OPINI脫N de Emilio Cafassi.- No hace mucho, un amigo europeo relacionaba la corrupci贸n en Am茅rica Latina con el comercio internacional en una discusi贸n informal. Le respond铆 que no descartaba que en ese rubro hubiera focos de corrupci贸n. De hecho, en Argentina, hubo y posiblemente haya actualmente maniobras de evasi贸n fiscal y especulativas por parte de los grandes grupos exportadores de commodities. En ocasiones el propio Estado estimula y consiente la evasi贸n y el dolo. Sin embargo, le recomend茅 que dirigiera la mirada con mayor detenimiento hacia la obra p煤blica y los diversos contratos celebrados con los Estados por parte de empresas privadas. Las pr谩cticas corruptas requieren como m铆nimo de tres condiciones de existencia: el poder corruptor del capital, la venalidad de los funcionarios y la opacidad en la toma de decisiones. Casi inmediatamente despu茅s comenzaron a salir a la luz las confesiones de los m谩s altos directivos de la empresa constructora multinacional Odebrecht (de origen brasilero pero operando en buena parte de los pa铆ses latinoamericanos) en el marco de la ofensiva judicial anticorrupci贸n local conocida como “lava jato”. Ser铆a aventurado concluir que la justicia brasilera hubiera conquistado la independencia y la voluntad indispensables para llegar a investigar a fondo, procesar y condenar la ramificada corrupci贸n de su pa铆s. Por el contrario, sospecho que a煤n se encuentra sometida a grandes presiones o inclusive participando de ella. La justicia tambi茅n forma parte del Estado y es potencialmente corrompible. No obstante, cada paso que logre dar para desnudar la trama fraudulenta deber铆a ser celebrado, quienquiera resulte v铆ctima de sus pesquisas. Izquierdas y progresismos no pueden especular con la lucha anticorrupci贸n seg煤n quien o quienes puedan resultar objeto de procesamiento, al menos sin autocondenarse 茅ticamente, para desgastar finalmente su legitimidad a mediano plazo.
Justamente el esmerilado constante de la legitimidad de las alternativas al neoliberalismo, es la estrategia predilecta de las derechas y de los oligopolios medi谩ticos aliados para el acceso al poder, en virtud del car谩cter antipopular y decadente de sus recetas program谩ticas. Evitarlo es casi tan importante como implementar un programa redistributivo y de ampliaci贸n de derechos. La din谩mica restauracionista y demoledora que viene extendi茅ndose por la regi贸n, no es ajena al problema que intento exponer, m谩s all谩 de otras posibles falencias de los gobiernos progresistas. Y no es casual que resisten esta oleada dos pa铆ses cuyos presidentes sostuvieron que la pol铆tica no es para el enriquecimiento personal: Bolivia y Uruguay. ¿C贸mo sustentar, por ejemplo, la defensa de un gobierno que ha tomado indudables medidas populares como el anterior argentino, cuando su presidenta, due帽a de un emporio inmobiliario y hotelero, ten铆a de inquilinos a los principales beneficiarios de concesiones en el negocio del juego y la obra p煤blica, entre tantos otros casos escandalosos no s贸lo suyos, sino tambi茅n de varios ex funcionarios? ¿C贸mo no sospechar si el principal ocupante de inmuebles y habitaciones de hotel era a la vez la empresa de un ex modesto empleado bancario devenido due帽o de una enorme empresa constructora, beneficiada por contratos con el Estado? Pero si todo se remitiera a una persona, o inclusive a un grupo pol铆tico, al igual que en Brasil, no ser铆a todo lo grave que es, ya que en asociaci贸n con 茅sta y otras empresas, se encuentra la -tambi茅n constructora beneficiaria de grandes obras p煤blicas- de la familia del actual Presidente Macri, subrepticiamente vendida a otro familiar cuyos antecedentes de fortuna no lo situaban en condiciones de adquirirla. Precisamente las empresas de la multimillonaria familia Macri fue particularmente beneficiaria de contratos con el Estado durante la dictadura, de manera completamente directa y discrecional. En suma, el problema se presenta mucho m谩s estructural que faccioso o personal.
En Brasil no es menos sist茅mico, aunque el v茅rtice (me refiero a los ex presidentes Lula y Rousseff) est茅n aparentemente indemnes de usufructo personal o participaci贸n directa en los delitos, cosa que no es menor para explicar la actual popularidad de Lula. Baste considerar que el actual presidente y anterior vicepresidente, producto de la alianza electoral del PT con el PMDB y gestor del golpe institucional que lo sent贸 en el m谩ximo cargo, ya fue grabado exigiendo coimas a un acaudalado empresario que lo califica como l铆der de la “mayor mafia criminal” del pa铆s donde se incluyen una gran proporci贸n de l铆deres pol铆ticos, varios de los cuales ya cumplen condena. Como tambi茅n la cumplen m谩s de una decena de altos dirigentes del PT, entre ellos el ex jefe de gabinete de Lula. Es as铆 que la actual movilizaci贸n por las “diretas ja” -adem谩s de remitirme a las movilizaciones de las que particip茅 a mediados de los a帽os ´80 en San Pablo- s贸lo cumplen con la elusi贸n de la inevitable ca铆da del corrupto actual y su sustituci贸n mediante el voto parlamentario, seg煤n prev茅 la constituci贸n. Si el PT no revisa a fondo su participaci贸n en la urdimbre corruptora y su pol铆tica de alianzas, de poco servir谩 que Lula o cualquier personalidad, concite expectativas populares, ya que s贸lo reproducir铆a las causas de la crisis. La pregunta ante una denuncia de corrupci贸n no es qui茅n la formula, ni sobre qui茅n, sino qu茅 veracidad probable contiene y qu茅 pudo y puede hacerse en adelante para evitarla.
A diferencia de estos dos casos mencionados, lim铆trofes con Uruguay, esta semana la oposici贸n intent贸 conformar en el senado una comisi贸n investigadora sobre supuestas pr谩cticas delictivas del m谩s masivo sector del oficialismo, el MPP, incluyendo el posible rol que el ex presidente Mujica habr铆a tenido. No creo que pueda desecharse gen茅ricamente la creaci贸n de comisiones parlamentarias, pero s贸lo se justifica en pa铆ses en los que la justicia se vea impedida de actuar. No existe un solo indicio en Uruguay que permita sospecharlo. La iniciativa est谩 alentada por la revelaci贸n en un libro del testimonio de un ex militante cuyo nombre est谩 oculto bajo un seud贸nimo. Y no es nada novedoso, hay insinuaciones de ello en el libro sobre Zabalza y otros textos, sin que se haya podido probar absolutamente nada, salvo la participaci贸n individual de alg煤n militante en atracos en la d茅cada del ´90. Este nuevo “aporte” est谩 en manos de la justicia y Mujica ha manifestado que no se amparar谩 en fuero alguno. Justamente en lugar de revelar corrupci贸n como en los casos mencionados l铆neas arriba, exhibe la voracidad t谩ctica derechista internacionalizada como deslegitimaci贸n de izquierdas y progresismos a cualquier costo y con cualquier excusa, al punto de haber sugerido que hasta se habr铆a beneficiado con la adquisici贸n de la propia chacra que habita con fondos il铆citos. Algo as铆 como acusar de homicidio a la Madre Teresa de Calcuta.
La intervenci贸n de Mujica en el debate merece ser tomada como antecedente institucionalizable. No s贸lo por la explicaci贸n pol铆tica de las finanzas de su organizaci贸n, sino por el detalle con el que expuso sus pertenencias, sus ingresos actuales y pasados, las limitaciones autoimpuestas al usufructo personal y el destino de sus recursos. Porque no s贸lo ser铆a 煤til para la ciudadan铆a, conocer la declaraci贸n de bienes de todos los pol铆ticos, sino tambi茅n la trayectoria laboral y econ贸mica de cada uno de ellos. M谩s a煤n lo ser铆a para replantearse el serio problema del financiamiento de la pol铆tica.
La insidia de las intervenciones posteriores del Partido Nacional, contrastantes -para mi sorpresa- con la digna postura del senador Bordaberry del Partido Colorado a pesar de haber participado de la frustrada iniciativa de la comisi贸n, resulta una prueba m谩s del oportunismo degradante de la t谩ctica derechista. Sin duda la intervenci贸n del ex presidente es un ejemplo de 茅tica que no moraliza por ello la pol铆tica al dejarla sometida a la libre decisi贸n individual de los pol铆ticos. Si se trata de desvincular el ejercicio pol铆tico de los intereses econ贸micos de los actores, como expl铆citamente se aspira, no basta con apelar a la honestidad individual, la autoimposici贸n o la filantrop铆a. Ser谩 indispensable hacerle un piquete al puente del provecho.
Con nuevas reglas pol铆ticas como barricadas.
Justamente el esmerilado constante de la legitimidad de las alternativas al neoliberalismo, es la estrategia predilecta de las derechas y de los oligopolios medi谩ticos aliados para el acceso al poder, en virtud del car谩cter antipopular y decadente de sus recetas program谩ticas. Evitarlo es casi tan importante como implementar un programa redistributivo y de ampliaci贸n de derechos. La din谩mica restauracionista y demoledora que viene extendi茅ndose por la regi贸n, no es ajena al problema que intento exponer, m谩s all谩 de otras posibles falencias de los gobiernos progresistas. Y no es casual que resisten esta oleada dos pa铆ses cuyos presidentes sostuvieron que la pol铆tica no es para el enriquecimiento personal: Bolivia y Uruguay. ¿C贸mo sustentar, por ejemplo, la defensa de un gobierno que ha tomado indudables medidas populares como el anterior argentino, cuando su presidenta, due帽a de un emporio inmobiliario y hotelero, ten铆a de inquilinos a los principales beneficiarios de concesiones en el negocio del juego y la obra p煤blica, entre tantos otros casos escandalosos no s贸lo suyos, sino tambi茅n de varios ex funcionarios? ¿C贸mo no sospechar si el principal ocupante de inmuebles y habitaciones de hotel era a la vez la empresa de un ex modesto empleado bancario devenido due帽o de una enorme empresa constructora, beneficiada por contratos con el Estado? Pero si todo se remitiera a una persona, o inclusive a un grupo pol铆tico, al igual que en Brasil, no ser铆a todo lo grave que es, ya que en asociaci贸n con 茅sta y otras empresas, se encuentra la -tambi茅n constructora beneficiaria de grandes obras p煤blicas- de la familia del actual Presidente Macri, subrepticiamente vendida a otro familiar cuyos antecedentes de fortuna no lo situaban en condiciones de adquirirla. Precisamente las empresas de la multimillonaria familia Macri fue particularmente beneficiaria de contratos con el Estado durante la dictadura, de manera completamente directa y discrecional. En suma, el problema se presenta mucho m谩s estructural que faccioso o personal.
En Brasil no es menos sist茅mico, aunque el v茅rtice (me refiero a los ex presidentes Lula y Rousseff) est茅n aparentemente indemnes de usufructo personal o participaci贸n directa en los delitos, cosa que no es menor para explicar la actual popularidad de Lula. Baste considerar que el actual presidente y anterior vicepresidente, producto de la alianza electoral del PT con el PMDB y gestor del golpe institucional que lo sent贸 en el m谩ximo cargo, ya fue grabado exigiendo coimas a un acaudalado empresario que lo califica como l铆der de la “mayor mafia criminal” del pa铆s donde se incluyen una gran proporci贸n de l铆deres pol铆ticos, varios de los cuales ya cumplen condena. Como tambi茅n la cumplen m谩s de una decena de altos dirigentes del PT, entre ellos el ex jefe de gabinete de Lula. Es as铆 que la actual movilizaci贸n por las “diretas ja” -adem谩s de remitirme a las movilizaciones de las que particip茅 a mediados de los a帽os ´80 en San Pablo- s贸lo cumplen con la elusi贸n de la inevitable ca铆da del corrupto actual y su sustituci贸n mediante el voto parlamentario, seg煤n prev茅 la constituci贸n. Si el PT no revisa a fondo su participaci贸n en la urdimbre corruptora y su pol铆tica de alianzas, de poco servir谩 que Lula o cualquier personalidad, concite expectativas populares, ya que s贸lo reproducir铆a las causas de la crisis. La pregunta ante una denuncia de corrupci贸n no es qui茅n la formula, ni sobre qui茅n, sino qu茅 veracidad probable contiene y qu茅 pudo y puede hacerse en adelante para evitarla.
A diferencia de estos dos casos mencionados, lim铆trofes con Uruguay, esta semana la oposici贸n intent贸 conformar en el senado una comisi贸n investigadora sobre supuestas pr谩cticas delictivas del m谩s masivo sector del oficialismo, el MPP, incluyendo el posible rol que el ex presidente Mujica habr铆a tenido. No creo que pueda desecharse gen茅ricamente la creaci贸n de comisiones parlamentarias, pero s贸lo se justifica en pa铆ses en los que la justicia se vea impedida de actuar. No existe un solo indicio en Uruguay que permita sospecharlo. La iniciativa est谩 alentada por la revelaci贸n en un libro del testimonio de un ex militante cuyo nombre est谩 oculto bajo un seud贸nimo. Y no es nada novedoso, hay insinuaciones de ello en el libro sobre Zabalza y otros textos, sin que se haya podido probar absolutamente nada, salvo la participaci贸n individual de alg煤n militante en atracos en la d茅cada del ´90. Este nuevo “aporte” est谩 en manos de la justicia y Mujica ha manifestado que no se amparar谩 en fuero alguno. Justamente en lugar de revelar corrupci贸n como en los casos mencionados l铆neas arriba, exhibe la voracidad t谩ctica derechista internacionalizada como deslegitimaci贸n de izquierdas y progresismos a cualquier costo y con cualquier excusa, al punto de haber sugerido que hasta se habr铆a beneficiado con la adquisici贸n de la propia chacra que habita con fondos il铆citos. Algo as铆 como acusar de homicidio a la Madre Teresa de Calcuta.
La intervenci贸n de Mujica en el debate merece ser tomada como antecedente institucionalizable. No s贸lo por la explicaci贸n pol铆tica de las finanzas de su organizaci贸n, sino por el detalle con el que expuso sus pertenencias, sus ingresos actuales y pasados, las limitaciones autoimpuestas al usufructo personal y el destino de sus recursos. Porque no s贸lo ser铆a 煤til para la ciudadan铆a, conocer la declaraci贸n de bienes de todos los pol铆ticos, sino tambi茅n la trayectoria laboral y econ贸mica de cada uno de ellos. M谩s a煤n lo ser铆a para replantearse el serio problema del financiamiento de la pol铆tica.
La insidia de las intervenciones posteriores del Partido Nacional, contrastantes -para mi sorpresa- con la digna postura del senador Bordaberry del Partido Colorado a pesar de haber participado de la frustrada iniciativa de la comisi贸n, resulta una prueba m谩s del oportunismo degradante de la t谩ctica derechista. Sin duda la intervenci贸n del ex presidente es un ejemplo de 茅tica que no moraliza por ello la pol铆tica al dejarla sometida a la libre decisi贸n individual de los pol铆ticos. Si se trata de desvincular el ejercicio pol铆tico de los intereses econ贸micos de los actores, como expl铆citamente se aspira, no basta con apelar a la honestidad individual, la autoimposici贸n o la filantrop铆a. Ser谩 indispensable hacerle un piquete al puente del provecho.
Con nuevas reglas pol铆ticas como barricadas.