OPINIÓN de Ramón Cotarelo/ Palinuro.- ¡Hay que ver qué generosos son los diputados al interpretar la normativa de incompatibilidades cuando les afecta en el bolsillo! Solo el PSOE se opone al pluriempleo de los representantes del pueblo. Sin duda estos aducen muy oportunas razones para simultanear su labor de legisladores y controladores dele gobierno con otras actividades lucrativas legales. Para las ilegales no suele pedirse permiso. Y sin duda también dichas razones merecen una consideración reposada no movida por la demagogia, la envidia o las simples ganas de fastidiar y así lo haremos.
Pero antes, séanos permitido señalar una paradoja bastante vergonzosa a primera vista. Los mismos diputados que interpretan laxamente las incompatibilidades propias mantienen incompatibilidades estrictas, arbitrarias, injustas para otras colectividades. Por ejemplo, los jubilados. No pueden estos compatibilizar el cobro de su pensión con las ganancias que obtienen en el mercado libre por su obra o como derechos de autor de sus producciones. Resulta así que dibujantes como Forges, novelistas, músicos, no pueden percibir esos ingresos cuando sobrepasen una cantidad anual que es muy baja (tres veces el SMI). Es sangriento porque la prohibición ignora que la pensión no es un salario ni una donación graciosa del gobierno, sino un derecho por el que se ha cotizado a lo largo de la vida. Un derecho que debiera ser tan intangible como los títulos de propiedad de bienes inmuebles. Además, el público en general no puede beneficiarse con la creatividad de los autores, muchas veces en su mejor etapa, porque no se lo permiten sus representantes que, sin embargo, pretenden compatibilizar sus suculentos sueldos (muy superiores a las pensiones, incluso la máxima) con otras actividades que, salvo excepciones, son puramente mercantiles y poco o nada tienen que ver con la creación.
Aun suponiendo que entre los diputados solicitantes de compatibilidad los haya simpatizantes con la causa de los jubilados, lo menos que puede decirse de ellos es que anteponen sus intereses a los de sus representados.
Y ahora, a las compatibilidades de los diputados. El criterio que debe tomarse en consideración para decidir y el único es la condición genérica de legisladores de todos los compatibilizables. Esto aclara muchas cosas. Parece lógico que quien impone las normas universales y generales de obligado cumplimiento, las leyes, en nombre del interés general (pues los diputados lo son del conjunto del electorado) no esté en actividades lucrativas en defensa de intereses particulares. Esto incluye la abogacía, la asesoría de empresas y ocupaciones de este jaez, esto es, las actividades profesionales que impliquen contratación con esos intereses. Del otro lado compatibles debieran ser las labores creativas: los libros, los cuadros, las composiciones musicales,las patentes así como las conferencias y alguna actividad docente y, por supuesto la conducción y realización de programas de televisión siempre que no estén financiados por intereses particulares internos o foráneos ni emitan su publicidad. Benefician a la colectividad y no es injusto que obtengan remuneración.
La participación en los medios, las tertulias y formatos análogos es un asunto más delicado. Se parte de que en los medios públicos no se cobra, pero en los privados, sí. Eso está bien, aunque quizá no sea suficiente. El problema está en la permanencia, en la continuidad en que los diputados fijos en estos programas acaban convertidos en portavoces oficiosos de sus partidos y no porque ello esté mal en sí mismo, sino porque necesariamente interfiere en su rendimiento como legisladores. A lo mejor es más sensato que los partidos alternen las personas que envían a las tertulias.
En resumen, está bien que los diputados luchen por compatibilizar su condición con ciertas actividades remuneradas, pero, antes, cuídense de que la gente podamos seguir disfrutando de las creaciones de Mendoza (premio Cervantes 2016), Caballero Bonald, etc. sin arruinarlos.
Pero antes, séanos permitido señalar una paradoja bastante vergonzosa a primera vista. Los mismos diputados que interpretan laxamente las incompatibilidades propias mantienen incompatibilidades estrictas, arbitrarias, injustas para otras colectividades. Por ejemplo, los jubilados. No pueden estos compatibilizar el cobro de su pensión con las ganancias que obtienen en el mercado libre por su obra o como derechos de autor de sus producciones. Resulta así que dibujantes como Forges, novelistas, músicos, no pueden percibir esos ingresos cuando sobrepasen una cantidad anual que es muy baja (tres veces el SMI). Es sangriento porque la prohibición ignora que la pensión no es un salario ni una donación graciosa del gobierno, sino un derecho por el que se ha cotizado a lo largo de la vida. Un derecho que debiera ser tan intangible como los títulos de propiedad de bienes inmuebles. Además, el público en general no puede beneficiarse con la creatividad de los autores, muchas veces en su mejor etapa, porque no se lo permiten sus representantes que, sin embargo, pretenden compatibilizar sus suculentos sueldos (muy superiores a las pensiones, incluso la máxima) con otras actividades que, salvo excepciones, son puramente mercantiles y poco o nada tienen que ver con la creación.
Aun suponiendo que entre los diputados solicitantes de compatibilidad los haya simpatizantes con la causa de los jubilados, lo menos que puede decirse de ellos es que anteponen sus intereses a los de sus representados.
Y ahora, a las compatibilidades de los diputados. El criterio que debe tomarse en consideración para decidir y el único es la condición genérica de legisladores de todos los compatibilizables. Esto aclara muchas cosas. Parece lógico que quien impone las normas universales y generales de obligado cumplimiento, las leyes, en nombre del interés general (pues los diputados lo son del conjunto del electorado) no esté en actividades lucrativas en defensa de intereses particulares. Esto incluye la abogacía, la asesoría de empresas y ocupaciones de este jaez, esto es, las actividades profesionales que impliquen contratación con esos intereses. Del otro lado compatibles debieran ser las labores creativas: los libros, los cuadros, las composiciones musicales,las patentes así como las conferencias y alguna actividad docente y, por supuesto la conducción y realización de programas de televisión siempre que no estén financiados por intereses particulares internos o foráneos ni emitan su publicidad. Benefician a la colectividad y no es injusto que obtengan remuneración.
La participación en los medios, las tertulias y formatos análogos es un asunto más delicado. Se parte de que en los medios públicos no se cobra, pero en los privados, sí. Eso está bien, aunque quizá no sea suficiente. El problema está en la permanencia, en la continuidad en que los diputados fijos en estos programas acaban convertidos en portavoces oficiosos de sus partidos y no porque ello esté mal en sí mismo, sino porque necesariamente interfiere en su rendimiento como legisladores. A lo mejor es más sensato que los partidos alternen las personas que envían a las tertulias.
En resumen, está bien que los diputados luchen por compatibilizar su condición con ciertas actividades remuneradas, pero, antes, cuídense de que la gente podamos seguir disfrutando de las creaciones de Mendoza (premio Cervantes 2016), Caballero Bonald, etc. sin arruinarlos.