Bustamante denuncia la “opacidad” de la Mesa del Congreso y del Gobierno para proteger al rey emérito y a la Monarquía tras vetar una batería de preguntas de IU
El parlamentario sevillano destaca que la Casa Real resulta a día de hoy “antagónica con la transparencia y la modernidad” y defiende su derecho como cargo electo a reclamar información sobre “una figura sospechosa de jugadas poco éticas”
La Mesa del Congreso que preside Ana Pastor ha terminado vetando la tramitación de la batería de preguntas de Izquierda Unida dirigidas al Gobierno del PP para que respondiera por escrito sobre diversos temas polémicos relacionados con la Monarquía, algunas circunstancias relativas directamente con el rey emérito, Juan Carlos, así como otros miembros de la Casa Real. Miguel Ángel Bustamante, diputado IU por Sevilla y autor de la iniciativa, la puso en marcha hace 15 días coincidiendo con los primeros 1.000 días del reinado de Felipe de Borbón y teniendo en cuenta que el plazo de contestación habría coincidido con el próximo 14 de abril, conmemoración del 86 aniversario de la proclamación de la II República.
El órgano de gobierno del Congreso sólo acepta tramitar una de las preguntas, referida a si “¿ha considerado el Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República o Monarquía?”, mientras tumba otras siete. Para ello recurre, entre otros argumentos legales, al manido artículo 56.3 de la Constitución, que señala que ‘la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad’, así como al artículo 65, que indica que ‘el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”.
Bustamente lamentó este veto en declaraciones a los medios en dependencias parlamentarias y destacó la “opacidad” que el Gobierno y diversos grupos de la Cámara Baja defienden para con la Casa Real.
Para el parlamentario de IU, la Monarquía resulta a día de hoy “antagónica con la transparencia y la modernidad” que reclama una parte mayoritaria de la sociedad. De la misma forma, enumeró las múltiples “contradicciones” que acarrea que la Mesa del Congreso tumbe de forma casi mecánica cualquier intento de conseguir información sobre la Casa Real y cualquiera de sus miembros.
“Es contradictorio -indicó incluso- que en un Estado supuestamente democrático a una tuitera se le condene a un año de cárcel por hacer chistes sobre Carrero Blanco, mientras a los cargos públicos se nos impide investigar sobre cuestiones de la Monarquía”.
Miguel Ángel Bustamante aprecia también esta contradicción en el hecho de que la Mesa del Congreso alegue ese artículo 65 de la Constitución que impide detallar la cantidad que el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado “cuando esta cifra supera ahora por poco los 8 millones de euros al año, mientras diversos medios y la revista Forbes hablan de una fortuna del rey emérito que supera los 1.800 millones. ¿Cómo ha conseguido eso ingresando 8 millones al año?”
Por esta misma razón, el parlamentario andaluz de IU advirtió de que pese a entender que el Reglamento de la Cámara Baja protege a Juan Carlos de Borbón, él tenía derecho a denunciar que esto se hacía así “con una figura sospechosa de jugadas poco éticas”.
Bustamante criticó también que un diputado no pueda pedir dato alguno sobre los ingresos económicos de los miembros de la Casa Real “cuando nosotros tenemos que hacer declaración de patrimonio y publicas nuestros ingresos cada año. Tiene poca lógica la comparación”.
Entre las preguntas vetadas que se habían planteado al Ejecutivo estaba saber si éste pensaba “exigir responsabilidades” al rey emérito “por ser titular de una cuenta en Suiza, al parecer herencia de su padre”, según datos aparecidos en diversos medios, o si el Gobierno podía afirmar que “ningún miembro de la Casa Real tiene recursos en el extranjero y, en particular, en los conocidos como paraísos fiscales”.
Miguel Ángel Bustamante incluyó también entre estas cuestiones conocer si “¿piensa el Gobierno llevar a cabo alguna actuación para aumentar la transparencia en la Jefatura del Estado extendiendo la obligación de declaración y registro de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales a todas las personas que pertenezcan a la Casa Real?” o si no cree que es una “contradicción” que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a esta institución.
La Mesa del Congreso que preside Ana Pastor ha terminado vetando la tramitación de la batería de preguntas de Izquierda Unida dirigidas al Gobierno del PP para que respondiera por escrito sobre diversos temas polémicos relacionados con la Monarquía, algunas circunstancias relativas directamente con el rey emérito, Juan Carlos, así como otros miembros de la Casa Real. Miguel Ángel Bustamante, diputado IU por Sevilla y autor de la iniciativa, la puso en marcha hace 15 días coincidiendo con los primeros 1.000 días del reinado de Felipe de Borbón y teniendo en cuenta que el plazo de contestación habría coincidido con el próximo 14 de abril, conmemoración del 86 aniversario de la proclamación de la II República.
El órgano de gobierno del Congreso sólo acepta tramitar una de las preguntas, referida a si “¿ha considerado el Gobierno la posibilidad de convocar un referéndum para que la ciudadanía pueda elegir entre República o Monarquía?”, mientras tumba otras siete. Para ello recurre, entre otros argumentos legales, al manido artículo 56.3 de la Constitución, que señala que ‘la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad’, así como al artículo 65, que indica que ‘el Rey recibe de los Presupuestos del Estado una cantidad global para el sostenimiento de su Familia y Casa, y distribuye libremente la misma”.
Bustamente lamentó este veto en declaraciones a los medios en dependencias parlamentarias y destacó la “opacidad” que el Gobierno y diversos grupos de la Cámara Baja defienden para con la Casa Real.
Para el parlamentario de IU, la Monarquía resulta a día de hoy “antagónica con la transparencia y la modernidad” que reclama una parte mayoritaria de la sociedad. De la misma forma, enumeró las múltiples “contradicciones” que acarrea que la Mesa del Congreso tumbe de forma casi mecánica cualquier intento de conseguir información sobre la Casa Real y cualquiera de sus miembros.
“Es contradictorio -indicó incluso- que en un Estado supuestamente democrático a una tuitera se le condene a un año de cárcel por hacer chistes sobre Carrero Blanco, mientras a los cargos públicos se nos impide investigar sobre cuestiones de la Monarquía”.
Miguel Ángel Bustamante aprecia también esta contradicción en el hecho de que la Mesa del Congreso alegue ese artículo 65 de la Constitución que impide detallar la cantidad que el Rey recibe de los Presupuestos Generales del Estado “cuando esta cifra supera ahora por poco los 8 millones de euros al año, mientras diversos medios y la revista Forbes hablan de una fortuna del rey emérito que supera los 1.800 millones. ¿Cómo ha conseguido eso ingresando 8 millones al año?”
Por esta misma razón, el parlamentario andaluz de IU advirtió de que pese a entender que el Reglamento de la Cámara Baja protege a Juan Carlos de Borbón, él tenía derecho a denunciar que esto se hacía así “con una figura sospechosa de jugadas poco éticas”.
Bustamante criticó también que un diputado no pueda pedir dato alguno sobre los ingresos económicos de los miembros de la Casa Real “cuando nosotros tenemos que hacer declaración de patrimonio y publicas nuestros ingresos cada año. Tiene poca lógica la comparación”.
Entre las preguntas vetadas que se habían planteado al Ejecutivo estaba saber si éste pensaba “exigir responsabilidades” al rey emérito “por ser titular de una cuenta en Suiza, al parecer herencia de su padre”, según datos aparecidos en diversos medios, o si el Gobierno podía afirmar que “ningún miembro de la Casa Real tiene recursos en el extranjero y, en particular, en los conocidos como paraísos fiscales”.
Miguel Ángel Bustamante incluyó también entre estas cuestiones conocer si “¿piensa el Gobierno llevar a cabo alguna actuación para aumentar la transparencia en la Jefatura del Estado extendiendo la obligación de declaración y registro de actividades, y de bienes y derechos patrimoniales a todas las personas que pertenezcan a la Casa Real?” o si no cree que es una “contradicción” que el Tribunal de Cuentas no fiscalice a esta institución.
