El año se despide como el peor del decenio en grandes incendios forestales en España
Se produjeron 53 grandes incendios hasta el 30 de noviembre (la media del decenio es de 19)
Los episodios vividos en Portugal, Galicia o California ya no son una excepción, sino una emergencia social y medioambiental
Según Greempeace, el plan de extinción tradicional está obsoleto
Un incendio en Torre de la Ribera (Huesca) calcinó más de 150 hectáreas en pleno diciembre. Foto: Gobierno de Aragón
El año 2017, con 53 grandes incendios, se despide como el peor del decenio en España y con un aviso: este tipo de episodios ya no son una excepción, sino un problema social y medioambiental de primer grado que exige nuevas soluciones en la prevención y en la extinción. El cambio climático ha desdibujado las estaciones y la planificación tradicional está obsoleta. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, hasta el 30 de noviembre de 2017 se quemaron 176.587,62 hectáreas, lo que corresponde al 0,64 por ciento del territorio español, la segunda peor cifra de los últimos diez años después del fatídico 2012. Sólo en la oleada incendiaria que asoló Galicia, Asturias y León a mediados de octubre se quemaron 74.000 hectáreas.
Estos incendios tuvieron lugar durante una ola de calor en la que los operativos se habían ampliado a última hora con la llegada de un otoño inexistente. Durante varios días, a la consternación e impotencia por la pérdida de espacios naturales de gran valor y animales calcinados hubo que sumar la muerte de cuatro personas y cientos que perdieron sus hogares y fueron desalojadas.
“Lo ocurrido este año en Galicia, Portugal o actualmente el sur de California no se puede tratar como algo excepcional. Para mitigar los impactos de esta nueva era de incendios es fundamental que se tenga en cuenta el calentamiento global en la gestión preventiva y de extinción de los incendios”, asegura Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace España.
Incendios en octubre, noviembre y diciembre
2017 ha sido un año históricamente seco que ha supuesto el aumento del combustible seco (el contenido de humedad es el más importante para determinar la probabilidad del incendio y su propagación una vez iniciado). Además se suman muchos dispositivos de agua destinados a la extinción de incendios que estaban secos, embalses al 37% de su capacidad, aviones con imposibilidad de repostaje de agua, todo una falta de planificación de las administraciones.
En noviembre, hubo también incendios en Cantabria y Asturias y, en diciembre, fuegos como el de Torre de la Ribera (Huesca) calcinaron más de 150 hectáreas ante la falta de operativos en la región, que tuvieron que acudir de la comunidad vecina.
“Ante esta nueva era de incendios, los planes tradicionales de extinción han quedado obsoletos, y así queda reflejado con parches en las ampliaciones de campañas de extinción a última hora. La clase política no ha tenido en cuenta esta situación. Las campañas de extinción no pueden darse solamente en la época estival: incendios hay todo el año y no pueden planificarse a última hora”, continúa Parrilla.
La protección de los bosques requiere una planificación a lo largo de todo el año, no solo en épocas de máximo riesgo. Con la llegada del frío y las lluvias se baja la guardia, pero es cuando ocurren los procesos de pérdida de suelo con los arrastres de la lluvia y la contaminación de cursos de agua por las cenizas.
Población desprotegida y desinformada
Este año se han vivido situaciones dramáticas en muchos de los grandes incendios forestales, con cientos de personas evacuadas, que son en parte producto de una falta de prevención ante un problema con el que hay que convivir.
La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales obliga a elaborar planes locales de emergencia en los que se insertan los planes de autoprotección de los núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, etc, que se encuentren ubicados en zonas de riesgo en el monte (interfaz urbano forestal). Sin embargo, la mayor parte de los municipios no ha elaborado estos planes locales de emergencia y la población apenas conoce las medidas para proteger sus casas.
Es fundamental asumir el riesgo de incendio forestal para preverlo y gestionarlo, sobre todo en las zonas de alto riesgo. Greenpeace exige que se establezcan políticas forestales de prevención que tengan en cuenta el incremento del riesgo de incendios como resultado del calentamiento global, así como la necesaria gestión de los bosques para reducir el impacto de los grandes incendios forestales.
Además, es necesario reducir la alta siniestralidad mediante la persecución de quien quema el monte y con campañas de sensibilización y de alternativas al uso del fuego.
Se produjeron 53 grandes incendios hasta el 30 de noviembre (la media del decenio es de 19)
Los episodios vividos en Portugal, Galicia o California ya no son una excepción, sino una emergencia social y medioambiental
Según Greempeace, el plan de extinción tradicional está obsoleto
El año 2017, con 53 grandes incendios, se despide como el peor del decenio en España y con un aviso: este tipo de episodios ya no son una excepción, sino un problema social y medioambiental de primer grado que exige nuevas soluciones en la prevención y en la extinción. El cambio climático ha desdibujado las estaciones y la planificación tradicional está obsoleta. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, hasta el 30 de noviembre de 2017 se quemaron 176.587,62 hectáreas, lo que corresponde al 0,64 por ciento del territorio español, la segunda peor cifra de los últimos diez años después del fatídico 2012. Sólo en la oleada incendiaria que asoló Galicia, Asturias y León a mediados de octubre se quemaron 74.000 hectáreas.
Estos incendios tuvieron lugar durante una ola de calor en la que los operativos se habían ampliado a última hora con la llegada de un otoño inexistente. Durante varios días, a la consternación e impotencia por la pérdida de espacios naturales de gran valor y animales calcinados hubo que sumar la muerte de cuatro personas y cientos que perdieron sus hogares y fueron desalojadas.
“Lo ocurrido este año en Galicia, Portugal o actualmente el sur de California no se puede tratar como algo excepcional. Para mitigar los impactos de esta nueva era de incendios es fundamental que se tenga en cuenta el calentamiento global en la gestión preventiva y de extinción de los incendios”, asegura Mónica Parrilla, responsable de la campaña de Incendios de Greenpeace España.
Incendios en octubre, noviembre y diciembre
2017 ha sido un año históricamente seco que ha supuesto el aumento del combustible seco (el contenido de humedad es el más importante para determinar la probabilidad del incendio y su propagación una vez iniciado). Además se suman muchos dispositivos de agua destinados a la extinción de incendios que estaban secos, embalses al 37% de su capacidad, aviones con imposibilidad de repostaje de agua, todo una falta de planificación de las administraciones.
En noviembre, hubo también incendios en Cantabria y Asturias y, en diciembre, fuegos como el de Torre de la Ribera (Huesca) calcinaron más de 150 hectáreas ante la falta de operativos en la región, que tuvieron que acudir de la comunidad vecina.
“Ante esta nueva era de incendios, los planes tradicionales de extinción han quedado obsoletos, y así queda reflejado con parches en las ampliaciones de campañas de extinción a última hora. La clase política no ha tenido en cuenta esta situación. Las campañas de extinción no pueden darse solamente en la época estival: incendios hay todo el año y no pueden planificarse a última hora”, continúa Parrilla.
La protección de los bosques requiere una planificación a lo largo de todo el año, no solo en épocas de máximo riesgo. Con la llegada del frío y las lluvias se baja la guardia, pero es cuando ocurren los procesos de pérdida de suelo con los arrastres de la lluvia y la contaminación de cursos de agua por las cenizas.
Población desprotegida y desinformada
Este año se han vivido situaciones dramáticas en muchos de los grandes incendios forestales, con cientos de personas evacuadas, que son en parte producto de una falta de prevención ante un problema con el que hay que convivir.
La Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales obliga a elaborar planes locales de emergencia en los que se insertan los planes de autoprotección de los núcleos de población aislada, urbanizaciones, campings, etc, que se encuentren ubicados en zonas de riesgo en el monte (interfaz urbano forestal). Sin embargo, la mayor parte de los municipios no ha elaborado estos planes locales de emergencia y la población apenas conoce las medidas para proteger sus casas.
Es fundamental asumir el riesgo de incendio forestal para preverlo y gestionarlo, sobre todo en las zonas de alto riesgo. Greenpeace exige que se establezcan políticas forestales de prevención que tengan en cuenta el incremento del riesgo de incendios como resultado del calentamiento global, así como la necesaria gestión de los bosques para reducir el impacto de los grandes incendios forestales.
Además, es necesario reducir la alta siniestralidad mediante la persecución de quien quema el monte y con campañas de sensibilización y de alternativas al uso del fuego.
