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Entre la ira y la melancolía, la calidad de esta democracia se juega en las calles

OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- No hay tregua. Como si España avanzara con paso firme y decidido hacia un fallo multiorgánico, el ciudadano común está viviendo un distanciamiento cada vez más explícito entre la sociedad y el Estado. Demasiadas cosas importantes están dando señales inequívocas de mal funcionamiento, y entre éstas hay que citar desde el gobierno a los partidos políticos, pasando por la judicatura; es decir, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Estamos ante un gravísimo desplome de la confianza entre los ciudadanos y los poderes del Estado. Ese hundimiento cursa desde hace demasiado tiempo, y está provocando ira en diversos sectores sociales que no se resignan a la melancolía a la que pudiera abocarles la falta de respuestas institucionales adecuadas a problemas centrales que nos aquejan como sociedad.

La situación viene de atrás y, desde luego, seguimos bajando peldaños sin descanso en la calidad democrática del Estado. La corrupción es ya una pandemia y hemos vivido en las últimas semanas una serie de episodios sacados –pareciera- de una serie televisiva de mafiosos.

El ajusticiamiento público y a plena luz del día de Cristina Cifuentes habría hecho palidecer a personajes míticos de alguna serie de mafiosos. La señora, tan enajenada como soberbia, incapaz de asumir las evidentes responsabilidades que la inhabilitaban para seguir al frente del gobierno de Madrid, fue definitivamente destruida por el mismo que días atrás la había besado y defendido ante sus huestes. Hizo que la aclamaran cuando ya olía fétidamente a cadáver político, y cuando lo considero inevitable le descerrajó un vídeo que alguien había guardado durante años con la intención –llegado el momento- de hacer lo que ahora han hecho.

La Familia popular es mucha familia, tanto que además de aparecer en papeles judiciales como organización criminal se desenvuelve con formas que recuerdan y mucho lo que hemos visto en los clanes mafiosos del cine. Quizá alguien hubiera debido dejarle una cabeza de caballo en el lecho a Cifuentes, como hacen en El Padrino con aquel productor de Hollywood que no aceptaba darle un papel al cantante protegido de don Corleone. Se hubiera plegado sin duda a los deseos no verbalizados del Don, habría dimitido mucho antes y se habría ahorrado la ignominia del último acto.

Siguen cayendo en Madrid, como cayeron en Valencia, diversos capos de los diversos niveles de la jerarquía familiar, y habrá que ver qué nombre le proponen a Ciudadanos para que lo vote en la Asamblea madrileña como nuevo mandamás. No será fácil encontrar a alguien que resista la prueba del algodón, y en el mejor de los casos siempre habrá imágenes suyas aplaudiendo a rabiar a la ejecutada Cifuentes. Eso o con evidentes vínculos onerosos con Esperanza Aguirre, con Ignacio González, con Francisco Granados, con Alberto Ruiz-Gallardón… en fin, con algún principal de la Familia.

La ira ha vuelto a las calles de forma imponentemente espontánea tras la sentencia a los cinco humanoides juzgados en Pamplona, quienes organizados en manada dejaron muestras apabullantes de su violenta vileza. La sentencia del tribunal navarro, que va a ser obviamente recurrida ante el TSJ de aquella comunidad, ha sacado a la gente a las calles, particularmente a las mujeres que ya dieron muestras el pasado 8 de marzo de que –ellas fundamentalmente, aunque no solas- han entrado en una nueva fase de su lucha por la igualdad y no están dispuestas a tolerar sin responder ni el maltrato de ningún energúmeno acomplejado y violento, ni las vejaciones de las instituciones de una democracia avanzada como debiera ser la nuestra.

Ha sido ese clamor en las calles, ante las puertas de los tribunales de justicia, ante las distintas delegaciones del gobierno central, el que ha puesto encima de la mesa no solo la anacrónica concepción patriarcal con la que algunos jueces aplican el Código Penal, sino la exigencia de que la justicia transmita la impresión inequívoca de ser justa. Más de un millón de firmas recogidas en horas, además, exigen la inhabilitación de los magistrados encargados de dictar sentencia en el juicio de la manada. Del que formuló un voto particular habría que pedir, también, una pericial psiquiátrica porqué parece evidente que su salud mental le inhabilita para seguir un día más en su cargo de juez.

También en este juicio a los bestias de Pamplona, -entre los que hay un soldado profesional y un guardia civil, por cierto, algo que da miedo al pensar en los criterios de acceso a esos empleos-, hemos visto cómo se ha banalizado el lenguaje, como se modela, se usa y se abusa del significado de las palabras.

El término violencia, por ejemplo, tan sobado últimamente, tiene a lo que parece acepciones jurídicas y judiciales que chocan con la más convencional de la mayoría de los mortales. Resulta incomprensible que desde instancias judiciales se afirme la existencia de violencia en manifestaciones pacíficas, en chistes, en canciones, en tuits o en silbidos y no se aprecie violencia en que cinco salvajes encierren a una adolescente en un portal y la penetren varias veces cada uno por turno ininterrumpido y alternativo.

Si alguna cosa ha tenido de positiva la sentencia de Navarra es que ha demostrado que en esta sociedad, maltrecha, amenazada, golpeada y con moratones, hay mucha gente que ha vuelto a ser capaz de salir a la calle para demostrar que está dispuesta a defender unos derechos que las instituciones no son capaces de garantizar de forma cabal; mucha gente que no está dispuesta a abandonarse a la melancolía ni al fatalismo. Es una evidencia que una buena parte de la calidad de la democracia española reside en estos momentos en las calles, en distintas organizaciones de la sociedad civil, así como en algunos medios de comunicación que informan al detalle y con precisión de lo que está ocurriendo.

Vivimos días de indignación y de rabia contenida, pero es necesario mantener la cabeza fría y continuar con la resistencia no melancólica sino dinámica, y con voluntad de ganar en eficacia en cuanto a exigir a este gobierno que mejore sustancialmente el funcionamiento de las instituciones centrales del Estado sobre las que influye o controla. El Ejecutivo de Rajoy, que ha estropeado todo lo que toca: desde los servicios públicos básicos a las libertades fundamentales, pasando por la economía y la convivencia en la España plurinacional, tiene una enorme responsabilidad a la que hacer frente, y hay que exigirle que cambie radicalmente su dinámica de gobierno. Es prácticamente imposible que lo haga, entre otras causas porque la Familia popular está en descomposición, así que no quedará otra que echarla.

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