OPINI脫N de Emilio Cafassi, Uruguay.- Considero altamente probable -a la par que deseable- que la vida pol铆tica uruguaya d茅 un cierto giro a partir del 煤ltimo dictamen del Tribunal de Conducta Pol铆tica (TCP) del Frente Amplio (FA). Enfatizo este antecedente por sobre la posterior renuncia del vicepresidente porque considero que los sujetos, las personalidades y las trayectorias resultan hasta anecd贸ticas respecto a las estructuras colectivas y la institucionalidad, es decir a las reglas de funcionamiento de los dispositivos pol铆ticos.
No niego la posible influencia, pero lo es tanto m谩s, cuanto m谩s caudillista, verticalista y electoralista resulte esa estructura, algo contrario a la historia y el horizonte frentista. Una simple comparaci贸n grosera con las tendencias ideol贸gicas fundamentales y las estructuraciones institucionales dominantes en la Argentina de la 煤ltima d茅cada, permite dar cuenta de la distancia de objetivos y resultados con el progresismo uruguayo. Por un lado la cultura ideol贸gica peronista, particularmente enfatizada por el kirchnerismo adopta un car谩cter autoritario-distribucionista con plena enfatizaci贸n caudillista. Se muestra sensible a la redistribuci贸n de ingresos (al menos discursivamente) tanto como indiferente a la democratizaci贸n institucional y la corrupci贸n. Por otro, la cultura pol铆tica del partido radical con rasgos liberal-republicanos, aunque chirles e inconsecuentes, siempre ha exhibido una escasa capacidad para enfrentar la desigualdad social y sostener la gobernabilidad frente a los factores de poder cultivando un republicanismo juridicista que se agota en el inventario de alianzas, t谩cticas y estrategias para conquistar el poder y conservarlo. Debe agregarse 煤ltimamente la emergencia de una nueva derecha m谩s aggiornada a la seducci贸n massmedi谩tica con rasgos tambi茅n personalistas que subalterniza a este partido hist贸rico en desigual coalici贸n. El resultado es un gobierno est茅ril para instrumentar pol铆ticas econ贸micas de mayor equidad y mantener la estabilidad institucional sin represi贸n, crecientemente jaqueada por la conflictividad social.
El FA, inversamente, naci贸 y creci贸 con la doble preocupaci贸n de lograr tanto equidad como libertades y derechos en un marco de apego a las reglas institucionales y a la honestidad. Lo hizo adem谩s morigerando el peso de las personalidades, o en otros t茅rminos, distribuyendo relativamente los liderazgos, cosa que fortalece su car谩cter de colectivo pol铆tico plural y complejo. Sin embargo, el acceso al poder pol铆tico le presenta desaf铆os en estos planos ya que hereda relaciones de producci贸n capitalistas generadoras de desigualdad que deben ser contrapuestas con medidas regulatorias e intervenci贸n permanente. Tambi茅n una configuraci贸n del Estado que concede a los jerarcas y representantes toda clase de privilegios e inevitable relaci贸n con los factores de poder f谩ctico que los obliga a un estricto autocontrol y apego a normas ya que est谩n permanentemente sometidos a tentaciones violatorias en condiciones de opacidad. No s贸lo el propio car谩cter policlasista y plural del FA le impide sustituir las relaciones de producci贸n capitalistas por otras superadoras, sino que los propios l铆mites del pa铆s (geogr谩ficos y demogr谩ficos, pero tambi茅n econ贸micos, de limitado desarrollo, etc.) en el contexto internacional y regional actual obligan a administrar estas relaciones sociales de producci贸n exclusivamente del modo menos cruento posible. Y en esta esfera, sin entrar en detalles, los logros son indudables, particularmente en un an谩lisis comparativo.
Pero en el plano de la arquitectura pol铆tica y el desarrollo y funcionamiento del Estado, el FA encuentra debilidades importantes para concebir y alentar alternativas, incluyendo a sus sectores de izquierda o radicalizados. Porque de la cr铆tica original a la democracia “burguesa”, sostenida s贸lo en virtud de producir el mec谩nico correlato de la segregaci贸n econ贸mica, se pasa sin m谩s a su aceptaci贸n acr铆tica, por lo que la democracia liberal-fiduciaria con toda su carga de opacidad y ausencia de control ciudadano, pasa a ver potenciada su legimitidad a l铆mites tales de ser concebida como la 煤nica democracia posible. O para ponerlo en los t茅rminos de la conocida expresi贸n de Hanna Arendt, induce al m铆tico supuesto de que no existe ni nunca ha existido ninguna alternativa al sistema actual. Hasta el momento el FA se ha visto limitado para poner en discusi贸n el r茅gimen pol铆tico, es decir las reglas del juego que constituyen una parte de la totalidad social que regula la distribuci贸n y ejercicio del poder, dejando su ejercicio depositado en la confianza de sus integrantes con responsabilidades en el Estado. Inclusive hasta el momento ha desperdiciado la oportunidad de alentar un debate sobre una reforma constitucional que fue objeto de discusi贸n en el 煤ltimo congreso Rodney Arismendi.
¿Acaso el dictamen del TCP pone en discusi贸n el r茅gimen? Obviamente no, pero permite extraer algunas conclusiones que me alientan a sostener la hip贸tesis de un punto de inflexi贸n determinante para el FA y la pol铆tica uruguaya. Por varias razones que requerir铆an m谩s espacio para comentarlas. Aqu铆 s贸lo me detendr茅 en dos. En primer lugar porque descartando cualquier sospecha de enriquecimiento il铆cito por el monto irrelevante de los gastos efectuados con una tarjeta corporativa de una empresa del Estado, establece que las omisiones al control o la pr谩ctica de irregularidades administrativas son contrarias a la 茅tica frentista quienquiera las cometa, al punto de sostenerlo con el vicepresidente de la Rep煤blica. Conlleva la conclusi贸n de que la rectitud de conducta de los representantes excede el marco judicial o m谩s directamente de comisi贸n de il铆citos, e inclusive el mero expediente administrativo. Y en segundo t茅rmino porque actu贸 de oficio, lo que sugiere otras consideraciones.
Me resulta muy probable que la iniciativa haya sido previamente consultada con las m谩ximas autoridades partidarias y del poder, por la relevancia del caso. O en otros t茅rminos que la propia estructura del FA (el TCP es parte del FA, pero trato de subrayar que dif铆cilmente haya tomado la decisi贸n aut贸nomamente) y del gobierno hayan sido los disparadores de la investigaci贸n que concluy贸 con el dictamen.
No obstante, la intervenci贸n del FA, o bien el TCP actuando aut贸nomamente de oficio, result贸 tard铆a, fundada en una denuncia period铆stica previa. Si no es el propio FA el que en adelante monitoree y controle la actividad de sus representantes, erigir谩 a la prensa en una suerte de fiscal debiendo luego correr detr谩s de sus eventuales imputaciones. ¿Acaso puede pensarse que los periodistas del derechista semanario “B煤squeda”, dejar谩n de “buscar” irregularidades, tanto como cualquier otro medio reaccionario? No s贸lo para comprometer al gobierno progresista e introducir la sospecha p煤blica de que “todos son iguales”, sino por el negocio que les reportan los esc谩ndalos en sociedades cada vez m谩s sometidas al amarillismo medi谩tico, la inducci贸n a la frivolidad, la estigmatizaci贸n y la emotividad. Cuentan para ello con la ley de Acceso a la Informaci贸n P煤blica que propici贸 y sancion贸 el FA hace ya nueve a帽os. El FA ni siquiera tiene que apelar a ella porque la informaci贸n necesaria est谩 a su disposici贸n a trav茅s de los representantes en cada 谩mbito.
El hecho de que en el dictamen aludido se cite textualmente la declaraci贸n del ex vicepresidente afirmando que ning煤n miembro del directorio realiz贸 justificaci贸n de sus gastos y habiendo actuado de oficio, creo que inequ铆vocamente lo obliga a hacerlo con el resto de los directores frentistas del ente aut贸nomo Ancap, desde la aprobaci贸n del reglamento de uso de tarjetas en el a帽o 2011. De lo contrario no s贸lo volver铆a a quedar expuesto a nuevas denuncias, sino que producir铆a una absurda inequidad respecto al tratamiento que recibi贸 Sendic, confirmando adem谩s la encarnizaci贸n sobre s铆 que 茅l mismo sostuvo hasta 煤ltimo momento, no s贸lo con la prensa, sino con el propio TCP.
No le compete al TCP evaluar a los directores de los dos partidos tradicionales que ejercen funciones gracias a que el gobierno progresista, a diferencia de los precedentes, le concediera por primera vez en la historia el acceso a la c煤pula de los entes aut贸nomos. Pero el FA debe tener consigo la totalidad de la informaci贸n respecto al uso de las tarjetas corporativas desde que se implementaron en los entes aut贸nomos y 谩mbitos del poder ejecutivo, entre otras razones, para diferenciarse del laissez faire y el probable uso privativo de ellas en el pasado conservador. Y tomar la iniciativa de reglamentar estrictamente el uso de recursos de excepci贸n o representaci贸n en adelante para toda la funci贸n p煤blica.
En materia de honestidad, el FA puede exhibir oficio.
El FA, inversamente, naci贸 y creci贸 con la doble preocupaci贸n de lograr tanto equidad como libertades y derechos en un marco de apego a las reglas institucionales y a la honestidad. Lo hizo adem谩s morigerando el peso de las personalidades, o en otros t茅rminos, distribuyendo relativamente los liderazgos, cosa que fortalece su car谩cter de colectivo pol铆tico plural y complejo. Sin embargo, el acceso al poder pol铆tico le presenta desaf铆os en estos planos ya que hereda relaciones de producci贸n capitalistas generadoras de desigualdad que deben ser contrapuestas con medidas regulatorias e intervenci贸n permanente. Tambi茅n una configuraci贸n del Estado que concede a los jerarcas y representantes toda clase de privilegios e inevitable relaci贸n con los factores de poder f谩ctico que los obliga a un estricto autocontrol y apego a normas ya que est谩n permanentemente sometidos a tentaciones violatorias en condiciones de opacidad. No s贸lo el propio car谩cter policlasista y plural del FA le impide sustituir las relaciones de producci贸n capitalistas por otras superadoras, sino que los propios l铆mites del pa铆s (geogr谩ficos y demogr谩ficos, pero tambi茅n econ贸micos, de limitado desarrollo, etc.) en el contexto internacional y regional actual obligan a administrar estas relaciones sociales de producci贸n exclusivamente del modo menos cruento posible. Y en esta esfera, sin entrar en detalles, los logros son indudables, particularmente en un an谩lisis comparativo.
Pero en el plano de la arquitectura pol铆tica y el desarrollo y funcionamiento del Estado, el FA encuentra debilidades importantes para concebir y alentar alternativas, incluyendo a sus sectores de izquierda o radicalizados. Porque de la cr铆tica original a la democracia “burguesa”, sostenida s贸lo en virtud de producir el mec谩nico correlato de la segregaci贸n econ贸mica, se pasa sin m谩s a su aceptaci贸n acr铆tica, por lo que la democracia liberal-fiduciaria con toda su carga de opacidad y ausencia de control ciudadano, pasa a ver potenciada su legimitidad a l铆mites tales de ser concebida como la 煤nica democracia posible. O para ponerlo en los t茅rminos de la conocida expresi贸n de Hanna Arendt, induce al m铆tico supuesto de que no existe ni nunca ha existido ninguna alternativa al sistema actual. Hasta el momento el FA se ha visto limitado para poner en discusi贸n el r茅gimen pol铆tico, es decir las reglas del juego que constituyen una parte de la totalidad social que regula la distribuci贸n y ejercicio del poder, dejando su ejercicio depositado en la confianza de sus integrantes con responsabilidades en el Estado. Inclusive hasta el momento ha desperdiciado la oportunidad de alentar un debate sobre una reforma constitucional que fue objeto de discusi贸n en el 煤ltimo congreso Rodney Arismendi.
¿Acaso el dictamen del TCP pone en discusi贸n el r茅gimen? Obviamente no, pero permite extraer algunas conclusiones que me alientan a sostener la hip贸tesis de un punto de inflexi贸n determinante para el FA y la pol铆tica uruguaya. Por varias razones que requerir铆an m谩s espacio para comentarlas. Aqu铆 s贸lo me detendr茅 en dos. En primer lugar porque descartando cualquier sospecha de enriquecimiento il铆cito por el monto irrelevante de los gastos efectuados con una tarjeta corporativa de una empresa del Estado, establece que las omisiones al control o la pr谩ctica de irregularidades administrativas son contrarias a la 茅tica frentista quienquiera las cometa, al punto de sostenerlo con el vicepresidente de la Rep煤blica. Conlleva la conclusi贸n de que la rectitud de conducta de los representantes excede el marco judicial o m谩s directamente de comisi贸n de il铆citos, e inclusive el mero expediente administrativo. Y en segundo t茅rmino porque actu贸 de oficio, lo que sugiere otras consideraciones.
Me resulta muy probable que la iniciativa haya sido previamente consultada con las m谩ximas autoridades partidarias y del poder, por la relevancia del caso. O en otros t茅rminos que la propia estructura del FA (el TCP es parte del FA, pero trato de subrayar que dif铆cilmente haya tomado la decisi贸n aut贸nomamente) y del gobierno hayan sido los disparadores de la investigaci贸n que concluy贸 con el dictamen.
No obstante, la intervenci贸n del FA, o bien el TCP actuando aut贸nomamente de oficio, result贸 tard铆a, fundada en una denuncia period铆stica previa. Si no es el propio FA el que en adelante monitoree y controle la actividad de sus representantes, erigir谩 a la prensa en una suerte de fiscal debiendo luego correr detr谩s de sus eventuales imputaciones. ¿Acaso puede pensarse que los periodistas del derechista semanario “B煤squeda”, dejar谩n de “buscar” irregularidades, tanto como cualquier otro medio reaccionario? No s贸lo para comprometer al gobierno progresista e introducir la sospecha p煤blica de que “todos son iguales”, sino por el negocio que les reportan los esc谩ndalos en sociedades cada vez m谩s sometidas al amarillismo medi谩tico, la inducci贸n a la frivolidad, la estigmatizaci贸n y la emotividad. Cuentan para ello con la ley de Acceso a la Informaci贸n P煤blica que propici贸 y sancion贸 el FA hace ya nueve a帽os. El FA ni siquiera tiene que apelar a ella porque la informaci贸n necesaria est谩 a su disposici贸n a trav茅s de los representantes en cada 谩mbito.
El hecho de que en el dictamen aludido se cite textualmente la declaraci贸n del ex vicepresidente afirmando que ning煤n miembro del directorio realiz贸 justificaci贸n de sus gastos y habiendo actuado de oficio, creo que inequ铆vocamente lo obliga a hacerlo con el resto de los directores frentistas del ente aut贸nomo Ancap, desde la aprobaci贸n del reglamento de uso de tarjetas en el a帽o 2011. De lo contrario no s贸lo volver铆a a quedar expuesto a nuevas denuncias, sino que producir铆a una absurda inequidad respecto al tratamiento que recibi贸 Sendic, confirmando adem谩s la encarnizaci贸n sobre s铆 que 茅l mismo sostuvo hasta 煤ltimo momento, no s贸lo con la prensa, sino con el propio TCP.
No le compete al TCP evaluar a los directores de los dos partidos tradicionales que ejercen funciones gracias a que el gobierno progresista, a diferencia de los precedentes, le concediera por primera vez en la historia el acceso a la c煤pula de los entes aut贸nomos. Pero el FA debe tener consigo la totalidad de la informaci贸n respecto al uso de las tarjetas corporativas desde que se implementaron en los entes aut贸nomos y 谩mbitos del poder ejecutivo, entre otras razones, para diferenciarse del laissez faire y el probable uso privativo de ellas en el pasado conservador. Y tomar la iniciativa de reglamentar estrictamente el uso de recursos de excepci贸n o representaci贸n en adelante para toda la funci贸n p煤blica.
En materia de honestidad, el FA puede exhibir oficio.