OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- Han salido a las calles los jubilados, hartos de estar hartos del discurso autocomplaciente de un Gobierno que ha hecho de la desfachatez una categoría de su identidad. Tanto ha insistido Rajoy en que la crisis ha pasado, que se le ha rebelado un colectivo que ha sido un granero de votos histórico para el PP. El descosido electoral puede ser, si las cosas van por donde apuntan, apoteósico.
La crisis económica que resultó ser una estafa sacó a la calle, desde 2008, a miles y miles de personas, ciudadanos que protestaban contra los recortes presupuestarios en áreas tan sensibles como la sanidad o la educación; contra la pobreza tan creciente como el desempleo laboral; o contra la falta de esperanza para los más jóvenes abocados a la emigración o al paro crónico. Hubo una Huelga General en 2012 y, dos años después, las llamadas Marchas de la Dignidad tomaron Madrid en marzo de 2014.
Unos años antes, en 2011, había irrumpido con fuerza, más como un grito de rebeldía que otra cosa más sólida el movimiento del 15M, que respondía a la convicción generalizada de que los partidos sistémicos, el PP y el PSOE, ni estaban ni se les esperaba para hacer frente a la ofensiva radical de la banca y las grandes corporaciones financieras y empresariales. De aquellas grandes acampadas y sus correspondientes movilizaciones surgiría un nuevo partido con el objetivo de representar a los llamados indignados: Podemos.
Cambió el escenario partidista. Los dos grandes vieron surgir a su vera a Ciudadanos y a los alternativos de Pablo Iglesias, pero aun comiéndole terreno a los dos grandes, estos siguieron siendo el primer y el segundo partido en votos y representación parlamentaria. Pese a la pérdida de la mayoría absoluta de los de M. Rajoy, la miopía y las mezquindades ideológicas y electorales de las otros tres partidos de oposición no consiguieron desalojar al Partido Popular de La Moncloa, y éste ha seguido practicando una política de ajuste duro, de nula sensibilidad social, que ha convertido a los más débiles en los grandes paganos de la crisis.
La desvergüenza política del Partido Popular, capaz de violentar en su beneficio hasta donde haga falta el funcionamiento de las instituciones del Estado, en un escenario en el que todo el foco lleva meses sobre “el desafío catalán que atenta contra la sacrosanta unidad de España”, ha permitido resistir sin grandes agobios a Rajoy y los suyos.
Sus políticas sectoriales, tan antisociales que han puesto a España en el furgón de cola de la Unión Europea, no han servido para que la oposición haya sido capaz de echarlos del Gobierno. Las tribulaciones electorales de los partidos grandes, con su buena dosis de personalismos, y los intereses particulares de los partidos nacionalistas, tan lícitos como miopes y egoístas, explican una especie de empate catastrófico en el escenario español: ni el gobierno es capaz de gobernar ni la oposición lo es de conformar una alternativa a éste. Rajoy solo quiere resistir, contra viento y marea, ganando un tiempo que le permita recuperar fuerzas. Es su forma de ser y de vivir la política desde siempre: ha cosechado éxitos a base de no moverse, de no hacer nada y de dejar a los demás consumirse al fuego lento de su inmovilidad.
Pero, como apuntábamos, ahora ha sucedido algo nuevo, una irrupción en el escenario de un colectivo que puede, ese sí, poner contra las cuerdas a este Gobierno de los recortes sociales: los pensionistas.
Es fácil encontrar motivos para la rebelión: una pérdida real de poder adquisitivo que se ha ido reforzando año tras año desde que se abandonó la revalorización acorde con la subida del IPC que estableció Zapatero. El incremento de un 0.25 por ciento este año, que para las pensiones mayoritarias apenas da para un café, unido al descaro de Rajoy, Montoro, Báñez o Celia Villalobos, han calentado la sangre reivindicativa de miles de jubilados.
El presidente del gobierno, en un alarde inusual de sinceridad, exhortó a los españoles a contratar planes de pensión para asegurarse una jubilación tranquila, y sugirió ahorrar para pagar los estudios de los hijos [sic]. Montoro –el petulante ministro que afirma que hay que guardar zanahorias para las campañas electorales- ha dicho que eso de indexar con el IPC es una antigualla, y que hay que conectar –sin mayor explicación del cómo- las pensiones al crecimiento de la economía [sic]. Báñez, la más inefable entre las ministras, que parece una caricatura de sí misma, ha declarado enfáticamente que el sistema de pensiones es fuerte y sólido gracias a Rajoy [sic]. Por su parte, Celia Villalobos, azote de desafectos al régimen, ha afirmado sin sonrojo que hay pensionistas que están más tiempo cobrando la pensión que trabajando [sic].
Estas declaraciones, así como tantas otras y, sobre todo, las acciones de gobierno de Rajoy evidencian que no estamos, simplemente, ante una manifestación de falta de sensibilidad social del Partido Popular. No, eso no es nula empatía hacia los grandes perdedores de la crisis; no es, tampoco, una sorprendente falta de piedad y misericordia cristiana con los que sufren. Esos hechos y palabras son la expresión explícita de la ideología selvática, en la que solo sobreviven los más fuertes, del partido de la corrupción sistémica que dirige Rajoy.
Si el Gobierno sigue por ese camino y los jubilados perseveran en sus movilizaciones y en su amenaza de expresarse claramente en las urnas, podemos estar a las puertas de un escenario partidario muy distinto al actual. Esa presión de los pensionistas no solo amenaza y amedranta al PP, sino que es aviso de navegantes para los demás partidos del arco parlamentario. Atentos, que los viejos parece que han dicho ¡Basta!
La crisis económica que resultó ser una estafa sacó a la calle, desde 2008, a miles y miles de personas, ciudadanos que protestaban contra los recortes presupuestarios en áreas tan sensibles como la sanidad o la educación; contra la pobreza tan creciente como el desempleo laboral; o contra la falta de esperanza para los más jóvenes abocados a la emigración o al paro crónico. Hubo una Huelga General en 2012 y, dos años después, las llamadas Marchas de la Dignidad tomaron Madrid en marzo de 2014.
Unos años antes, en 2011, había irrumpido con fuerza, más como un grito de rebeldía que otra cosa más sólida el movimiento del 15M, que respondía a la convicción generalizada de que los partidos sistémicos, el PP y el PSOE, ni estaban ni se les esperaba para hacer frente a la ofensiva radical de la banca y las grandes corporaciones financieras y empresariales. De aquellas grandes acampadas y sus correspondientes movilizaciones surgiría un nuevo partido con el objetivo de representar a los llamados indignados: Podemos.
Cambió el escenario partidista. Los dos grandes vieron surgir a su vera a Ciudadanos y a los alternativos de Pablo Iglesias, pero aun comiéndole terreno a los dos grandes, estos siguieron siendo el primer y el segundo partido en votos y representación parlamentaria. Pese a la pérdida de la mayoría absoluta de los de M. Rajoy, la miopía y las mezquindades ideológicas y electorales de las otros tres partidos de oposición no consiguieron desalojar al Partido Popular de La Moncloa, y éste ha seguido practicando una política de ajuste duro, de nula sensibilidad social, que ha convertido a los más débiles en los grandes paganos de la crisis.
La desvergüenza política del Partido Popular, capaz de violentar en su beneficio hasta donde haga falta el funcionamiento de las instituciones del Estado, en un escenario en el que todo el foco lleva meses sobre “el desafío catalán que atenta contra la sacrosanta unidad de España”, ha permitido resistir sin grandes agobios a Rajoy y los suyos.
Sus políticas sectoriales, tan antisociales que han puesto a España en el furgón de cola de la Unión Europea, no han servido para que la oposición haya sido capaz de echarlos del Gobierno. Las tribulaciones electorales de los partidos grandes, con su buena dosis de personalismos, y los intereses particulares de los partidos nacionalistas, tan lícitos como miopes y egoístas, explican una especie de empate catastrófico en el escenario español: ni el gobierno es capaz de gobernar ni la oposición lo es de conformar una alternativa a éste. Rajoy solo quiere resistir, contra viento y marea, ganando un tiempo que le permita recuperar fuerzas. Es su forma de ser y de vivir la política desde siempre: ha cosechado éxitos a base de no moverse, de no hacer nada y de dejar a los demás consumirse al fuego lento de su inmovilidad.
Pero, como apuntábamos, ahora ha sucedido algo nuevo, una irrupción en el escenario de un colectivo que puede, ese sí, poner contra las cuerdas a este Gobierno de los recortes sociales: los pensionistas.
Es fácil encontrar motivos para la rebelión: una pérdida real de poder adquisitivo que se ha ido reforzando año tras año desde que se abandonó la revalorización acorde con la subida del IPC que estableció Zapatero. El incremento de un 0.25 por ciento este año, que para las pensiones mayoritarias apenas da para un café, unido al descaro de Rajoy, Montoro, Báñez o Celia Villalobos, han calentado la sangre reivindicativa de miles de jubilados.
El presidente del gobierno, en un alarde inusual de sinceridad, exhortó a los españoles a contratar planes de pensión para asegurarse una jubilación tranquila, y sugirió ahorrar para pagar los estudios de los hijos [sic]. Montoro –el petulante ministro que afirma que hay que guardar zanahorias para las campañas electorales- ha dicho que eso de indexar con el IPC es una antigualla, y que hay que conectar –sin mayor explicación del cómo- las pensiones al crecimiento de la economía [sic]. Báñez, la más inefable entre las ministras, que parece una caricatura de sí misma, ha declarado enfáticamente que el sistema de pensiones es fuerte y sólido gracias a Rajoy [sic]. Por su parte, Celia Villalobos, azote de desafectos al régimen, ha afirmado sin sonrojo que hay pensionistas que están más tiempo cobrando la pensión que trabajando [sic].
Estas declaraciones, así como tantas otras y, sobre todo, las acciones de gobierno de Rajoy evidencian que no estamos, simplemente, ante una manifestación de falta de sensibilidad social del Partido Popular. No, eso no es nula empatía hacia los grandes perdedores de la crisis; no es, tampoco, una sorprendente falta de piedad y misericordia cristiana con los que sufren. Esos hechos y palabras son la expresión explícita de la ideología selvática, en la que solo sobreviven los más fuertes, del partido de la corrupción sistémica que dirige Rajoy.
Si el Gobierno sigue por ese camino y los jubilados perseveran en sus movilizaciones y en su amenaza de expresarse claramente en las urnas, podemos estar a las puertas de un escenario partidario muy distinto al actual. Esa presión de los pensionistas no solo amenaza y amedranta al PP, sino que es aviso de navegantes para los demás partidos del arco parlamentario. Atentos, que los viejos parece que han dicho ¡Basta!
