregunta y los resultados, pero se debe preguntar a los catalanes si deben ser independientes o no, y ahí no se pude renunciar", sostuvo.
Puigdemont advirtió que "todo esto se puede hablar", y recordó que su gobierno seguirá adelante con su plan de secesión.
También dijo que si no hay acuerdo sobre una consulta pactada, a mediados del próximo año su gobierno organizará un referéndum unilateral.
El líder independentista remarcó que si las respuestas por parte del Estado "siguen siendo la judicialización y la negativa al diálogo, perderemos todos".
El conflicto entre Cataluña y el gobierno central de España entró en la última semana en una espiral ascendente de tensión, después de la que la Justicia española ordenó perseguir penalmente a la presidenta del parlamento catalán, Carme Forcadell, por haber desobedecido una sentencia del Tribunal Constitucional (TC).
En respuesta a esa decisión, el parlamento catalán respaldó -con el voto mayoritario de las fuerzas independentistas- el plan del gobierno catalán de celebrar un referéndum unilateral sobre la secesión de Cataluña a mediados de septiembre del próximo año y elecciones constituyentes antes de marzo de 2018.
La resolución del parlamento de Cataluña garantiza un nuevo choque con el TC y el gobierno en funciones del presidente conservador Mariano Rajoy, que rechaza tajantemente negociar un referéndum por considerar inconstitucional, de ahí que busca frenar cada iniciativa de los independentistas por medio de los tribunales.
El ex presidente catalán y principal impulsor de la secesión catalana, Artur Mas, ha sido procesado por haber organizado una consulta simbólica sobre la secesión el 9 de noviembre de 2014, y afrontar un pedido de 10 años de prisión solicitado por la Fiscalía.
El plan de secesión de Cataluña es uno de los mayores desafíos que afronta España, con un gobierno interino liderado por Rajoy desde diciembre, después de dos elecciones generales consecutivas en las que ganó su Partido Popular (PP) pero sin mayoría para gobernar.
En este contexto, Puigdemont sostuvo este lunes que el próximo gobierno de Rajoy, quien tiene tiempo hasta finales de este mes para lograr la reelección mediante la abstención de los socialistas, será "más débil", mientras el Ejecutivo catalán que impulsa la secesión está "más reforzado".
También negó que hubiese llegado a un acuerdo con Pedro Sánchez para apoyar un gobierno alternativo al PP antes de la renuncia del ex líder socialista, como habían informado algunos medios españoles que hablaban de una supuesta abdicación del socialista ante los independentistas.
El dirigente catalán renovó recientemente la confianza del parlamento regional que lo eligió en enero con la misión de llevar a Cataluña hacia la secesión en un plazo de 18 meses.