El 5 de marzo es la fecha de expiración de la iniciativa que otorga permisos de trabajo y prórrogas de dos años en la deportación para inmigrantes que entraron antes de cumplir los 16 años, terminaron sus estudios de secundaria o servicio militar, y no han cometido ningún crimen grave.
Especialistas de derechos humanos han hecho un llamado urgente para que Estados Unidos regularice el estatus y garantice los derechos de los “dreamers”, los jóvenes soñadores que forman parte del programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA).
Especialistas aseguraron que terminar el programa sin una alternativa factible reforzaría los estereotipos raciales y estigmatizaría a jóvenes migrantes trabajadores y respetuosos de la ley que son un activo para el país que consideran su hogar.
“Estados Unidos debería actuar ahora para garantizar los derechos humanos de las aproximadamente 800.000 personas que se han beneficiado del programa, en lugar de ponerlas en peligro”, declararon en un comunicado.
Un final abrupto del programa DACA interrumpirá las vidas de estos inmigrantes y causará una profunda pena y un daño irreparable.
Los expertos resaltaron que la mayoría de estos migrantes son mujeres jóvenes que ahora corren el riesgo de ser expulsadas a países donde hay altos niveles de violencia, anarquía y delincuencia.
"Un final abrupto del programa DACA interrumpirá las vidas de estos inmigrantes y causará una profunda pena y un daño irreparable al separar a sus familias y hacerlos vulnerables a la explotación y el abuso si son deportados a países donde apenas tienen vínculos”, advirtieron.
Los beneficiarios de DACA a menudo se conocen como “dreamers” o ”soñadores”: más de las tres cuartas partes de ellos llegaron de México, mientras que el resto proviene principalmente de El Salvador, Guatemala y Honduras. La mayoría tienen 25 años o menos, y muchos son estudiantes.
"El debate actual en el Congreso de los Estados Unidos debe verse como una oportunidad para proporcionar caminos legales para que los migrantes sean regularizados y sus derechos humanos protegidos”, dijeron los expertos.
El relator especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes, Felipe González Morales, aseguró que "la expiración del programa DACA crea incertidumbre y deja a los beneficiarios vulnerables ante la detención arbitraria y la aplicación discriminatoria de las leyes de deportación. También plantea preocupaciones sobre la expulsión colectiva y la devolución".
