OPINIÓN de Mauricio Castaño H., Colombia.- La batalla es campal. El botín delincuencial jugado es más de medio billón de pesos colombianos, toda una fortuna para batirse a muerte en esa lógica de bandidos que quiere quedarse con lo ajeno. Los victimarios de Estraval sacan dientes y uñas para no dejar escapar los frutos de su ilícito, se acostumbra decir que los delincuentes van dos pasos más adelante a los de la de la legalidad. Su ataque de ira y desespero van dirigidos contra la entidad de la Supersociedades, su liquidador el señor Luis Fernando Alvarado Ortiz y los abogados pro víctimas como el doctor Zambrano, quienes han querido y están haciendo la mejor justicia posible al grado tal de estar a punto de iniciar con la devolución de dineros a los inversores.
Pero los victimarios no dan espera y contraatacan haciendo dilaciones en la Justicia, impidiendo así las devoluciones de dinero a las víctimas. La razón de su estrategia es poder quedarse con lo hurtado y burlar la justicia pagando lo mínimo de cárcel. Es por eso que su único salvavidas es lo que se conoce como el Plan Desmonte, lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, dar respiro a los delincuentes, pues ello no es otra cosa que ante la justica se acepta una negociación, se acepte un acuerdo entre los estafadores y las víctimas; y ello significa un perdón y olvido sin que haya una reparación verdadera, pues no existe un respaldo ni monetario ni en bienes que garantice la real devolución de los dineros a los afectados.
Vistas las cosas así, aceptar el tal Plan Desmonte significaría dejar de perseguir bienes y dineros tanto en el país como en el extranjero, ello equivale a hacer un trato chimbo con los victimarios y entonces cesaría las investigaciones fiscales y penales contra ellos y contra sus testaferros aquí en Colombia y en otros países como Estados Unidos. Si esta estrategia llegara a prosperar equivale a perpetrar otra estafa más a los afectados y sería una completa burla a la justicia. Y por supuesto, muchas personas caerían en desgracia al ver que se escapa cualquier posibilidad de recuperar sus inversiones, y esa ruina amenazante puede desembocar en muerte fulminante como sucedió con unos pobres ancianos en la ciudad de Cali al enterarse de que fueron estafados por Estraval.
Ahora bien, si la Justicia en cabeza de la Supersociedades está haciendo bien las cosas, resta a las víctimas visibilizar el problema ante los medios y ante la sociedad en general, se debe ejercer presión para desenmascarar las estrategias dilatorias y de revictimizaciòn en la cual se empeñan los victimarios. Son más de cuatro mil seiscientas personas estafadas, la mayoría de ellas trabajadores que confiaron sus ahorros a un sistema de Libranzas que es legal en Colombia, pero que en el caso de Estraval resultó ser una empresa criminal que actuó durante años ejecutando su plan macabro para quedarse con los más de medio billón de pesos. La justicia y la sociedad colombiana no pueden ser inferiores ante esta arremetida criminal, no se puede volver a caer de nuevo en otra trampa mortal, ahora llamada Plan Desmonte.
La balanza puede fácilmente inclinarse si las víctimas tienen un papel protagónico tanto en asistir en los estrados judiciales como en hacer manifestaciones con carteles y pancartas, ello significa si son activas, si visibilizan la estrategia macabra de los estafadores de burlarlas a ellas y a la propia justicia, no se puede permitir que todo pase en el país y ante los medios de comunicación como si nada hubiera pasado, que todo quede en la memoria del olvido como muchas injusticias propias de la infamia. La batalla es campal, esperemos que la justicia salga avante ante esta empresa criminal con tentáculos internacionales. Y reiteramos a los afectadoss, no desesperar, el trabajo del liquidador ha sido impecable, sus frutos pronto serán vistos, y por el contrario el Plan Desmonte es falacia que aprovecha la ingenuidad y desespero de las víctimas en falsas promesas de posibles pagos.
Pero los victimarios no dan espera y contraatacan haciendo dilaciones en la Justicia, impidiendo así las devoluciones de dinero a las víctimas. La razón de su estrategia es poder quedarse con lo hurtado y burlar la justicia pagando lo mínimo de cárcel. Es por eso que su único salvavidas es lo que se conoce como el Plan Desmonte, lo que quiere decir, palabras más, palabras menos, dar respiro a los delincuentes, pues ello no es otra cosa que ante la justica se acepta una negociación, se acepte un acuerdo entre los estafadores y las víctimas; y ello significa un perdón y olvido sin que haya una reparación verdadera, pues no existe un respaldo ni monetario ni en bienes que garantice la real devolución de los dineros a los afectados.
Vistas las cosas así, aceptar el tal Plan Desmonte significaría dejar de perseguir bienes y dineros tanto en el país como en el extranjero, ello equivale a hacer un trato chimbo con los victimarios y entonces cesaría las investigaciones fiscales y penales contra ellos y contra sus testaferros aquí en Colombia y en otros países como Estados Unidos. Si esta estrategia llegara a prosperar equivale a perpetrar otra estafa más a los afectados y sería una completa burla a la justicia. Y por supuesto, muchas personas caerían en desgracia al ver que se escapa cualquier posibilidad de recuperar sus inversiones, y esa ruina amenazante puede desembocar en muerte fulminante como sucedió con unos pobres ancianos en la ciudad de Cali al enterarse de que fueron estafados por Estraval.
Ahora bien, si la Justicia en cabeza de la Supersociedades está haciendo bien las cosas, resta a las víctimas visibilizar el problema ante los medios y ante la sociedad en general, se debe ejercer presión para desenmascarar las estrategias dilatorias y de revictimizaciòn en la cual se empeñan los victimarios. Son más de cuatro mil seiscientas personas estafadas, la mayoría de ellas trabajadores que confiaron sus ahorros a un sistema de Libranzas que es legal en Colombia, pero que en el caso de Estraval resultó ser una empresa criminal que actuó durante años ejecutando su plan macabro para quedarse con los más de medio billón de pesos. La justicia y la sociedad colombiana no pueden ser inferiores ante esta arremetida criminal, no se puede volver a caer de nuevo en otra trampa mortal, ahora llamada Plan Desmonte.
La balanza puede fácilmente inclinarse si las víctimas tienen un papel protagónico tanto en asistir en los estrados judiciales como en hacer manifestaciones con carteles y pancartas, ello significa si son activas, si visibilizan la estrategia macabra de los estafadores de burlarlas a ellas y a la propia justicia, no se puede permitir que todo pase en el país y ante los medios de comunicación como si nada hubiera pasado, que todo quede en la memoria del olvido como muchas injusticias propias de la infamia. La batalla es campal, esperemos que la justicia salga avante ante esta empresa criminal con tentáculos internacionales. Y reiteramos a los afectadoss, no desesperar, el trabajo del liquidador ha sido impecable, sus frutos pronto serán vistos, y por el contrario el Plan Desmonte es falacia que aprovecha la ingenuidad y desespero de las víctimas en falsas promesas de posibles pagos.