Jorge Zavaleta Alegre.- La empresa internacional Odebrechet con sede en Brasil vuelve a la actualidad política y judicial del Perú, ante la decisión del nuevo gobierno de llevar adelante una serie de cambios, a partir de un referéndum que permita llevar adelante la indispensable reforma del Estado, empezando por las instituciones judiciales, como lo plantea en esta crónica el economista Manuel Romero Caro, fundador en 1990 de Gestión, diario de Economía, al igual que Ojo Público, Hildebrandt en sus trece y La Pública.
La Comisión Andina de Juristas, junto a otras organizaciones de la región, y con el auspicio de la Unión Europea, viene trabajando en el proyecto regional “Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoría social y transparencia”.
Participan en este desafío autoridades judiciales de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú con la finalidad de impulsar en la región la transparencia jurisdiccional individual y la promoción de su formalización normativa en los niveles nacionales.
Se escuchan voces interesantes de México, Argentina, Brasil…de Europa sobre la transparencia jurisdiccional individual, su constitucionalidad y la necesidad de su implementación en los órganos judiciales.
La lucha contra la corrupción es una responsabilidad que compromete a todos los niveles del Estado, porque con ello se asegura la transparencia en la relación entre autoridades y ciudadanía.
El Gobierno del Perú viene reiterando su lucha frontal contra la corrupción. Esta política se evidencia con el respaldo a toda denuncia que involucre actos ilícitos de malos funcionarios. Se asume que a lucha contra la corrupción es una responsabilidad que compromete a todos los niveles del Estado.
La acción del Ejecutivo no se concentra solo en Lima sino la política de descentralización se manifiesta con proyectos que devuelven a la población la confianza en sus instituciones.
En este contexto, ODEBRECHT, inicia su segundo debut. Explica Manuel Romero Caro:
Existen una serie de aspectos a considerar por la Fiscalía ante de comprometerse definitivamente.
La Fiscalía se apresta a firmar el Acuerdo Definitivo con Odebrecht (Odb), por el cual sus ex ejecutivos entregarán informaciones y documentos solicitados por la Fiscalía y a cambio esta se compromete a no iniciar investigaciones a Odb, a sus funcionarios y ex funcionarios con las pruebas que ellos mismos entreguen.
Considerando lo solicitado por Odb, creo que hay diversos temas que se deben de considerar antes de comprometerse de manera definitiva. Manuel Romero señala cinco elementos a tomarse en cuenta;
1)Impunidad Total. Un primer aspecto con el que no estamos de acuerdo es el otorgamiento de impunidad total a cambio de las informaciones y documentos a recibirse.
Hay que recordar que inclusive el propio Marcelo Odebrecht, a pesar de acogerse a la delación premiada, tuvo 2.5 años de cárcel efectiva y pasará más de 7 en arresto domiciliario. Inclusive el actual Presidente del Poder Judicial ha evidenciado su discrepancia con el sistema de impunidad total que estaría llevando a cabo la Fiscalía (Gestión 16.08.18).
¿Y por qué no podemos lograr que los “cooperadores eficaces” puedan purgar siquiera una parte de su condena?. Creo que por una débil posición negociadora sustentada en el hecho que la capacidad investigativa de la Fiscalía peruana es bastante menor que la de su equivalente Brasilera.
La prueba está que las investigaciones que no cuentan con informaciones proporcionadas por los ex ejecutivos de Odebrecht están prácticamente paralizadas.
El problema se centra en el punto cinco del acuerdo, en el que se señala que no se abrirá investigación a la empresa con las pruebas que ellos mismos entreguen. “Ahora, si por nuestro lado encontramos otras pruebas, las pesquisas se abrirán”, afirmó el fiscal coordinador Rafael Vela . ¿ Cuantas investigaciones efectivas cree Ud que la Fiscalía podría abrir a los ex directivos de Odb con fuentes de prueba que no procedan de la colaboración eficaz?. Casi ninguna. Es que si pudieran hacerlas, ya las hubieran iniciado. Sin embargo hay un caso que podría ser la excepción.
Y es el del Gasoducto Sur Peruano (GSP). En el que reiteradamente Odb ha negado haber otorgado sobornos. Sin embargo la Fiscalía opinaría lo contrario, y debe tener argumentos para ello.
Es así que el ex Presidente del Comité de ProInversión que otorgó la buena pro a Odb (Edgar Ramírez) y la abogada de Odebrecht (Claudia Hokama), ya han sido acusados por delitos en agravio del Estado en dicho caso .
2)Sobornos subestimados. Un segundo aspecto a tomar en cuenta es el monto de los sobornos confesados. Los que en mi opinión están severamente subestimados.
Pruebas al canto: en el Lava Jato Argentino el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, personaje clave que se ha acogido al régimen de arrepentimiento, ha confesado que durante el kirchernismo se pagaron sobornos de entre “el 15 y 20 por ciento del precio” de los contratos. Porcentajes muy superiores a los niveles de soborno admitidos por las constructoras brasileras (entre 1% y 3%). El nivel de entre el 15 y 20% se acerca más a lo que yo creo que fueron los sobornos pagados por Odebrecht y sus cometas.
Lo que sucede es que si admitieran esos niveles, la reparación civil que tendrían que pagar sería mucho mayor que las cifras que ahora se mencionan (o negocian). En esta misma línea se encuentra la afirmación de Jorge Barata que solo pagaron sobornos en 8 de los 76 proyectos que dicha constructora ejecutó en el Perú.
Es decir, que en 68 proyectos no hubo coima, entre ellos megaproyectos, como el Gasoducto del Sur, Olmos, etc. ¿es que alguien va a creer eso?.
3)¿Odebrecht se queda?. Un tercer aspecto a tener en cuenta es el espinoso tema de si Odb se quedaría, o no, a seguir operando en el Perú.
En realidad Odb nunca se fue y ha seguido operando. Es así que, según la propia constructora, actualmente sigue operando las 40,000 hectáreas de Olmos. También las concesiones de IIRSA Sur (tramos 2 y 3) e IIRSA Norte, que representan aproximadamente 2,000 kilómetros. Y la Central hidroeléctrica de Chaglla. Teniendo actualmente 3,000 trabajadores.
Por lo que será interesante apreciar como los “negociadores” concilian las demandas de la ciudadanía y numerosos políticos para que Odb deje de operar en el país, con las exigencias de quedarse.
Es así que su máximo representante en el país, Mauricio Cruz, al referirse a este tema mencionó “en ninguno de los otros países hay una prohibición para contratar. Esa es “la base del acuerdo de colaboración” (LR 21.11.17)
4)Varios. Existen otros temas de interés, pero que por falta de espacio solos mencionaremos: ¿los funcionarios peruanos de Odb están incluidos en el arreglo?. Como seguramente, además de lograr un monto bajo de reparaciones, Odb va a demandar pagar dicho monto sobre un largo período de tiempo, los negociadores de la Fiscalía tiene que tener en cuenta la muy difícil situación financiera del grupo Odebrecht.
Por ejemplo Gestión (07.04.17) reportó que “admitir que un proceso de recuperación judicial (o protección por bancarrota) puede ser inevitable dejó de ser tabú para Odebrecht. En conversaciones restringidas entre la alta gerencia del grupo y los grandes bancos públicos de Brasil, la empresa ya asume que ese es el futuro inevitable del holding Odebrecht. “El plan A de la compañía aún es evitar pedir protección a la justicia; pero el plan B ya se puso en marcha”, dijo una fuente que acompaña el asunto de cerca, concluye Romero Caro.
La Comisión Andina de Juristas, junto a otras organizaciones de la región, y con el auspicio de la Unión Europea, viene trabajando en el proyecto regional “Fortalecimiento del acceso igualitario a una justicia independiente y transparente en la región andina: auditoría social y transparencia”.
Participan en este desafío autoridades judiciales de Ecuador, Colombia, Bolivia y Perú con la finalidad de impulsar en la región la transparencia jurisdiccional individual y la promoción de su formalización normativa en los niveles nacionales.
Se escuchan voces interesantes de México, Argentina, Brasil…de Europa sobre la transparencia jurisdiccional individual, su constitucionalidad y la necesidad de su implementación en los órganos judiciales.
La lucha contra la corrupción es una responsabilidad que compromete a todos los niveles del Estado, porque con ello se asegura la transparencia en la relación entre autoridades y ciudadanía.
El Gobierno del Perú viene reiterando su lucha frontal contra la corrupción. Esta política se evidencia con el respaldo a toda denuncia que involucre actos ilícitos de malos funcionarios. Se asume que a lucha contra la corrupción es una responsabilidad que compromete a todos los niveles del Estado.
La acción del Ejecutivo no se concentra solo en Lima sino la política de descentralización se manifiesta con proyectos que devuelven a la población la confianza en sus instituciones.
En este contexto, ODEBRECHT, inicia su segundo debut. Explica Manuel Romero Caro:
Existen una serie de aspectos a considerar por la Fiscalía ante de comprometerse definitivamente.
La Fiscalía se apresta a firmar el Acuerdo Definitivo con Odebrecht (Odb), por el cual sus ex ejecutivos entregarán informaciones y documentos solicitados por la Fiscalía y a cambio esta se compromete a no iniciar investigaciones a Odb, a sus funcionarios y ex funcionarios con las pruebas que ellos mismos entreguen.
Considerando lo solicitado por Odb, creo que hay diversos temas que se deben de considerar antes de comprometerse de manera definitiva. Manuel Romero señala cinco elementos a tomarse en cuenta;
1)Impunidad Total. Un primer aspecto con el que no estamos de acuerdo es el otorgamiento de impunidad total a cambio de las informaciones y documentos a recibirse.
Hay que recordar que inclusive el propio Marcelo Odebrecht, a pesar de acogerse a la delación premiada, tuvo 2.5 años de cárcel efectiva y pasará más de 7 en arresto domiciliario. Inclusive el actual Presidente del Poder Judicial ha evidenciado su discrepancia con el sistema de impunidad total que estaría llevando a cabo la Fiscalía (Gestión 16.08.18).
¿Y por qué no podemos lograr que los “cooperadores eficaces” puedan purgar siquiera una parte de su condena?. Creo que por una débil posición negociadora sustentada en el hecho que la capacidad investigativa de la Fiscalía peruana es bastante menor que la de su equivalente Brasilera.
La prueba está que las investigaciones que no cuentan con informaciones proporcionadas por los ex ejecutivos de Odebrecht están prácticamente paralizadas.
El problema se centra en el punto cinco del acuerdo, en el que se señala que no se abrirá investigación a la empresa con las pruebas que ellos mismos entreguen. “Ahora, si por nuestro lado encontramos otras pruebas, las pesquisas se abrirán”, afirmó el fiscal coordinador Rafael Vela . ¿ Cuantas investigaciones efectivas cree Ud que la Fiscalía podría abrir a los ex directivos de Odb con fuentes de prueba que no procedan de la colaboración eficaz?. Casi ninguna. Es que si pudieran hacerlas, ya las hubieran iniciado. Sin embargo hay un caso que podría ser la excepción.
Y es el del Gasoducto Sur Peruano (GSP). En el que reiteradamente Odb ha negado haber otorgado sobornos. Sin embargo la Fiscalía opinaría lo contrario, y debe tener argumentos para ello.
Es así que el ex Presidente del Comité de ProInversión que otorgó la buena pro a Odb (Edgar Ramírez) y la abogada de Odebrecht (Claudia Hokama), ya han sido acusados por delitos en agravio del Estado en dicho caso .
2)Sobornos subestimados. Un segundo aspecto a tomar en cuenta es el monto de los sobornos confesados. Los que en mi opinión están severamente subestimados.
Pruebas al canto: en el Lava Jato Argentino el ex presidente de la Cámara de la Construcción, Carlos Wagner, personaje clave que se ha acogido al régimen de arrepentimiento, ha confesado que durante el kirchernismo se pagaron sobornos de entre “el 15 y 20 por ciento del precio” de los contratos. Porcentajes muy superiores a los niveles de soborno admitidos por las constructoras brasileras (entre 1% y 3%). El nivel de entre el 15 y 20% se acerca más a lo que yo creo que fueron los sobornos pagados por Odebrecht y sus cometas.
Lo que sucede es que si admitieran esos niveles, la reparación civil que tendrían que pagar sería mucho mayor que las cifras que ahora se mencionan (o negocian). En esta misma línea se encuentra la afirmación de Jorge Barata que solo pagaron sobornos en 8 de los 76 proyectos que dicha constructora ejecutó en el Perú.
Es decir, que en 68 proyectos no hubo coima, entre ellos megaproyectos, como el Gasoducto del Sur, Olmos, etc. ¿es que alguien va a creer eso?.
3)¿Odebrecht se queda?. Un tercer aspecto a tener en cuenta es el espinoso tema de si Odb se quedaría, o no, a seguir operando en el Perú.
En realidad Odb nunca se fue y ha seguido operando. Es así que, según la propia constructora, actualmente sigue operando las 40,000 hectáreas de Olmos. También las concesiones de IIRSA Sur (tramos 2 y 3) e IIRSA Norte, que representan aproximadamente 2,000 kilómetros. Y la Central hidroeléctrica de Chaglla. Teniendo actualmente 3,000 trabajadores.
Por lo que será interesante apreciar como los “negociadores” concilian las demandas de la ciudadanía y numerosos políticos para que Odb deje de operar en el país, con las exigencias de quedarse.
Es así que su máximo representante en el país, Mauricio Cruz, al referirse a este tema mencionó “en ninguno de los otros países hay una prohibición para contratar. Esa es “la base del acuerdo de colaboración” (LR 21.11.17)
4)Varios. Existen otros temas de interés, pero que por falta de espacio solos mencionaremos: ¿los funcionarios peruanos de Odb están incluidos en el arreglo?. Como seguramente, además de lograr un monto bajo de reparaciones, Odb va a demandar pagar dicho monto sobre un largo período de tiempo, los negociadores de la Fiscalía tiene que tener en cuenta la muy difícil situación financiera del grupo Odebrecht.
Por ejemplo Gestión (07.04.17) reportó que “admitir que un proceso de recuperación judicial (o protección por bancarrota) puede ser inevitable dejó de ser tabú para Odebrecht. En conversaciones restringidas entre la alta gerencia del grupo y los grandes bancos públicos de Brasil, la empresa ya asume que ese es el futuro inevitable del holding Odebrecht. “El plan A de la compañía aún es evitar pedir protección a la justicia; pero el plan B ya se puso en marcha”, dijo una fuente que acompaña el asunto de cerca, concluye Romero Caro.
