“Cada instante que se posterga la reunificación de estas familias agrava el daño que ha ocasionado la separación”.
Una decena de madres, padres, niñas y niños separados de sus familias que Human Rights Watch entrevistó en las últimas semanas en la frontera y en Honduras afirmaron haber vivido semanas de profundo sufrimiento y desesperanza. Numerosos padres indican que no se les permite hablar con sus hijos, o que solo pueden hacerlo brevemente si están en condiciones de pagar las llamadas. En algunos casos, transcurrieron varias semanas sin que los padres supieran dónde estaban sus hijos, mientras que en otros casos fueron deportados solos, sin brindarles ninguna información sobre los hijos de los que habían sido separados y que permanecieron en EE. UU. Algunos padres manifestaron que funcionarios de inmigración los persuadieron de que renunciaran a sus derechos, incluso el derecho a pedir asilo, al informarles que esa era la única manera —o la manera más rápida— de volver a reunirse con sus hijos. Incluso entre quienes se han reencontrado con sus familias, el daño al vinculo entre hijos y padres podría ser grave y duradero.
“Cada instante que se posterga la reunificación de estas familias agrava el daño que ha ocasionado la separación”, explicó Michael Bochenek, asesor sénior de la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “El Gobierno estadounidense no parece estar ejerciendo seriamente su responsabilidad de abordar con urgencia el enorme daño que ha causado y que sigue provocando”.
“Pablo Z.”, que pidió que se lo identificara con un seudónimo, fue deportado a Honduras solo, sin su niño de 4 años. Dijo a Human Rights Watch que luego de ser separados forzosamente, por dos semanas no pudo comunicarse con su hijo. Una semana después de su deportación, finalmente pudo hablar con él. “Dijo que no quería hablar conmigo porque creía que yo lo había abandonado allí”, contó Pablo. “Cuando dice eso, me hace llorar. Siento que no puedo hablar. Lo que más quisiera es verlo y abrazarlo”.
Abogados que trabajan para el Gobierno de Trump indicaron el lunes a la justicia federal que hasta el momento habían vuelto a reunir a 879 padres con sus hijos y que se había autorizado la reunificación de otros 538 padres, que estaban esperando ser trasladados. El Gobierno informó asimismo que 463 padres de niños migrantes “ya no están” en EE. UU., lo que implica que tal vez hayan sido deportados o que se fueron del país tras firmar un acuerdo de devolución “voluntario”.
El Gobierno incumplió un plazo judicial anterior para reunificar a todos los niños y niñas menores de 5 con sus padres. Para el 12 de julio, dos días después del plazo, el gobierno había reunificado con sus padres a 57 de 105 niños pequeños.
Varios padres detenidos y niños separados de sus padres nos dijeron que solo podían hablar si estaban en condiciones de pagar el costo, a veces elevado, de las llamadas telefónicas en los centros de detención (por ejemplo, una llamada de 10 minutos puede costar más de USD 5, un valor que muchos padres no pueden pagar). Según informaron a Human Rights Watch abogados del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, hasta el 13 de julio también se pedía a los padres que pagaran el costo del traslado de sus hijos. Estos costos incluso ascendían a USD 1.900 en un caso que documentó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union).
“Solamente hablo con mi padre cuando él puede llamar desde el centro de detención, y es una llamada muy breve”, indicó a Human Rights Watch un niño de 11 años que había sido separado de sus padres. “A veces la llamada se corta, y creo que es porque se queda sin dinero para continuar la comunicación. Me aterra la posibilidad de que lo deporten y yo me quede solo aquí”.
Algunos padres señalaron a Human Rights Watch que dieron su consentimiento a la deportación porque los funcionarios les dijeron que serían deportados con sus hijos o los presionaron para que renunciaran a su derecho a solicitar asilo a cambio de obtener la reunificación familiar.
El trato represivo por parte de funcionarios debe ser investigado de manera urgente y exhaustiva, y deben rendir cuentas aquellos agentes que se determine que han engañado o coaccionado a padres o hijos separados del resto de su familia, apuntó Human Rights Watch.
En la justicia federal se ha bloqueado temporalmente la deportación de familias separadas y reunificadas recientemente, incluso en una orden de alcance nacionalemitida el 16 de julio. Otra orden judicial exige al Gobierno presentar un plan “para abordar el trauma infantil provocado por la separación inconstitucional de niños y niñas de sus padres que llevó a cabo el Gobierno”.
En vez de separar forzosamente a las familias, el gobierno de Trump pretende detener a las familias juntas hasta que se resuelvan sus casos inmigratorios, incluidos los pedidos de asilo. Esto contravendría las exigencias legales estadounidenses que, en general, limitan la detención de las familias a un período de 20 días.
Los niños y las niñas, ya sean no acompañados o como miembros de una familia, no deberían permanecer en centros de detención inmigratoria, opinó Human Rights Watch. Diversos expertos en salud en el Gobierno han alertado acerca de que la detención de familias migrantes supone un “alto riesgo de perjuicio” para los niños, especialmente por el trauma que ya han sufrido como resultado de la separación familiar forzosa. La separación familiar y la detención familiar tienen consecuencias devastadoras y duraderas, sobre todo si son prolongadas e indefinidas, según pudo comprobarlo previamente Human Rights Watch. Las consecuencias adversas de la detención son incluso más pronunciadas para los niños que huyeron de amenazas de muerte, violencia y otros perjuicios graves.
El Gobierno de EE. UU. debería evaluar en forma justa cada solicitud individual de asilo, conforme lo exigen el derecho estadounidense y el derecho internacional. Se debería poner en libertad a las familias detenidas, y emplear las alternativas a la detención que sean menos restrictivas y garanticen la comparecencia ante la justicia; además, las autoridades deberían tomar medidas sin demora que pongan fin a las prácticas coercitivas de funcionarios inmigratorios, brindar reparación a las familias perjudicadas por la separación y reunir a miles de niños que siguen separados de sus padres, incluidos aquellos padres que ya han sido expulsados del país.
“Detener a las familias no hace más que reemplazar un daño con otro”, expresó Clara Long, investigadora sénior del programa de EE. UU. de Human Rights Watch. “El Gobierno debería optar por alternativas compasivas, dignas y eficaces a la detención, e invertir en un sistema de justicia inmigratoria justo y oportuno”.
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| © 2018 Reuters/Brendan McDermid |
Una decena de madres, padres, niñas y niños separados de sus familias que Human Rights Watch entrevistó en las últimas semanas en la frontera y en Honduras afirmaron haber vivido semanas de profundo sufrimiento y desesperanza. Numerosos padres indican que no se les permite hablar con sus hijos, o que solo pueden hacerlo brevemente si están en condiciones de pagar las llamadas. En algunos casos, transcurrieron varias semanas sin que los padres supieran dónde estaban sus hijos, mientras que en otros casos fueron deportados solos, sin brindarles ninguna información sobre los hijos de los que habían sido separados y que permanecieron en EE. UU. Algunos padres manifestaron que funcionarios de inmigración los persuadieron de que renunciaran a sus derechos, incluso el derecho a pedir asilo, al informarles que esa era la única manera —o la manera más rápida— de volver a reunirse con sus hijos. Incluso entre quienes se han reencontrado con sus familias, el daño al vinculo entre hijos y padres podría ser grave y duradero.
“Cada instante que se posterga la reunificación de estas familias agrava el daño que ha ocasionado la separación”, explicó Michael Bochenek, asesor sénior de la división de Derechos del Niño de Human Rights Watch. “El Gobierno estadounidense no parece estar ejerciendo seriamente su responsabilidad de abordar con urgencia el enorme daño que ha causado y que sigue provocando”.
“Pablo Z.”, que pidió que se lo identificara con un seudónimo, fue deportado a Honduras solo, sin su niño de 4 años. Dijo a Human Rights Watch que luego de ser separados forzosamente, por dos semanas no pudo comunicarse con su hijo. Una semana después de su deportación, finalmente pudo hablar con él. “Dijo que no quería hablar conmigo porque creía que yo lo había abandonado allí”, contó Pablo. “Cuando dice eso, me hace llorar. Siento que no puedo hablar. Lo que más quisiera es verlo y abrazarlo”.
Abogados que trabajan para el Gobierno de Trump indicaron el lunes a la justicia federal que hasta el momento habían vuelto a reunir a 879 padres con sus hijos y que se había autorizado la reunificación de otros 538 padres, que estaban esperando ser trasladados. El Gobierno informó asimismo que 463 padres de niños migrantes “ya no están” en EE. UU., lo que implica que tal vez hayan sido deportados o que se fueron del país tras firmar un acuerdo de devolución “voluntario”.
El Gobierno incumplió un plazo judicial anterior para reunificar a todos los niños y niñas menores de 5 con sus padres. Para el 12 de julio, dos días después del plazo, el gobierno había reunificado con sus padres a 57 de 105 niños pequeños.
Varios padres detenidos y niños separados de sus padres nos dijeron que solo podían hablar si estaban en condiciones de pagar el costo, a veces elevado, de las llamadas telefónicas en los centros de detención (por ejemplo, una llamada de 10 minutos puede costar más de USD 5, un valor que muchos padres no pueden pagar). Según informaron a Human Rights Watch abogados del Proyecto de Derechos Civiles de Texas, hasta el 13 de julio también se pedía a los padres que pagaran el costo del traslado de sus hijos. Estos costos incluso ascendían a USD 1.900 en un caso que documentó la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (American Civil Liberties Union).
“Solamente hablo con mi padre cuando él puede llamar desde el centro de detención, y es una llamada muy breve”, indicó a Human Rights Watch un niño de 11 años que había sido separado de sus padres. “A veces la llamada se corta, y creo que es porque se queda sin dinero para continuar la comunicación. Me aterra la posibilidad de que lo deporten y yo me quede solo aquí”.
Algunos padres señalaron a Human Rights Watch que dieron su consentimiento a la deportación porque los funcionarios les dijeron que serían deportados con sus hijos o los presionaron para que renunciaran a su derecho a solicitar asilo a cambio de obtener la reunificación familiar.
El trato represivo por parte de funcionarios debe ser investigado de manera urgente y exhaustiva, y deben rendir cuentas aquellos agentes que se determine que han engañado o coaccionado a padres o hijos separados del resto de su familia, apuntó Human Rights Watch.
En la justicia federal se ha bloqueado temporalmente la deportación de familias separadas y reunificadas recientemente, incluso en una orden de alcance nacionalemitida el 16 de julio. Otra orden judicial exige al Gobierno presentar un plan “para abordar el trauma infantil provocado por la separación inconstitucional de niños y niñas de sus padres que llevó a cabo el Gobierno”.
En vez de separar forzosamente a las familias, el gobierno de Trump pretende detener a las familias juntas hasta que se resuelvan sus casos inmigratorios, incluidos los pedidos de asilo. Esto contravendría las exigencias legales estadounidenses que, en general, limitan la detención de las familias a un período de 20 días.
Los niños y las niñas, ya sean no acompañados o como miembros de una familia, no deberían permanecer en centros de detención inmigratoria, opinó Human Rights Watch. Diversos expertos en salud en el Gobierno han alertado acerca de que la detención de familias migrantes supone un “alto riesgo de perjuicio” para los niños, especialmente por el trauma que ya han sufrido como resultado de la separación familiar forzosa. La separación familiar y la detención familiar tienen consecuencias devastadoras y duraderas, sobre todo si son prolongadas e indefinidas, según pudo comprobarlo previamente Human Rights Watch. Las consecuencias adversas de la detención son incluso más pronunciadas para los niños que huyeron de amenazas de muerte, violencia y otros perjuicios graves.
El Gobierno de EE. UU. debería evaluar en forma justa cada solicitud individual de asilo, conforme lo exigen el derecho estadounidense y el derecho internacional. Se debería poner en libertad a las familias detenidas, y emplear las alternativas a la detención que sean menos restrictivas y garanticen la comparecencia ante la justicia; además, las autoridades deberían tomar medidas sin demora que pongan fin a las prácticas coercitivas de funcionarios inmigratorios, brindar reparación a las familias perjudicadas por la separación y reunir a miles de niños que siguen separados de sus padres, incluidos aquellos padres que ya han sido expulsados del país.
“Detener a las familias no hace más que reemplazar un daño con otro”, expresó Clara Long, investigadora sénior del programa de EE. UU. de Human Rights Watch. “El Gobierno debería optar por alternativas compasivas, dignas y eficaces a la detención, e invertir en un sistema de justicia inmigratoria justo y oportuno”.
