La Plataforma en Defensa de la Libertad de Informaci贸n (PDLI) considera muy grave que la Comisi贸n de Cultura del Congreso haya aprobado hoy, por unanimidad, la reforma de la Ley de Propiedad Intelectual en la que se recogen medidas como el cierre de webs sin necesidad de autorizaci贸n judicial.
Adem谩s de prescindir del juez, la censura prescinde de prestadores de servicios de publicidad, pago y hosting. Pueden ser sancionados si no colaboran, pero los dejan al margen del procedimiento, totalmente indefensos. #StopCensuraCopyrightpic.twitter.com/ZOB6mjikwx— Almeida (@bufetalmeida) 27 de noviembre de 2018El texto, que pasar谩 ahora al Senado, incluye la modificaci贸n pactada por PP, PSOE y Ciudadanos, en el art铆culo 195 de la norma, que establece que "la ejecuci贸n de la medida de colaboraci贸n dirigida al prestador de servicios, con independencia de cu谩l sea su naturaleza, no requerir谩 la autorizaci贸n judicial prevista en el art铆culo 122 bis de la Ley reguladora de la Jurisdicci贸n Contencioso-administrativa".El pasado 25 de septiembre esta Plataforma instaba a los tres grupos impulsores de la enmienda a retirarla por entender que se trataba de “un desprop贸sito jur铆dico que se puedan retirar contenidos de Internet sin que un juez eval煤e si afecta o no a la libertad de expresi贸n”.Lo grave es que “es la Comisi贸n tanto la que decide si se ha dado la infracci贸n como si se ha reiterado o reanudado”, aclaraba entonces el abogado David Bravo, miembro de la PDLI. Adem谩s, hay circunstancias particulares en las que un juez puede no llegar a intervenir en absoluto en ning煤n caso, por ejemplo, si se ha producido originalmente una retirada voluntaria de contenidos.Finalmente, con este cambio aprobado hoy, se obliga, en la pr谩ctica, al titular de una web a una supervisi贸n general de contenidos contraria a las directivas europeas actualmente vigentes.El director legal de la PDLI, Carlos S谩nchez Almeida, entiende que se trata de una reforma contraria a lo establecido en el art铆culoEl director legal de la PDLI, Carlos S谩nchez Almeida, entiende que se trata de una reforma contraria a lo establecido en el art铆culo 20.5 de la Constituci贸n que exige orden judicial para el secuestro de publicaciones:
Bueno, desde la defensa siempre le vemos el lado bueno: nos abren la v铆a al Tribunal Constitucional, por vulneraci贸n del art. 20.5 CE, que puede plantear cualquier juez. El Gobierno podr谩 cerrar webs piratas sin autorizaci贸n del juez. https://t.co/aSgxCTD3DH#StopCensuraCopyright— Almeida (@bufetalmeida) 27 de noviembre de 2018
Imagen: web 'en negro' en protesta por la Ley Sinde en el a帽o 2011.
27 November 2018
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