Estrategia y distribución del poder

OPINIÓN de Emilio Cafassi.- Mientras el Congreso del Frente Amplio uruguayo (FA) se encontraba en cuarto intermedio, el Secretariado -a través de una comisión redactora- alumbró el borrador de documento de estrategia política hacia el 2020 para ser inicialmente discutido en el Plenario Nacional (PN) el próximo sábado. Afortunadamente el documento fue ampliamente distribuido a todos los órganos a fin de que los representantes al PN reflejen las posiciones de sus representados por tratarse de una instancia representativa de sectores y bases de forma proporcional a su peso electoral. De este modo honró viejas tradiciones frentistas, cuya frecuencia de puesta en acto, parecía menguante. Más decreciente aún resultaba que los delegados (al menos los de la región a la que pertenezco) estimularan los debates y se propusieran recoger las opiniones para reflejarlas en este ámbito ampliado de dirección que por su magnitud no puede tener gran asiduidad. No queda más que celebrar que en este caso, esté sucediendo lo contrario.
Sospecho que algo del malestar que buena parte de las bases reflejaron en el Congreso, fue recogido no sólo en la difusión de este insumo provisional sino también en algunos pasajes sugerentes del propio texto. Si bien breve y conciso, la sincronía también explica buena parte de las convergencias con el documento concluido en el Congreso, con sus consistencias y debilidades, particularmente en algunos puntos relativos al alarmante contexto internacional y regional que deja a la izquierda a la defensiva. No son escritos completamente estancos. A ambos le hubieran sentado bien algunas posibles interpenetraciones como algún tinte autocrítico al del Congreso y cierta dosis de principismo al actual.

No sólo por razones de espacio, sino además de relevancia, me ceñiré al apartado 4 del documento, precisamente donde se abordan las prioridades estratégicas propiamente dichas y se suceden una serie de disparadores insinuantes y particularmente autocríticos, aún en su ambigüedad y hasta contradictoriedad en algunos pasajes. Creo que allí se concentra la riqueza del borrador que probablemente dé lugar a sucesivas profundizaciones. Si una sola palabra pudiera representar la preocupación recurrente de esa sección del texto, debería ser “distancia”, aunque no es el significante más utilizado por los autores. Distancia entre el FA y los frenteamplistas, entre éste y los movimientos sociales y consecuentemente entre la estructura de coalición y el propio carácter movimientista, entre la horizontalidad deseada y la centralización burocrática establecida. Problemas que -no es grato admitirlo- visitan con mayor periodicidad los ámbitos de la acción política concreta en los territorios y movimientos, como las bases, que lo que lo hacen en los que la pergeñan.

Al igual que el documento recientemente aprobado en el Congreso, enfatiza correctamente la distancia que separa al FA de los partidos tradicionales, por su historia, principios, objetivos transformadores y composición. También por su estructura organizativa que excede el propósito de mera acumulación electoral. Pero omite detallar y problematizar la democracia interna que no sólo separa meridianamente al FA de los conservadores, sino que constituye un instrumento reductor de las distancias que infiero atravesando tácitamente el texto. A las varias preguntas que se formula y a las debilidades que se propone revisar, le resta extenderlas hacia los mecanismos de decisión colectiva, inclusive como modo de involucramiento para la potenciación de la unidad que subraya como preocupación determinante.

Permítaseme al respecto un breve excurso por fuera del borrador, pero perteneciente al temario de la misma sesión del PN quien debe resolver sobre recomendaciones del Tribunal de Conducta Política (TCP). De ellas, las relativas a indisciplinas que lesionaron (en un caso gravísimamente) la unidad de acción que, como sostuve, no es algo que el borrador eluda. Son aquellos casos que refieren precisamente a autonomizaciones de representantes legislativos (tanto nacionales como departamentales) que además de las funestas consecuencias políticas que producen para el cumplimiento del programa y de las medidas gubernamentales para su ejecución, revelan ausencia de claridad no sólo sobre la pertenencia de la función representativa (las bancas de toda laya) sustrayéndole vigor diferencial al FA. No me refiero a la confusión ética y política de los indisciplinados que resulta autoevidente, sino a la de la propia fuerza que no colocó previamente como condición necesaria, insustituible y excluyente, la plena disposición del escaño al FA y al sector postulante para todo cargo representativo. La indefinición no sólo exhibe las desdorosas y moralmente inadmisibles actitudes de los protagonistas, sino un inmerecido homenaje al carácter fiduciario y clientelista de la representación, tal como la conciben los caudillos conservadores, con su culto al personalismo y a la sumisión pasiva de la ciudadanía, garantizada por el sistema electoral de irresponsabilidad jurídica del mandatario.

El documento entiende correctamente no sólo la importancia del principio de unidad de acción, sino que ésta no debe confundirse con la autocomplacencia o la ausencia crítica. En el caso de las bancadas, las garantías son explícitas y las expresiones disidentes, habituales. Las recomendaciones del TCP no se fundan en la naturaleza de las opiniones, sino exclusivamente en haber desconocido las conclusiones mayoritarias e inclusive, en uno de los graves casos, en no haber solicitado siquiera libertad de acción a sus pares, cosa prevista y en ocasiones aceptada. Pero en lo que respecta a la fuerza política, el problema se complejiza porque requiere de canales de expresión y comunicación bi y multidireccionales que garanticen la participación de quienes deben ejecutar unitariamente las decisiones que se adoptan. Aludo a canales formalizados de expresión y decisión colectiva. De lo contrario es posible hipotetizar que, en ausencia de consulta sobre la acción, se debilite la unidad de ella.

A diferencia de los poderes legislativos, en el caso de los ejecutivos, algo así sería prácticamente imposible por el carácter piramidal de los últimos, pero es pertinente la reflexión del texto respecto a la relación del FA con el/los gobierno/s ya que justamente reconoce la importancia de la fuerza política para velar por el cumplimiento de los lineamientos estratégicos y el programa, cosa que, para decirlo sin ambages, significa control de la gestión, sin dejar de reconocer la autonomía relativa para la adopción cotidiana de decisiones.

El FA es una fuerza progresista con vastos sectores y militantes revolucionarios en su interior, cuya resultante es un programa de regulación anticíclica y redistributiva del capitalismo, con explícita expansión de los derechos sociales, identitarios y las libertades cívicas. Sin embargo, permanece atado a la misma matriz conceptual del ´71 y el ´84 respecto a la democracia que no es otra que la que legitima y naturaliza el formato liberal-fiduciario. De este modo, queda aherrojado en la ficción burguesa de una única y acabada arquitectura de ejercicio de la soberanía popular. Poder proyectar hacia la sociedad una alternativa superadora de involucramiento ciudadano en las decisiones que lo afectan, debería requerir previamente su ejercicio al interior de la fuerza política que lo impulsa. Sin minusvalorar las futuras conquistas socioeconómicas, de derechos y libertades que los programas frentistas deberán ir pergeñando, fruto de la convivencia multimilitante en los movimientos sociales y sindicales, el salto cualitativo, la ruptura superadora y diferencial la alcanzará concibiendo y ejecutando alternativas en la esfera del poder (decisional) con el fin de socializarlo crecientemente.

Por ello considero que la principal debilidad del borrador es justamente la imposibilidad de dar respuesta al problema del desprestigio de la política, fácticamente reconocido como grave problema social. En sus términos, “es en el propio ejercicio de la democracia que ha declinado la credibilidad de la política”, dejando expuesta de este modo la aquiescencia para con “la” democracia, que en ausencia de adjetivos, imaginación crítica y voluntad superadora, deviene natural y única posible. ¿No será acaso que “para recuperar el prestigio de la política como ámbito natural de las personas que desean transformar la realidad en la que viven”, deberían experimentarse institutos que permitan la intervención concreta, propia y directa de los afectados en las decisiones que los involucran? O en otros términos, ¿no es específicamente la democracia liberal-fiduciaria, así adjetivada y circunscripta a esta particular modalidad la que desacredita la política a través de la ajenidad y autonomización de los representantes cuyos casos extremos al interior de la fuerza, llevaron hasta la intervención del TCP?

Por más que se diferencien las particularidades de la militancia de este siglo respecto a la del pasado, como sugiere al pasar el borrador, no creo atenuado el deseo por deliberar y decidir, aunque se participe más por Skype que en el Comité o se vote con emoticones por Whatsapp. Ni mágicamente se ganará en credibilidad y legitimidad porque una gestión tome decisiones que parezcan acertadas, si no se participa de las deliberaciones sobre ellas.

Más difícil aún me resulta concebir sujetos que entreguen mansamente su destino en manos de terceros y además se sientan felices por ello.