OPINIÓN de Emilio Marín, Argentina.- El presidente Macri anunció un rumbo general de mayor ajuste en tres planos: laboral, impositivo e institucional. Lo hizo recargado de votos del domingo 22. Y como distractivo, se cargaron preso a Boudou como antes a De Vido.
Las cosas están concatenadas por el designio político de la alianza PRO-Cambiemos, en especial por su núcleo duro de Mauricio Macri, Marcos Peña y Luis Caputo.
Necesitaban una buena provisión de combustible para que la máquina, que había tenido algunos parates e intermitencias en 2016, pudiera apretar el acelerador a fondo en el rumbo de ajuste y remodelación del capitalismo dependiente más abierto al capital financiero internacional.
Y ese tanque lleno con “Premium” lo tuvo tras el escrutinio del domingo 22, cuando el oficialismo se proclamó vencedor nacional de las legislativas con el 40 por ciento de los votos y el primer lugar en doce provincias, incluida media docena de distritos importantes y la estratégica Buenos Aires y.
Esa fue la señal de largada de un rally macrista que amenaza llevarse puesto una serie de conquistas del movimiento obrero, los jubilados y pensionados, y también de derechos democráticos. Es algo muy serio, algunos asuntos por el nivel de vida que se puede perder y otros por la lesión o incluso amputación sin anestesia que el gobierno ya está practicando en derechos de las personas. Traducido, el pan y la libertad están en serio riesgo, aun cuando muchos no alcancen a advertirlo e incluso no quieran hacerlo; peor aún, hay que reconocer que el oficialismo está en campaña fulminante blindado con el voto de millones de argentinos y además buena parte de éstos acuerda con los pasos que se están dando, pese a que ellos van a ser perjudicados. Así de contradictoria es la política, sobre todo cuando los medios hegemónicos machacan las 24 horas sobre la floja conciencia de tanta gente.
Los anuncios
La puntada inicial la había dado Mauricio Macri a la mañana siguiente del comicio, cuando en conferencia de prensa planteó el itinerario de su seudo reformismoa (seudo porque reformas son pasos parciales hacia adelante, en busca de solución a un problema; las del presidente son pasos atrás y algunos al costado, intrascendentes).
La oficialización de ese plan tuvo de escenario el Centro Cultural Kirchner, valga la paradoja, el lunes 30, cuando citó a gobernadores, legisladores, empresarios, sindicalistas y miembros del Poder Judicial -también estuvo invitada la delegación del FMI que visita Buenos Aires-, a los que enumeró sus objetivos en tres planos.
Uno laboral; otro impositivo y un tercero sobre la llamada institucionalidad, nombre también muy discutible.
En la primera materia, en medio de nuevos improperios contra las “mafias de la industria del juicio” y el derecho laboral, se coló un proyecto que cuenta con el obvio beneplácito del empresariado concentrado pero que levantó cierta oposición en los caciques sindicals. Y eso que la CGT es más light que los nuevos yogures…
Es que permite blanqueos a las patronales que tienen personal en negro, sin cobrarles multas por sus irregularidades y certificando una antigüedad para el trabajador de un máximo de cinco años con salario mínimo para acreditar en cálculos jubilatorios, aun cuando el período trabajado sea mucho mayor.
También se ponen límites a las indemnizaciones por despido, dejando afuera del cálculo a horas extras, aguinaldos y otros rubros que juzga como ajenos al salario normal.
Para comenzar un juicio laboral el período disponible, que hoy es de dos años, bajará a la mitad, continuando con la pendiente pronunciada desde la dictadura militar-cívica.
Empresarios chochos
En el rubro impositivo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y Peña buscaron retomar y profundizar los anuncios presidenciales, siguiendo el objetivo de bajar la inflación y contener el déficit fiscal. Tal política había sido preconizada textualmente por la comitiva del FMI que visitó el país en noviembre de 2016 e insistirá en su tesis ahora que recaló en Buenos Aires.
Para ello el gobierno necesita gastar menos y recaudar más, algo que supone más ajuste y también despierta más contradicciones. Más ajuste porque no hace falta ser un lince para darse cuenta que la modificación del cálculo para la actualización de jubilaciones, a la baja, supondrá un “alivio” para el Estado de alrededor de 100.000 millones de pesos anuales en detrimento de los jubilados.
Y habrá más contradicciones, porque si ahora aprietan a las provincias para que bajen sus impuestos y en algunos casos la Nación aumenta los que percibe, lo que generó protestas de los gobernadores de Mendoza y Tierra del Fuego, entonces no se entiende por qué la primera disposición macrista en diciembre de 2015 fue eliminar o bajar las retenciones al agro y la minería.
Los empresarios fueron el segmento que salió más satisfecho del CCK porque además de compartir la “filosofía” del ajuste confirmó que era la clase social más favorecida por el paquetazo de medidas.
Por ejemplo, se le bajará el impuesto a las ganancias desde el 35 por ciento al 25 si reinvierte sus utilidades con el alegado propósito de generar trabajo. La tesis se demostró falsa con la realidad de los años ‘90, cuando el menemo-cavallismo introdujo cambios de ese tipo. Lejos de aumentar el número de trabajadores, el índice de desocupación aumentó hasta arañar el 20 por ciento en 1994.
Esa prueba de la historia también se corrobora con lo sucedido en lo que va de administración macrista: la anulación de retenciones a los exportadores y mineras no redundó en una reactivación de la economía vía mayor consumo, inversión y puestos de trabajo. Al contrario, 2016 fue de los peores de la serie que se quiera comparar.
Jueces amigos
El tercer ítem de la autoproclamada “reforma” abarca lo institucional. El nombre es lo suficientemente amplio como para que allí quepan reformas a la ley del ministerio público fiscal, el ajuste al presupuesto de universidades nacionales o incluso achique de su número por considerarlas demasiado extendidas, el achique de dependencias consideradas inútiles (hubo bombazos presidenciales contra la Biblioteca del Congreso), aumento de horas de trabajo y recorte de licencias del Poder Judicial por juzgarlas excesivas, y hasta el nunca abandonado proyecto macrista de colar el voto electrónico a pesar de las advertencias de los especialistas sobre su vulnerabilidad.
La renuncia arrancada a la procuradora Alejandra Gils Carbó no fue un disuasivo porque el ministro Germán Garavano proseguirá con sus proyectos de cambiar ese ministerio público, achicando su autonomía como cuarto poder.
En esta materia lo que más importa al presidente es lo que pueda reportarle la justicia. De allí que con Ricardo Lorenzetti puede tener algunos roces, no para generar una ruptura sino para imponerle mayores condicionamientos.
Y el titular de la Corte se los viene aceptando. Si le piden la cabeza de Gils Carbó o del camarista Eduardo Freiler, las entrega sin chistar. Si suspenden al buen juez platense Luis Arias, mira para otro lado. Si cavan la tumba de Daniel Rafecas, deja hacer.
Allí no acaba la complicidad del jefe de los cortesanos y el resto de su cofradía de Tribunales. El presidente necesita que en vísperas del duro ajuste que quiere hacer tragar a la ciudadanía haya divertimento y show mediático, para mantener ocupadas los ojos y mentes de buena parte de la población. Y para el linchamiento de exfuncionarios kirchneristas o desprestigiados sindicalistas, que supone relacionados al gobierno anterior, son claves los procesamientos y órdenes de detención transmitidas en vivo y en directo por “Todo Negativo” y el resto de los canales.
Y eso fue lo que aconteció la semana posterior a los comicios con Julio De Vido, diputado desaforado y detenido con un impresionante operativo mediático que se replicó ahora con la detención del exvicepresidente Amado Boudou.
El juez Ariel Lijo ordenó esa prisión pese a que aquél estaba a derecho y había concurrido a Comodoro Py cada vez que se lo había citado. No había sido indagado por el magistrado en estas causas por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero, a las que se añadió la imputación de “asociación ilícita”. Pese a ello, invocando un fallo de la Sala II de la Cámara Federal dictado por Martín Irurzún para el caso De Vido, según el cual se puede detener cuando el imputado esté a derecho pero conserve “relaciones residuales de poder” como para interferir en la causa, Lijo mandó a Boudou a la cárcel de Ezeiza.
Lo hizo violando los derechos de esa persona y lesionando el Estado de Derecho, como han denunciado el abogado del detenido y muchos especialistas en Derecho, entre ellos Raúl Zaffaroni.
Se ha cometido una tremenda injusticia con Boudou, independientemente de la simpatía o antipatía que provoque su persona. La tristeza es mayor cuando se escuchan los aullidos de alegría de Elisa Carrió, los insultos al detenido por analfabetos políticos que clamaban por sangre ajena, el juez Lijo presionado por el macrismo y queriendo salvar su pellejo arrancando el ajeno.
Sobre todo, lo que provoca más tristeza es que tanto circo y show gubernamental quieren desviar el debate sobre la poca cantidad de pan disponible debido al ajuste en marcha acelerada tras el resultado del 22 de octubre.
Las cosas están concatenadas por el designio político de la alianza PRO-Cambiemos, en especial por su núcleo duro de Mauricio Macri, Marcos Peña y Luis Caputo.
Necesitaban una buena provisión de combustible para que la máquina, que había tenido algunos parates e intermitencias en 2016, pudiera apretar el acelerador a fondo en el rumbo de ajuste y remodelación del capitalismo dependiente más abierto al capital financiero internacional.
Y ese tanque lleno con “Premium” lo tuvo tras el escrutinio del domingo 22, cuando el oficialismo se proclamó vencedor nacional de las legislativas con el 40 por ciento de los votos y el primer lugar en doce provincias, incluida media docena de distritos importantes y la estratégica Buenos Aires y.
Esa fue la señal de largada de un rally macrista que amenaza llevarse puesto una serie de conquistas del movimiento obrero, los jubilados y pensionados, y también de derechos democráticos. Es algo muy serio, algunos asuntos por el nivel de vida que se puede perder y otros por la lesión o incluso amputación sin anestesia que el gobierno ya está practicando en derechos de las personas. Traducido, el pan y la libertad están en serio riesgo, aun cuando muchos no alcancen a advertirlo e incluso no quieran hacerlo; peor aún, hay que reconocer que el oficialismo está en campaña fulminante blindado con el voto de millones de argentinos y además buena parte de éstos acuerda con los pasos que se están dando, pese a que ellos van a ser perjudicados. Así de contradictoria es la política, sobre todo cuando los medios hegemónicos machacan las 24 horas sobre la floja conciencia de tanta gente.
Los anuncios
La puntada inicial la había dado Mauricio Macri a la mañana siguiente del comicio, cuando en conferencia de prensa planteó el itinerario de su seudo reformismoa (seudo porque reformas son pasos parciales hacia adelante, en busca de solución a un problema; las del presidente son pasos atrás y algunos al costado, intrascendentes).
La oficialización de ese plan tuvo de escenario el Centro Cultural Kirchner, valga la paradoja, el lunes 30, cuando citó a gobernadores, legisladores, empresarios, sindicalistas y miembros del Poder Judicial -también estuvo invitada la delegación del FMI que visita Buenos Aires-, a los que enumeró sus objetivos en tres planos.
Uno laboral; otro impositivo y un tercero sobre la llamada institucionalidad, nombre también muy discutible.
En la primera materia, en medio de nuevos improperios contra las “mafias de la industria del juicio” y el derecho laboral, se coló un proyecto que cuenta con el obvio beneplácito del empresariado concentrado pero que levantó cierta oposición en los caciques sindicals. Y eso que la CGT es más light que los nuevos yogures…
Es que permite blanqueos a las patronales que tienen personal en negro, sin cobrarles multas por sus irregularidades y certificando una antigüedad para el trabajador de un máximo de cinco años con salario mínimo para acreditar en cálculos jubilatorios, aun cuando el período trabajado sea mucho mayor.
También se ponen límites a las indemnizaciones por despido, dejando afuera del cálculo a horas extras, aguinaldos y otros rubros que juzga como ajenos al salario normal.
Para comenzar un juicio laboral el período disponible, que hoy es de dos años, bajará a la mitad, continuando con la pendiente pronunciada desde la dictadura militar-cívica.
Empresarios chochos
En el rubro impositivo, el ministro de Hacienda Nicolás Dujovne y Peña buscaron retomar y profundizar los anuncios presidenciales, siguiendo el objetivo de bajar la inflación y contener el déficit fiscal. Tal política había sido preconizada textualmente por la comitiva del FMI que visitó el país en noviembre de 2016 e insistirá en su tesis ahora que recaló en Buenos Aires.
Para ello el gobierno necesita gastar menos y recaudar más, algo que supone más ajuste y también despierta más contradicciones. Más ajuste porque no hace falta ser un lince para darse cuenta que la modificación del cálculo para la actualización de jubilaciones, a la baja, supondrá un “alivio” para el Estado de alrededor de 100.000 millones de pesos anuales en detrimento de los jubilados.
Y habrá más contradicciones, porque si ahora aprietan a las provincias para que bajen sus impuestos y en algunos casos la Nación aumenta los que percibe, lo que generó protestas de los gobernadores de Mendoza y Tierra del Fuego, entonces no se entiende por qué la primera disposición macrista en diciembre de 2015 fue eliminar o bajar las retenciones al agro y la minería.
Los empresarios fueron el segmento que salió más satisfecho del CCK porque además de compartir la “filosofía” del ajuste confirmó que era la clase social más favorecida por el paquetazo de medidas.
Por ejemplo, se le bajará el impuesto a las ganancias desde el 35 por ciento al 25 si reinvierte sus utilidades con el alegado propósito de generar trabajo. La tesis se demostró falsa con la realidad de los años ‘90, cuando el menemo-cavallismo introdujo cambios de ese tipo. Lejos de aumentar el número de trabajadores, el índice de desocupación aumentó hasta arañar el 20 por ciento en 1994.
Esa prueba de la historia también se corrobora con lo sucedido en lo que va de administración macrista: la anulación de retenciones a los exportadores y mineras no redundó en una reactivación de la economía vía mayor consumo, inversión y puestos de trabajo. Al contrario, 2016 fue de los peores de la serie que se quiera comparar.
Jueces amigos
El tercer ítem de la autoproclamada “reforma” abarca lo institucional. El nombre es lo suficientemente amplio como para que allí quepan reformas a la ley del ministerio público fiscal, el ajuste al presupuesto de universidades nacionales o incluso achique de su número por considerarlas demasiado extendidas, el achique de dependencias consideradas inútiles (hubo bombazos presidenciales contra la Biblioteca del Congreso), aumento de horas de trabajo y recorte de licencias del Poder Judicial por juzgarlas excesivas, y hasta el nunca abandonado proyecto macrista de colar el voto electrónico a pesar de las advertencias de los especialistas sobre su vulnerabilidad.
La renuncia arrancada a la procuradora Alejandra Gils Carbó no fue un disuasivo porque el ministro Germán Garavano proseguirá con sus proyectos de cambiar ese ministerio público, achicando su autonomía como cuarto poder.
En esta materia lo que más importa al presidente es lo que pueda reportarle la justicia. De allí que con Ricardo Lorenzetti puede tener algunos roces, no para generar una ruptura sino para imponerle mayores condicionamientos.
Y el titular de la Corte se los viene aceptando. Si le piden la cabeza de Gils Carbó o del camarista Eduardo Freiler, las entrega sin chistar. Si suspenden al buen juez platense Luis Arias, mira para otro lado. Si cavan la tumba de Daniel Rafecas, deja hacer.
Allí no acaba la complicidad del jefe de los cortesanos y el resto de su cofradía de Tribunales. El presidente necesita que en vísperas del duro ajuste que quiere hacer tragar a la ciudadanía haya divertimento y show mediático, para mantener ocupadas los ojos y mentes de buena parte de la población. Y para el linchamiento de exfuncionarios kirchneristas o desprestigiados sindicalistas, que supone relacionados al gobierno anterior, son claves los procesamientos y órdenes de detención transmitidas en vivo y en directo por “Todo Negativo” y el resto de los canales.
Y eso fue lo que aconteció la semana posterior a los comicios con Julio De Vido, diputado desaforado y detenido con un impresionante operativo mediático que se replicó ahora con la detención del exvicepresidente Amado Boudou.
El juez Ariel Lijo ordenó esa prisión pese a que aquél estaba a derecho y había concurrido a Comodoro Py cada vez que se lo había citado. No había sido indagado por el magistrado en estas causas por enriquecimiento ilícito y posible lavado de dinero, a las que se añadió la imputación de “asociación ilícita”. Pese a ello, invocando un fallo de la Sala II de la Cámara Federal dictado por Martín Irurzún para el caso De Vido, según el cual se puede detener cuando el imputado esté a derecho pero conserve “relaciones residuales de poder” como para interferir en la causa, Lijo mandó a Boudou a la cárcel de Ezeiza.
Lo hizo violando los derechos de esa persona y lesionando el Estado de Derecho, como han denunciado el abogado del detenido y muchos especialistas en Derecho, entre ellos Raúl Zaffaroni.
Se ha cometido una tremenda injusticia con Boudou, independientemente de la simpatía o antipatía que provoque su persona. La tristeza es mayor cuando se escuchan los aullidos de alegría de Elisa Carrió, los insultos al detenido por analfabetos políticos que clamaban por sangre ajena, el juez Lijo presionado por el macrismo y queriendo salvar su pellejo arrancando el ajeno.
Sobre todo, lo que provoca más tristeza es que tanto circo y show gubernamental quieren desviar el debate sobre la poca cantidad de pan disponible debido al ajuste en marcha acelerada tras el resultado del 22 de octubre.
