"Es una manera de tratar un derecho constitucional y humano de la ciudadanía, el derecho a recibir información veraz y plural, como si fuera un champú o un detergente. Y la información no es una simple mercancía, pero nadie protesta".
El secretario general de la FeSP denuncia la mala práctica, utilizada por muchos medios, de presentar textos o vídeos con el mismo formato que las noticias, lo que confunde y «es dar gato por liebre a sus lectores».
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha denunciado la cada vez más frecuente mala práctica, utilizada por muchos periódicos, de publicar textos o vídeos publicitarios como si fueran informaciones propias del diario sin distinguirlos claramente del resto de las noticias. «Es una manera de tratar un derecho constitucional y humano de la ciudadanía, el derecho a recibir información veraz y plural, como si fuera un champú o un detergente. Y la información no es una simple mercancía, pero nadie protesta», escribe en un artículo publicado en el digital Encastillalamancha.es.
Como muestra de esa práctica cita la portada de Elpaís.com del día 17 de mayo, en la que se publican varias informaciones con el mismo tipo de letra y formato que todas las noticias de ese diario digital, cuando en realidad son textos y vídeos publicitarios en los que aparecen los logotipos de las empresas que los patrocinan.
Yanel afirma que esa mala práctica también la utilizan periódicos como El Mundo y otros, tanto estatales como regionales o más modestos y en sus ediciones de papel impreso o en las páginas web. «Eso es dar gato por liebre a sus lectores. En esos casos, hace años se utilizaba un tipo de letra distinto y en la parte superior de la página, delante del texto, figuraba la palabra 'remitido' o 'publirreportaje', para que el lector supiera que eso no era información elaborada por su redacción sino publicidad. Ahora ni siquiera hacen eso, y nadie protesta», indica el secretagio general de la FeSP.
«Hace ya 25 años, el 1 de julio de 1993, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo, para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. En él se establece, entre otras cosas, que 'desde la empresa informativa la información no debe ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos'. Ese Código está plenamente vigente pero, como todo lo que no es de obligado cumplimiento por ley, se incumple con demasiada frecuencia. Y muchos empresarios y responsables de publicidad de los grandes medios de comunicación probablemente se reirán a carcajadas si alguien les recuerda que deben cumplir esa obligación deontológica.»
«Este país necesita con urgencia una ley que regule la información y la comunicación, en la que se establezcan con toda claridad los derechos y las obligaciones de periodistas y comunicadores y el derecho a la información de la ciudadanía.»
«¿Por qué existen leyes de ese tipo en los países de la Unión Europea y en otros muchos de todo el mundo pero no en España? ¿Quizá se debe a que la ciudadanía no lo reclama, pese a ser un derecho constitucional como el de la sanidad, la educación o las pensiones?», concluye el artículo.
El secretario general de la FeSP denuncia la mala práctica, utilizada por muchos medios, de presentar textos o vídeos con el mismo formato que las noticias, lo que confunde y «es dar gato por liebre a sus lectores».
El secretario general de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP), Agustín Yanel, ha denunciado la cada vez más frecuente mala práctica, utilizada por muchos periódicos, de publicar textos o vídeos publicitarios como si fueran informaciones propias del diario sin distinguirlos claramente del resto de las noticias. «Es una manera de tratar un derecho constitucional y humano de la ciudadanía, el derecho a recibir información veraz y plural, como si fuera un champú o un detergente. Y la información no es una simple mercancía, pero nadie protesta», escribe en un artículo publicado en el digital Encastillalamancha.es.
Como muestra de esa práctica cita la portada de Elpaís.com del día 17 de mayo, en la que se publican varias informaciones con el mismo tipo de letra y formato que todas las noticias de ese diario digital, cuando en realidad son textos y vídeos publicitarios en los que aparecen los logotipos de las empresas que los patrocinan.
Yanel afirma que esa mala práctica también la utilizan periódicos como El Mundo y otros, tanto estatales como regionales o más modestos y en sus ediciones de papel impreso o en las páginas web. «Eso es dar gato por liebre a sus lectores. En esos casos, hace años se utilizaba un tipo de letra distinto y en la parte superior de la página, delante del texto, figuraba la palabra 'remitido' o 'publirreportaje', para que el lector supiera que eso no era información elaborada por su redacción sino publicidad. Ahora ni siquiera hacen eso, y nadie protesta», indica el secretagio general de la FeSP.
«Hace ya 25 años, el 1 de julio de 1993, la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa aprobó por unanimidad el Código Europeo de Deontología del Periodismo, para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía. En él se establece, entre otras cosas, que 'desde la empresa informativa la información no debe ser tratada como una mercancía sino como un derecho fundamental de los ciudadanos'. Ese Código está plenamente vigente pero, como todo lo que no es de obligado cumplimiento por ley, se incumple con demasiada frecuencia. Y muchos empresarios y responsables de publicidad de los grandes medios de comunicación probablemente se reirán a carcajadas si alguien les recuerda que deben cumplir esa obligación deontológica.»
«Este país necesita con urgencia una ley que regule la información y la comunicación, en la que se establezcan con toda claridad los derechos y las obligaciones de periodistas y comunicadores y el derecho a la información de la ciudadanía.»
«¿Por qué existen leyes de ese tipo en los países de la Unión Europea y en otros muchos de todo el mundo pero no en España? ¿Quizá se debe a que la ciudadanía no lo reclama, pese a ser un derecho constitucional como el de la sanidad, la educación o las pensiones?», concluye el artículo.
