OPINI脫N de Ileana Alamilla, Guatemala.- Uno de los tantos problemas que enfrenta la poblaci贸n en Guatemala, especialmente la m谩s abandonada por el Estado, es la crisis del agua. Se ha informado de que “cuatro de cada diez personas en pobreza extrema no tienen acceso a fuentes mejoradas del l铆quido vital”, adem谩s del d茅ficit h铆drico que reportan los r铆os, debido, entre otras causas, a la degradaci贸n, contaminaci贸n y al uso irresponsable de ese bien p煤blico.
La Procuradur铆a de Derechos Humanos, con motivo del D铆a Mundial del Agua, abog贸 por la adopci贸n de una normativa para regular los derechos y obligaciones en el uso y acceso de este vital l铆quido. Se帽al贸 que es “urgente” aprobar una legislaci贸n que d茅 prioridad al agua para usos personales, dom茅sticos, producci贸n de alimentos y prevenci贸n de enfermedades, que adem谩s incluya los principios de igualdad, equidad, inclusi贸n, acceso a informaci贸n, participaci贸n social, rendici贸n de cuentas y justicia y que asegure la sostenibilidad del recurso h铆drico.
Las personas se ven obligadas a hacer enormes esfuerzos, tanto f铆sicos como econ贸micos, para obtener un recurso indispensable para la vida. Quienes m谩s afectadas resultan siempre son las mujeres, que han sido las que cargan en sus cabezas las tinajas y recipientes para transportarlo, pero tambi茅n significa un gasto de dinero, porque las familias deben adquirirlo a proveedores privados.
Guatemala es el 煤nico pa铆s de Centroam茅rica que no tiene una ley de aguas. El 27 de abril de este a帽o, la Agencia Nacional de Noticias report贸 que el ministro de Ambiente y el presidente del Congreso se帽alaron que la Ley de Aguas deber谩 quedar aprobada antes de que finalice 2017, promesa de cuyo cumplimiento dudamos.
Sin embargo hay una luz de esperanza. La Universidad de San Carlos dio a conocer esta semana el informe que recoge las recomendaciones de los Di谩logos por el Agua que dicha casa de estudios llev贸 a cabo en 22 departamentos el a帽o pasado. El rector indic贸 que el “agua es un bien social de dominio p煤blico al servicio de la comunidad y no de persona particular, por lo que urgen acciones para recuperar las cuencas de lagos y r铆os”.
Indic贸 que hay que construir la institucionalidad p煤blica y poner en vigencia un marco legal en donde se privilegie el inter茅s social sobre el individual, para lo cual se deben alcanzar acuerdos sustantivos con visiones incluyentes, que tomen en cuenta la cultura de la prevenci贸n, la gesti贸n de riesgo y la valoraci贸n del conocimiento vern谩culo sobre el uso del agua.
Inst贸 a que se adopte una pol铆tica p煤blica y adelant贸 que la Universidad est谩 trabajando una propuesta de ley con este prop贸sito, en cuyo contenido se tomar谩n en cuenta los resultados de los Di谩logos, as铆 como los trece principios rectores, entre ellos agua y saneamiento, las prioridades en su uso y las condiciones de acceso al agua por parte de las mujeres.
Es valioso el proceso de consulta participativa impulsado, en la que participaron 17 sectores y dos mil l铆deres y lideresas, quienes aportaron en el diagn贸stico de problemas, causas y soluciones. Sin embargo, la propuesta de crear un ente aut贸nomo para regir su gesti贸n no es prudente; la Usac no puede obviar que el Estado tiene la obligaci贸n constitucional de adoptar las medidas necesarias para la conservaci贸n, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente.
Ese ente aut贸nomo que se propuso en ese proceso ri帽e con este principio constitucional y no contribuye al fortalecimiento institucional. La Usac es estatal, as铆 que tendr谩 que encontrar la forma id贸nea para no disminuir el rol rector del Estado en esta materia.
La Procuradur铆a de Derechos Humanos, con motivo del D铆a Mundial del Agua, abog贸 por la adopci贸n de una normativa para regular los derechos y obligaciones en el uso y acceso de este vital l铆quido. Se帽al贸 que es “urgente” aprobar una legislaci贸n que d茅 prioridad al agua para usos personales, dom茅sticos, producci贸n de alimentos y prevenci贸n de enfermedades, que adem谩s incluya los principios de igualdad, equidad, inclusi贸n, acceso a informaci贸n, participaci贸n social, rendici贸n de cuentas y justicia y que asegure la sostenibilidad del recurso h铆drico.
Las personas se ven obligadas a hacer enormes esfuerzos, tanto f铆sicos como econ贸micos, para obtener un recurso indispensable para la vida. Quienes m谩s afectadas resultan siempre son las mujeres, que han sido las que cargan en sus cabezas las tinajas y recipientes para transportarlo, pero tambi茅n significa un gasto de dinero, porque las familias deben adquirirlo a proveedores privados.
Guatemala es el 煤nico pa铆s de Centroam茅rica que no tiene una ley de aguas. El 27 de abril de este a帽o, la Agencia Nacional de Noticias report贸 que el ministro de Ambiente y el presidente del Congreso se帽alaron que la Ley de Aguas deber谩 quedar aprobada antes de que finalice 2017, promesa de cuyo cumplimiento dudamos.
Sin embargo hay una luz de esperanza. La Universidad de San Carlos dio a conocer esta semana el informe que recoge las recomendaciones de los Di谩logos por el Agua que dicha casa de estudios llev贸 a cabo en 22 departamentos el a帽o pasado. El rector indic贸 que el “agua es un bien social de dominio p煤blico al servicio de la comunidad y no de persona particular, por lo que urgen acciones para recuperar las cuencas de lagos y r铆os”.
Indic贸 que hay que construir la institucionalidad p煤blica y poner en vigencia un marco legal en donde se privilegie el inter茅s social sobre el individual, para lo cual se deben alcanzar acuerdos sustantivos con visiones incluyentes, que tomen en cuenta la cultura de la prevenci贸n, la gesti贸n de riesgo y la valoraci贸n del conocimiento vern谩culo sobre el uso del agua.
Inst贸 a que se adopte una pol铆tica p煤blica y adelant贸 que la Universidad est谩 trabajando una propuesta de ley con este prop贸sito, en cuyo contenido se tomar谩n en cuenta los resultados de los Di谩logos, as铆 como los trece principios rectores, entre ellos agua y saneamiento, las prioridades en su uso y las condiciones de acceso al agua por parte de las mujeres.
Es valioso el proceso de consulta participativa impulsado, en la que participaron 17 sectores y dos mil l铆deres y lideresas, quienes aportaron en el diagn贸stico de problemas, causas y soluciones. Sin embargo, la propuesta de crear un ente aut贸nomo para regir su gesti贸n no es prudente; la Usac no puede obviar que el Estado tiene la obligaci贸n constitucional de adoptar las medidas necesarias para la conservaci贸n, desarrollo y aprovechamiento de los recursos naturales en forma eficiente.
Ese ente aut贸nomo que se propuso en ese proceso ri帽e con este principio constitucional y no contribuye al fortalecimiento institucional. La Usac es estatal, as铆 que tendr谩 que encontrar la forma id贸nea para no disminuir el rol rector del Estado en esta materia.
