MADRID (Sputnik) — La jueza de la Audiencia Nacional española, Carmen Lamela, se pronunció a favor de entregar la causa judicial contra el Gobierno catalán al Tribunal Supremo.
La Audiencia Nacional estaba coordinando el caso del exvicepresidente Oriol Junqueras y siete exconsejeros que se encuentran en prisión preventiva en Madrid; el caso del expresidente Carles Puigdemont y otros cuatro exconsejeros, que se encuentran con una petición de extradición en Bruselas y el de los dos líderes de Omnium y la ANC, Jordi Cuixart y Jordi Sánchez.
La magistrada Carmen Lamela se manifiesta en su auto a favor de acumular las causas porque todos los investigados formarían "una compleja y heterogénea organización donde cada uno cumple una función para lograr la secesión de Cataluña y su proclamación como república independiente".
Lamela acuerda esta medida en contra del criterio de la Fiscalía, que se había pronunciado horas antes a favor de seguir la causa por rebelión y sedición en la Audiencia Nacional.
La jueza entiende que los delitos investigados son conexos y si se escindiera la causa dificultaria enormemente la investigación conjunta de los hechos y la determinación clara de responsabilidades de los investigados.
Los exmiembros del Govern catalán llevaban semanas pidieron el traslado de expediente al Supremo, porque quieren que se le apliquen los mismos criterios por los que el Tribunal Supremo dejó en libertad bajo fianza a la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, y a los miembros de la Mesa.
En el caso de la Audiencia Nacional, las penas fueron más duras, dado que la magistrada Lamela envió a prisión al exvicepresidente catalán, Oriol Junqueras, y a siete exconsejeros de la Generalitat, argumentando que tienen "un alto riesgo de reiteración delictiva", "destrucción de pruebas" y "riesgo de fuga".
La Fiscalía acusa a los catorce integrantes del cesado Gobierno catalán de delitos de rebelión y sus conexos, por los que podrían afrontar penas de hasta 30 años de cárcel.
"La investigación conjunta de los hechos y de sus partícipes es la única manera de comprender en su integridad toda la trama y de dilucidar las responsabilidades individuales susceptibles de reproche penal que confluyeron de forma coordinada en el resultado que condujo a la declaración final de independencia", concluye la jueza.
