OPINIÓN de Emilio Marín.- Otra vez el sur se ve ensangrentado por una represión estatal. Además de los fusilamientos de peones en el siglo XX, precedida por la Campaña del Desierto en el XIX, ahora el Estado mata a mapuches y jóvenes solidarios con ellos.
El 23 de noviembre la Policía Federal y provincial, la Prefectura y Gendarmería desalojaron un predio ocupado desde septiembre por una comunidad mapuche en Villa Mascardi, Río Negro. Esa ocupación estaba originada, como varias otras, por el reclamo de tierras ancestrales donde hoy moran terratenientes locales y extranjeros.
Constitucionalmente esos pueblos tienen derechos, como los del artículo 75, inc 17 de la Constitución Nacional, pero ya se sabe que en este y otros derechos -por ejemplo los laborales del artículo 14 bis- una cosa es el papel y otra la práctica.
En medio de la crisis del 1 de agosto pasado por la desaparición forzada, seguida de muerte, del joven Santiago Maldonado, tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Resistencia Cushamen en Chubut, el Senado prorrogó el derecho de esas comunidades a no ser desalojadas de tierras donde están viviendo aunque sin los títulos. La Cámara alta dudó mucho e incluso postergó una sesión, pero al final acordó con la prórroga que pedían los originarios con apoyo variado en el arco político y social.
Otra vez el contraste. En la formalidad se prorrogaban las ocupaciones de territorios por sus legítimos dueños; en la realidad siguió el meta bala de gendarmes, ahora en Río Negro, a 35 kilómetros de Bariloche.
Ya el operativo represivo del jueves 23 en ese predio administrado por Parques Nacionales fue brutal, tras la orden del juez Gustavo Villanueva. Cuatro mujeres y cinco niños fueron detenidos y aquellas estuvieron varias horas maniatadas. Como hubo mapuches que zafaron y se replegaron a la montaña, continuó el operativo de las fuerzas de inseguridad. Y el sábado 25 se conoció que había sido asesinado el mapuche, Rafael Nahuel (21), y otras dos personas estaban heridas de bala, internadas en el Hospital Regional de Bariloche.
Dos versiones
La denuncia de la comunidad fue que sus integrantes fueron reprimidos a balazos por Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Primero resistieron con piedras y hondas, pero ante la balacera de los uniformados huyeron ladera arriba y Nahuel recibió un tiro de 9 mm que le entró por el glúteo y siguió línea ascendente. Murió baleado por la espalda.
Una de las heridas es la joven voluntaria del Ejército Argentino, Johana Colhuan, quien se había sumado a la ocupación mapuche. Los medios alcahuetes del gobierno macrista se apresuraron a declararla “desertora”, aún antes que la fuerza lo hiciera. Este dato merece la atención política: cuánta convicción tiene que haber en esa mujer para dejar un cargo rentado de estabilidad para su vida para irse a jugársela con sus hermanos de sangre y la posibilidad cierta de morir en el intento. Johana vuelve como bumerán contra el oficialismo: los “terroristas” tienen ideas firmes y un coraje muy grande.
La versión de los represores, por boca de los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano, fue muy distinta. Cuatro pobres prefectos, que andaban cuidando las fronteras de la Patria amenazadas por el terrorismo mapuche (en la crisis de agosto lo habían emparentado con las FARC de Colombia y la ETA vasca), fueron agredidos por un grupo numeroso y mejor armado de la Resistencia Ancestral Mapuche. Al principio los prefectos dispararon con balas de goma pero al ser ametrallados con armas de grueso calibre debieron acudir a sus pistolas 9 mm y ametralladoras. Eso sí, disparaban hacia las ramas para no herir a nadie, con la exquisita sensibilidad que los caracterizan. Por esos problemas de la puntería no querida, mataron a un joven por la espalda e hirieron a otros dos. Bullrich, en estado de sobriedad, mandó su muy poco sentido pésame a la familia del muerto que no se enteró ni lo aceptó. Vive en los barrios pobres cercanos pero bloqueados de la Bariloche blanca y turística, espléndida y abierta al mundo, como le gusta al presidente.
En la conferencia de los dos ministros, la de Seguridad dijo que la investigación corre por cuenta del juez, pero el gobierno no tiene ninguna duda que la represión -que no la llamó así, sino procedimiento- fue absolutamente legal, dado “la manda judicial” de Villanueva.
En esa línea de pensamiento, Gabriela Michetti manifestó que hay que darle a las fuerzas de seguridad el beneficio de la duda. O sea, si reprimen y matan, en principio lo hicieron bien y dentro de sus facultades legales, para cuidarnos a los argentinos.
¿Dónde están las armas?
Los Albatros y sus defensores tendrán que cargar con la prueba de que actuaron bien y en legítima defensa. Son sospechosos de un crimen político. De haber fusilado por la espalda a un indefenso en una “cacería racista”, como la calificó Natalia Araya, abogada de la APDH Bariloche y la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Además de las cuatro mujeres y cinco niños detenidos dos días antes del crimen, y liberadas posteriormente, también fueron detenidos Fausto Jones Huala y Alejandro González, que siguen presos. El primero es hermano del lonko Facundo Jones Huala, detenido desde junio pasado en Esquel, por orden del juez Villanueva, en aguardo de un pedido de extradición desde Chile, por acusaciones arrancadas mediante torturas y que por eso había sido negado por el juez Guido Otranto.
La madre de los hermanos Facundo y Fausto, Isabel Huala, declaró que los mapuches no estaban armados. No es sólo la opinión interesada de una madre que tiene dos hijos prisioneros y quiere aliviar su situación legal. Es la conclusión lógica: ¿dónde están las armas mapuches con que supuestamente tirotearon a los sufridos prefectos? ¿Por qué el gobierno no pudo presentar un casquillo de balas usadas por los resistentes?
La respuesta es simple. No hay tales revólveres ni fusiles ni ametralladoras. En los allanamientos dispuestos por Otranto contra Pu Lof en Resistencia Cushamen, la Gendarmería había incautado un tremendo arsenal: hondas, martillos, lanzas, cuchillos y algunas piedras calibre 45.
Una gruesa mentira repetida un millón de veces por Clarín y demás medios de la desinformación puede ser considerada verdad por algunas personas influenciables, del famoso medio pelo que cree ser la argentinidad al palo, diría la Bersuit.
Los mapuches
Es notable la demonización contra los originarios y en particular contra los combativos mapuches. Desde el añejo “no son argentinos, son chilenos invasores de nuestra Patagonia”, hasta el más reciente -donde se dan la mano Bullrich y el senador peronista Miguel Pichetto-, de que son terroristas y quieren crear un estado diferente al argentino.
Esos curiosos defensores de la soberanía argentina son los que pagaron 15.000 millones de dólares cash a los “fondos buitres” y llevaron la deuda externa hasta 284.000 millones de dólares, subiendo al podio de los países más endeudados y vulnerables financieramente.
El macrismo y el peronismo claudicante son socios de la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Unión Industrial y otros entes monopolistas a nivel nacional y provincial, que abogan por la represión del conflicto social, y en particular a los mapuches.
Es que aquéllos, con sus ocupaciones, ponen palos en la rueda a los negocios inmobiliarios, mineros y petroleros de las oligarquías y multinacionales. Luciano Benetton, Joe Lewis y Ted Turner son los impulsores de la represión patagónica, del mismo modo como los estancieros ingleses y la Sociedad Rural fueron los adalides de los fusilamientos de 1.100 peones en la Patagonia de 1921. Esos socios le cantaron el “Happy birthday” al teniente coronel Héctor B. Varela, el jefe de esos fusiladores. Hoy tendrían que ponerse de acuerdo en qué idioma cantarían el feliz cumpleaños a Macri, porque las multinacionales son varias, pero seguro que coincidirían en el inglés.
Cómo es de hipócrita cierta gente. Si el Gallego Soto, en el final de “Patagonia Rebelde”, no se entrega y se va a Chile, es un genio del sindicalismo. Si Jones Huala pasa a Chile y vuelve a Chubut, es un terrorista.
Los patriotas
Si se lee Clarín y La Nación se pensará que los mapuches son anti argentinos que tuvieron un “enfrentamiento” con las fuerzas de seguridad (sic). Por muchos comentarios en las redes sociales, el gobierno hace bien en matar a esos “indios”.
Ignorancias al margen, aquellos harían bien en leer sobre las campañas sanmartinianas. El cronista recomienda “Seamos Libres”, de Norberto Galasso. Como tiene más de 600 páginas, van otras citas cortas de otros autores. “Dos mil Mapuches ayudaron con caballería, ganado y baqueanos al Gral. San Martín en el cruce de Los Andes. El Parlamento al que citó a los caciques tenía el objetivo además de pedirles permiso para atravesar sus territorios”. Memorias de Manuel Olazábal.
“Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas, dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta Patria fue liberada por los pobres, y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos”. General José de San Martín.
Constitucionalmente esos pueblos tienen derechos, como los del artículo 75, inc 17 de la Constitución Nacional, pero ya se sabe que en este y otros derechos -por ejemplo los laborales del artículo 14 bis- una cosa es el papel y otra la práctica.
En medio de la crisis del 1 de agosto pasado por la desaparición forzada, seguida de muerte, del joven Santiago Maldonado, tras la represión de Gendarmería en el Pu Lof de Resistencia Cushamen en Chubut, el Senado prorrogó el derecho de esas comunidades a no ser desalojadas de tierras donde están viviendo aunque sin los títulos. La Cámara alta dudó mucho e incluso postergó una sesión, pero al final acordó con la prórroga que pedían los originarios con apoyo variado en el arco político y social.
Otra vez el contraste. En la formalidad se prorrogaban las ocupaciones de territorios por sus legítimos dueños; en la realidad siguió el meta bala de gendarmes, ahora en Río Negro, a 35 kilómetros de Bariloche.
Ya el operativo represivo del jueves 23 en ese predio administrado por Parques Nacionales fue brutal, tras la orden del juez Gustavo Villanueva. Cuatro mujeres y cinco niños fueron detenidos y aquellas estuvieron varias horas maniatadas. Como hubo mapuches que zafaron y se replegaron a la montaña, continuó el operativo de las fuerzas de inseguridad. Y el sábado 25 se conoció que había sido asesinado el mapuche, Rafael Nahuel (21), y otras dos personas estaban heridas de bala, internadas en el Hospital Regional de Bariloche.
Dos versiones
La denuncia de la comunidad fue que sus integrantes fueron reprimidos a balazos por Albatros de la Prefectura Naval Argentina (PNA). Primero resistieron con piedras y hondas, pero ante la balacera de los uniformados huyeron ladera arriba y Nahuel recibió un tiro de 9 mm que le entró por el glúteo y siguió línea ascendente. Murió baleado por la espalda.
Una de las heridas es la joven voluntaria del Ejército Argentino, Johana Colhuan, quien se había sumado a la ocupación mapuche. Los medios alcahuetes del gobierno macrista se apresuraron a declararla “desertora”, aún antes que la fuerza lo hiciera. Este dato merece la atención política: cuánta convicción tiene que haber en esa mujer para dejar un cargo rentado de estabilidad para su vida para irse a jugársela con sus hermanos de sangre y la posibilidad cierta de morir en el intento. Johana vuelve como bumerán contra el oficialismo: los “terroristas” tienen ideas firmes y un coraje muy grande.
La versión de los represores, por boca de los ministros Patricia Bullrich y Germán Garavano, fue muy distinta. Cuatro pobres prefectos, que andaban cuidando las fronteras de la Patria amenazadas por el terrorismo mapuche (en la crisis de agosto lo habían emparentado con las FARC de Colombia y la ETA vasca), fueron agredidos por un grupo numeroso y mejor armado de la Resistencia Ancestral Mapuche. Al principio los prefectos dispararon con balas de goma pero al ser ametrallados con armas de grueso calibre debieron acudir a sus pistolas 9 mm y ametralladoras. Eso sí, disparaban hacia las ramas para no herir a nadie, con la exquisita sensibilidad que los caracterizan. Por esos problemas de la puntería no querida, mataron a un joven por la espalda e hirieron a otros dos. Bullrich, en estado de sobriedad, mandó su muy poco sentido pésame a la familia del muerto que no se enteró ni lo aceptó. Vive en los barrios pobres cercanos pero bloqueados de la Bariloche blanca y turística, espléndida y abierta al mundo, como le gusta al presidente.
En la conferencia de los dos ministros, la de Seguridad dijo que la investigación corre por cuenta del juez, pero el gobierno no tiene ninguna duda que la represión -que no la llamó así, sino procedimiento- fue absolutamente legal, dado “la manda judicial” de Villanueva.
En esa línea de pensamiento, Gabriela Michetti manifestó que hay que darle a las fuerzas de seguridad el beneficio de la duda. O sea, si reprimen y matan, en principio lo hicieron bien y dentro de sus facultades legales, para cuidarnos a los argentinos.
¿Dónde están las armas?
Los Albatros y sus defensores tendrán que cargar con la prueba de que actuaron bien y en legítima defensa. Son sospechosos de un crimen político. De haber fusilado por la espalda a un indefenso en una “cacería racista”, como la calificó Natalia Araya, abogada de la APDH Bariloche y la comunidad Lafken Winkul Mapu.
Además de las cuatro mujeres y cinco niños detenidos dos días antes del crimen, y liberadas posteriormente, también fueron detenidos Fausto Jones Huala y Alejandro González, que siguen presos. El primero es hermano del lonko Facundo Jones Huala, detenido desde junio pasado en Esquel, por orden del juez Villanueva, en aguardo de un pedido de extradición desde Chile, por acusaciones arrancadas mediante torturas y que por eso había sido negado por el juez Guido Otranto.
La madre de los hermanos Facundo y Fausto, Isabel Huala, declaró que los mapuches no estaban armados. No es sólo la opinión interesada de una madre que tiene dos hijos prisioneros y quiere aliviar su situación legal. Es la conclusión lógica: ¿dónde están las armas mapuches con que supuestamente tirotearon a los sufridos prefectos? ¿Por qué el gobierno no pudo presentar un casquillo de balas usadas por los resistentes?
La respuesta es simple. No hay tales revólveres ni fusiles ni ametralladoras. En los allanamientos dispuestos por Otranto contra Pu Lof en Resistencia Cushamen, la Gendarmería había incautado un tremendo arsenal: hondas, martillos, lanzas, cuchillos y algunas piedras calibre 45.
Una gruesa mentira repetida un millón de veces por Clarín y demás medios de la desinformación puede ser considerada verdad por algunas personas influenciables, del famoso medio pelo que cree ser la argentinidad al palo, diría la Bersuit.
Los mapuches
Es notable la demonización contra los originarios y en particular contra los combativos mapuches. Desde el añejo “no son argentinos, son chilenos invasores de nuestra Patagonia”, hasta el más reciente -donde se dan la mano Bullrich y el senador peronista Miguel Pichetto-, de que son terroristas y quieren crear un estado diferente al argentino.
Esos curiosos defensores de la soberanía argentina son los que pagaron 15.000 millones de dólares cash a los “fondos buitres” y llevaron la deuda externa hasta 284.000 millones de dólares, subiendo al podio de los países más endeudados y vulnerables financieramente.
El macrismo y el peronismo claudicante son socios de la Cámara de Comercio, la Sociedad Rural, la Unión Industrial y otros entes monopolistas a nivel nacional y provincial, que abogan por la represión del conflicto social, y en particular a los mapuches.
Es que aquéllos, con sus ocupaciones, ponen palos en la rueda a los negocios inmobiliarios, mineros y petroleros de las oligarquías y multinacionales. Luciano Benetton, Joe Lewis y Ted Turner son los impulsores de la represión patagónica, del mismo modo como los estancieros ingleses y la Sociedad Rural fueron los adalides de los fusilamientos de 1.100 peones en la Patagonia de 1921. Esos socios le cantaron el “Happy birthday” al teniente coronel Héctor B. Varela, el jefe de esos fusiladores. Hoy tendrían que ponerse de acuerdo en qué idioma cantarían el feliz cumpleaños a Macri, porque las multinacionales son varias, pero seguro que coincidirían en el inglés.
Cómo es de hipócrita cierta gente. Si el Gallego Soto, en el final de “Patagonia Rebelde”, no se entrega y se va a Chile, es un genio del sindicalismo. Si Jones Huala pasa a Chile y vuelve a Chubut, es un terrorista.
Los patriotas
Si se lee Clarín y La Nación se pensará que los mapuches son anti argentinos que tuvieron un “enfrentamiento” con las fuerzas de seguridad (sic). Por muchos comentarios en las redes sociales, el gobierno hace bien en matar a esos “indios”.
Ignorancias al margen, aquellos harían bien en leer sobre las campañas sanmartinianas. El cronista recomienda “Seamos Libres”, de Norberto Galasso. Como tiene más de 600 páginas, van otras citas cortas de otros autores. “Dos mil Mapuches ayudaron con caballería, ganado y baqueanos al Gral. San Martín en el cruce de Los Andes. El Parlamento al que citó a los caciques tenía el objetivo además de pedirles permiso para atravesar sus territorios”. Memorias de Manuel Olazábal.
“Los ricos y los terratenientes se niegan a luchar, no quieren mandar a sus hijos a la batalla, me dicen que enviarán tres sirvientes por cada hijo para no tener que pagar las multas, dicen que a ellos no les importa seguir siendo colonia. Sus hijos quedan en sus casas gordos y cómodos, un día se sabrá que esta Patria fue liberada por los pobres, y los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros que ya no volverán a ser esclavos”. General José de San Martín.
