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Personas gays, lesbianas, bisexuales, transgénero e intersexuales son aún perseguidas en muchos países por el mero hecho de serlo

En la última década, al menos 2609 personas trans han sido asesinadas en el mundo. En muchos países se encarcela a personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales en aplicación de leyes que penalizan su orientación sexual o su identidad de género y convierten un beso en un delito. Se les tortura para obtener confesiones de "desviación" y se les viola para "curarlos" de ella.

Desfile de las comunidades LGBT "Arco iris orgulloso" en Tokio el 26 de abril de 2015.

Se les niega el disfrute en condiciones de igualdad de su derecho a la vida, a la libertad y a la integridad física.
Se les despoja de derechos fundamentales como las libertades de asociación y de expresión.
Se les recortan sus derechos a la vida privada, al trabajo, a la educación y a la atención médica.

Las sanciones impuestas por motivos de orientación o identidad sexual son muy variadas, y en 13 países la homosexualidad podría suponer pena de muerte, aunque no todos la aplican.

Hoy en día 72 estados siguen criminalizando las relaciones entre personas del mismo sexo: 33 en África, 23 en Asia, 10 en América y 6 en Oceanía, según datos de 2017 de ILGA (Asociación Internacional de Lesbianas, Gais, Bisexuales, Trans e Intersex-LBGTI). Los castigos corporales, como el azote con vara, se utilizan en países como Indonesia. La condena a muerte de personas adultas que mantienen relaciones consentidas con personas de su mismo sexo sigue vigente en países como Arabia Saudí o Sudán. Y en 19 Estados, entre ellos la Federación Rusa o Lituania, se prohíben o limitan las expresiones públicas de las personas LGBTI.


Un momento del recorrido de la Marcha del Orgullo en Riga, Letonia, 2015. © AI


Además, hay países donde la homosexualidad no está penada legalmente pero en los que las personas LGBTI sufren de forma diaria discriminación y crímenes de odio. El discurso homofóbico de muchos gobernantes, políticos, religiosos y medios de comunicación fomenta un clima de intolerancia y discriminación contra lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales, e incluso alienta la violencia contra esas personas.

La policía antidisturbios rusa detiene al activista Nikolai Alexeyev durante una concentración no autorizada por los derechos LGBTI en Moscú, mayo de 2015. © DMITRY SEREBRYAKOV/AFP/Getty Images


Magdalena Mughrabi, investigadora de Amnistía Internacional sobre el norte de África

HEMOS HABLADO CON PERSONAS LGBTI A QUIENES HAN APUÑALADO, PROPINADO PATADAS, QUEMADO CON COLILLAS Y AMENAZADO DE MUERTE POR SU IDENTIDAD DE GÉNERO O SU ORIENTACIÓN SEXUAL.

Del mismo modo que el sexo y la raza, la identidad de género y la orientación sexual están ligadas a aspectos fundamentales de la identidad humana y afectan al núcleo del derecho a la integridad física y mental de las personas.

Por eso, la falta de respeto a los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales –incluido el matrimonio civil entre personas del mismo sexo– entra de lleno en el ámbito de los derechos humanos y es motivo de preocupación para Amnistía Internacional.

En muchos países puede hablarse de auténtica persecución, con normas que consideran ilegales las relaciones homosexuales y que contemplan penas de cárcel y hasta de muerte.

A ello se suman los alrededor de 70 países que castigan con penas de cárcel o castigos físicos las relaciones entre personas del mismo sexo, y las diversas formas de intolerancia, discriminación y persecución en otros países donde la homosexualidad no está ilegalizada. En algunos casos son dirigentes políticos quienes hacen gala de una agresiva homofobia, como el presidente de Zimbabue, Robert Mugabe, quien llegó a decir públicamente que los homosexuales son "peores que cerdos y perros", o como algunos políticos de Letonia, Lituania, Bulgariao Polonia que se opusieron a la celebración de actos de apoyo a la igualdad del colectivo LGBTI. En 2017 el Tribunal Europeo de Derechos Humanos declaró que esta ley es discriminatoria.

En Rusia también se hostiga a las organizaciones LGBTI con descalificaciones como la de pretender "reducir la población de la Federación Rusa". Y mientras la legislación nacional sobre crímenes de odio no cubre los delitos contra personas debido a su orientación sexual o su identidad de género, una ley homófoba y represiva de 2013 castiga de forma vaga e imprecisa la “propaganda de la homosexualidad entre menores”, lo que ha facilitado la infiltración y boicoteo de actos organizados por el colectivo LGBTI.


¿Qué pasa en el mundo?

La orientación sexual e identidad de género sigue siendo en muchos Estados de Europa del Este  y Centroeuropa un tabú social que conlleva rechazo, discriminación y abuso hacia ellas. Estas personas ven frecuentemente vulnerados sus derechos humanos en ámbitos como la educación, el empleo o la salud

En países como Letonia, Lituania, Bulgaria, Croacia, Serbia, Hungría, Moldavia o Rusia es frecuente la vulneración del derecho a la libertad de expresión y reunión o los crímenes de odio contra  estas personas.

En África las personas LGBTI continúan sufriendo abusos o discriminación en países como Botsuana, Camerún, Kenia, Senegal, Tanzania, Togo y Uganda. En Kenia, por ejemplo, el Tribunal Superior de Mombasa confirmó en 2016  la legalidad de los exámenes anales forzados practicados a hombres que presuntamente mantuvieron relaciones homosexuales. Unas exploraciones que vulneran el derecho a la intimidad y son considerados tortura y malos tratos por el derecho internacional.

En América, Brasil sigue siendo el país más mortífero del mundo para las personas trans. En países como Argentina, Bahamas, El Salvador, Haití, Honduras, Jamaica, República Dominicana o Venezuela, se mantienen niveles elevados de crímenes de odio, apología del odio y discriminación, así como asesinatos y persecución contra activistas LGBTI.

En Asia, en Sri Lanka y en Bangladesh las personas LGBTI sufren hostigamientos, discriminación y violencia. En mayo de 2017, las fuerzas de seguridad de Bangladesh detuvieron a 28 jóvenes que podrían ser de la comunidad LGBTI bajo cargo de posesión de drogas. Tampoco en este país se han rendido cuentas por el brutal homicidio de Xulhaz Mannan, director de una revista LGBTI, y de su amigo Tany Mojumdar. 

En Oriente Medio y Norte de África, en Bahrein, Egipto, Irán, Marruecos y Túnez se detiene y encarcela las personas LGBTI por cargos de "actos licenciosos" o "conducta inmoral", y se las persigue en aplicación de leyes que penalizan las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. 

Activistas rusos en el punto de mira

Con motivo del próximo 28 de junio, día del Orgullo LGBTI, Amnistía Internacional quiere poner el foco en los y las activistas que están en el punto de mira de las autoridades rusas. Organizaciones como AVERS en Samara, que trabaja por promover los derechos de este colectivo, la tolerancia y la no discriminación, son objeto de persecución y hostigamiento por parte del Estado, sobre todo desde la aprobación de la conocida como "ley de propaganda homosexual", aprobada en junio de 2013. Una ley que prevé la imposición de fuertes multas a quienes "promueven relaciones sexuales no tradicionales" según el criterio de las autoridades.

En palabras de la directora de AVERS, Oksana Berezovskaya, "yo no tengo miedo a pasear por Samara ni a hablar con la gente. De lo que tengo miedo es de la política homófoba del Estado. Hoy en día el Estado te puede encarcelar sólo porque estás luchando por los derechos humanos, porque ayudas a la gente".

"Es urgente que en Rusia quienes defienden los derechos humanos vean reconocida su labor, gocen de protección y tengan libertad para realizar su trabajo sin obstáculos, sin temor a represalias, y puedan expresar públicamente sus opiniones" declaró Carlos Sanguino, responsable del trabajo LGTBI de Amnistía Internacional España.

Ahora, que toda la atención internacional está puesta en Rusia con la celebración de la Copa Mundial de la FIFA 2018, las autoridades rusas han estrechado su control sobre activistas denegando de forma rutinaria la autorización para realizar protestas públicas, ejerciendo un uso excesivo de la fuerza contra quienes no respetan estas restricciones y coartando el acceso a la información sobre tales actos. Un control que también se está llevando a cabo sobre activistas extranjeros.

Es el caso del activista británico Peter Tatchell, que el pasado 14 de junio, cuando se inauguraba el Mundial de Fútbol, fue detenido tras participar en una protesta pública y pacífica junto a la Plaza Roja de Moscú. Aunque fue rápidamente puesto en libertad, deberá comparecer ante el Tribunal, donde se le juzgará por "ofensa" al aplicársele la Ley Federal 54 y el Decreto Presidencial 202, que prohíben las protestas cerca del Kremlin durante todo el Mundial.

Peter Tatchell participaba en una protesta en la que se pedía a las autoridades rusas que indicaran cuáles serían sus próximos pasos para investigar lo que se conoció como "purga gay" hace más de un año en Chechenia. El diario Novaya Gazeta en abril de 2017 reveló que decenas de hombres habían sido secuestrados, torturados y en algún caso asesinados. Las autoridades rusas siguen sin investigar estos hechos pese a que se presentaron pruebas verosímiles sobre los mismos.

"Es necesario que las autoridades rusas dejen de hostigar a las organizaciones de derechos humanos y sus miembros, que deroguen la "ley de propaganda homosexual", y que investiguen sin dilación y de manera efectiva la denuncia sobre los secuestros y torturas de hombres gays en Chechenia", manifestó Carlos Sanguino.

Personas Trans, especialmente vulnerables

Activistas de Amnistía Internacional participarán en las marchas convocadas, entre otras ciudades, en Madrid, Murcia, Sevilla o Valencia, con el lema: ’Yo decido quien soy, es mi derecho’

Un año más, Amnistía Internacional visibilizar la situación de especial vulnerabilidad de las personas trans por tratarse de un colectivo objeto de graves formas de violencia, y por las dificultades por las que pasan para que se reconozca legalmente su género sentido.

La organización lamenta que el número de homicidios de personas trans y género-diversas siga aumentando. Entre el 1 de enero de 2008 y el 30 de septiembre de 2017, 2609 personas fueron asesinadas en 71 países en todo el mundo, según datos del Observatorio Trans de Personas Asesinadas. Una situación que obliga a muchas de estas personas a abandonar sus países para no poner en riesgo su vida. Sin embargo, no siempre encuentran una atención adecuada en los países en los que piden protección.

Es el caso de Alejandra, activista LGBTI, que huyó de los ataques y la extorsión sufridos por su identidad transgénero en El Salvador y pidió asilo en Estados Unidos en noviembre de 2017. Desde diciembre permanece recluida en el centro de detención de Cibola, en Nuevo México, donde ella y otras mujeres transgénero se han quejado de atención médica inadecuada e insensible.

Preocupaciones en España

La situación en España es menos preocupante que en otros países al contener en sus leyes garantías que reconocen y protegen los derechos de las personas LGBTI. Sin embargo, en estos momentos hay abiertos dos procesos legislativos claves para consolidar los derechos de este colectivo.

Por un lado, el pasado 1 de diciembre se iniciaba un trámite parlamentario para reconocer la diversidad de género en el Registro Civil sin necesidad de que las personas trans estén obligadas a presentar un informe médico o psicológico para cambiar el nombre y el sexo en los documentos oficiales.

Igualmente esta proposición de ley reconoce que menores transexuales podrían cambiar su nombre y sexo en el Registro, siendo sus progenitores quienes deberían solicitarlo si son menores de 16 años; y que residentes transexuales extranjeros podrían modificar su nombre y sexo tanto en la tarjeta de residencia como en el permiso de trabajo.

Por otro lado, Amnistía Internacional, junto a otras 26 organizaciones, apoya la aprobación de la conocida como Ley de Igualdad LGBTI (Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de personas LGBTI), por considerarla un paso imprescindible para garantizar que las personas LGBTI alcanzan la igualdad legal. Una ley que esperamos entre en vigor lo antes posible.

Derecho a no sufrir discriminación 

Se trata de un principio básico, subrayado claramente en los principales instrumentos de derechos humanos:

Artículo 2 del Pacto de Derechos Civiles y Políticos.

Organismos de Naciones Unidas que vigilan los tratados de derechos humanos, como el Comité de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, han afirmado la prohibición de discriminación en razón de la orientación sexual e identidad de género.

La Alta Comisionada de Naciones Unidas presentó en diciembre de 2012 su primer informe sobre derechos humanos, orientación sexual e identidad de género, y señaló que reconocer la igualdad de derechos de todas las personas no implica crear nuevos derechos o extenderlos a un nuevo territorio. Se trata de insistir en que todas las personas tienen derecho a disfrutar de los mismos derechos e igual protección del derecho internacional.
Matrimonio entre personas del mismo sexo

Para Amnistía Internacional, en el matrimonio civil entre personas del mismo sexo se ponen en juego derechos humanos de las personas. De acuerdo con las normas internacionales, la organización considera que denegar el derecho a casarse, basándose en el sexo de sus parejas, viola los derechos a la no discriminación, a la igualdad ante la ley y a casarse y formar una familia. 

Amnistía Internacional, que dio la bienvenida en España a la Ley 13/2005 de 1 de julio, que modificaba el Código Civil para reconocer el matrimonio civil entre personas del mismo sexo, cree que los Estados deben proteger y garantizar este derecho y abstenerse de discriminarlo por causa de orientación sexual e identidad de género.

Esta posición ha sido avalada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que reconoció que las parejas del mismo sexo tienen derecho a casarse y formar una familia en base al artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Además, el derecho de las personas adultas a unirse voluntariamente en matrimonio está reconocido en el artículo 16 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y en el artículo 23 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

Amnistía Internacional trabaja desde 1991 por los derechos de lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), que en muchas partes del mundo no son respetados. AI pide:

– Que se respeten en todo el mundo los derechos humanos de las personas del colectivo LGBTI y se garantice su igualdad y no discriminación.
– Que se deroguen todas las leyes que declaran ilegales y penalizan las relaciones entre personas del mismo sexo. 
– Que se ponga fin a las ejecuciones basadas en esas leyes y se ordene la libertad inmediata e incondicional de las personas encarceladas por su orientación o identidad sexual. AI las considera “presas de conciencia”.
– Que se fomente la educación igualitaria para prevenir la discriminación por motivos de orientación sexual en la sociedad.  
– Que se tomen medidas eficaces para evitar persecuciones contra las personas que defienden los derechos del colectivo LGBTI.
– Que se reconozca el derecho al matrimonio de las parejas del mismo sexo en condiciones de igualdad y se garantice el disfrute de un amplio rango de otros derechos y evitar la discriminación y otros abusos en la comunidad, las escuelas y los hogares.

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