Jorge Zavaleta Alegre.- Panamá, un país de grandes contrastes, de profundas desigualdades, donde un reducido porcentaje de sus habitantes, tiene altos ingresos superiores inclusive a quienes administraron y vivieron en el Canal Zone, cuando era administrado por los EEUU. Esta república tiene el mayor crecimiento de América Latina, pero más de la mitad de su población es pobre. Y su aeropuerto internacional, junto con el de Lima, son los más caros de América, voracidad empresarial que perjudica al turismo y al bienestar local.
Los grupos de poder de Panamá, sueñan o deliran con las ventajas del pasado, sin importar que los indicadores siguen en rojo en cuanto a la gobernabilidad, la educación y el sector agropecuario, según remarca la revista El Capital. La población rural, en los pueblos alejados de la capital, vive como refugiada, en el olvido.
En Panamá, la desigualdad, el crecimiento económico, ni la atracción de inversión extranjera, han logrado equilibrar los ingresos de sus pobladores. Por el contrario las medidas promovidas por los gobiernos y empresarios, solo han profundizado la brecha secular.
El Observatorio Visión País 2025, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) señala que mientras a la “zona de tránsito” se destina el 75% del presupuesto de inversión del Estado, en las comarcas la pobreza y la marginalidad son mayores y sólo se le destina el 2%. En Darién esta cifra es aún menor, apenas un 1% y un 3% en las provincias centrales.
La disparidad, en cuanto ingreso es causada, en parte, por la mala asignación de la inversión pública. La pobreza rural supera más de la mitad de la población nacional y la leve baja del desempleo informal contrasta con el alto crecimiento.
Para el presidente de la Comisión Visión País 2025 de Apede, Fernando Aramburú, existe mucha concentración de poder y poca confianza en los organismos del Estado. La inclusión pasa por resolver la marginalidad de la salud, educación y el acceso a los servicios básicos.
No se puede seguir manteniendo el subsidio a la clase media y a los ricos y que el creciente sector informal termine en carga social. El sistema educativo, es centralizado y rígido, sin competencia ni incentivos para mejorar, y los recursos se concentran en las áreas urbanas y en gastos de funcionamiento.
El sector agropecuario ha vuelto hacia el mercado interno, con muy poco nivel de tecnología y mecanización. El sistema de protección arancelaria ha dejado al agro fuera de la competencia internacional, explica Manuel Luna G, de la revista Capital. mluna@capital.com.pa
En este contexto, la acción de ACNUR de Panamá permite conocer y comparar la cruda realidad de los niños refugiados en otras partes del mundo con la marginalidad en América Latina.
La situación de Siria, por ejemplo, es mostrada con jóvenes somalíes que viven en el mayor campo de refugiados del mundo, en Kenia. El lugar alberga casi 400.000 refugiados, la mayoría de los cuales han huido del conflicto, sequía y hambruna que azotan a Somalia desde hace 23 años.
En Panamá hay 2,370 personas refugiadas, en su mayoría de nacionalidad colombiana aunque recientemente ha habido un incremento de solicitantes venezolanos y salvadoreños. El trabajo del ACNUR involucra acciones de fortalecimiento del sistema de asilo en la condición de refugiado, que permiten, de esa manera, su integración local, a través de orientación y acompañamiento a la residencia permanente.
Los grupos de poder de Panamá, sueñan o deliran con las ventajas del pasado, sin importar que los indicadores siguen en rojo en cuanto a la gobernabilidad, la educación y el sector agropecuario, según remarca la revista El Capital. La población rural, en los pueblos alejados de la capital, vive como refugiada, en el olvido.
En Panamá, la desigualdad, el crecimiento económico, ni la atracción de inversión extranjera, han logrado equilibrar los ingresos de sus pobladores. Por el contrario las medidas promovidas por los gobiernos y empresarios, solo han profundizado la brecha secular.
El Observatorio Visión País 2025, de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresas (Apede) señala que mientras a la “zona de tránsito” se destina el 75% del presupuesto de inversión del Estado, en las comarcas la pobreza y la marginalidad son mayores y sólo se le destina el 2%. En Darién esta cifra es aún menor, apenas un 1% y un 3% en las provincias centrales.
La disparidad, en cuanto ingreso es causada, en parte, por la mala asignación de la inversión pública. La pobreza rural supera más de la mitad de la población nacional y la leve baja del desempleo informal contrasta con el alto crecimiento.
Para el presidente de la Comisión Visión País 2025 de Apede, Fernando Aramburú, existe mucha concentración de poder y poca confianza en los organismos del Estado. La inclusión pasa por resolver la marginalidad de la salud, educación y el acceso a los servicios básicos.
No se puede seguir manteniendo el subsidio a la clase media y a los ricos y que el creciente sector informal termine en carga social. El sistema educativo, es centralizado y rígido, sin competencia ni incentivos para mejorar, y los recursos se concentran en las áreas urbanas y en gastos de funcionamiento.
El sector agropecuario ha vuelto hacia el mercado interno, con muy poco nivel de tecnología y mecanización. El sistema de protección arancelaria ha dejado al agro fuera de la competencia internacional, explica Manuel Luna G, de la revista Capital. mluna@capital.com.pa
En este contexto, la acción de ACNUR de Panamá permite conocer y comparar la cruda realidad de los niños refugiados en otras partes del mundo con la marginalidad en América Latina.
La situación de Siria, por ejemplo, es mostrada con jóvenes somalíes que viven en el mayor campo de refugiados del mundo, en Kenia. El lugar alberga casi 400.000 refugiados, la mayoría de los cuales han huido del conflicto, sequía y hambruna que azotan a Somalia desde hace 23 años.
En Panamá hay 2,370 personas refugiadas, en su mayoría de nacionalidad colombiana aunque recientemente ha habido un incremento de solicitantes venezolanos y salvadoreños. El trabajo del ACNUR involucra acciones de fortalecimiento del sistema de asilo en la condición de refugiado, que permiten, de esa manera, su integración local, a través de orientación y acompañamiento a la residencia permanente.
