OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- Los últimos acontecimientos relacionados con Cataluña deberían hacer reaccionar con contundencia y celeridad a todos los demócratas de la España plural. Hace demasiado tiempo que el déficit democrático constatado tanto en el comportamiento institucional de los soberanistas como en el del Gobierno central nos hizo pedir una y otra vez el abandono de la lógica judicial para abordar el grave problema -una crisis de Estado, nada menos- desde la política, el diálogo y el pacto. A estas alturas, aquella petición debe convertirse una exigencia.
Más allá de la política y del partidismo, también es necesario hablar de sentimientos. Sería deseable cruzar mensajes de afecto, de estima hacia Cataluña y los catalanes desde el resto de la España plural; y viceversa. Son necesarias más voces que propongan, que aseguren que será posible encontrar una forma de convivencia entre Cataluña y España en el marco de la Unión Europea. Es ahora, cuando la calidad de la democracia española ha alcanzado unos niveles alarmantemente preocupantes, cuando los demócratas de un lado y otro del Ebro debemos conjurarnos para encontrar una salida al callejón sin salida al que nos han conducido dos nacionalismos radicalizados por su incapacidad para hacer compatibles sus principios programáticos.
La confrontación política no se puede hacer por burofax, remitiéndolos de un lado a otro como si fueran pedradas, ni encargando la solución a los jueces; existe el teléfono y pueden realizarse reuniones on line, además de que Madrid y Barcelona tienen un puente aéreo y otro ferroviario de alta velocidad. Dos gobiernos democráticos no pueden relacionarse así durante meses, ni pueden pasarse ese tiempo amenazándose y desafiándose. Pero ha ocurrido; todo esto ha pasado y estamos como estamos como consecuencia de estas actuaciones de unos y otros responsables políticos.
Dicho esto, sin embargo, hay que decir hoy que la decisión del juez Llarena parece una barbaridad completa y absoluta vista con los ojos de un analista social sin formación jurídica. De muestra un botón.
El nada sospechoso de connivencia con los soberanistas diario El País escribe que, y la cita es textual: "El magistrado considera que en el intento de secesión se dieron elementos de violencia y lo comparó, de forma implícita pero inequívoca, con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981". Como es posible? Qué barbaridad es esa?
El único episodio de violencia del que se ha tenido noticia, más allá del desatado por la policía del torpe ministro Zoido el 1 de octubre, fue el asedio a la Consejería de Economía mientras había algunos agentes de la Benemérita dentro. En el resto de las movilizaciones no se quemó ni una papelera, ni se rompió un vidrio en ninguna sitio, y la policía no tuvo que intervenir nunca. Comparar esto con el "todos al suelo" de Tejero, y las ráfagas de metralleta que aún son visibles en el Congreso es sencillamente trazar paralelismo inaudito. Es una locura.
Además, según dice el propio juez del Tribunal Supremo, el auto judicial que ha instruido: "Hace frente a un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". Complementariamente, opina la Autoridad judicial -porque es una opinión- que "El diseño criminal puede no haberse interrumpido en ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobada por el Senado y que -cada vez con más nitidez- parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez da que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas". "Puede no haberse interrumpido", "parecen estar latentes", son afirmaciones llamativas en un auto judicial, como poco.
Añade Llarena que "Los hechos del 20-S determinaron el efecto inherente a la violencia, es decir, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal como se convertiría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire "[sic]. La conclusión del juez es durísima: envía a todos los que considera responsables a prisión.
Somos muchos -pero todavía demasiado insuficientes- los que hemos defendido que, dadas las demostraciones de consistencia del soberanismo, los ciudadanos de Cataluña debían ser consultados, lo que hacía imprescindible un referéndum para conocer la dimensión real del bloque de los partidarios de la independencia. Ahora, con la que está cayendo, hay que afirmar de nuevo que tarde o temprano tendrá que hacerse una consulta de este tipo.
Cataluña está fracturada, aún más después de lo ocurrido en el Tribunal Supremo. Es urgente que los dirigentes políticos y sociales reaccionen y que no se dejan arrastrar por los intestinos en lugar de por la razón. Hay que replantear el problema del encaje de Cataluña en España; es una necesidad imperiosa, pero hay que hacerlo con realismo y sin urgencias, sin que ello implique que nadie renuncie a sus sueños.
Los secesionistas deben entender que la democracia incluye la aceptación del marco legal existente, así como que apelar a un supuesto mandato del "pueblo de Cataluña", entendiendo que este pueblo es el que vota por ellos es inaceptable. Los del otro lado de la raya, los que no aceptan ningún cuestionamiento de la unidad de España, deberán reaccionar ante una realidad que es tozuda: a pesar de todo lo ocurrido, la mitad de la población catalana apoya explícitamente en las urnas y en las calles las tesis de los partidos independentistas.
Es cierto que no se ha hecho ningún referéndum homologable, dado que el del 1 de octubre no puede ser considerado. Pero, no es menos cierto que, a pesar de no haberse hecho la tal consulta, las sucesivas elecciones han demostrado que en Cataluña hay una especie de empate técnico entre los que quieren y los que no quieren la independencia. Y eso no va a cambiar de manera sensible aunque se vuelven a repetir las elecciones n veces más en el futuro próximo.
¿Cómo salir de esta realidad endemoniada, como superarla, como evitar que continúe deteriorándose más la convivencia, echándose a perder las instituciones, perjudicando seriamente la realidad económica y social, tanto de España como de Cataluña?
Algunos deberán empezar a rectificar lo que han sido hasta ahora sus premisas programáticas e innegociables. Algunos? Todos más bien.
Guste más o menos, los diversos actores partidarios implicados, dentro y fuera de Cataluña, deberán integrar en sus análisis y sus propuestas algunas evidencias. Sin ánimo de ser exhaustivos podríamos citar unas cuantas: Cataluña es un territorio singular dentro del país de la Unión Europea que se llama España; visto y comprobado, con la ley y los jueces es imposible resolver el problema; los soberanistas tienen que dejar de ver al pueblo de Cataluña como un sujeto político homogéneo y alineado con sus premisas; los contrarios a la secesión deben asumir que dos millones de catalanes no están conformes con la relación actual entre Cataluña y España, y deben ofrecerles un escenario de futuro; se imponen dosis elevadas de realismo y de pragmatismo, con la misma fuerza que todos sin excepción tienen que dejar de confundir los deseos con la realidad.
Como conclusión podríamos añadir que las pautas de funcionamiento de una sociedad compleja como es la nuestra, y los conflictos inherentes a ella, sólo pueden ser abordados desde la política, con el diálogo, la negociación, el pacto, y el respeto por la mayoría que no ahogue o menosprecie a la minoría. Por el camino de los tribunales, de la aplicación justiciera del Código Penal iremos de mal en peor. Peor, para todos.
Más allá de la política y del partidismo, también es necesario hablar de sentimientos. Sería deseable cruzar mensajes de afecto, de estima hacia Cataluña y los catalanes desde el resto de la España plural; y viceversa. Son necesarias más voces que propongan, que aseguren que será posible encontrar una forma de convivencia entre Cataluña y España en el marco de la Unión Europea. Es ahora, cuando la calidad de la democracia española ha alcanzado unos niveles alarmantemente preocupantes, cuando los demócratas de un lado y otro del Ebro debemos conjurarnos para encontrar una salida al callejón sin salida al que nos han conducido dos nacionalismos radicalizados por su incapacidad para hacer compatibles sus principios programáticos.
La confrontación política no se puede hacer por burofax, remitiéndolos de un lado a otro como si fueran pedradas, ni encargando la solución a los jueces; existe el teléfono y pueden realizarse reuniones on line, además de que Madrid y Barcelona tienen un puente aéreo y otro ferroviario de alta velocidad. Dos gobiernos democráticos no pueden relacionarse así durante meses, ni pueden pasarse ese tiempo amenazándose y desafiándose. Pero ha ocurrido; todo esto ha pasado y estamos como estamos como consecuencia de estas actuaciones de unos y otros responsables políticos.
Dicho esto, sin embargo, hay que decir hoy que la decisión del juez Llarena parece una barbaridad completa y absoluta vista con los ojos de un analista social sin formación jurídica. De muestra un botón.
El nada sospechoso de connivencia con los soberanistas diario El País escribe que, y la cita es textual: "El magistrado considera que en el intento de secesión se dieron elementos de violencia y lo comparó, de forma implícita pero inequívoca, con el golpe de Estado del 23 de febrero de 1981". Como es posible? Qué barbaridad es esa?
El único episodio de violencia del que se ha tenido noticia, más allá del desatado por la policía del torpe ministro Zoido el 1 de octubre, fue el asedio a la Consejería de Economía mientras había algunos agentes de la Benemérita dentro. En el resto de las movilizaciones no se quemó ni una papelera, ni se rompió un vidrio en ninguna sitio, y la policía no tuvo que intervenir nunca. Comparar esto con el "todos al suelo" de Tejero, y las ráfagas de metralleta que aún son visibles en el Congreso es sencillamente trazar paralelismo inaudito. Es una locura.
Además, según dice el propio juez del Tribunal Supremo, el auto judicial que ha instruido: "Hace frente a un ataque al Estado constitucional que, con la voluntad de imponer un cambio en la forma de gobierno para Cataluña y del resto del país, integra una gravedad y persistencia inusitada y sin parangón en ninguna democracia de nuestro entorno". Complementariamente, opina la Autoridad judicial -porque es una opinión- que "El diseño criminal puede no haberse interrumpido en ocasión de la aplicación del artículo 155 de la Constitución aprobada por el Senado y que -cada vez con más nitidez- parecen estar latentes y pendientes de reanudación una vez da que se recupere el pleno control de las competencias autonómicas". "Puede no haberse interrumpido", "parecen estar latentes", son afirmaciones llamativas en un auto judicial, como poco.
Añade Llarena que "Los hechos del 20-S determinaron el efecto inherente a la violencia, es decir, una real restricción de la capacidad de actuación como consecuencia del uso de la fuerza, tal como se convertiría en un supuesto de toma de rehenes mediante disparos al aire "[sic]. La conclusión del juez es durísima: envía a todos los que considera responsables a prisión.
Somos muchos -pero todavía demasiado insuficientes- los que hemos defendido que, dadas las demostraciones de consistencia del soberanismo, los ciudadanos de Cataluña debían ser consultados, lo que hacía imprescindible un referéndum para conocer la dimensión real del bloque de los partidarios de la independencia. Ahora, con la que está cayendo, hay que afirmar de nuevo que tarde o temprano tendrá que hacerse una consulta de este tipo.
Cataluña está fracturada, aún más después de lo ocurrido en el Tribunal Supremo. Es urgente que los dirigentes políticos y sociales reaccionen y que no se dejan arrastrar por los intestinos en lugar de por la razón. Hay que replantear el problema del encaje de Cataluña en España; es una necesidad imperiosa, pero hay que hacerlo con realismo y sin urgencias, sin que ello implique que nadie renuncie a sus sueños.
Los secesionistas deben entender que la democracia incluye la aceptación del marco legal existente, así como que apelar a un supuesto mandato del "pueblo de Cataluña", entendiendo que este pueblo es el que vota por ellos es inaceptable. Los del otro lado de la raya, los que no aceptan ningún cuestionamiento de la unidad de España, deberán reaccionar ante una realidad que es tozuda: a pesar de todo lo ocurrido, la mitad de la población catalana apoya explícitamente en las urnas y en las calles las tesis de los partidos independentistas.
Es cierto que no se ha hecho ningún referéndum homologable, dado que el del 1 de octubre no puede ser considerado. Pero, no es menos cierto que, a pesar de no haberse hecho la tal consulta, las sucesivas elecciones han demostrado que en Cataluña hay una especie de empate técnico entre los que quieren y los que no quieren la independencia. Y eso no va a cambiar de manera sensible aunque se vuelven a repetir las elecciones n veces más en el futuro próximo.
¿Cómo salir de esta realidad endemoniada, como superarla, como evitar que continúe deteriorándose más la convivencia, echándose a perder las instituciones, perjudicando seriamente la realidad económica y social, tanto de España como de Cataluña?
Algunos deberán empezar a rectificar lo que han sido hasta ahora sus premisas programáticas e innegociables. Algunos? Todos más bien.
Guste más o menos, los diversos actores partidarios implicados, dentro y fuera de Cataluña, deberán integrar en sus análisis y sus propuestas algunas evidencias. Sin ánimo de ser exhaustivos podríamos citar unas cuantas: Cataluña es un territorio singular dentro del país de la Unión Europea que se llama España; visto y comprobado, con la ley y los jueces es imposible resolver el problema; los soberanistas tienen que dejar de ver al pueblo de Cataluña como un sujeto político homogéneo y alineado con sus premisas; los contrarios a la secesión deben asumir que dos millones de catalanes no están conformes con la relación actual entre Cataluña y España, y deben ofrecerles un escenario de futuro; se imponen dosis elevadas de realismo y de pragmatismo, con la misma fuerza que todos sin excepción tienen que dejar de confundir los deseos con la realidad.
Como conclusión podríamos añadir que las pautas de funcionamiento de una sociedad compleja como es la nuestra, y los conflictos inherentes a ella, sólo pueden ser abordados desde la política, con el diálogo, la negociación, el pacto, y el respeto por la mayoría que no ahogue o menosprecie a la minoría. Por el camino de los tribunales, de la aplicación justiciera del Código Penal iremos de mal en peor. Peor, para todos.
