La decisi贸n del Gobierno de Per煤 de no someter el proyecto a consulta previa y de declarar estados de emergencia genera malestar en las comunidades ind铆genas.
Noticias Aliadas.- A marzo del 2018 la Defensor铆a del Pueblo ten铆a registrados 188 conflictos sociales en el Per煤, de los cuales 64.8% tienen que ver con la miner铆a. Uno de esos conflictos corresponde al proyecto minero Las Bambas, ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento surandino de Apur铆mac.
Las Bambas es el proyecto cupr铆fero m谩s importante del pa铆s, actualmente perteneciente al consorcio chino MMG Limited. En el 2004, la empresa suiza Xstrata Copper adquiri贸 el derecho para explorar Las Bambas a trav茅s de una licitaci贸n p煤blica internacional, pero reci茅n en el 2010 se realiz贸 la audiencia p煤blica sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se firm贸 el contrato de transferencia de titularidad de la concesi贸n de Las Bambas con el Estado, con una inversi贸n de US$4.2 millardos. La producci贸n, que se inici贸 en el 2016, est谩 prevista en m谩s de 400,000 TM de cobre.
Uno de los puntos incluidos en el EIA era la construcci贸n de un mineroducto para transportar el mineral extra铆do desde Las Bambas hasta la vecina provincia de Espinar, en Cusco. Sin embargo, en el 2013 la empresa australiana Glencore adquiri贸 Xtrata, convirti茅ndose en propietaria de Las Bambas, y un a帽o despu茅s Glencore vendi贸 el proyecto minero al consorcio chino MMG Limited por $7 millardos.
Seg煤n Convoca, portal de periodismo de investigaci贸n, “por la transacci贸n la compa帽铆a pag贸 al Estado un impuesto a la renta por debajo de las expectativas”.
La investigaci贸n global Paradise Papers —13.4 millones de documentos relativos a inversiones realizadas a trav茅s de para铆sos fiscales filtrados en noviembre del 2017—, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) del que forma parte Convoca, revel贸 que $2.7 millardos de esa transacci贸n “se movieron en un complejo esquema tributario que incluy贸 ‘pr茅stamos intragrupo’, una pr谩ctica de las grandes empresas para eludir obligaciones tributarias”.
En esos dos a帽os, Glencore asegur贸 haber invertido $3 millardos, pero seg煤n el cronograma de inversi贸n actualizado al 2015 solo hab铆a invertido poco m谩s de $1.7 millardos, precis贸 Convoca. Sin embargo, Glencore recibi贸 $7 millardos de MMG Limited “para traspasar Las Bambas y sus activos mediante una operaci贸n que fue calificada ‘la m谩s grande en la historia del Per煤’, bajo el supuesto de que generar铆a dinero al pa铆s”. Finalmente, Glencore, utilizando una serie de mecanismos para reducir sus ganancias, solo pag贸 $580 millones al fisco, mucho menos de lo que se preve铆a, a lo cual se sum贸 que el gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) no especific贸 los montos a destinar a la regi贸n de Apur铆mac por concepto de canon minero.
En medio de esos vaivenes, MMG Limited present贸 en el 2014 una modificaci贸n del EIA para permitir el transporte de cobre por carretera, eliminando el mineroducto. La poblaci贸n rechaz贸 ese cambio lo cual gener贸 un conflicto que hasta ahora persiste y que signific贸 la muerte de cuatro personas en setiembre del 2015.
Jos茅 de Echave, responsable del programa Derechos Colectivos y Actividades Extractivas de CooperAcci贸n, organizaci贸n no gubernamental que trabaja en la promoci贸n de alternativas de desarrollo al extractivismo, se帽al贸 en un art铆culo publicado el 22 de enero por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Per煤 que los temas de preocupaci贸n de la poblaci贸n “tienen que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de di谩logo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los 煤ltimos a帽os”.
De Echave subray贸 que “en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la poblaci贸n se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas”.
“Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoci贸n de la inversi贸n que en los 煤ltimos a帽os han recortado est谩ndares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental”, agreg贸.
Estados de emergencia
De hecho, desde el 2013 el proyecto Las Bambas ha sido modificado en al menos cinco ocasiones, tres de ellas utilizando procedimientos aprobados por el gobierno de Humala que, con el objetivo de promover las inversiones, reducen los est谩ndares ambientales y “permiten aprobar los proyectos de manera expeditiva en 15 d铆as y sin mecanismos de participaci贸n ciudadana”, indic贸 De Echave.
Tambi茅n ha causado malestar entre las comunidades la declaraci贸n de sucesivos estados de emergencia desde agosto del a帽o pasado (el m谩s reciente el 12 de abril), en el corredor minero Apur铆mac-Cusco-Arequipa —que abarca las operaciones de Las Bambas as铆 como de las minas Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa)—, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio y libertad de reuni贸n y tr谩nsito en el territorio.
La medida es considerada “inexplicable” por el Observatorio de Conflictos Mineros, porque ya se cumplieron 240 d铆as sin derechos constitucionales y al no haberse registrado protestas en ese tiempo, “atiza una sensaci贸n de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la poblaci贸n viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tr谩nsito pesado en la v铆a”.
Parte del problema en los conflictos sociales es la aplicaci贸n de la consulta previa a pueblos ind铆genas que est谩 en vigencia en el Per煤 desde el 2011. Sin embargo, a partir del 2013 experiment贸 grandes retrocesos luego que el gobierno exonerara temporalmente de este mecanismo a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del Per煤 que se encontraban en fase de exploraci贸n, se帽alando como justificaci贸n la ca铆da de los precios de los metales y desaceleraci贸n del crecimiento econ贸mico de China y Europa.
La fase de explotaci贸n del proyecto Las Bambas nunca fue sometida a proceso de consulta previa. El 29 de setiembre del 2015, luego de autorizar la explotaci贸n del proyecto, el Ministerio de Energ铆a y Minas (MINEM) decidi贸 que no ser铆a consultado. El argumento que se utiliz贸 es que las comunidades ind铆genas afectadas no est谩n georreferenciadas.
“Se ha identificado en los distritos de Coyllurqui, Tambobamba, Chalhuahuacho y Progreso, provincia de Cotabambas y Grau, del departamento de Apur铆mac, a varias comunidades identificadas referencialmente como organizaciones ind铆genas, sin que la totalidad de las mismas se encuentren georreferenciadas; apreci谩ndose adem谩s que las que se encuentran georreferenciadas se ubican fuera del 谩rea del proyecto minero materia de la presente autorizaci贸n de inicio de actividades de explotaci贸n”, dice el informe 114-2015-MEM-DGM/DTP/PM, emitido por la Direcci贸n General de Miner铆a.
La Adjunt铆a del Medio Ambiente, Servicios P煤blicos y Pueblos Ind铆genas de la Defensor铆a del Pueblo, en su informe 008-2016-DP/AMASPPI.MA titulado “An谩lisis de las modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas”, publicado en diciembre del 2016, precisa que al menos 13 de las 48 comunidades campesinas afectadas por el proyecto son de origen quechua, seg煤n la base de datos del Ministerio de Cultura, y por lo tanto deben ser consultadas de acuerdo con las obligaciones derivadas del Convenio 169 sobre Pueblos Ind铆genas y Tribales de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano en 1993, y de la Ley 29785 de Derecho a la Consulta Previa.
Sin estrategia para abordar conflictividad social
En entrevista publicada el 20 de abril por el portal period铆stico Gran Angular, Paulina Garz贸n, directora de Iniciativa para las Inversiones Sustentables entre China y Am茅rica Latina (IISCAL) afirm贸 que MMG Limited necesita los estados de emergencia para poder operar.
“Las Bambas es un proyecto que tiene much铆simos problemas, y el hecho de que haya operado bajo estados de emergencia por m谩s de ocho meses refleja que est谩 operando en una situaci贸n de ilegalidad. Los estados de emergencia son medidas de excepci贸n, no son medidas permanentes”, dijo.
Garz贸n coincide con De Echave en que Las Bambas “es un proyecto al que la gente no se opone. Las comunidades locales han pedido buenos est谩ndares ambientales y que se respeten sus derechos, un buen comportamiento de la compa帽铆a y tambi茅n recibir los beneficios de la actividad econ贸mica que se realiza dentro de su territorio”.
Sin embargo, agreg贸, “ha habido varios problemas, por ejemplo la empresa ha hecho varios cambios, uno principal es el m茅todo para transportar los minerales. En vez de tener un mineroducto, que fue planteado en el estudio de impacto ambiental, ahora los metales son transportados en camiones por carretera, lo que significa un tr谩fico muy intenso y permanente de camiones pesados que producen muchos problemas ambientales, afecciones a la salud, a las actividades econ贸micas y agr铆colas de las comunidades”.
A esto se suma la falta de inter茅s de la empresa en negociar. “En vez de hablar sobre estos problemas con las comunidades, mediante di谩logos multiactores o en las mesas de di谩logo, su pol铆tica es negociar comunidad por comunidad. Esto es una bomba de tiempo, sin un di谩logo con reglas y con todos los actores, no hay una soluci贸n de largo plazo. Medidas ad hoc, bajo presi贸n, y que no son producto de una negociaci贸n y de un di谩logo abierto, no tienen futuro”.
De acuerdo con el reportaje de Gran Angular, “Per煤: La consulta previa en el sector extractivo sigue sin respetar los derechos ind铆genas”, publicado el 25 de abril, la consulta previa “se ha convertido en una formalidad para obtener u otorgar la autorizaci贸n de inicio del proyecto de inversi贸n”.
“Desde el 2013 se han realizado 38 procesos de consulta previa: cuatro consultas nacionales, 13 en hidrocarburos, 12 en miner铆a, uno en energ铆a, uno en hidrov铆as (por mandato judicial) y siete en 谩reas naturales protegidas. Es decir, se han promovido 25 consultas alrededor de proyectos extractivos y solo cuatro consultas nacionales”, precisan Magaly Zevallos y Shia Inguil, de Gran Angular.
En el caso espec铆fico de la miner铆a, de los 12 procesos realizados, solo tres llegaron a la etapa final del di谩logo. A ello se suma el poco inter茅s de las autoridades de titular los territorios ind铆genas porque eso significar铆a reconocer la existencia de esas comunidades y sus derechos.
El caso de Las Bambas “muestra una vez m谩s la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de di谩logo que se han venido implementando en los 煤ltimos a帽os, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la poblaci贸n local, el di谩logo intercultural, etc.”, manifest贸 De Echave.
“Un proyecto como el de Las Bambas deber铆a ser una prioridad para nuestras autoridades que deber铆an hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, m谩s a煤n cuando en este caso —insistimos— la gente no se opone al proyecto”, agreg贸. “El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no solo por la falta de voluntad pol铆tica, sino tambi茅n por su propia debilidad estructural, la carencia de competencia, capacidades y herramientas”.
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| A poca distancia de la mina Las Bambas, comunidades ind铆genas se dedican a la agricultura y cr铆a de animales. /Convoca |
Noticias Aliadas.- A marzo del 2018 la Defensor铆a del Pueblo ten铆a registrados 188 conflictos sociales en el Per煤, de los cuales 64.8% tienen que ver con la miner铆a. Uno de esos conflictos corresponde al proyecto minero Las Bambas, ubicado en las provincias de Cotabambas y Grau, en el departamento surandino de Apur铆mac.
Las Bambas es el proyecto cupr铆fero m谩s importante del pa铆s, actualmente perteneciente al consorcio chino MMG Limited. En el 2004, la empresa suiza Xstrata Copper adquiri贸 el derecho para explorar Las Bambas a trav茅s de una licitaci贸n p煤blica internacional, pero reci茅n en el 2010 se realiz贸 la audiencia p煤blica sobre el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) y se firm贸 el contrato de transferencia de titularidad de la concesi贸n de Las Bambas con el Estado, con una inversi贸n de US$4.2 millardos. La producci贸n, que se inici贸 en el 2016, est谩 prevista en m谩s de 400,000 TM de cobre.
Uno de los puntos incluidos en el EIA era la construcci贸n de un mineroducto para transportar el mineral extra铆do desde Las Bambas hasta la vecina provincia de Espinar, en Cusco. Sin embargo, en el 2013 la empresa australiana Glencore adquiri贸 Xtrata, convirti茅ndose en propietaria de Las Bambas, y un a帽o despu茅s Glencore vendi贸 el proyecto minero al consorcio chino MMG Limited por $7 millardos.
Seg煤n Convoca, portal de periodismo de investigaci贸n, “por la transacci贸n la compa帽铆a pag贸 al Estado un impuesto a la renta por debajo de las expectativas”.
La investigaci贸n global Paradise Papers —13.4 millones de documentos relativos a inversiones realizadas a trav茅s de para铆sos fiscales filtrados en noviembre del 2017—, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigaci贸n (ICIJ) del que forma parte Convoca, revel贸 que $2.7 millardos de esa transacci贸n “se movieron en un complejo esquema tributario que incluy贸 ‘pr茅stamos intragrupo’, una pr谩ctica de las grandes empresas para eludir obligaciones tributarias”.
En esos dos a帽os, Glencore asegur贸 haber invertido $3 millardos, pero seg煤n el cronograma de inversi贸n actualizado al 2015 solo hab铆a invertido poco m谩s de $1.7 millardos, precis贸 Convoca. Sin embargo, Glencore recibi贸 $7 millardos de MMG Limited “para traspasar Las Bambas y sus activos mediante una operaci贸n que fue calificada ‘la m谩s grande en la historia del Per煤’, bajo el supuesto de que generar铆a dinero al pa铆s”. Finalmente, Glencore, utilizando una serie de mecanismos para reducir sus ganancias, solo pag贸 $580 millones al fisco, mucho menos de lo que se preve铆a, a lo cual se sum贸 que el gobierno del expresidente Ollanta Humala (2011-2016) no especific贸 los montos a destinar a la regi贸n de Apur铆mac por concepto de canon minero.
En medio de esos vaivenes, MMG Limited present贸 en el 2014 una modificaci贸n del EIA para permitir el transporte de cobre por carretera, eliminando el mineroducto. La poblaci贸n rechaz贸 ese cambio lo cual gener贸 un conflicto que hasta ahora persiste y que signific贸 la muerte de cuatro personas en setiembre del 2015.
Jos茅 de Echave, responsable del programa Derechos Colectivos y Actividades Extractivas de CooperAcci贸n, organizaci贸n no gubernamental que trabaja en la promoci贸n de alternativas de desarrollo al extractivismo, se帽al贸 en un art铆culo publicado el 22 de enero por el Observatorio de Conflictos Mineros en el Per煤 que los temas de preocupaci贸n de la poblaci贸n “tienen que ver con los reiterados incumplimientos de los acuerdos logrados en los diferentes procesos de di谩logo implementados en la zona y que generaron un conjunto de obligaciones del Estado y que en gran medida no se han cumplido. Todo ello ha ido creando un clima de malestar que se ha expresado en varios momentos en los 煤ltimos a帽os”.
De Echave subray贸 que “en este caso no estamos hablando de un conflicto en el que la poblaci贸n se opone al proyecto minero. Incluso se puede afirmar que en la zona siempre se ha percibido al proyecto minero como una oportunidad para la provincia de Cotabambas”.
“Las Bambas pone en evidencia los problemas que comienzan a generar las normas de promoci贸n de la inversi贸n que en los 煤ltimos a帽os han recortado est谩ndares ambientales y han debilitado la institucionalidad ambiental”, agreg贸.
Estados de emergencia
De hecho, desde el 2013 el proyecto Las Bambas ha sido modificado en al menos cinco ocasiones, tres de ellas utilizando procedimientos aprobados por el gobierno de Humala que, con el objetivo de promover las inversiones, reducen los est谩ndares ambientales y “permiten aprobar los proyectos de manera expeditiva en 15 d铆as y sin mecanismos de participaci贸n ciudadana”, indic贸 De Echave.
Tambi茅n ha causado malestar entre las comunidades la declaraci贸n de sucesivos estados de emergencia desde agosto del a帽o pasado (el m谩s reciente el 12 de abril), en el corredor minero Apur铆mac-Cusco-Arequipa —que abarca las operaciones de Las Bambas as铆 como de las minas Constancia y Antapaccay (Cusco) con el ferrocarril que lleva al puerto de Matarani (Arequipa)—, suspendiendo los derechos constitucionales relativos a la libertad y seguridad personales, inviolabilidad de domicilio y libertad de reuni贸n y tr谩nsito en el territorio.
La medida es considerada “inexplicable” por el Observatorio de Conflictos Mineros, porque ya se cumplieron 240 d铆as sin derechos constitucionales y al no haberse registrado protestas en ese tiempo, “atiza una sensaci贸n de descontento que se viene incubando en la zona, en la medida en que la poblaci贸n viene experimentando los impactos crecientes de la actividad minera y del constante tr谩nsito pesado en la v铆a”.
Parte del problema en los conflictos sociales es la aplicaci贸n de la consulta previa a pueblos ind铆genas que est谩 en vigencia en el Per煤 desde el 2011. Sin embargo, a partir del 2013 experiment贸 grandes retrocesos luego que el gobierno exonerara temporalmente de este mecanismo a 14 proyectos mineros ubicados en la costa y sierra del Per煤 que se encontraban en fase de exploraci贸n, se帽alando como justificaci贸n la ca铆da de los precios de los metales y desaceleraci贸n del crecimiento econ贸mico de China y Europa.
La fase de explotaci贸n del proyecto Las Bambas nunca fue sometida a proceso de consulta previa. El 29 de setiembre del 2015, luego de autorizar la explotaci贸n del proyecto, el Ministerio de Energ铆a y Minas (MINEM) decidi贸 que no ser铆a consultado. El argumento que se utiliz贸 es que las comunidades ind铆genas afectadas no est谩n georreferenciadas.
“Se ha identificado en los distritos de Coyllurqui, Tambobamba, Chalhuahuacho y Progreso, provincia de Cotabambas y Grau, del departamento de Apur铆mac, a varias comunidades identificadas referencialmente como organizaciones ind铆genas, sin que la totalidad de las mismas se encuentren georreferenciadas; apreci谩ndose adem谩s que las que se encuentran georreferenciadas se ubican fuera del 谩rea del proyecto minero materia de la presente autorizaci贸n de inicio de actividades de explotaci贸n”, dice el informe 114-2015-MEM-DGM/DTP/PM, emitido por la Direcci贸n General de Miner铆a.
La Adjunt铆a del Medio Ambiente, Servicios P煤blicos y Pueblos Ind铆genas de la Defensor铆a del Pueblo, en su informe 008-2016-DP/AMASPPI.MA titulado “An谩lisis de las modificaciones efectuadas al proyecto minero Las Bambas”, publicado en diciembre del 2016, precisa que al menos 13 de las 48 comunidades campesinas afectadas por el proyecto son de origen quechua, seg煤n la base de datos del Ministerio de Cultura, y por lo tanto deben ser consultadas de acuerdo con las obligaciones derivadas del Convenio 169 sobre Pueblos Ind铆genas y Tribales de la Organizaci贸n Internacional del Trabajo (OIT), ratificado por el Estado peruano en 1993, y de la Ley 29785 de Derecho a la Consulta Previa.
Sin estrategia para abordar conflictividad social
En entrevista publicada el 20 de abril por el portal period铆stico Gran Angular, Paulina Garz贸n, directora de Iniciativa para las Inversiones Sustentables entre China y Am茅rica Latina (IISCAL) afirm贸 que MMG Limited necesita los estados de emergencia para poder operar.
“Las Bambas es un proyecto que tiene much铆simos problemas, y el hecho de que haya operado bajo estados de emergencia por m谩s de ocho meses refleja que est谩 operando en una situaci贸n de ilegalidad. Los estados de emergencia son medidas de excepci贸n, no son medidas permanentes”, dijo.
Garz贸n coincide con De Echave en que Las Bambas “es un proyecto al que la gente no se opone. Las comunidades locales han pedido buenos est谩ndares ambientales y que se respeten sus derechos, un buen comportamiento de la compa帽铆a y tambi茅n recibir los beneficios de la actividad econ贸mica que se realiza dentro de su territorio”.
Sin embargo, agreg贸, “ha habido varios problemas, por ejemplo la empresa ha hecho varios cambios, uno principal es el m茅todo para transportar los minerales. En vez de tener un mineroducto, que fue planteado en el estudio de impacto ambiental, ahora los metales son transportados en camiones por carretera, lo que significa un tr谩fico muy intenso y permanente de camiones pesados que producen muchos problemas ambientales, afecciones a la salud, a las actividades econ贸micas y agr铆colas de las comunidades”.
A esto se suma la falta de inter茅s de la empresa en negociar. “En vez de hablar sobre estos problemas con las comunidades, mediante di谩logos multiactores o en las mesas de di谩logo, su pol铆tica es negociar comunidad por comunidad. Esto es una bomba de tiempo, sin un di谩logo con reglas y con todos los actores, no hay una soluci贸n de largo plazo. Medidas ad hoc, bajo presi贸n, y que no son producto de una negociaci贸n y de un di谩logo abierto, no tienen futuro”.
De acuerdo con el reportaje de Gran Angular, “Per煤: La consulta previa en el sector extractivo sigue sin respetar los derechos ind铆genas”, publicado el 25 de abril, la consulta previa “se ha convertido en una formalidad para obtener u otorgar la autorizaci贸n de inicio del proyecto de inversi贸n”.
“Desde el 2013 se han realizado 38 procesos de consulta previa: cuatro consultas nacionales, 13 en hidrocarburos, 12 en miner铆a, uno en energ铆a, uno en hidrov铆as (por mandato judicial) y siete en 谩reas naturales protegidas. Es decir, se han promovido 25 consultas alrededor de proyectos extractivos y solo cuatro consultas nacionales”, precisan Magaly Zevallos y Shia Inguil, de Gran Angular.
En el caso espec铆fico de la miner铆a, de los 12 procesos realizados, solo tres llegaron a la etapa final del di谩logo. A ello se suma el poco inter茅s de las autoridades de titular los territorios ind铆genas porque eso significar铆a reconocer la existencia de esas comunidades y sus derechos.
El caso de Las Bambas “muestra una vez m谩s la ausencia de una verdadera estrategia desde el Estado para abordar la conflictividad social en las zonas de influencia de actividades extractivas. Igualmente, se constata las limitaciones que han tenido los procesos de di谩logo que se han venido implementando en los 煤ltimos a帽os, sin que se puedan generar verdaderos consensos y procesos que respeten los tiempos de la poblaci贸n local, el di谩logo intercultural, etc.”, manifest贸 De Echave.
“Un proyecto como el de Las Bambas deber铆a ser una prioridad para nuestras autoridades que deber铆an hacer todos los esfuerzos para encontrar puntos de entendimiento con los actores locales, m谩s a煤n cuando en este caso —insistimos— la gente no se opone al proyecto”, agreg贸. “El Estado sigue sin cumplir con sus funciones no solo por la falta de voluntad pol铆tica, sino tambi茅n por su propia debilidad estructural, la carencia de competencia, capacidades y herramientas”.