OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- Días borrascosos los que hemos vivido. Va a ser difícil salir del embrollo político, judicial y de fractura social a varios niveles, y está claro que el gobierno del Partido Popular no hace sino empeorar la situación día a día. La crisis de Estado que abrió el contencioso catalán no sólo no ha sido revertida, sino que cada vez es más amplia y compleja. Por varias razones, pero la más importante es la de mantener el frente del Ejecutivo a un procastinador compulsivo como es Mariano Rajoy. Un hombre que se empeña desde hace años en evadir sus responsabilidades, refugiándose detrás de cualquier persona, animal o cosa que le permita no tomar las decisiones a menudo difíciles que su cargo exige.
La última semana ha sido de las que se recuerdan pasados los años. A la disputa grosera ante las cámaras de televisión de la familia real, con una suegra y una nuera que casi llegan a las manos, un hecho que es noticia por ser quienes son y que avergüenza hasta a los monárquicos, se ha añadido el asunto Cifuentes, incomparablemente más grave a efectos políticos que lo anterior. Si no teníamos bastante, la absurda esperanza del PP y de Ciudadanos -y sus amigos mediáticos- de que la justicia alemana iba a convalidar, sí o sí, la tesis de la rebelión violenta argumentada por el juez Llarena, se ha derrumbado estrepitosamente. La imagen exterior de España, ya bastante deteriorada, es a estas alturas terrible tras la decisión de los jueces del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein. Y la institucionalidad jurídica del Estado sufre una situación preocupante. No es sólo que el teorema de la Cataluña violenta ha quedado gravemente tocado por la resolución del tribunal alemán, como ha dicho Enric Juliana, sino que la Ministra de Justicia germana ha declarado que las autoridades españolas deberán justificar mejor el delito de malversación del que acusan a Puigdemont, o no será entregado a España. De las noticias que llegan de Bélgica, Suiza y Escocia no hace falta decir nada.
En cuanto a la Monarquía, como institución, parece evidente que ha recibido una fuerte patada desde dentro de la misma Casa Real. Si no habíamos visto suficiente con Urdangarin y su señora, o con los muchos y diversos escándalos protagonizados por el ahora Rey Emérito, faltaba que la Reina actual y la jubilada dieran un espectáculo como el que grabaron las cámaras televisivas hace unos días. Realmente es necesaria una institución tan anacrónica como ésta a una sociedad del siglo XXI? Pues aquellos que consideran que aún lo es deberían hacer algo para mantenerla presentable.
El Caso Cifuentes, todo un monumento a la falsedad y la arrogancia, ha puesto en el ojo del huracán a una universidad pública: la -mira por donde la coincidencia- Rey Juan Carlos (URJC). La soberbia y el cinismo de la presidenta de Madrid amenaza con llevarse por delante todo lo que haga falta para mantenerse en el poder, actitud en la que -como ya estamos acostumbrados- está siendo apoyada por su partido [con la complicidad de Ciudadanos, dicho sea de paso]. La señora Cospedal, secretaria general, lo ha dejado claro con las formas de Tony Soprano con su familia: "Tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros". En la cúpula del Partido Popular han interiorizado de tal forma su impunidad, que el hedor de la putrefacción que les afecta parece no molestarles en absoluto. Y creen que al resto de la ciudadanía, tampoco.
Es evidente que desde la URJC ha habido un trato de favor con la señora Cifuentes, trato que ha llegado a transgredir el Código Penal, pero convendría no tomar la parte por el todo. Los responsables directos, empezando por el Rector, no son toda la Universidad madrileña, ni las pautas de transgresión son extensibles a la universidad española. De hecho, estamos comprobando que, a pesar del interés que algunos han puesto en ocultar una parte de la realidad, desde dentro de la propia URJC se ha demostrado que los procesos de gestión de matrícula, custodia de actas y demás no han podido ser ni escondidos, ni eliminados, ni improvisados al calor de los deseos de los implicados.
La respuesta del Partido Popular, por boca de su vicesecretario de Política Social y Sectorial [a quien, por cierto, la web del PP atribuía un máster que no tiene], es la de desacreditar a la Universidad como institución. "Creo que quien realmente tiene un problema es el sistema universitario", dijo Javier Maroto a la Cadena SER. Para él, y hablaba en nombre de su partido, "lo importante del caso es saber si en España hay universidades que conceden títulos válidos pero obtenidos sin acreditar los méritos suficientes".
Del mismo modo que en la cuestión catalana Rajoy se escondió detrás de los tribunales de justicia hasta embarrar internacionalmente el sistema judicial español, ahora desde el PP se preparan para desacreditar y ensuciar a la Institución universitaria en su conjunto. Esperamos que la Conferencia de Rectores (CRUE) tome cartas explícitas ante este ataque desesperado para derivar la atención de la ciudadanía, pero convendrá que también los propios universitarios expliquemos claramente que esto que se ha visto en el Caso Cifuentes es una perversión inaudita y singular que, en ningún caso, puede entenderse como una pauta habitual de las universidades públicas españolas.
La institucionalidad imprescindible en una sociedad democrática está siendo atacada. En unos casos, como la Monarquía, por el propio comportamiento de la Familia Real. La Universidad pública, acosada por un partido corrompido hasta la médula, que no duda en embarrar todo aquello que no es capaz de controlar y subordinar. La configuración del Estado, desde los equilibrios del régimen autonómico en la imprescindible independencia de los diversos poderes que lo constituyen, son objeto de la incapacidad o la malevolencia del gobierno de Madrid. Todo está en riesgo.
Convendría, cuando antes, cambiar al capitán y a su tripulación, que ha quedado visto y comprobado que están decididos a hundir el barco si ello les conviene. Continúan en su idea de siempre, como en 2012 le dijo Cristóbal Montoro a Ana Oramas: "Que caiga España que ya la levantaremos nosotros".
La última semana ha sido de las que se recuerdan pasados los años. A la disputa grosera ante las cámaras de televisión de la familia real, con una suegra y una nuera que casi llegan a las manos, un hecho que es noticia por ser quienes son y que avergüenza hasta a los monárquicos, se ha añadido el asunto Cifuentes, incomparablemente más grave a efectos políticos que lo anterior. Si no teníamos bastante, la absurda esperanza del PP y de Ciudadanos -y sus amigos mediáticos- de que la justicia alemana iba a convalidar, sí o sí, la tesis de la rebelión violenta argumentada por el juez Llarena, se ha derrumbado estrepitosamente. La imagen exterior de España, ya bastante deteriorada, es a estas alturas terrible tras la decisión de los jueces del Tribunal Regional Superior de Schleswig-Holstein. Y la institucionalidad jurídica del Estado sufre una situación preocupante. No es sólo que el teorema de la Cataluña violenta ha quedado gravemente tocado por la resolución del tribunal alemán, como ha dicho Enric Juliana, sino que la Ministra de Justicia germana ha declarado que las autoridades españolas deberán justificar mejor el delito de malversación del que acusan a Puigdemont, o no será entregado a España. De las noticias que llegan de Bélgica, Suiza y Escocia no hace falta decir nada.
En cuanto a la Monarquía, como institución, parece evidente que ha recibido una fuerte patada desde dentro de la misma Casa Real. Si no habíamos visto suficiente con Urdangarin y su señora, o con los muchos y diversos escándalos protagonizados por el ahora Rey Emérito, faltaba que la Reina actual y la jubilada dieran un espectáculo como el que grabaron las cámaras televisivas hace unos días. Realmente es necesaria una institución tan anacrónica como ésta a una sociedad del siglo XXI? Pues aquellos que consideran que aún lo es deberían hacer algo para mantenerla presentable.
El Caso Cifuentes, todo un monumento a la falsedad y la arrogancia, ha puesto en el ojo del huracán a una universidad pública: la -mira por donde la coincidencia- Rey Juan Carlos (URJC). La soberbia y el cinismo de la presidenta de Madrid amenaza con llevarse por delante todo lo que haga falta para mantenerse en el poder, actitud en la que -como ya estamos acostumbrados- está siendo apoyada por su partido [con la complicidad de Ciudadanos, dicho sea de paso]. La señora Cospedal, secretaria general, lo ha dejado claro con las formas de Tony Soprano con su familia: "Tenemos que defender lo nuestro y a los nuestros". En la cúpula del Partido Popular han interiorizado de tal forma su impunidad, que el hedor de la putrefacción que les afecta parece no molestarles en absoluto. Y creen que al resto de la ciudadanía, tampoco.
Es evidente que desde la URJC ha habido un trato de favor con la señora Cifuentes, trato que ha llegado a transgredir el Código Penal, pero convendría no tomar la parte por el todo. Los responsables directos, empezando por el Rector, no son toda la Universidad madrileña, ni las pautas de transgresión son extensibles a la universidad española. De hecho, estamos comprobando que, a pesar del interés que algunos han puesto en ocultar una parte de la realidad, desde dentro de la propia URJC se ha demostrado que los procesos de gestión de matrícula, custodia de actas y demás no han podido ser ni escondidos, ni eliminados, ni improvisados al calor de los deseos de los implicados.
La respuesta del Partido Popular, por boca de su vicesecretario de Política Social y Sectorial [a quien, por cierto, la web del PP atribuía un máster que no tiene], es la de desacreditar a la Universidad como institución. "Creo que quien realmente tiene un problema es el sistema universitario", dijo Javier Maroto a la Cadena SER. Para él, y hablaba en nombre de su partido, "lo importante del caso es saber si en España hay universidades que conceden títulos válidos pero obtenidos sin acreditar los méritos suficientes".
Del mismo modo que en la cuestión catalana Rajoy se escondió detrás de los tribunales de justicia hasta embarrar internacionalmente el sistema judicial español, ahora desde el PP se preparan para desacreditar y ensuciar a la Institución universitaria en su conjunto. Esperamos que la Conferencia de Rectores (CRUE) tome cartas explícitas ante este ataque desesperado para derivar la atención de la ciudadanía, pero convendrá que también los propios universitarios expliquemos claramente que esto que se ha visto en el Caso Cifuentes es una perversión inaudita y singular que, en ningún caso, puede entenderse como una pauta habitual de las universidades públicas españolas.
La institucionalidad imprescindible en una sociedad democrática está siendo atacada. En unos casos, como la Monarquía, por el propio comportamiento de la Familia Real. La Universidad pública, acosada por un partido corrompido hasta la médula, que no duda en embarrar todo aquello que no es capaz de controlar y subordinar. La configuración del Estado, desde los equilibrios del régimen autonómico en la imprescindible independencia de los diversos poderes que lo constituyen, son objeto de la incapacidad o la malevolencia del gobierno de Madrid. Todo está en riesgo.
Convendría, cuando antes, cambiar al capitán y a su tripulación, que ha quedado visto y comprobado que están decididos a hundir el barco si ello les conviene. Continúan en su idea de siempre, como en 2012 le dijo Cristóbal Montoro a Ana Oramas: "Que caiga España que ya la levantaremos nosotros".
