Cómo adquirieron protagonismo las pruebas obtenidas a través de fuentes de acceso público en la reacción al ataque con armas químicas en Duma
Sam Dubberley.- Hay fotografías y vídeos de muchos de los ataques con armas químicas cometidos en Siria, como los de Talmenes, Al Lataminah, Kafr Zita o Jan Sheijun. Todos han sido documentados y verificados, pero rara vez han tenido tanto peso en la argumentación de los Estados para justificar sus políticas.
Sin embargo, el presunto ataque con armas químicas perpetrado el 7 de abril en Duma, en la gobernación de Damasco Rural, lo cambió todo. En su intento de justificar los ataques militares de represalia contra objetivos de Siria, la primera ministra británica, Theresa May, mencionó expresamente las “imágenes estremecedoras de hombres, mujeres y niños que yacían muertos con espuma en la boca” en sus discursos oficiales, y la Casa Blanca se refirió a fotografías y vídeos que mostraban “los restos de al menos dos bombas de barril cargadas con gas cloro que se habían usado en los ataques y que presentaban elementos comunes con bombas del mismo tipo lanzadas en ataques anteriores.”
No dudamos de la veracidad de estas imágenes. De hecho, Amnistía Internacional ha trabajado en la verificación de muchas de ellas. Una parte central de nuestro trabajo es evaluar si las fuerzas militares y los grupos armados cumplen las obligaciones jurídicas internacionales aplicables. La información de fuentes de acceso público verificada puede ser fundamental para evaluar si se cumplen las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Sin embargo, lo extraordinario de estas imágenes es el protagonismo que han tenido en los argumentos de los Estados para justificar su intervención en Siria el 14 de abril. Sí, claramente existen otras pruebas. El gobierno francés menciona entrevistas con personas sobre el terreno, Estados Unidos la “información verosímil que indica que hubo coordinación entre altos mandos militares sirios antes del ataque”. Pero también es cierto que, como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) no pudo entrar inicialmente en Duma, ha sido difícil encontrar pruebas fidedignas y públicamente disponibles. Esto contrasta, por ejemplo, con el ataque aéreo efectuado por Estados Unidos tras el ataque con armas químicas sobre Jan Sheijun en abril de 2017; el Ministerio de Salud turco ya había emitido una declaración en la que afirmaba que se había empleado gas sarín en el ataque, dato que la OPAQ confirmó posteriormente.
En vista de que el gobierno sirio ha denegado o hecho caso omiso de sus reiteradas peticiones de acceso a Siria, Amnistía Internacional ha recurrido a información procedente de fuentes de acceso público —fotografías y vídeos publicados en internet o compartidos en redes sociales de mensajería instantánea como WhatsApp— para respaldar su trabajo de investigación y campaña dirigido a proteger a la población civil atrapada en el conflicto. De no haberlo hecho así, habríamos tenido graves impedimentos para cumplir nuestro cometido.
Después de dedicar largas horas a analizar, verificar y situar en el mapa los vídeos y fotografías de los ataques contra civiles y la destrucción de objetos civiles, estoy seguro de que las imágenes de Duma recientemente recopiladas y verificadas —con metodología reconocida— por organizaciones de confianza no son falsas.
Pero eso no significa que no estén circulando imágenes falsas por ahí. Existen, y forman parte de un problema general. De vez en cuando, recurriendo a estos ejemplos de contenidos falsos, gobiernos o grupos armados y sus partidarios esgrimen el manido argumento de las “noticias falsas” para enmascarar alguna atrocidad. Después de cometerse una violación de derechos humanos, imágenes correspondientes a otro lugar u otro momento aparecen de repente en las redes sociales. El gobierno de Siria se aprovecha de la falsedad de esas imágenes para restar credibilidad a otros materiales verificados, y al sufrimiento, el trauma y el trastorno documentados en ellos.
Tras el ataque perpetrado contra Duma el 7 de abril se registró un aumento considerable de este tipo de contenido falso: un portavoz del Pentágono mencionó un incremento del 2.000% de la actividad de programas robot rusos. Un ejemplo especialmente llamativo, detectado por el colectivo de investigación en línea Bellingcat, fueron las imágenes compartidas como “prueba” de que los Cascos Blancos habían protagonizado los ataques. En realidad, eran imágenes del largometraje de ficción Revolution Man (El hombre de la Revolución), financiado por el Ministerio de Cultura sirio, que trata de un periodista que entra en Siria y organiza ataques con armas químicas. Aunque exista información pública rigurosamente verificada frente a estos contenidos falsos, en el ámbito de Internet manda ese antiguo dicho de que “la mentira ya ha dado media vuelta al mundo cuando la verdad aún se está poniendo los pantalones”. De hecho, un estudio publicado recientemente en la revista Science, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) concluye que, en Twitter, las noticias falsas se difunden más deprisa y tienen mayor alcance que las verdaderas.
Aunque Amnistía Internacional reconoce que la información de fuentes de acceso público puede ser muy útil para corroborar hechos, rara vez es el pilar sobre el que se sustenta nuestra investigación y análisis. En Siria seguimos esforzándonos al máximo para conseguir entrevistas directas con víctimas, testigos presenciales y expertos sobre el terreno. No siempre tenemos acceso a todas las zonas del país de manera oficial o segura, pero nuestros equipos de investigación están en contacto permanente con sus redes en toda la región. Las imágenes y vídeos procedentes de fuentes de acceso público forman parte de ese proceso, pero no sólo se basan en ellas. Nuestro Cuerpo de Verificación Digital, formado por unos 120 voluntarios de prestigiosas universidades de cinco países, utiliza una metodología sólida de rastreo y verificación de ese contenido. Sólo podemos usar el contenido que cumpla una serie de criterios rigurosos; si no los cumple, debemos descartarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que no se atenga a esos criterios podría restar credibilidad a la labor investigadora de nuestra comunidad de derechos humanos, y la comunidad de derechos humanos en general, justo en un momento y un entorno informativo en los que es tan necesaria esa credibilidad.
En la era digital, tal vez no sorprenda que la información digital procedente de fuentes de acceso público tenga una preponderancia creciente para la diplomacia pública de los Estados, y que incluso pueda influir en las decisiones adoptadas por las instituciones internacionales. Por ejemplo, la orden de detención dictada recientemente por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Libia se basaba en gran parte en pruebas digitales verificadas de los presuntos crímenes. Si se llevan a cabo correctamente, las investigaciones a través de fuentes de acceso público pueden constituir una nueva vía esencial para que las víctimas de atrocidades en lugares de difícil acceso, donde un teléfono móvil puede ser el único testigo capaz de compartir lo sucedido con el resto del mundo, obtengan justicia y rendición de cuentas.
Del mismo modo que la “niebla de la guerra” crea confusión y duda, los Estados han de acostumbrarse al marasmo de discursos divergentes y contradictorios en las plataformas digitales a raíz de atrocidades como el ataque de Duma. Si queremos garantizar el uso eficaz de la información procedente de fuentes de acceso público para conseguir que los responsables rindan cuentas, todos —Estados, instituciones internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional— nuestras metodologías de verificación han de ser claras, transparentes y sólidas. De lo contrario, estaremos allanando el camino a la difusión de información errónea y de propaganda que socavan la verdad, con posibles consecuencias demoledoras para las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos reales.
Sam Dubberley, Manager of Amnesty International’s Digital Verification Corps Berlin
Sin embargo, el presunto ataque con armas químicas perpetrado el 7 de abril en Duma, en la gobernación de Damasco Rural, lo cambió todo. En su intento de justificar los ataques militares de represalia contra objetivos de Siria, la primera ministra británica, Theresa May, mencionó expresamente las “imágenes estremecedoras de hombres, mujeres y niños que yacían muertos con espuma en la boca” en sus discursos oficiales, y la Casa Blanca se refirió a fotografías y vídeos que mostraban “los restos de al menos dos bombas de barril cargadas con gas cloro que se habían usado en los ataques y que presentaban elementos comunes con bombas del mismo tipo lanzadas en ataques anteriores.”
No dudamos de la veracidad de estas imágenes. De hecho, Amnistía Internacional ha trabajado en la verificación de muchas de ellas. Una parte central de nuestro trabajo es evaluar si las fuerzas militares y los grupos armados cumplen las obligaciones jurídicas internacionales aplicables. La información de fuentes de acceso público verificada puede ser fundamental para evaluar si se cumplen las normas del derecho internacional humanitario y de los derechos humanos.
Sin embargo, lo extraordinario de estas imágenes es el protagonismo que han tenido en los argumentos de los Estados para justificar su intervención en Siria el 14 de abril. Sí, claramente existen otras pruebas. El gobierno francés menciona entrevistas con personas sobre el terreno, Estados Unidos la “información verosímil que indica que hubo coordinación entre altos mandos militares sirios antes del ataque”. Pero también es cierto que, como la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ) no pudo entrar inicialmente en Duma, ha sido difícil encontrar pruebas fidedignas y públicamente disponibles. Esto contrasta, por ejemplo, con el ataque aéreo efectuado por Estados Unidos tras el ataque con armas químicas sobre Jan Sheijun en abril de 2017; el Ministerio de Salud turco ya había emitido una declaración en la que afirmaba que se había empleado gas sarín en el ataque, dato que la OPAQ confirmó posteriormente.
En vista de que el gobierno sirio ha denegado o hecho caso omiso de sus reiteradas peticiones de acceso a Siria, Amnistía Internacional ha recurrido a información procedente de fuentes de acceso público —fotografías y vídeos publicados en internet o compartidos en redes sociales de mensajería instantánea como WhatsApp— para respaldar su trabajo de investigación y campaña dirigido a proteger a la población civil atrapada en el conflicto. De no haberlo hecho así, habríamos tenido graves impedimentos para cumplir nuestro cometido.
Después de dedicar largas horas a analizar, verificar y situar en el mapa los vídeos y fotografías de los ataques contra civiles y la destrucción de objetos civiles, estoy seguro de que las imágenes de Duma recientemente recopiladas y verificadas —con metodología reconocida— por organizaciones de confianza no son falsas.
Pero eso no significa que no estén circulando imágenes falsas por ahí. Existen, y forman parte de un problema general. De vez en cuando, recurriendo a estos ejemplos de contenidos falsos, gobiernos o grupos armados y sus partidarios esgrimen el manido argumento de las “noticias falsas” para enmascarar alguna atrocidad. Después de cometerse una violación de derechos humanos, imágenes correspondientes a otro lugar u otro momento aparecen de repente en las redes sociales. El gobierno de Siria se aprovecha de la falsedad de esas imágenes para restar credibilidad a otros materiales verificados, y al sufrimiento, el trauma y el trastorno documentados en ellos.
Tras el ataque perpetrado contra Duma el 7 de abril se registró un aumento considerable de este tipo de contenido falso: un portavoz del Pentágono mencionó un incremento del 2.000% de la actividad de programas robot rusos. Un ejemplo especialmente llamativo, detectado por el colectivo de investigación en línea Bellingcat, fueron las imágenes compartidas como “prueba” de que los Cascos Blancos habían protagonizado los ataques. En realidad, eran imágenes del largometraje de ficción Revolution Man (El hombre de la Revolución), financiado por el Ministerio de Cultura sirio, que trata de un periodista que entra en Siria y organiza ataques con armas químicas. Aunque exista información pública rigurosamente verificada frente a estos contenidos falsos, en el ámbito de Internet manda ese antiguo dicho de que “la mentira ya ha dado media vuelta al mundo cuando la verdad aún se está poniendo los pantalones”. De hecho, un estudio publicado recientemente en la revista Science, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) concluye que, en Twitter, las noticias falsas se difunden más deprisa y tienen mayor alcance que las verdaderas.
Aunque Amnistía Internacional reconoce que la información de fuentes de acceso público puede ser muy útil para corroborar hechos, rara vez es el pilar sobre el que se sustenta nuestra investigación y análisis. En Siria seguimos esforzándonos al máximo para conseguir entrevistas directas con víctimas, testigos presenciales y expertos sobre el terreno. No siempre tenemos acceso a todas las zonas del país de manera oficial o segura, pero nuestros equipos de investigación están en contacto permanente con sus redes en toda la región. Las imágenes y vídeos procedentes de fuentes de acceso público forman parte de ese proceso, pero no sólo se basan en ellas. Nuestro Cuerpo de Verificación Digital, formado por unos 120 voluntarios de prestigiosas universidades de cinco países, utiliza una metodología sólida de rastreo y verificación de ese contenido. Sólo podemos usar el contenido que cumpla una serie de criterios rigurosos; si no los cumple, debemos descartarlo. ¿Por qué? Porque todo lo que no se atenga a esos criterios podría restar credibilidad a la labor investigadora de nuestra comunidad de derechos humanos, y la comunidad de derechos humanos en general, justo en un momento y un entorno informativo en los que es tan necesaria esa credibilidad.
En la era digital, tal vez no sorprenda que la información digital procedente de fuentes de acceso público tenga una preponderancia creciente para la diplomacia pública de los Estados, y que incluso pueda influir en las decisiones adoptadas por las instituciones internacionales. Por ejemplo, la orden de detención dictada recientemente por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra en Libia se basaba en gran parte en pruebas digitales verificadas de los presuntos crímenes. Si se llevan a cabo correctamente, las investigaciones a través de fuentes de acceso público pueden constituir una nueva vía esencial para que las víctimas de atrocidades en lugares de difícil acceso, donde un teléfono móvil puede ser el único testigo capaz de compartir lo sucedido con el resto del mundo, obtengan justicia y rendición de cuentas.
Del mismo modo que la “niebla de la guerra” crea confusión y duda, los Estados han de acostumbrarse al marasmo de discursos divergentes y contradictorios en las plataformas digitales a raíz de atrocidades como el ataque de Duma. Si queremos garantizar el uso eficaz de la información procedente de fuentes de acceso público para conseguir que los responsables rindan cuentas, todos —Estados, instituciones internacionales, medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil como Amnistía Internacional— nuestras metodologías de verificación han de ser claras, transparentes y sólidas. De lo contrario, estaremos allanando el camino a la difusión de información errónea y de propaganda que socavan la verdad, con posibles consecuencias demoledoras para las víctimas de crímenes y violaciones de derechos humanos reales.
Sam Dubberley, Manager of Amnesty International’s Digital Verification Corps Berlin
