OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- El Informe de 2017 que ha hecho público Amnistía Internacional es demoledor, tanto en parámetros absolutos como relativos, si comparamos las denuncias contra el Reino de España con lo que ese informe dice en referencia a otros países europeos. Es muy ilustrativo del deterioro de las libertades en España comparar lo que el citado informe señala para Alemania, Gran Bretaña e Italia, los tres países que son referencia para España en tantas cosas, o lo que apunta para Portugal o Grecia, países pequeños que han padecido –también- la dureza extrema de la crisis de 2007.
Hasta siete denuncias contra España apunta Amnistía Internacional en ese informe que ahora se ha hecho público. 1) Se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana. 2) Decenas de personas fueron procesadas por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en redes sociales. 3) Se empleó fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial que impedía la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña. 4) España reubicó a un número de solicitantes de asilo menor del que se había comprometido a acoger en el marco del programa de la UE. 5) Reasentó a menos personas refugiadas de las previstas en su compromiso. 6) Continuaron los desahucios forzosos, que afectaron a miles de personas. 7) Las autoridades continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Es decir: tres denuncias relacionadas con la situación en Cataluña, dos referidas al llamado problema migratorio, y dos más vinculados a derechos fundamentales de las personas, como son el derecho a una vivienda digna o el derecho de miles de familias a rescatar los cadáveres que, víctimas de la guerra civil y de los años más duros del franquismo, siguen en las cunetas de España. Un panorama al que a día de hoy cabe añadir lo ocurrido en fechas recientes y que, a buen seguro, formarán parte del Informe de 2018 de Amnistía Internacional: la inconcebible condena a un cantante de rap a tres años de prisión; el secuestro de un libro sobre el narcotráfico en Galicia; y la censura de una obra exhibida en la feria internacional de arte ARCO. Además, por supuesto, del encarcelamiento mantenido de cargos políticos electos y de líderes sociales catalanes bajo acusaciones que la mayoría de juristas expertos consideran completamente carentes de base legal suficiente.
La realidad dibujada por el Informe 2017 de AI sobre otros países europeos contrasta de forma rotunda con lo dicho a propósito del Reino de España.
Por lo que hace a Alemania, Amnistía Internacional formula tan solo dos observaciones, ambas referidas a cuestiones migratorias y a temas de seguridad antiterrorista: Las autoridades continuaron expulsando a Afganistán a personas solicitantes de asilo y el Parlamento federal amplió los poderes de la policía para llevar a cabo protocolos de vigilancia y para imponer medidas administrativas a personas identificadas como “atacantes en potencia”. En el apartado dedicado a Francia, el Informe recoge tres denuncias, dos relativas a la lucha antiterrorista y una a temas migratorios: una nueva ley otorgó más poder al gobierno para imponer medidas antiterroristas por motivos imprecisos y sin pleno control judicial; entró en vigor una nueva ley que impone obligaciones sobre el deber de vigilancia a las grandes empresas; y se continuó devolviendo a personas de nacionalidad afgana a su país, en violación del principio de no devolución.
En relación con Italia, Amnistía Internacional presenta cuatro acusaciones: una en el apartado migratorio y tres relativas a derechos fundamentales. Se denuncia que Italia cooperaba con las autoridades libias para restringir la migración; la población romaní siguió estando sometida a desalojos forzosos y segregada en campos en condiciones de vida precarias; y se introdujo legislación para penalizar la tortura, pero ésta no cumplía con todos los requisitos de la Convención contra la Tortura. En cuanto a Gran Bretaña, se denuncia en el Informe tres asuntos: las graves restricciones en el acceso al aborto de las mujeres en Irlanda del Norte; la reiterada restricción de derechos por la legislación antiterrorista; y el que ha seguido sin materializarse la plena rendición de cuentas por presuntas torturas cometidas por las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia británicos.
Dos denuncias nada más se recogen en el Informe en relación con Portugal y con Grecia. En el primer caso se denuncian por inadecuadas las condiciones de vivienda para las personas romaníes y las afrodescendientes; y se recuerda que Portugal reubicó a un número de solicitantes de asilo inferior al establecido en virtud del programa de la UE. En cuanto a Grecia, se afirma que miles de migrantes y solicitantes de asilo continuan atrapados en las islas griegas en condiciones terribles; así como que Grecia no había impedido el tráfico de seres humanos en el caso de 42 trabajadores de Bangladesh.
Obviamente, todas las denuncias reflejadas en el Informe 2017 de Amnistía Internacional son gravísimas, pero es necesario concluir que en lo referido a España la situación es, con diferencia, sustancialmente distinta y mucho peor en relación con los países que nos son más próximos.
Cualquier observador mínimamente atento a la situación interna española en materia de derechos y libertades no puede sino concluir que, en estos años de gobierno del Partido Popular dirigido por M. Rajoy, hemos retrocedido décadas. Lo que Amnistía Internacional recoge en su informe de 2017 será poco, lamentable y tristemente, para lo que habrá de señalar en el informe de 2018 a la marcha que vamos. Urge, pues, una respuesta clara y contundente de los partidos de oposición, así como de la sociedad civil, para revocar de forma urgente la deriva autoritaria e intimidatoria de los poderes del Estado. Nos estamos jugando, ni más ni menos, los niveles de salud del sistema democrático, en estos momentos aquejado de patologías severas que es necesario remediar cuanto antes.
Hasta siete denuncias contra España apunta Amnistía Internacional en ese informe que ahora se ha hecho público. 1) Se restringió desproporcionadamente el derecho a la libertad de expresión y el derecho de reunión pacífica de personas que apoyaban la independencia catalana. 2) Decenas de personas fueron procesadas por “enaltecimiento del terrorismo” y “humillación a las víctimas” en redes sociales. 3) Se empleó fuerza excesiva contra manifestantes que opusieron resistencia pacífica a la operación policial que impedía la celebración del referéndum sobre la independencia de Cataluña. 4) España reubicó a un número de solicitantes de asilo menor del que se había comprometido a acoger en el marco del programa de la UE. 5) Reasentó a menos personas refugiadas de las previstas en su compromiso. 6) Continuaron los desahucios forzosos, que afectaron a miles de personas. 7) Las autoridades continuaron cerrando investigaciones sobre crímenes de derecho internacional cometidos durante la Guerra Civil y el franquismo.
Es decir: tres denuncias relacionadas con la situación en Cataluña, dos referidas al llamado problema migratorio, y dos más vinculados a derechos fundamentales de las personas, como son el derecho a una vivienda digna o el derecho de miles de familias a rescatar los cadáveres que, víctimas de la guerra civil y de los años más duros del franquismo, siguen en las cunetas de España. Un panorama al que a día de hoy cabe añadir lo ocurrido en fechas recientes y que, a buen seguro, formarán parte del Informe de 2018 de Amnistía Internacional: la inconcebible condena a un cantante de rap a tres años de prisión; el secuestro de un libro sobre el narcotráfico en Galicia; y la censura de una obra exhibida en la feria internacional de arte ARCO. Además, por supuesto, del encarcelamiento mantenido de cargos políticos electos y de líderes sociales catalanes bajo acusaciones que la mayoría de juristas expertos consideran completamente carentes de base legal suficiente.
La realidad dibujada por el Informe 2017 de AI sobre otros países europeos contrasta de forma rotunda con lo dicho a propósito del Reino de España.
Por lo que hace a Alemania, Amnistía Internacional formula tan solo dos observaciones, ambas referidas a cuestiones migratorias y a temas de seguridad antiterrorista: Las autoridades continuaron expulsando a Afganistán a personas solicitantes de asilo y el Parlamento federal amplió los poderes de la policía para llevar a cabo protocolos de vigilancia y para imponer medidas administrativas a personas identificadas como “atacantes en potencia”. En el apartado dedicado a Francia, el Informe recoge tres denuncias, dos relativas a la lucha antiterrorista y una a temas migratorios: una nueva ley otorgó más poder al gobierno para imponer medidas antiterroristas por motivos imprecisos y sin pleno control judicial; entró en vigor una nueva ley que impone obligaciones sobre el deber de vigilancia a las grandes empresas; y se continuó devolviendo a personas de nacionalidad afgana a su país, en violación del principio de no devolución.
En relación con Italia, Amnistía Internacional presenta cuatro acusaciones: una en el apartado migratorio y tres relativas a derechos fundamentales. Se denuncia que Italia cooperaba con las autoridades libias para restringir la migración; la población romaní siguió estando sometida a desalojos forzosos y segregada en campos en condiciones de vida precarias; y se introdujo legislación para penalizar la tortura, pero ésta no cumplía con todos los requisitos de la Convención contra la Tortura. En cuanto a Gran Bretaña, se denuncia en el Informe tres asuntos: las graves restricciones en el acceso al aborto de las mujeres en Irlanda del Norte; la reiterada restricción de derechos por la legislación antiterrorista; y el que ha seguido sin materializarse la plena rendición de cuentas por presuntas torturas cometidas por las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia británicos.
Dos denuncias nada más se recogen en el Informe en relación con Portugal y con Grecia. En el primer caso se denuncian por inadecuadas las condiciones de vivienda para las personas romaníes y las afrodescendientes; y se recuerda que Portugal reubicó a un número de solicitantes de asilo inferior al establecido en virtud del programa de la UE. En cuanto a Grecia, se afirma que miles de migrantes y solicitantes de asilo continuan atrapados en las islas griegas en condiciones terribles; así como que Grecia no había impedido el tráfico de seres humanos en el caso de 42 trabajadores de Bangladesh.
Obviamente, todas las denuncias reflejadas en el Informe 2017 de Amnistía Internacional son gravísimas, pero es necesario concluir que en lo referido a España la situación es, con diferencia, sustancialmente distinta y mucho peor en relación con los países que nos son más próximos.
Cualquier observador mínimamente atento a la situación interna española en materia de derechos y libertades no puede sino concluir que, en estos años de gobierno del Partido Popular dirigido por M. Rajoy, hemos retrocedido décadas. Lo que Amnistía Internacional recoge en su informe de 2017 será poco, lamentable y tristemente, para lo que habrá de señalar en el informe de 2018 a la marcha que vamos. Urge, pues, una respuesta clara y contundente de los partidos de oposición, así como de la sociedad civil, para revocar de forma urgente la deriva autoritaria e intimidatoria de los poderes del Estado. Nos estamos jugando, ni más ni menos, los niveles de salud del sistema democrático, en estos momentos aquejado de patologías severas que es necesario remediar cuanto antes.
