“La situación de inseguridad que viven muchas comunidades indígenas es deplorable y requiere una respuesta inmediata y adecuada que asegure el desarme de estos grupos, la investigación de los actos de violencia y garantice el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la reparación integral a las víctimas”
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| UNICEF/Mauricio Ramos. Un ataque perpetrado por un grupo armado contra indígenas tzotziles desplazados originarios de Aldama dejó tres personas muertas, un adulto y sus dos hijos menores |
“Es inadmisible que continúen operando grupos armados al margen de la ley”, dijo el Representante de la ONU-DH. Jan Jarab urgió a las autoridades aplicar la legislación sobre desplazamiento forzado interno de Chiapas y enfrentarse con las causas estructurales de la violencia en la región.
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) condenó hoy en un comunicado de prensa el ataque perpetrado por un grupo armado, que dejó tres personas muertas, un adulto y sus dos hijos menores de 18 años.
El grupo paramilitar opera presuntamente desde el ejido Manuel Utrilla, Chenalhó, el día dos de abril, en contra de indígenas tzotziles desplazados originarios de la comunidad de Cotsilnam, Aldama, en el estado de Chiapas. El 27 de febrero de 2018, el mismo grupo armado habría atacado a las comunidades de Tabak, Koko’, Cotsilnam, Stselej Potop, Xuxchen, Puente, Yoctontik, Sepelton y la cabecera municipal de Aldama, y habría forzado el desplazamiento de 145 familias de origen tzotzil a otras comunidades en el estado de Chiapas.
La ONU-DH lamentó la pérdida de vidas humanas como consecuencia de los continuos ataques de grupos armados en contra de población civil indígena en los Altos de Chiapas, los que además estarían forzando a comunidades del municipio de Aldama a desplazarse a otras partes del estado, donde se desconocen la asistencia humanitaria que estarían recibiendo, la protección y garantías de seguridad.
La Oficina recordó en su mensaje que el reciente desplazamiento forzado de miles de personas del municipio de Chalchihuitán, también causado por ataques de grupos armados de Chenalhó, en noviembre y diciembre 2017, resultó en la muerte de varias personas y que una parte de esta la comunidad afectada permanece desplazada por motivos de falta de seguridad.
El Representante de la ONU-DH en México, Jan Jarab, expresó que “es inadmisible que continúen operando grupos armados al margen de la ley.”
“La situación de inseguridad que viven muchas comunidades indígenas es deplorable y requiere una respuesta inmediata y adecuada que asegure el desarme de estos grupos, la investigación de los actos de violencia y garantice el acceso a la justicia, el combate a la impunidad y la reparación integral a las víctimas”, dijo Jarab.
“Es igualmente urgente que las autoridades, a todos los niveles, brinden una atención integral a la situación de desplazamiento forzado de que son víctimas varias comunidades en los Altos de Chiapas, con el fin de garantizar la seguridad de las personas desplazadas, la ayuda humanitaria inmediata y culturalmente adecuada, así como la generación de todas las condiciones necesarias para garantizar un retorno seguro a sus hogares, proveyéndoles también de protección”, agregó.
La ONU-DH urgió a las autoridades aplicar la legislación sobre desplazamiento forzado interno de Chiapas de conformidad con los Principios Rectores de los Desplazamientos Internos.