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La organización como respuesta

OPINIÓN de Clara Pressman.- “El presunto delincuente ha quedado en libertad por falta de pruebas” dice de manera mecánica el policía y deja ir a Luciano que camina con la mirada fija en el suelo. Luciano fue detenido en un procedimiento de rutina a la entrada de un barrio marginal al sur de la provincia de Buenos Aires. Tiene 13 años y dejó la escuela este año para trabajar, es un niño por lo que delincuente y niño no pueden complementarse.

Lo que para algunos es seguridad, para muchos jóvenes es todo lo contrario. La fuerza policial argentina y la de muchos países Latinoamericanos divulgan cifras que demuestran que cada vez hay más detenidos en controles callejeros. Lo hacen con la intención de que la población se “sienta segura”. Quiénes son esos detenidos, a quién controla el “Control Poblacional y a quiénes lleva tranquilidad. ¿Seguridad? ¿Para quién?

El problema no es fácil de abordar en un contexto sin políticas públicas capaces de resolverlo. Los procedimientos policiales son cada vez más violentos y con el argumento de ser “preventivos” se violan derechos humanos de jóvenes inocentes. El Poder Judicial envía mensajes que blindan este tipo de intervenciones violentas y le agregan una presunta legitimidad al ensañamiento de las fuerzas de seguridad con determinados sectores de la sociedad, una práctica selectiva. “En Argentina hay más posibilidades de ser detenido, si eres joven que si eres adulto; si eres un joven mestizo que un joven blanco”, advierte Rodríguez Alzueta, integrante del Laboratorio de Estudios Sociales y Culturales. Esto sólo fortalece la continua estigmatización social que arrincona a un sector de la juventud argentina, realidad que es compartida por otros países de la región como Colombia, Venezuela, Perú y Bolivia.

El abuso policial significa una pérdida en el ejercicio pleno de la ciudadanía. La concepción tradicional de la ciudadanía desde una perspectiva jurídica y liberal está sujeta a los derechos y obligaciones que posee un ciudadano por pertenecer a un determinado lugar geográfico, es un estatuto legal con capacidad democrática. Pero con el avance del neoliberalismo en países latinoamericanos, la brecha entre ciudadanos es cada vez mayor y la necesidad de redefinir el concepto de ciudadanía es ya inaplazable. Resulta indispensable considerar que los derechos sociales que son contemplados en el ejercicio de la ciudadanía, pese a estar en la Constitución en forma de leyes, no son absolutos, sino que dependen de la coyuntura política y económica.

En un escenario de creciente desigualdad las personas pertenecientes a los sectores más desfavorecidos, entre otras perdidas y dolores, pierden la posibilidad del ejercicio pleno de la ciudadanía. Para abordar este problema es necesario partir de una perspectiva social del concepto de ciudadanía, como explica Manuel Garreton, sociólogo y politólogo chileno de la FLACSO. Sostiene que la noción de ciudadanía es compleja y se refiere no sólo al ejercicio de los derechos de las personas para ejercer derechos políticos, sociales y de tercera generación sino también individuales y decir esto es decir el derecho a poder expresar opiniones personales. Desde este paradigma, la pérdida de ciudadanía es evidente ante la imposibilidad de circular con libertad que tienen algunos jóvenes por el gran delito de ser pobres.

Ante el abuso policial y la pérdida de derechos ciudadanos los ciudadanos han respondido. En Zabaleta, la villa de emergencia más grande y con más población de la capital argentina, los vecinos crearon la estrategia del “control popular de las fuerzas de seguridad”. Se creó una comisión de vecinos elegidos por sus conciudadanos y organizados en turnos rotativos para controlar la actuación de los uniformados. De esta forma podrán denunciar sus irregularidades sistemáticas, en comunicación directa con el CELS, la fiscalía y una red de periodistas comprometidos. Ubicados en una garita los vecinos no tendrán como objetivo interpelar a otros habitantes del barrio, ni reemplazar a las Fuerzas de Seguridad, sino exclusivamente registrar a quienes intenten amedrentar a jóvenes del barrio. Lograron afrontar el miedo y las prácticas ilegales con organización adecuada. Se trata de institucionalizar un método de participación ciudadana capaz de mejorar la seguridad en los barrios humildes, donde las muertes por violencia de la autoridad ya ni siquiera se recogen en los medios de comunicación. Ni tienen asegurada una Justicia que reconozca y respete a la ciudadanía con una afirmación permanente de sus derechos. De ahí la importancia de que los ciudadanos se organicen de forma eficaz y constante. Para que nuestros hijos y nietos no tengan que avergonzarse de nosotros en palabras de Albert Camus “porque habiendo podido tanto nos atrevimos a tan poco.



Clara Presman

Periodista

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