OPINI脫N de Xavier Ca帽o Tamayo.- Un reciente informe de la Guardia Civil afirma que las mayor铆as absolutas de Esperanza Aguirre se lograron con una imponente maquinaria electoral financiada ilegalmente. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil acusa al PP de Madrid de atentar contra el pluralismo pol铆tico y de que el partido cometi贸 irregularidades al financiar sus campa帽as electorales de 2007 y 2011. Las elecciones que gan贸 Esperanza Aguirre. El PP de Madrid en las municipales y auton贸micas de 2007 invirti贸 2,5 millones de euros m谩s de lo declarado a la C谩mara de Cuentas, “sustentando esa financiaci贸n con actuaciones de relevancia penal (fraude de subvenciones, malversaci贸n, falsedad documental...)”.
Por su parte, un informe de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n afirma que “hay indicios de que incluso en 2014 y 2015 proveedores de campa帽as electorales del Partido Popular cobraban de cuentas de ese partido, al margen de la C谩mara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas“. Y hay pruebas de ingresos en efectivo de m谩s de un mill贸n de euros de procedencia desconocida, as铆 como de una caja B del PP madrile帽o para pagar gastos de campa帽as y encuestas.
Seg煤n la Guardia Civil, Fundescam era el centro de la trama. Esa fundaci贸n recib铆a dinero p煤blico de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y libraba facturas falsas con cuyo importe se pagaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, mientras algunos empresarios ingresaban dinero en Fundescam con el que 茅sta financiaba las campa帽as del PP. Esos empresarios recib铆an adjudicaciones de contratos de organismos controlados por el PP.
Todo ese pudridero estall贸 en los medios informativos y fiscales y jueces empezaron a instruir causas penales por corrupci贸n. Sin embargo, para dirigentes y portavoces del PP, esa corrupci贸n (en la que aparecen varios dirigentes y cargos del Partido Popular), solo son “casos individuales”.
¿Qu茅 hace el Partido Popular ante la avalancha de corrupci贸n y de sumarios? Intentar controlar la administraci贸n de justicia. Como muestra cabe se帽alar que, con Rafael Catal谩 ministro de Justicia, ha habido tres fiscales generales del Estado en tres a帽os. Torres-Dulce, que dimiti贸 porque el gobierno Rajoy quer铆a controlarlo; Consuelo Madrigal, que tampoco se quiso doblegar al ejecutivo, y Jos茅 Manuel Maza de acuerdo con el gobierno.
Ya fiscal general, Maza hizo los relevos a los que se neg贸 Madrigal: fiscal jefe de la Audiencia Nacional y fiscal jefe de Anticorrupci贸n. Adem谩s de sustituir a m谩s de 30 fiscales dedicados a casos concretos de corrupci贸n. La Uni贸n Progresista de Fiscales denunci贸 que esas sustituciones solo pod铆an entenderse desde el inter茅s pol铆tico e ideol贸gico y que “el mensaje transmitido era que se cambia a los fiscales que persiguen la corrupci贸n”.
Maza impuso a Manuel Moix, muy cercano al Partido Popular, como fiscal jefe de Anticorrupci贸n, aunque fue advertido varias veces por fuentes diversas de no ser buen candidato por ser el 煤nico sin ninguna experiencia en Anticorrupci贸n, entre los siete candidatos al puesto. Moix, como Fiscal de Madrid, hab铆a intentado cerrar el caso de los esp铆as pagados por el gobierno de la Comunidad aut贸noma, ignor贸 la denuncia de un campo de golf ilegal de la empresa Canal de Isabel II, rechaz贸 acusar a Esperanza Aguirre de desobediencia a la autoridad (cuando se fug贸 de agentes de tr谩fico en la Granv铆a madrile帽a) y, contra el criterio de los fiscales encargados, intent贸 finalizar las intervenciones telef贸nicas al ex-presidente de la regi贸n, Ignacio Gonz谩lez, hoy en prisi贸n preventiva.
Otros铆, gente cercana a Dolores de Cospedal intenta que Concepci贸n Espejel sea presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sala que, casualmente, resolver谩 los recursos penales de los casos de corrupci贸n de P煤nica y Lezo que afectan directamente a gente del Partido Popular. Esa candidata es la magistrada apartada dos veces por sus compa帽eros de juzgar el caso G眉rtel. Como ha escrito el fil贸sofo y analista pol铆tico Antoni Dom茅nech “salta a la vista ahora mismo que en el Reino de Espa帽a el poder ejecutivo, aun en clara minor铆a parlamentaria, controla la justicia a su placer”. Por eso no extra帽a que en el Eurobar贸metro de abril de 2016, solo 30% de espa帽oles conf铆e en la independencia de la justicia. Pero no olvidemos tambi茅n que haber ganado elecciones irregularmente, como parece por lo expuesto en los informes de la Guardia Civil, y adem谩s pretender mangonear la justicia, deber铆a tener consecuencias serias.
Xavier Ca帽o Tamayo
Periodista, ATTAC
Twitter: @xcanotamayo
Por su parte, un informe de la Fiscal铆a Anticorrupci贸n afirma que “hay indicios de que incluso en 2014 y 2015 proveedores de campa帽as electorales del Partido Popular cobraban de cuentas de ese partido, al margen de la C谩mara de Cuentas y del Tribunal de Cuentas“. Y hay pruebas de ingresos en efectivo de m谩s de un mill贸n de euros de procedencia desconocida, as铆 como de una caja B del PP madrile帽o para pagar gastos de campa帽as y encuestas.
Seg煤n la Guardia Civil, Fundescam era el centro de la trama. Esa fundaci贸n recib铆a dinero p煤blico de la Comunidad de Madrid, gobernada por el Partido Popular, y libraba facturas falsas con cuyo importe se pagaban gastos electorales del Partido Popular de Madrid, mientras algunos empresarios ingresaban dinero en Fundescam con el que 茅sta financiaba las campa帽as del PP. Esos empresarios recib铆an adjudicaciones de contratos de organismos controlados por el PP.
Todo ese pudridero estall贸 en los medios informativos y fiscales y jueces empezaron a instruir causas penales por corrupci贸n. Sin embargo, para dirigentes y portavoces del PP, esa corrupci贸n (en la que aparecen varios dirigentes y cargos del Partido Popular), solo son “casos individuales”.
¿Qu茅 hace el Partido Popular ante la avalancha de corrupci贸n y de sumarios? Intentar controlar la administraci贸n de justicia. Como muestra cabe se帽alar que, con Rafael Catal谩 ministro de Justicia, ha habido tres fiscales generales del Estado en tres a帽os. Torres-Dulce, que dimiti贸 porque el gobierno Rajoy quer铆a controlarlo; Consuelo Madrigal, que tampoco se quiso doblegar al ejecutivo, y Jos茅 Manuel Maza de acuerdo con el gobierno.
Ya fiscal general, Maza hizo los relevos a los que se neg贸 Madrigal: fiscal jefe de la Audiencia Nacional y fiscal jefe de Anticorrupci贸n. Adem谩s de sustituir a m谩s de 30 fiscales dedicados a casos concretos de corrupci贸n. La Uni贸n Progresista de Fiscales denunci贸 que esas sustituciones solo pod铆an entenderse desde el inter茅s pol铆tico e ideol贸gico y que “el mensaje transmitido era que se cambia a los fiscales que persiguen la corrupci贸n”.
Maza impuso a Manuel Moix, muy cercano al Partido Popular, como fiscal jefe de Anticorrupci贸n, aunque fue advertido varias veces por fuentes diversas de no ser buen candidato por ser el 煤nico sin ninguna experiencia en Anticorrupci贸n, entre los siete candidatos al puesto. Moix, como Fiscal de Madrid, hab铆a intentado cerrar el caso de los esp铆as pagados por el gobierno de la Comunidad aut贸noma, ignor贸 la denuncia de un campo de golf ilegal de la empresa Canal de Isabel II, rechaz贸 acusar a Esperanza Aguirre de desobediencia a la autoridad (cuando se fug贸 de agentes de tr谩fico en la Granv铆a madrile帽a) y, contra el criterio de los fiscales encargados, intent贸 finalizar las intervenciones telef贸nicas al ex-presidente de la regi贸n, Ignacio Gonz谩lez, hoy en prisi贸n preventiva.
Otros铆, gente cercana a Dolores de Cospedal intenta que Concepci贸n Espejel sea presidenta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Sala que, casualmente, resolver谩 los recursos penales de los casos de corrupci贸n de P煤nica y Lezo que afectan directamente a gente del Partido Popular. Esa candidata es la magistrada apartada dos veces por sus compa帽eros de juzgar el caso G眉rtel. Como ha escrito el fil贸sofo y analista pol铆tico Antoni Dom茅nech “salta a la vista ahora mismo que en el Reino de Espa帽a el poder ejecutivo, aun en clara minor铆a parlamentaria, controla la justicia a su placer”. Por eso no extra帽a que en el Eurobar贸metro de abril de 2016, solo 30% de espa帽oles conf铆e en la independencia de la justicia. Pero no olvidemos tambi茅n que haber ganado elecciones irregularmente, como parece por lo expuesto en los informes de la Guardia Civil, y adem谩s pretender mangonear la justicia, deber铆a tener consecuencias serias.
Xavier Ca帽o Tamayo
Periodista, ATTAC
Twitter: @xcanotamayo