OPINI脫N de Ollantay Itzamn谩.- En los 煤ltimos meses, por los cruentos asesinatos de defensores comunitarios de derechos en el pa铆s, Guatemala est谩 recuperando su p茅rfida imagen hist贸rica de pa铆s sanguinario con los suyos.
Hace unas horas atr谩s, (30 de julio), en la Aldea Vijolom I, Municipio de Nebaj, Quich茅, a m谩s de 250 Km al noroeste de la ciudad de Guatemala, presenciamos un multitudinario entierro de Juana Raimundo, defensora juvenil de derechos humanos, asesinada por desconocidos.
La joven maya ixil, de 25 a帽os de edad, era defensora de derechos en el Comit茅 de Desarrollo Campesino (CODECA) y miembro del Movimiento para Liberaci贸n de los Pueblos (organizaci贸n pol铆tica en formaci贸n).
En lo que va del a帽o, son siente los defensores comunitarios asesinados, miembros de CODECA. Adem谩s de otros tres defensores asesinados del Comit茅 Campesino del Altiplano (CCDA). Y, hasta el momento, las investigaciones del Ministerio P煤blico no dan resultados.
Los asesinatos contra defensores de CODECA arreciaron a ra铆z de un discurso de odio y estigmatizaci贸n contra este movimiento, emitido p煤blicamente por el actual Presidente de la Rep煤blica, Jimmy Morales. Es decir, el propio Estado, lejos de proteger, coaccion贸 y coacciona contra sus defensores comunitarios de derechos.
A esta estigmatizaci贸n y coacci贸n contra defensores se suma la impunidad como un elemento motivador de las acciones criminales. “Si mato a alguien de CODECA, no me pasar谩 nada. M谩s por el contrario ser茅 premiado con la impunidad”, parece ser la convicci贸n de los criminales.
¿Qu茅 evidencia la violencia estatal contra defensores de derechos?
El Estado es el principal responsable del cumplimiento y garant铆a de derechos. Ante el incumplimiento de dicha funci贸n, las personas de manera individual o colectiva ejercen el derecho a defender derechos. Pero, el Estado lejos de promover a dichos defensores (como establece el derecho internacional), los denigra, criminaliza y permite o promueve los asesinatos selectivos.
Esto es una evidencia del fracaso o colapso del Estado de Derecho. Incluso es una muestra del debilitamiento del mismo Estado (porque no puede cumplir sus compromisos).
Ante esta ausencia del Estado garante, en el pa铆s se aplica la Ley del m谩s rico que aniquila f铆sicamente a todos cuantos se atrevan a exigir derechos, y defender sus territorios.
La violencia sangrienta contra defensores ind铆genas y campesinos evidencia el hundimiento antropol贸gico en el que subsisten las clases dominantes del pa铆s. Para 茅stos, aquellos no son a煤n reconocidos como humanos.
¿Cu谩l es el efecto de los asesinatos selectivos de defensores de derechos?
Los antisujetos que intentan anular a defensores de derechos buscan desarticular, desmoralizar y destruir los procesos organizativos de defensores en los territorios.
Sin embargo, seg煤n se puede constatar en CODECA, la sangre de sus defensores m谩rtires abona y acelera a煤n m谩s los procesos organizativos. El movimiento crece en el campo, y del campo hacia las ciudades. Pero, sobre todo, la criminalizaci贸n y asesinatos est谩 obligando a este movimiento dar saltos cualitativos en la construcci贸n de su horizonte te贸rico.
Los procesos de resistencia ya no son 煤nicamente contra las empresas que los despojan, sino, ahora, tambi茅n es contra el Estado criminal que los violenta. Por eso, de la demanda de la nacionalizaci贸n de la energ铆a el茅ctrica saltaron a la propuesta de la “nacionalizaci贸n de todo lo que se privatiz贸 en el pa铆s”.
De la sentencia de “no tenemos Estado” saltaron a la propuesta “vamos por la construcci贸n de un Estado Plurinacional, con autonom铆as territoriales”, mediante proceso constituyente plurinacional.
La represi贸n empresa-estado contra defensores tiene un efecto boomerang, al parecer. Es probable que, simult谩neo al impulso del proceso constituyente, los territorios organizados en resistencia terminen desconociendo expresamente al Estado nacional. Esto, posiblemente consistir铆a en la expulsi贸n de los funcionarios estatales de los territorios en conflicto.
Hace unas horas atr谩s, (30 de julio), en la Aldea Vijolom I, Municipio de Nebaj, Quich茅, a m谩s de 250 Km al noroeste de la ciudad de Guatemala, presenciamos un multitudinario entierro de Juana Raimundo, defensora juvenil de derechos humanos, asesinada por desconocidos.
La joven maya ixil, de 25 a帽os de edad, era defensora de derechos en el Comit茅 de Desarrollo Campesino (CODECA) y miembro del Movimiento para Liberaci贸n de los Pueblos (organizaci贸n pol铆tica en formaci贸n).
En lo que va del a帽o, son siente los defensores comunitarios asesinados, miembros de CODECA. Adem谩s de otros tres defensores asesinados del Comit茅 Campesino del Altiplano (CCDA). Y, hasta el momento, las investigaciones del Ministerio P煤blico no dan resultados.
Los asesinatos contra defensores de CODECA arreciaron a ra铆z de un discurso de odio y estigmatizaci贸n contra este movimiento, emitido p煤blicamente por el actual Presidente de la Rep煤blica, Jimmy Morales. Es decir, el propio Estado, lejos de proteger, coaccion贸 y coacciona contra sus defensores comunitarios de derechos.
A esta estigmatizaci贸n y coacci贸n contra defensores se suma la impunidad como un elemento motivador de las acciones criminales. “Si mato a alguien de CODECA, no me pasar谩 nada. M谩s por el contrario ser茅 premiado con la impunidad”, parece ser la convicci贸n de los criminales.
¿Qu茅 evidencia la violencia estatal contra defensores de derechos?
El Estado es el principal responsable del cumplimiento y garant铆a de derechos. Ante el incumplimiento de dicha funci贸n, las personas de manera individual o colectiva ejercen el derecho a defender derechos. Pero, el Estado lejos de promover a dichos defensores (como establece el derecho internacional), los denigra, criminaliza y permite o promueve los asesinatos selectivos.
Esto es una evidencia del fracaso o colapso del Estado de Derecho. Incluso es una muestra del debilitamiento del mismo Estado (porque no puede cumplir sus compromisos).
Ante esta ausencia del Estado garante, en el pa铆s se aplica la Ley del m谩s rico que aniquila f铆sicamente a todos cuantos se atrevan a exigir derechos, y defender sus territorios.
La violencia sangrienta contra defensores ind铆genas y campesinos evidencia el hundimiento antropol贸gico en el que subsisten las clases dominantes del pa铆s. Para 茅stos, aquellos no son a煤n reconocidos como humanos.
¿Cu谩l es el efecto de los asesinatos selectivos de defensores de derechos?
Los antisujetos que intentan anular a defensores de derechos buscan desarticular, desmoralizar y destruir los procesos organizativos de defensores en los territorios.
Sin embargo, seg煤n se puede constatar en CODECA, la sangre de sus defensores m谩rtires abona y acelera a煤n m谩s los procesos organizativos. El movimiento crece en el campo, y del campo hacia las ciudades. Pero, sobre todo, la criminalizaci贸n y asesinatos est谩 obligando a este movimiento dar saltos cualitativos en la construcci贸n de su horizonte te贸rico.
Los procesos de resistencia ya no son 煤nicamente contra las empresas que los despojan, sino, ahora, tambi茅n es contra el Estado criminal que los violenta. Por eso, de la demanda de la nacionalizaci贸n de la energ铆a el茅ctrica saltaron a la propuesta de la “nacionalizaci贸n de todo lo que se privatiz贸 en el pa铆s”.
De la sentencia de “no tenemos Estado” saltaron a la propuesta “vamos por la construcci贸n de un Estado Plurinacional, con autonom铆as territoriales”, mediante proceso constituyente plurinacional.
La represi贸n empresa-estado contra defensores tiene un efecto boomerang, al parecer. Es probable que, simult谩neo al impulso del proceso constituyente, los territorios organizados en resistencia terminen desconociendo expresamente al Estado nacional. Esto, posiblemente consistir铆a en la expulsi贸n de los funcionarios estatales de los territorios en conflicto.