OPINI脫N de Emilio Cafassi.- Los titulares de 茅ste y todos los diarios del Uruguay, estar谩n hoy dedicados a la decisi贸n que haya adoptado el Plenario Nacional del Frente Amplio uruguayo (FA) a partir de la recomendaci贸n del Tribunal de Conducta Pol铆tica respecto al Vicepresidente de la Rep煤blica, cosa que a su vez multiplicar谩n ad infinitum los medios audiovisuales. Es muy probable que medios internacionales tambi茅n se hagan eco, a pesar de la indiferencia silente que injustamente se cierne comunicacionalmente sobre la realidad uruguaya en la distribuci贸n informativa internacional. Pero cuando de esc谩ndalos o rarezas se trata, el amarillismo sin fronteras (geogr谩ficas o 茅ticas) no suele desperdiciar oportunidades de negocio. Razones de organizaci贸n del cierre del diario y mi propia distribuci贸n del tiempo me impiden referirme a ello, ya que al escribir estas l铆neas desconozco tanto esa resoluci贸n, cuanto el descargo que pueda haber hecho al respecto el propio Ra煤l Sendic, a煤n indirectamente por no ser miembro del Plenario. El domingo posterior a la denuncia del semanario Brecha -uno de los principales sostenes medi谩ticos de la dictadura que en nada ha revisado su posici贸n y pasado- me exped铆 brevemente al respecto sintetizando que era tanto un s铆ntoma, cuanto una oportunidad (“Progresismo y anticorrupci贸n” del 11/6/17).
Me concentrar茅 entonces en analizar un absurdo vigente. Uruguay ha tomado una iniciativa contra el narcotr谩fico, 煤nica en el mundo, ampliamente superadora de todos los antecedentes respecto a la marihuana como los clubes sociales de cannabis espa帽oles (tanto terap茅uticos como l煤dicos) que por lo dem谩s tambi茅n existen en la banda oriental, aunque se trata de alternativas para sibaritas de clases medias altas o directamente acomodadas, los coffe shop holandeses (que se abastecen ins贸litamente en el mercado ilegal) o la ca贸tica y desigual legislaci贸n que rige en varios estados de Estados Unidos con hibridaciones semilegales. Peque帽o gran paso en la larga marcha hacia la derrota de las mafias par谩sitas de las adicciones que obviamente no se agota en la marihuana, sino que por el contrario incluye una variedad de sustancias que encuentra demanda en todos los estratos sociales. No exento de obst谩culos como por ejemplo los incipientes prejuicios de una mayor铆a de farmac茅uticos, su prioritario inter茅s por la ganancia (cuyo margen en este caso no puede ser generoso porque justamente se trata de competir con el mercado negro) a expensas de su posible contribuci贸n a la salud social y a la lucha contra la ilegalidad. Tan s贸lo 16 farmacias comenzaron a comercializar marihuana legal. Tambi茅n se verifican algunas demoras por parte del Instituto de Regulaci贸n y Control del Cannabis (IRCCA) en las entregas y la variedad aparentemente debidas a los controles que realiza previamente a su comercializaci贸n. Una pol铆tica que adem谩s tiene el cuidado de restringir el acceso al insumo a los residentes legales registrados como consumidores (adem谩s de la dosis m谩xima) evitando de ese modo no s贸lo una venta libre, sino adem谩s el desarrollo de un turismo cannabico del tipo holand茅s o el verificable en algunos estados norteamericanos.
El ataque a esta decisi贸n pol铆tica viene bajo el formato de chantaje desde el pa铆s con m谩s drogadependientes por habitante con el consecuente aliento de la actividad narcotraficante tanto propia cuanto internacional. Bajo una aparente represi贸n de la oferta ilegal, consciente su existencia aprovechando tal supuesto, para intervenir en terceros pa铆ses a trav茅s de la Drug Enforcement Administration (DEA). Algo verdaderamente esquizofr茅nico, como buena parte de las pol铆ticas de ese pa铆s que siempre sostiene que lucha por llevar la libertad mediante las invasiones, los golpes de estado, los bloqueos econ贸micos: aquello que en otros trabajos caracteric茅 como terrorismo imperial. Condena y encarcela “narcos” extranjeros, mientras permite el lavado de dinero de los propios. Y en este caso, a trav茅s de una absurda legislaci贸n financiera propia, opera a trav茅s de su sistema obstaculizando la distribuci贸n farmac茅utica. No sucede lo mismo en sus propios estados que parcialmente permiten alguna comercializaci贸n de la sustancia (exclusivamente medicinal en unos, aunque tambi茅n recreativa en otros) porque en principio la ley federal no contradice las iniciativas de los estados. Toda una advertencia a su vez para aquellos pa铆ses que comienzan a estudiar alternativas a la impotente estrategia represiva.
No s贸lo los bancos privados que tambi茅n operan en Estados Unidos se ven obligados a cerrar cuentas de farmacias, sino que el banco estatal (BROU) y todo el sistema financiero uruguayo se ve comprometido. Al ser miembro del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI) dedicado a la lucha contra el lavado, Uruguay se ve obligado a actuar conforme los est谩ndares que establece esta instituci贸n entre los que se cuenta el tipo de actividad comercial de los clientes bancarios. De este modo, la pol铆tica que pretende transparentar la comercializaci贸n y la fiscalizaci贸n, uno de cuyos instrumentos consiste en la bancarizaci贸n, s贸lo podr铆a implementarse por fuera del sistema bancario, tal como sucede en las bocas de expendio ilegales. Deber铆an dejar de ser comercios autorizados para devenir dealers con ventajas.
El absurdo es tal que, lejos de combatir el lavado de capitales, en Estados Unidos, existen estados que lo alientan. El m谩s reconocido es el para铆so fiscal de Delaware donde pueden constituirse sociedades protegidas por el secreto y el anonimato de los verdaderos due帽os mediante la inscripci贸n de directivos nominales. Con las dificultades de su creciente d茅ficit de la balanza de pagos, alienta el ingreso de capitales no residentes mediante exenciones impositivas y facilidades financieras, para beneficio de toda clase de lavadores. No est谩 sometido a los Common Reporting Standards (CRS) de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE). Es impensable que ese pa铆s modifique su pol铆tica fiscal y financiera y lo es menos a煤n en la era Trump.
Lejos de considerar el vanguardismo de la iniciativa uruguaya, el senador del bloque unipersonal del Partido Independiente, Pablo Mieres, consider贸 en un art铆culo en este diario que la relevancia del tema proviene del vedetismo del ex presidente Mujica, quien seg煤n varias versiones ni siquiera ser铆a el autor intelectual de la iniciativa, aunque s铆 un claro impulsor durante su gesti贸n. Se queja de que adquiera el nivel de “pol铆tica de estado”, como si las violaciones a la soberan铆a de un pa铆s para elaborar sus leyes e implementarlas pudiera dejar de serlo. Desliza t谩citamente que la interdicci贸n a la venta de marihuana en farmacias, ser铆a algo as铆 como una cortina de humo para velar otros bloqueos a la soluci贸n de problemas sociales como la desocupaci贸n, la educaci贸n o la inseguridad.
Todos los indicadores sociales y econ贸micos del pa铆s desmienten el incremento de dificultades en los rubros en que cifra sus preocupaciones. Contrariamente, es uno de los pocos pa铆ses en el mundo actual sometido a una profunda crisis recesiva, cuya econom铆a crece sostenidamente a帽o a a帽o, mientras sus dos vecinos gigantes se derrumban. Sin duda que persisten problemas sociales cuya soluci贸n es mucho m谩s lenta y compleja que lo deseado y necesario, pero es a pesar del sistema financiero que hegemoniza la econom铆a internacional y no gracias a 茅l. Si, como sostiene, hay una gran atenci贸n medi谩tica (que no es s贸lo local, sino tambi茅n internacional) en este absurdo de origen financiero, se debe a la previa valoraci贸n de la audacia pol铆tica y la rigurosidad del mecanismo de regulaci贸n adoptado en la ley y sus reglamentaciones que llevan a posar la mirada sobre Uruguay. En el contexto de desinter茅s de la prensa internacional por la realidad uruguaya que expuse l铆neas arriba, este s贸lo reconocimiento merece destacarse. La apelaci贸n a la pervivencia de problemas sociales por oposici贸n a la menudencia de las dificultades chantajistas sobre las farmacias, no es sino un recurso demag贸gico simplista de apelaci贸n a supuestos de verosimilitud con maquillaje progresista, que vela y banaliza el car谩cter estrat茅gico de la iniciativa.
Se intenta comenzar a disputarle al narcotr谩fico su intervenci贸n y actividad en la sociedad para liberarla de 茅l y de todas las graves consecuencias sociales, econ贸micas y fiscales de su accionar mafioso. La indiferencia o la minusvaloraci贸n del chantaje con sus consecuencias paralizantes de la pol铆tica implementada, aunque se esgrima en nombre de leg铆timas preocupaciones sociales no ahuyenta al narcotr谩fico.
Lo fortalece.
Me concentrar茅 entonces en analizar un absurdo vigente. Uruguay ha tomado una iniciativa contra el narcotr谩fico, 煤nica en el mundo, ampliamente superadora de todos los antecedentes respecto a la marihuana como los clubes sociales de cannabis espa帽oles (tanto terap茅uticos como l煤dicos) que por lo dem谩s tambi茅n existen en la banda oriental, aunque se trata de alternativas para sibaritas de clases medias altas o directamente acomodadas, los coffe shop holandeses (que se abastecen ins贸litamente en el mercado ilegal) o la ca贸tica y desigual legislaci贸n que rige en varios estados de Estados Unidos con hibridaciones semilegales. Peque帽o gran paso en la larga marcha hacia la derrota de las mafias par谩sitas de las adicciones que obviamente no se agota en la marihuana, sino que por el contrario incluye una variedad de sustancias que encuentra demanda en todos los estratos sociales. No exento de obst谩culos como por ejemplo los incipientes prejuicios de una mayor铆a de farmac茅uticos, su prioritario inter茅s por la ganancia (cuyo margen en este caso no puede ser generoso porque justamente se trata de competir con el mercado negro) a expensas de su posible contribuci贸n a la salud social y a la lucha contra la ilegalidad. Tan s贸lo 16 farmacias comenzaron a comercializar marihuana legal. Tambi茅n se verifican algunas demoras por parte del Instituto de Regulaci贸n y Control del Cannabis (IRCCA) en las entregas y la variedad aparentemente debidas a los controles que realiza previamente a su comercializaci贸n. Una pol铆tica que adem谩s tiene el cuidado de restringir el acceso al insumo a los residentes legales registrados como consumidores (adem谩s de la dosis m谩xima) evitando de ese modo no s贸lo una venta libre, sino adem谩s el desarrollo de un turismo cannabico del tipo holand茅s o el verificable en algunos estados norteamericanos.
El ataque a esta decisi贸n pol铆tica viene bajo el formato de chantaje desde el pa铆s con m谩s drogadependientes por habitante con el consecuente aliento de la actividad narcotraficante tanto propia cuanto internacional. Bajo una aparente represi贸n de la oferta ilegal, consciente su existencia aprovechando tal supuesto, para intervenir en terceros pa铆ses a trav茅s de la Drug Enforcement Administration (DEA). Algo verdaderamente esquizofr茅nico, como buena parte de las pol铆ticas de ese pa铆s que siempre sostiene que lucha por llevar la libertad mediante las invasiones, los golpes de estado, los bloqueos econ贸micos: aquello que en otros trabajos caracteric茅 como terrorismo imperial. Condena y encarcela “narcos” extranjeros, mientras permite el lavado de dinero de los propios. Y en este caso, a trav茅s de una absurda legislaci贸n financiera propia, opera a trav茅s de su sistema obstaculizando la distribuci贸n farmac茅utica. No sucede lo mismo en sus propios estados que parcialmente permiten alguna comercializaci贸n de la sustancia (exclusivamente medicinal en unos, aunque tambi茅n recreativa en otros) porque en principio la ley federal no contradice las iniciativas de los estados. Toda una advertencia a su vez para aquellos pa铆ses que comienzan a estudiar alternativas a la impotente estrategia represiva.
No s贸lo los bancos privados que tambi茅n operan en Estados Unidos se ven obligados a cerrar cuentas de farmacias, sino que el banco estatal (BROU) y todo el sistema financiero uruguayo se ve comprometido. Al ser miembro del Grupo de Acci贸n Financiera Internacional (GAFI) dedicado a la lucha contra el lavado, Uruguay se ve obligado a actuar conforme los est谩ndares que establece esta instituci贸n entre los que se cuenta el tipo de actividad comercial de los clientes bancarios. De este modo, la pol铆tica que pretende transparentar la comercializaci贸n y la fiscalizaci贸n, uno de cuyos instrumentos consiste en la bancarizaci贸n, s贸lo podr铆a implementarse por fuera del sistema bancario, tal como sucede en las bocas de expendio ilegales. Deber铆an dejar de ser comercios autorizados para devenir dealers con ventajas.
El absurdo es tal que, lejos de combatir el lavado de capitales, en Estados Unidos, existen estados que lo alientan. El m谩s reconocido es el para铆so fiscal de Delaware donde pueden constituirse sociedades protegidas por el secreto y el anonimato de los verdaderos due帽os mediante la inscripci贸n de directivos nominales. Con las dificultades de su creciente d茅ficit de la balanza de pagos, alienta el ingreso de capitales no residentes mediante exenciones impositivas y facilidades financieras, para beneficio de toda clase de lavadores. No est谩 sometido a los Common Reporting Standards (CRS) de la Organizaci贸n para la Cooperaci贸n y el Desarrollo Econ贸mico (OCDE). Es impensable que ese pa铆s modifique su pol铆tica fiscal y financiera y lo es menos a煤n en la era Trump.
Lejos de considerar el vanguardismo de la iniciativa uruguaya, el senador del bloque unipersonal del Partido Independiente, Pablo Mieres, consider贸 en un art铆culo en este diario que la relevancia del tema proviene del vedetismo del ex presidente Mujica, quien seg煤n varias versiones ni siquiera ser铆a el autor intelectual de la iniciativa, aunque s铆 un claro impulsor durante su gesti贸n. Se queja de que adquiera el nivel de “pol铆tica de estado”, como si las violaciones a la soberan铆a de un pa铆s para elaborar sus leyes e implementarlas pudiera dejar de serlo. Desliza t谩citamente que la interdicci贸n a la venta de marihuana en farmacias, ser铆a algo as铆 como una cortina de humo para velar otros bloqueos a la soluci贸n de problemas sociales como la desocupaci贸n, la educaci贸n o la inseguridad.
Todos los indicadores sociales y econ贸micos del pa铆s desmienten el incremento de dificultades en los rubros en que cifra sus preocupaciones. Contrariamente, es uno de los pocos pa铆ses en el mundo actual sometido a una profunda crisis recesiva, cuya econom铆a crece sostenidamente a帽o a a帽o, mientras sus dos vecinos gigantes se derrumban. Sin duda que persisten problemas sociales cuya soluci贸n es mucho m谩s lenta y compleja que lo deseado y necesario, pero es a pesar del sistema financiero que hegemoniza la econom铆a internacional y no gracias a 茅l. Si, como sostiene, hay una gran atenci贸n medi谩tica (que no es s贸lo local, sino tambi茅n internacional) en este absurdo de origen financiero, se debe a la previa valoraci贸n de la audacia pol铆tica y la rigurosidad del mecanismo de regulaci贸n adoptado en la ley y sus reglamentaciones que llevan a posar la mirada sobre Uruguay. En el contexto de desinter茅s de la prensa internacional por la realidad uruguaya que expuse l铆neas arriba, este s贸lo reconocimiento merece destacarse. La apelaci贸n a la pervivencia de problemas sociales por oposici贸n a la menudencia de las dificultades chantajistas sobre las farmacias, no es sino un recurso demag贸gico simplista de apelaci贸n a supuestos de verosimilitud con maquillaje progresista, que vela y banaliza el car谩cter estrat茅gico de la iniciativa.
Se intenta comenzar a disputarle al narcotr谩fico su intervenci贸n y actividad en la sociedad para liberarla de 茅l y de todas las graves consecuencias sociales, econ贸micas y fiscales de su accionar mafioso. La indiferencia o la minusvaloraci贸n del chantaje con sus consecuencias paralizantes de la pol铆tica implementada, aunque se esgrima en nombre de leg铆timas preocupaciones sociales no ahuyenta al narcotr谩fico.
Lo fortalece.