COMUNICADO de IU
Desde Izquierda Unida rechazamos la salida represiva que el gobierno del Partido Popular ha impulsado y que est谩 convirtiendo un problema pol铆tico, el conflicto catal谩n, en un problema penal a trav茅s de una salida represiva, del que la encarcelaci贸n de Puigdemont es un paso m谩s.
Adem谩s, manifestamos nuestro rechazo a la decisi贸n del Tribunal Supremo de acordar prisi贸n provisional sin fianza para cuatro ex miembros del Govern de Catalunya en la anterior legislatura -los se帽ores Turull, Rull, Romeva y Bassa- y para la que fuera Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, as铆 como la imputaci贸n de nuestro compa帽ero Joan Josep Nuet.
La decisi贸n de encarcelamiento adoptada el 23 de marzo -la orden de prisi贸n es requisito legal, junto al procesamiento por delito de rebeli贸n, para quedar preventivamente inhabilitado pol铆ticamente antes de haber sido juzgado- no parece tener como finalidad asegurar la presencia de las personas investigadas en la causa judicial, sino que parece una decisi贸n adoptada con clara intencionalidad pol铆tica: inhabilitar preventivamente a los ahora encarcelados evitando que cualquiera de ellos pueda optar a la investidura como President de la Generalitat de Catalunya.
Las mismas personas respecto a las cuales el Tribunal Supremo acord贸, hace poco tiempo, medidas de prisi贸n eludibles con fianza y posterior puesta en libertad, ahora deben ser encarceladas para evitar la “reiteraci贸n delictiva” en acusaciones de rebeli贸n o malversaci贸n de caudales p煤blicos, cuando en estos momentos ninguna de ellas ostentan cargo alguno de responsabilidad pol铆tica desde los que puedan reiterar las conductas de las que son acusadas. Como es sabido, en Izquierda Unida somos contrarios a la independencia de Catalunya y defendemos una salida democr谩tica, v铆a refer茅ndum, que ofrezca una respuesta pol铆tica a un problema pol铆tico. Creemos que un Estado federal, conformado democr谩ticamente, dar铆a salida a un problema territorial en el que todos los pueblos de Espa帽a sean parte de un mismo proyecto colectivo plenamente democr谩tico y solidario.
Hemos rechazado la unilateralidad del proc茅s y hemos advertido que tanto las fuerzas pol铆ticas independentistas como el Partido Popular y Ciudadanos han antepuesto respectivamente la unilateralidad o la confrontaci贸n pol铆tica como estrategias para eludir los debates pol铆ticos sobre la crisis pol铆tica, econ贸mica y social que padece Espa帽a, tapando as铆 sus respectivas e innumerables responsabilidades en la ejecuci贸n de las pol铆ticas neoliberales que han causado pobreza, p茅rdida de derechos pol铆ticos y sociales, y una corrupci贸n ya estructural tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Por ello, de forma coherente podemos manifestar que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo son contraproducentes para la b煤squeda de una soluci贸n pol铆tica a la crisis catalana y van a provocar un incremento del sentimiento independentista, adem谩s de parecer jur铆dicamente cuestionables. El resultado inmediato ser谩 mayor confrontaci贸n entre Catalunya y el resto del Estado a las puertas de un posible nuevo proceso electoral catal谩n.
Reiteramos que la doctrina que viene desarrollando el Tribunal Supremo contra el independentismo equipara las grandes movilizaciones pol铆ticas, aunque sean pacificas, con coacciones violentas al Estado y por tanto abre las puertas a procesar por rebeli贸n cualquier movilizaci贸n pol铆tica masiva que se oponga a normas constitucionales, como reivindicar un estado republicano o exigir la derogaci贸n del art铆culo 135 de la Constituci贸n. En el contexto de la actual ofensiva judicial contra la libertad de expresi贸n, nos preocupa esta nueva v铆a de criminalizaci贸n de la protesta social.
El Comit茅 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de requerir a Espa帽a para que respete los derechos pol铆ticos del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi S谩nchez, encarcelado cautelarmente por ser l铆der del movimiento independentista y al que reiteradamente se le ha privado de su derecho pol铆tico a comparecer ante el Parlament, del que forma parte como diputado elegido en las urnas. Para la Comunidad Internacional cada vez es m谩s evidente que los presos independentistas catalanes han sido encarcelados por motivos pol铆ticos. En una democracia es l铆cito defender pac铆ficamente ideas independentistas, m谩xime cuando la Constituci贸n Espa帽ola no contempla v铆a alguna para que las naciones y pueblos que forman parte de Espa帽a decidan si quieren seguir formando parte de ese proyecto colectivo.
La soluci贸n a la crisis catalana solamente se alcanzar谩 mediante el di谩logo entre las distintas fuerzas pol铆ticas y entre los distintos pueblos y naciones que conforman Espa帽a, en el marco del inevitable nuevo proceso constituyente que democratice plenamente nuestro pa铆s y que permitir谩 garantizar todos los derechos humanos -civiles, pol铆ticos, econ贸micos y sociales- que nuestro pueblo se merece.
Desde Izquierda Unida rechazamos la salida represiva que el gobierno del Partido Popular ha impulsado y que est谩 convirtiendo un problema pol铆tico, el conflicto catal谩n, en un problema penal a trav茅s de una salida represiva, del que la encarcelaci贸n de Puigdemont es un paso m谩s.
Adem谩s, manifestamos nuestro rechazo a la decisi贸n del Tribunal Supremo de acordar prisi贸n provisional sin fianza para cuatro ex miembros del Govern de Catalunya en la anterior legislatura -los se帽ores Turull, Rull, Romeva y Bassa- y para la que fuera Presidenta del Parlament, Carme Forcadell, as铆 como la imputaci贸n de nuestro compa帽ero Joan Josep Nuet.
La decisi贸n de encarcelamiento adoptada el 23 de marzo -la orden de prisi贸n es requisito legal, junto al procesamiento por delito de rebeli贸n, para quedar preventivamente inhabilitado pol铆ticamente antes de haber sido juzgado- no parece tener como finalidad asegurar la presencia de las personas investigadas en la causa judicial, sino que parece una decisi贸n adoptada con clara intencionalidad pol铆tica: inhabilitar preventivamente a los ahora encarcelados evitando que cualquiera de ellos pueda optar a la investidura como President de la Generalitat de Catalunya.
Las mismas personas respecto a las cuales el Tribunal Supremo acord贸, hace poco tiempo, medidas de prisi贸n eludibles con fianza y posterior puesta en libertad, ahora deben ser encarceladas para evitar la “reiteraci贸n delictiva” en acusaciones de rebeli贸n o malversaci贸n de caudales p煤blicos, cuando en estos momentos ninguna de ellas ostentan cargo alguno de responsabilidad pol铆tica desde los que puedan reiterar las conductas de las que son acusadas. Como es sabido, en Izquierda Unida somos contrarios a la independencia de Catalunya y defendemos una salida democr谩tica, v铆a refer茅ndum, que ofrezca una respuesta pol铆tica a un problema pol铆tico. Creemos que un Estado federal, conformado democr谩ticamente, dar铆a salida a un problema territorial en el que todos los pueblos de Espa帽a sean parte de un mismo proyecto colectivo plenamente democr谩tico y solidario.
Hemos rechazado la unilateralidad del proc茅s y hemos advertido que tanto las fuerzas pol铆ticas independentistas como el Partido Popular y Ciudadanos han antepuesto respectivamente la unilateralidad o la confrontaci贸n pol铆tica como estrategias para eludir los debates pol铆ticos sobre la crisis pol铆tica, econ贸mica y social que padece Espa帽a, tapando as铆 sus respectivas e innumerables responsabilidades en la ejecuci贸n de las pol铆ticas neoliberales que han causado pobreza, p茅rdida de derechos pol铆ticos y sociales, y una corrupci贸n ya estructural tanto en Catalunya como en el resto del Estado. Por ello, de forma coherente podemos manifestar que las decisiones adoptadas por el Tribunal Supremo son contraproducentes para la b煤squeda de una soluci贸n pol铆tica a la crisis catalana y van a provocar un incremento del sentimiento independentista, adem谩s de parecer jur铆dicamente cuestionables. El resultado inmediato ser谩 mayor confrontaci贸n entre Catalunya y el resto del Estado a las puertas de un posible nuevo proceso electoral catal谩n.
Reiteramos que la doctrina que viene desarrollando el Tribunal Supremo contra el independentismo equipara las grandes movilizaciones pol铆ticas, aunque sean pacificas, con coacciones violentas al Estado y por tanto abre las puertas a procesar por rebeli贸n cualquier movilizaci贸n pol铆tica masiva que se oponga a normas constitucionales, como reivindicar un estado republicano o exigir la derogaci贸n del art铆culo 135 de la Constituci贸n. En el contexto de la actual ofensiva judicial contra la libertad de expresi贸n, nos preocupa esta nueva v铆a de criminalizaci贸n de la protesta social.
El Comit茅 de Derechos Humanos de las Naciones Unidas acaba de requerir a Espa帽a para que respete los derechos pol铆ticos del presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi S谩nchez, encarcelado cautelarmente por ser l铆der del movimiento independentista y al que reiteradamente se le ha privado de su derecho pol铆tico a comparecer ante el Parlament, del que forma parte como diputado elegido en las urnas. Para la Comunidad Internacional cada vez es m谩s evidente que los presos independentistas catalanes han sido encarcelados por motivos pol铆ticos. En una democracia es l铆cito defender pac铆ficamente ideas independentistas, m谩xime cuando la Constituci贸n Espa帽ola no contempla v铆a alguna para que las naciones y pueblos que forman parte de Espa帽a decidan si quieren seguir formando parte de ese proyecto colectivo.
La soluci贸n a la crisis catalana solamente se alcanzar谩 mediante el di谩logo entre las distintas fuerzas pol铆ticas y entre los distintos pueblos y naciones que conforman Espa帽a, en el marco del inevitable nuevo proceso constituyente que democratice plenamente nuestro pa铆s y que permitir谩 garantizar todos los derechos humanos -civiles, pol铆ticos, econ贸micos y sociales- que nuestro pueblo se merece.