A lo largo del pasado año, un total de 8.814 personas fueron internadas en los CIE y las instalaciones de la cárcel de Archidona (Málaga), que se habilitó para este fin, -7.559 habían sido detenidas a su llegada a las costas-, y se ejecutaron medidas de expulsión o devolución sobre el 37,29 % de ellas.
Madrid, 26 jul (EFE).- El Defensor del Pueblo denuncia que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han convertido en centros de acogida para personas llegadas en patera, ya que solo el 37 % de las personas internadas en ellos son repatriadas, a pesar de que fueron creados para este fin.
Así se recoge en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy al vicepresidente primero del Congreso, José Ignacio Prendes, y, posteriormente, al Senado.
A lo largo del pasado año, un total de 8.814 personas fueron internadas en los CIE y las instalaciones de la cárcel de Archidona (Málaga), que se habilitó para este fin, -7.559 habían sido detenidas a su llegada a las costas-, y se ejecutaron medidas de expulsión o devolución sobre el 37,29 % de ellas.
Para el Defensor, este hecho pone de manifiesto que los CIE se están utilizando como instrumentos de contención de la entrada irregular por las costas y recuerda que la ley los diseñó como establecimientos destinados a garantizar la repatriación de las personas internadas en ellos.
Por ello, Marugán ha reclamado una reforma integral urgente del sistema de internamientos y que se estudien alternativas al internamiento como el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados o el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores.
El informe revela que en los CIE se presentaron 1.386 solicitudes de protección internacional durante el pasado año de las que fueron admitidas a trámite 398 y se identificó como menores extranjeros no acompañados a 48 internos.
Tras visitar todos esos centros, salvo el de Valencia, que permaneció cerrado gran parte del año, el Defensor ha destacado, entre las "numerosas carencias", en que en la mayoría de ellos no puede garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de los que se encuentran internos por mera estancia irregular.
Otra cuestión que le preocupa es lo que ocurre con los inmigrantes que abandonan el CIE una vez superados los 60 días de estancia máxima permitida sin haber sido repatriados.
En estos casos, el Defensor considera que habría que seguir los pasos de otros países europeos para que estos inmigrantes ostenten algún tipo de estatus que les permita mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia.
En su informe, el Defensor también se refiere al caso del menor extranjero no acompañado internado en un centro de Melilla y que falleció el pasado mes de diciembre tras una contención que le provocó un desvanecimiento y una parada cardiorrespiratoria.
Tras visualizar los 110 vídeos relativos a esa contención, el Defensor, que se ha dirigido a la Fiscalía sobre este asunto, ha cuestionado la falta de una autopsia judicial, ya que sólo se realizó una clínica, la inexistencia de un parte de lesiones y la "rudeza" en la aplicación de la contención por parte de seis personas.
Además, en el informe, el Defensor también ha denunciado la situación de algunas personas que padecen algún tipo de enfermedad mental que llevan ingresadas por periodos muy dilatados (entre 30 y 50 años) como es el caso del Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela.
Esta institución ha realizado tres visitas a establecimientos de salud mental, uno de ellos el de Santiago, con una capacidad de 240 plazas e inaugurado en 1885, "el último dispositivo español de los llamados antiguamente manicomios".
A pesar de que la prolongada permanencia de estas personas en dichos centros se considera voluntaria, el Defensor ha manifestado "dudas" sobre si los pacientes en estas condiciones están en situación de plantearse la existencia de cualquier otra alternativa.
A Marugán le ha llamado especialmente la atención que la mayoría de las personas incapacitadas a las que se entrevistó durante su internamiento señalaban que no sabían quién se hacía cargo de su tutela legal y que no tenían conocimiento de cómo se gestionaba su patrimonio.
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| En la imagen de archivo, migrantes rescatados en Alborán/ EFE |
Madrid, 26 jul (EFE).- El Defensor del Pueblo denuncia que los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) se han convertido en centros de acogida para personas llegadas en patera, ya que solo el 37 % de las personas internadas en ellos son repatriadas, a pesar de que fueron creados para este fin.
Así se recoge en el informe anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, que el Defensor del Pueblo, Francisco Fernández Marugán, ha entregado hoy al vicepresidente primero del Congreso, José Ignacio Prendes, y, posteriormente, al Senado.
A lo largo del pasado año, un total de 8.814 personas fueron internadas en los CIE y las instalaciones de la cárcel de Archidona (Málaga), que se habilitó para este fin, -7.559 habían sido detenidas a su llegada a las costas-, y se ejecutaron medidas de expulsión o devolución sobre el 37,29 % de ellas.
Para el Defensor, este hecho pone de manifiesto que los CIE se están utilizando como instrumentos de contención de la entrada irregular por las costas y recuerda que la ley los diseñó como establecimientos destinados a garantizar la repatriación de las personas internadas en ellos.
Por ello, Marugán ha reclamado una reforma integral urgente del sistema de internamientos y que se estudien alternativas al internamiento como el retorno voluntario, el ingreso en dispositivos residenciales tutelados o el control electrónico a través de brazaletes geolocalizadores.
El informe revela que en los CIE se presentaron 1.386 solicitudes de protección internacional durante el pasado año de las que fueron admitidas a trámite 398 y se identificó como menores extranjeros no acompañados a 48 internos.
Tras visitar todos esos centros, salvo el de Valencia, que permaneció cerrado gran parte del año, el Defensor ha destacado, entre las "numerosas carencias", en que en la mayoría de ellos no puede garantizarse la separación de internos con antecedentes penales de los que se encuentran internos por mera estancia irregular.
Otra cuestión que le preocupa es lo que ocurre con los inmigrantes que abandonan el CIE una vez superados los 60 días de estancia máxima permitida sin haber sido repatriados.
En estos casos, el Defensor considera que habría que seguir los pasos de otros países europeos para que estos inmigrantes ostenten algún tipo de estatus que les permita mantener su dignidad personal y realizar algún tipo de actividad lícita que contribuya a la economía del país y a la suya propia.
En su informe, el Defensor también se refiere al caso del menor extranjero no acompañado internado en un centro de Melilla y que falleció el pasado mes de diciembre tras una contención que le provocó un desvanecimiento y una parada cardiorrespiratoria.
Tras visualizar los 110 vídeos relativos a esa contención, el Defensor, que se ha dirigido a la Fiscalía sobre este asunto, ha cuestionado la falta de una autopsia judicial, ya que sólo se realizó una clínica, la inexistencia de un parte de lesiones y la "rudeza" en la aplicación de la contención por parte de seis personas.
Además, en el informe, el Defensor también ha denunciado la situación de algunas personas que padecen algún tipo de enfermedad mental que llevan ingresadas por periodos muy dilatados (entre 30 y 50 años) como es el caso del Hospital Psiquiátrico de Conxo, en Santiago de Compostela.
Esta institución ha realizado tres visitas a establecimientos de salud mental, uno de ellos el de Santiago, con una capacidad de 240 plazas e inaugurado en 1885, "el último dispositivo español de los llamados antiguamente manicomios".
A pesar de que la prolongada permanencia de estas personas en dichos centros se considera voluntaria, el Defensor ha manifestado "dudas" sobre si los pacientes en estas condiciones están en situación de plantearse la existencia de cualquier otra alternativa.
A Marugán le ha llamado especialmente la atención que la mayoría de las personas incapacitadas a las que se entrevistó durante su internamiento señalaban que no sabían quién se hacía cargo de su tutela legal y que no tenían conocimiento de cómo se gestionaba su patrimonio.
