COMUNICADO de IU
Desde Izquierda Unida rechazamos la salida represiva que el gobierno del Partido Popular ha impulsado y que está convirtiendo un problema político, el conflicto catalán, en un problema penal a través de una salida represiva, del que la encarcelación de Puigdemont es un paso más.
Además, manifestamos nuestro rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de acordar prisión provisional sin fianza para cuatro ex miembros del Govern de Catalunya en la anterior legislatura -los señores Turull, Rull, Romeva y Bassa- y para la que fuera Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como la imputación de nuestro compañero Joan Josep Nuet.
La decisión de encarcelamiento adoptada el 23 de marzo -la orden de prisión es requisito legal, junto al procesamiento por delito de rebelión, para quedar preventivamente inhabilitado políticamente antes de haber sido juzgado- no parece tener como finalidad asegurar la presencia de las personas investigadas en la causa judicial, sino que parece una decisión adoptada con clara intencionalidad política: inhabilitar preventivamente a los ahora encarcelados evitando que cualquiera de ellos pueda optar a la investidura como President de la Generalitat de Catalunya.
Las mismas personas respecto a las cuales el Tribunal Supremo acordó, hace poco tiempo, medidas de prisión eludibles con fianza y posterior puesta en libertad, ahora deben ser encarceladas para evitar la “reiteración delictiva” en acusaciones de rebelión o malversación de caudales públicos, cuando en estos momentos ninguna de ellas ostentan cargo alguno de responsabilidad política desde los que puedan reiterar las conductas de las que son acusadas. Como es sabido, en Izquierda Unida somos contrarios a la independencia de Catalunya y defendemos una salida democrática, vía referéndum, que ofrezca una respuesta política a un problema político. Creemos que un Estado federal, conformado democráticamente, daría salida a un problema territorial en el que todos los pueblos de España sean parte de un mismo proyecto colectivo plenamente democrático y solidario.
Hemos rechazado la unilateralidad del procés y hemos advertido que tanto las fuerzas políticas independentistas como el Partido Popular y Ciudadanos han antepuesto respectivamente la unilateralidad o la confrontación política como estrategias para eludir los debates políticos sobre la crisis política, económica y social que padece España, tapando así sus respectivas e innumerables responsabilidades en la ejecución de las políticas neoliberales que han causado pobreza, pérdida de derechos políticos y sociales, y una corrupción ya estructural tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Por ello, de forma coherente podemos manifestar que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo son contraproducentes para la búsqueda de una solución política a la crisis catalana y van a provocar un incremento del sentimiento independentista, además de parecer jurídicamente cuestionables. El resultado inmediato será mayor confrontación entre Catalunya y el resto del Estado a las puertas de un posible nuevo proceso electoral catalán.
Reiteramos que la doctrina que viene desarrollando el Tribunal Supremo contra el independentismo equipara las grandes movilizaciones políticas, aunque sean pacificas, con coacciones violentas al Estado y por tanto abre las puertas a procesar por rebelión cualquier movilización política masiva que se oponga a normas constitucionales, como reivindicar un estado republicano o exigir la derogación del artículo 135 de la Constitución. En el contexto de la actual ofensiva judicial contra la libertad de expresión, nos preocupa esta nueva vía de criminalización de la protesta social.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de requerir a España para que respete los derechos políticos del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado cautelarmente por ser líder del movimiento independentista y al que reiteradamente se le ha privado de su derecho político a comparecer ante el Parlament, del que forma parte como diputado elegido en las urnas. Para la Comunidad Internacional cada vez es más evidente que los presos independentistas catalanes han sido encarcelados por motivos políticos. En una democracia es lícito defender pacíficamente ideas independentistas, máxime cuando la Constitución Española no contempla vía alguna para que las naciones y pueblos que forman parte de España decidan si quieren seguir formando parte de ese proyecto colectivo.
La solución a la crisis catalana solamente se alcanzará mediante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y entre los distintos pueblos y naciones que conforman España, en el marco del inevitable nuevo proceso constituyente que democratice plenamente nuestro país y que permitirá garantizar todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos y sociales- que nuestro pueblo se merece.
Desde Izquierda Unida rechazamos la salida represiva que el gobierno del Partido Popular ha impulsado y que está convirtiendo un problema político, el conflicto catalán, en un problema penal a través de una salida represiva, del que la encarcelación de Puigdemont es un paso más.
Además, manifestamos nuestro rechazo a la decisión del Tribunal Supremo de acordar prisión provisional sin fianza para cuatro ex miembros del Govern de Catalunya en la anterior legislatura -los señores Turull, Rull, Romeva y Bassa- y para la que fuera Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, así como la imputación de nuestro compañero Joan Josep Nuet.
La decisión de encarcelamiento adoptada el 23 de marzo -la orden de prisión es requisito legal, junto al procesamiento por delito de rebelión, para quedar preventivamente inhabilitado políticamente antes de haber sido juzgado- no parece tener como finalidad asegurar la presencia de las personas investigadas en la causa judicial, sino que parece una decisión adoptada con clara intencionalidad política: inhabilitar preventivamente a los ahora encarcelados evitando que cualquiera de ellos pueda optar a la investidura como President de la Generalitat de Catalunya.
Las mismas personas respecto a las cuales el Tribunal Supremo acordó, hace poco tiempo, medidas de prisión eludibles con fianza y posterior puesta en libertad, ahora deben ser encarceladas para evitar la “reiteración delictiva” en acusaciones de rebelión o malversación de caudales públicos, cuando en estos momentos ninguna de ellas ostentan cargo alguno de responsabilidad política desde los que puedan reiterar las conductas de las que son acusadas. Como es sabido, en Izquierda Unida somos contrarios a la independencia de Catalunya y defendemos una salida democrática, vía referéndum, que ofrezca una respuesta política a un problema político. Creemos que un Estado federal, conformado democráticamente, daría salida a un problema territorial en el que todos los pueblos de España sean parte de un mismo proyecto colectivo plenamente democrático y solidario.
Hemos rechazado la unilateralidad del procés y hemos advertido que tanto las fuerzas políticas independentistas como el Partido Popular y Ciudadanos han antepuesto respectivamente la unilateralidad o la confrontación política como estrategias para eludir los debates políticos sobre la crisis política, económica y social que padece España, tapando así sus respectivas e innumerables responsabilidades en la ejecución de las políticas neoliberales que han causado pobreza, pérdida de derechos políticos y sociales, y una corrupción ya estructural tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Por ello, de forma coherente podemos manifestar que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo son contraproducentes para la búsqueda de una solución política a la crisis catalana y van a provocar un incremento del sentimiento independentista, además de parecer jurídicamente cuestionables. El resultado inmediato será mayor confrontación entre Catalunya y el resto del Estado a las puertas de un posible nuevo proceso electoral catalán.
Reiteramos que la doctrina que viene desarrollando el Tribunal Supremo contra el independentismo equipara las grandes movilizaciones políticas, aunque sean pacificas, con coacciones violentas al Estado y por tanto abre las puertas a procesar por rebelión cualquier movilización política masiva que se oponga a normas constitucionales, como reivindicar un estado republicano o exigir la derogación del artículo 135 de la Constitución. En el contexto de la actual ofensiva judicial contra la libertad de expresión, nos preocupa esta nueva vía de criminalización de la protesta social.
El Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de requerir a España para que respete los derechos políticos del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez, encarcelado cautelarmente por ser líder del movimiento independentista y al que reiteradamente se le ha privado de su derecho político a comparecer ante el Parlament, del que forma parte como diputado elegido en las urnas. Para la Comunidad Internacional cada vez es más evidente que los presos independentistas catalanes han sido encarcelados por motivos políticos. En una democracia es lícito defender pacíficamente ideas independentistas, máxime cuando la Constitución Española no contempla vía alguna para que las naciones y pueblos que forman parte de España decidan si quieren seguir formando parte de ese proyecto colectivo.
La solución a la crisis catalana solamente se alcanzará mediante el diálogo entre las distintas fuerzas políticas y entre los distintos pueblos y naciones que conforman España, en el marco del inevitable nuevo proceso constituyente que democratice plenamente nuestro país y que permitirá garantizar todos los derechos humanos -civiles, políticos, económicos y sociales- que nuestro pueblo se merece.
