IU apoya en Bruselas las denuncias de ‘Canarias por un territorio sostenible’ contra la Ley de islas verdes y la nueva Ley del suelo

La eurodiputada de Izquierda Unida Ángela Vallina ha reclamado este martes en Bruselas una “solución inmediata” de la Unión Europea a las graves consecuencias medioambientales que acarrearán para las Islas Canarias la aplicación de la Ley de islas verdes y de la nueva Ley del suelo propuestas por el Gobierno canario. Dos proyectos que ponen en riesgo el ecosistema y el desarrollo natural, económico e histórico del archipiélago y que están siendo seguidos muy de cerca por la Comisión Europea.



Vallina ha acusado al Gobierno de Canarias de “pretender llevarse por delante los principios medioambientales de la UE con estas medidas”, en una rueda de prensa con miembros de la plataforma Canarias, por un territorio sostenible, poco después de haber facilitado que se encontraran con representantes de la Dirección General de Medio Ambiente de la UE.

“Hemos puesto en conocimiento de la Comisión ambos proyectos y lo que nos dicen es que la declaración de interés autonómico que aduce el Gobierno canario no le exime de la aplicación de las directivas medioambientales. Es decir, que el Ejecutivo de Fernando Clavijo no está por encima del derecho comunitario”, ha señalado.

La eurodiputada, acompañada por los representantes de la plataforma en Tenerife, La Gomera, Gran Canaria, La Palma y El Hierro, Santiago Pérez, Rubén Carmona, Antonio Fernando Pérez, María Vanesa Catalán y Juan Ramón González, ha explicado que ya hay “un millar de denuncias ante la UE contra los dos proyectos”, y que así se lo explicarán ellos mismos esta tarde a la presidenta de la comisión de Peticiones de la Eurocámara, Cecilia Wikstrom, con quien mantendrán un encuentro para entregarle en mano diversas peticiones.

Santiago Pérez, profesor de la Universidad de La Laguna, ha señalado que lo que está haciendo el Gobierno de Clavijo es “implantar un modelo que tiene un afán meramente mercantilista, convirtiendo el territorio en una mercancía en lugar de tener en cuenta su valor humano y social”. El representante de La Gomera ha advertido de que la Ley de islas verdes “atenta contra el propio modelo de turismo natural de esas islas verdes, que atraen a los visitantes precisamente por su biodiversidad animal y vegetal”. Asimismo, ha denunciado que en lugar de apostar por los proyectos de sostenibilidad que pide la UE, “lo que se termina produciendo es un cambio de modelo hacia un turismo de masas que nos deja sin futuro”.

Por su parte, el profesor Santiago Pérez ha indicado que las distintas medidas que están poniendo en marcha desde la plataforma tiene que ver con “un programa que pretende acometer una desregulación del territorio, que se concreta en lo que el Gobierno canario define como balance flexible de sostenibilidad, es decir, vender recursos naturales sin tener en cuenta el riesgo de crisis y que los recursos naturales, si se trasforman, no se pueden recuperar”.

En su opinión, ambas leyes tratan de evitar las garantías medioambientales de la UE y, además, atentan contra una de las reglas básicas marcadas por el convenio de Aarhus: el de la participación ciudadana. “Hablamos de que lo que se propone pretende evitar a toda costa que haya una evaluación medioambiental estratégica para poder acometer modificaciones en cualquier clase de suelo, incluidos aquellos que están dentro de la Red Natura 2000”, ha dicho.

Asimismo, cree que este paquete legislativo va “directamente en contra de la propuesta de la CE para el desarrollo de los territorios ultraperiféricos, un desarrollo que debe ser sostenible y estar muy comprometido con la defensa del medio y los recursos naturales”, que, tal y como ha insistido, “en nuestro caso, es un elemento clave de calidad de vida y de nuestra economía”.

Por otro lado, Catalán miembro de la plataforma en La Palma, ha indicado que este desarrollo para un lugar como este, “con 700 kilómetros cuadrados, una de las concentraciones más importantes de especies de la UE”, y donde “pertenecen a la Red Natura la mitrad de la isla y la tercera parte de la superficie marina”, supone un duro golpe.

“La Ley de islas verdes permite crear alojamientos turísticos en suelo no urbanizable, pero lo más grave es el instrumento de planificación singular turística, que sirve para plantear proyectos urbanísticos que se podrán aprobar en cualquier categoría de suelo rústico, con independencia de su grado de protección”, ha señalado. Tras enumerar las directivas medioambientales que se vulnerarían, ha recordado que el reciente plan de urbanismo de la isla se aprobó sin el pertinente informe de impacto ambiental y por ello fue anulado por el Tribunal Supremo.

Y en el mismo sentido que los anteriores, ha reforzado la idea de que ambos proyectos no contribuirán al desarrollo económico, tal y como se pretende hacer ver desde el Gobierno autonómico. “En este momento tenemos un tráfico aéreo muy importante y un 100% de ocupación hotelera”, lo que “queremos es un plan turístico diferente, que se base en la riqueza natural y cultural, que sustente el desarrollo de la agricultura y no que la margine quitándole el suelo y el agua”, ha reclamado.

Carmona, miembro de la plataforma en La Gomera, ha mostrado su preocupación porque lo que viene “pone en tela de juicio todos los valores” de desarrollo sostenible que hasta ahora representan las islas occidentales. “Es una parte del territorio canario que quedó al margen del desarrollo turístico de los años ochenta” basado en la playa y el sol y que ahora puede verse afectado por partida doble, porque “esta ley amplía el modelo de siempre al ámbito rural”. Algo que, también desde su punto de vista “pone en riesgo el desarrollo natural y económico”.

Por último, González, representante de El Hierro, ha puesto en tela de juicio que el desarrollo sostenible, con una gran apuesta por las energías renovables, que hasta ahora era la base de la isla, es una amenaza. “Nos habíamos mantenido al margen del crecimiento turístico especulativo” y “estamos en un proceso de desarrollo de las renovables que esperamos alcance el 100%”. Gracias a esto, nos convertimos en reserva de la biosfera en el año 2000 y en 2014 toda la isla recibió la calificación de geoparque”. “Con la nueva ley del Gobierno autonómico, con este nuevo instrumento para poder modificar a su antojo el territorio, nos sentimos amenazados de tal manera que puede dar al traste con muchos años de lucha para hacer de la nuestra una isla sostenible y que se ha beneficiado de muchos millones de inversión de la UE”, ha alertado.