Desde la entrada en vigor de la llamada Ley Mrdaza el 1 de julio de 2015 al 31 de diciembre de 2017, se han impuesto una media de 80 multas diarias en aplicaci贸n de solo los dos art铆culos con m谩s impacto de esta ley, lo que podr铆a equivaler a casi 25 millones de euros.
"Espa帽a debe incorporar un mecanismo independiente de investigaci贸n de abusos policiales tal y como ya lo han hecho B茅lgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega. La ley mordaza tambi茅n da cobertura legal a las expulsiones en caliente!", ha se帽alado Amnist铆a Internacional. La organizaci贸n tiene en marcha una ciberacci贸n en la que lleva recogidas casi 84.000 firmas para acabar con las violaciones de derechos humanos de esta ley.
El Presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez ha declarado en varias ocasiones que iba a derogar los art铆culos de la Ley Org谩nica de Protecci贸n de la Seguridad Ciudadana (LOSC), com煤nmente llamada Ley Mordaza, que limitan de forma desproporcionada el ejercicio de derechos humanos. Hoy se reactiva el proceso de reforma de la Ley Mordaza tras meses de par谩lisis con el inicio de la ponencia en el Congreso en la que intervendr谩, entre otros actores de la sociedad civil, el director de Amnist铆a internacional, Esteban Beltr谩n, que le recordar谩 al gobierno que debe cumplir sus promesas. “Tres a帽os despu茅s, estamos ante la gran oportunidad de acabar con el efecto mordaza que provoca esta ley”, asegura Beltr谩n.
En 2015, cuando el proyecto a煤n se encontraba en tramitaci贸n parlamentaria, Amnist铆a Internacional alert贸 de que esta reforma de la LOSC, como respuesta a la multitud de manifestaciones con motivo de la crisis econ贸micas, era un paso en la direcci贸n equivocada y se alejaba de los est谩ndares internacionales de derechos humanos.
“M谩s de tres a帽os despu茅s de su entrada en vigor, esta legislaci贸n ha ido empeorando el ejercicio de los derechos de reuni贸n pac铆fica, expresi贸n e informaci贸n, y se ha empleado contra periodistas y formas leg铆timas de protesta y activismo social”, contin煤a Beltr谩n.
La reforma de LOSC tambi茅n supuso la ampliaci贸n de la potestad sancionadora de la Administraci贸n, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos.
En estos tres a帽os, Amnist铆a Internacional ha documentado c贸mo la Ley Mordaza se ha utilizado espec铆ficamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pac铆fica. De igual modo, su aplicaci贸n por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de informaci贸n, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.
Arbitrariedad de la polic铆a
Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017, seg煤n datos oficiales del Ministerio del Interior, se han impuesto 73.187 sanciones en aplicaci贸n de los art铆culos 37.4 y 36.6 de la LOSC: lo que supone una media de 80 sanciones diarias con base en alguno de estos dos art铆culos, y que podr铆a equivaler a casi 25 millones de euros en sanciones impuestas por las fuerzas de seguridad del Estado (quedan exclu铆das de estas y el resto de las cifras las sanciones impuestas por polic铆as auton贸micas de Catalu帽a, Euskadi y Navarra). La cantidad recaudada puede ser menor porque algunas podr铆an haberse recurrido y para otras podr铆a haberse llevado a cabo un descuento por pronto pago.
“Esta actividad sancionadora, est谩 poniendo en riesgo el ejercicio pac铆fico de derechos humanos. La prueba es que ha tenido un gran impacto en las vidas y en la movilizaci贸n de aquellas personas, que damnificadas por los recortes del gasto p煤blico y la crisis econ贸mica, se han organizado para defender sus derechos”.
La sanci贸n tipificada por el art铆culo 37.4, referido a las “faltas de respeto o consideraci贸n cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protecci贸n de la seguridad”, otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretaci贸n queda enteramente bajo su consideraci贸n a la hora de aplicar la sanci贸n. En el a帽o 2016 se impusieron al menos 19.497 sanciones por este art铆culo, ascendiendo a las 21.122 en el a帽o 2017. Seg煤n los datos del Ministerio del Interior, el total de sanciones impuestas en aplicaci贸n de este art铆culo durante estos dos a帽os podr铆a habr铆a superado los seis millones de euros en multas.
El art铆culo 36.6 de la LOSC considera grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, as铆 como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegaci贸n de datos falsos o inexactos en los procesos de identificaci贸n”, y castiga con una multa cuya horquilla es de 601 hasta 30.000 euros. Amnist铆a Internacional ha documentado c贸mo este art铆culo ha sido aplicado en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ning煤n tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresi贸n, o por ejercer el derecho de informaci贸n. En el a帽o 2016, se impusieron 12.094 sanciones por este art铆culo, elev谩ndose esta cifra a las 13.033 en el a帽o 2017. Igualmente, seg煤n datos oficiales, el total de sanciones impuestas en aplicaci贸n de este art铆culo durante estos dos a帽os podr铆a haber superado los 15 millones y medio de euros en multas.
A la organizaci贸n tambi茅n le preocupan otros art铆culos de la LOSC por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos.
Por ejemplo, el art. 37.1, que sanciona a los promotores y organizadores de manifestaciones que no han cumplido con el requisito previo de notificaci贸n. Amnist铆a Internacional ha expresado su preocupaci贸n ante el hecho de que en Espa帽a no se contemple la posibilidad de la celebraci贸n de manifestaciones o reuniones espont谩neas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelaci贸n. Desde que entr贸 en vigor la ley hasta finales de 2017, se han impuesto un total de 282 sanciones con base en este art铆culo por parte del Ministerio del Interior.
Para la organizaci贸n tambi茅n es motivo de preocupaci贸n el art铆culo 36.23 que sanciona la distribuci贸n no autorizada de im谩genes de las fuerzas de seguridad cuando puedan poner en peligro operaciones policiales o la integridad de los agentes. En ese sentido, Amnist铆a Internacional insiste, por un lado, en que, tal y como han recordado a Espa帽a diversos organismos internacionales, el ejercicio del derecho de informaci贸n corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesi贸n de periodista. Se han impuesto 85 sanciones en aplicaci贸n de este art铆culo en el periodo que va desde la entrada en vigor de la LOSC hasta el 31 de diciembre de 2017.
Son necesarios mecanismos de supervisi贸n de la actuaci贸n policial
Amnist铆a Internacional considera, que tal y como ocurre en pa铆ses de nuestro entorno como B茅lgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega, Espa帽a debe incorporar un mecanismo independiente de investigaci贸n y que 茅ste tenga un mandato de supervisi贸n de la actuaci贸n policial, estando facultado tambi茅n para la investigaci贸n de incidentes concretos, bien tramitando quejas y denuncias ciudadanas o, en algunos casos, debido a su gravedad, de oficio.
Amnist铆a Internacional considera que la reforma de la LOSC debe constituir una oportunidad para incorporar mecanismos adecuados de investigaci贸n de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, as铆 como para implementar mecanismos de rendici贸n de cuentas de la actividad policial, con personal competente, imparcial e independiente de los presuntos autores de los abusos.
Durante la tramitaci贸n del proyecto, Amnist铆a Internacional alert贸 de que la ley ampliaba el poder discrecional de los agentes policiales, sin ning煤n mecanismo de control para evitar actuaciones policiales arbitrarias y/o abusivas, lo que puede implicar impunidad ante la prevalencia de la posici贸n de la administraci贸n frente a los ciudadanos, en todo el procedimiento sancionador. La falta de mecanismos adecuados es especialmente grave cuando esta actuaci贸n puede interferir con el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reuni贸n pac铆fica, expresi贸n o informaci贸n.
Amnist铆a Internacional ha constatado que, en numerosas ocasiones, muchas de estas sanciones prosperan en el 谩mbito administrativo, no solo por la dificultad probatoria para rebatir la versi贸n policial, basada en el principio de veracidad de funcionario p煤blico, sino por los costes aparejados a recurrir la sanci贸n ante los tribunales (abogado y procurador, tasas judiciales) adem谩s de que algunas personas prefieran pagar la sanci贸n para poder beneficiarse de la bonificaci贸n del 50% por “pronto pago”.
Acabar con las devoluciones en caliente en frontera
A trav茅s de la LOSC se reform贸 la Ley de Extranjer铆a para permitir las devoluciones en frontera de personas migrantes, sin acceso al procedimiento adecuado y en clara contradicci贸n con el derecho internacional de los derechos humanos.
Amnist铆a Internacional ha denunciado durante a帽os y de forma reiterada violaciones de derechos humanos en las expulsiones sumarias y colectivas de personas migrantes y solicitantes de asilo que se realizan en las fronteras de Ceuta y Melilla, y que tal y como han denunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o el Comisario Europeo de Derechos Humanos entre otros, violan los est谩ndares internacionales de derechos humanos.
Las expulsiones sumarias, adem谩s de estar prohibidas por el derecho internacional, pueden tener consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Espa帽a huyendo de sus pa铆ses, pudiendo vulnerar el principio de no-devoluci贸n, que proh铆be a los Estados devolver -directa o indirectamente- a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro.
Las “devoluciones en caliente” m谩s recientes, documentadas por la organizaci贸n, tuvieron lugar en julio de este a帽o en Ceuta. En esa ocasi贸n, el Ministro del Interior lleg贸 a asegurar que, seg煤n la legislaci贸n vigente, no hab铆a habido ninguna irregularidad. Amnist铆a Internacional recuerda que ninguna legislaci贸n interna puede vulnerar normas y est谩ndares internacionales de derechos humanos, e insta a que en el marco de la actual reforma de la LOSC se aproveche la oportunidad de poner fin a esta pr谩ctica ilegal, derogando la disposici贸n adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana que las habilita.
Con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el 3 de octubre de 2017, que determina que las expulsiones sumarias y colectivas, tambi茅n llamadas “devoluciones en caliente”, son ilegales, la organizaci贸n inst贸 nuevamente al gobierno a detener de una vez esta pr谩ctica. Sin embargo, lejos de hacerlo, las autoridades continuaron con estas pr谩cticas ilegales.
La organizaci贸n tiene en marcha una ciberacci贸n en la que lleva recogidas casi 84.000 firmas para acabar con las violaciones de derechos humanos de esta ley.
"Espa帽a debe incorporar un mecanismo independiente de investigaci贸n de abusos policiales tal y como ya lo han hecho B茅lgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega. La ley mordaza tambi茅n da cobertura legal a las expulsiones en caliente!", ha se帽alado Amnist铆a Internacional. La organizaci贸n tiene en marcha una ciberacci贸n en la que lleva recogidas casi 84.000 firmas para acabar con las violaciones de derechos humanos de esta ley.
El Presidente del Gobierno, Pedro S谩nchez ha declarado en varias ocasiones que iba a derogar los art铆culos de la Ley Org谩nica de Protecci贸n de la Seguridad Ciudadana (LOSC), com煤nmente llamada Ley Mordaza, que limitan de forma desproporcionada el ejercicio de derechos humanos. Hoy se reactiva el proceso de reforma de la Ley Mordaza tras meses de par谩lisis con el inicio de la ponencia en el Congreso en la que intervendr谩, entre otros actores de la sociedad civil, el director de Amnist铆a internacional, Esteban Beltr谩n, que le recordar谩 al gobierno que debe cumplir sus promesas. “Tres a帽os despu茅s, estamos ante la gran oportunidad de acabar con el efecto mordaza que provoca esta ley”, asegura Beltr谩n.
En 2015, cuando el proyecto a煤n se encontraba en tramitaci贸n parlamentaria, Amnist铆a Internacional alert贸 de que esta reforma de la LOSC, como respuesta a la multitud de manifestaciones con motivo de la crisis econ贸micas, era un paso en la direcci贸n equivocada y se alejaba de los est谩ndares internacionales de derechos humanos.
“M谩s de tres a帽os despu茅s de su entrada en vigor, esta legislaci贸n ha ido empeorando el ejercicio de los derechos de reuni贸n pac铆fica, expresi贸n e informaci贸n, y se ha empleado contra periodistas y formas leg铆timas de protesta y activismo social”, contin煤a Beltr谩n.
La reforma de LOSC tambi茅n supuso la ampliaci贸n de la potestad sancionadora de la Administraci贸n, aumentado el margen de discrecionalidad de las Fuerzas de Seguridad del Estado en sus intervenciones relativas a la seguridad ciudadana, sin introducir mecanismos de control adecuados que impidan los abusos.
En estos tres a帽os, Amnist铆a Internacional ha documentado c贸mo la Ley Mordaza se ha utilizado espec铆ficamente contra activistas que defienden el derecho a la vivienda o al medioambiente, obstaculizando su derecho a expresar sus reivindicaciones de manera pac铆fica. De igual modo, su aplicaci贸n por parte de las Fuerzas de Seguridad ha impactado de forma negativa en el ejercicio del derecho a la libertad de informaci贸n, y ha llegado a traducirse en autocensura para periodistas y personas que quieren documentar las actuaciones policiales.
Arbitrariedad de la polic铆a
Desde su entrada en vigor, el 1 de julio de 2015, hasta el 31 de diciembre de 2017, seg煤n datos oficiales del Ministerio del Interior, se han impuesto 73.187 sanciones en aplicaci贸n de los art铆culos 37.4 y 36.6 de la LOSC: lo que supone una media de 80 sanciones diarias con base en alguno de estos dos art铆culos, y que podr铆a equivaler a casi 25 millones de euros en sanciones impuestas por las fuerzas de seguridad del Estado (quedan exclu铆das de estas y el resto de las cifras las sanciones impuestas por polic铆as auton贸micas de Catalu帽a, Euskadi y Navarra). La cantidad recaudada puede ser menor porque algunas podr铆an haberse recurrido y para otras podr铆a haberse llevado a cabo un descuento por pronto pago.
“Esta actividad sancionadora, est谩 poniendo en riesgo el ejercicio pac铆fico de derechos humanos. La prueba es que ha tenido un gran impacto en las vidas y en la movilizaci贸n de aquellas personas, que damnificadas por los recortes del gasto p煤blico y la crisis econ贸mica, se han organizado para defender sus derechos”.
La sanci贸n tipificada por el art铆culo 37.4, referido a las “faltas de respeto o consideraci贸n cuyo destinatario sea un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ejercicio de sus funciones de protecci贸n de la seguridad”, otorga una gran discrecionalidad al agente del orden, ya que la interpretaci贸n queda enteramente bajo su consideraci贸n a la hora de aplicar la sanci贸n. En el a帽o 2016 se impusieron al menos 19.497 sanciones por este art铆culo, ascendiendo a las 21.122 en el a帽o 2017. Seg煤n los datos del Ministerio del Interior, el total de sanciones impuestas en aplicaci贸n de este art铆culo durante estos dos a帽os podr铆a habr铆a superado los seis millones de euros en multas.
El art铆culo 36.6 de la LOSC considera grave “la desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivas de delito, as铆 como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegaci贸n de datos falsos o inexactos en los procesos de identificaci贸n”, y castiga con una multa cuya horquilla es de 601 hasta 30.000 euros. Amnist铆a Internacional ha documentado c贸mo este art铆culo ha sido aplicado en el contexto de manifestaciones o actos de protesta, en los que no ha habido ning煤n tipo de incidente violento o altercado, o en el ejercicio de la libertad de expresi贸n, o por ejercer el derecho de informaci贸n. En el a帽o 2016, se impusieron 12.094 sanciones por este art铆culo, elev谩ndose esta cifra a las 13.033 en el a帽o 2017. Igualmente, seg煤n datos oficiales, el total de sanciones impuestas en aplicaci贸n de este art铆culo durante estos dos a帽os podr铆a haber superado los 15 millones y medio de euros en multas.
A la organizaci贸n tambi茅n le preocupan otros art铆culos de la LOSC por el impacto que representan para el ejercicio de derechos humanos.
Por ejemplo, el art. 37.1, que sanciona a los promotores y organizadores de manifestaciones que no han cumplido con el requisito previo de notificaci贸n. Amnist铆a Internacional ha expresado su preocupaci贸n ante el hecho de que en Espa帽a no se contemple la posibilidad de la celebraci贸n de manifestaciones o reuniones espont谩neas, especialmente en aquellos casos en que son respuesta a un evento desencadenante y donde el organizador (en el caso que lo hubiese) no tuviera posibilidad de notificar con antelaci贸n. Desde que entr贸 en vigor la ley hasta finales de 2017, se han impuesto un total de 282 sanciones con base en este art铆culo por parte del Ministerio del Interior.
Para la organizaci贸n tambi茅n es motivo de preocupaci贸n el art铆culo 36.23 que sanciona la distribuci贸n no autorizada de im谩genes de las fuerzas de seguridad cuando puedan poner en peligro operaciones policiales o la integridad de los agentes. En ese sentido, Amnist铆a Internacional insiste, por un lado, en que, tal y como han recordado a Espa帽a diversos organismos internacionales, el ejercicio del derecho de informaci贸n corresponde a cualquier ciudadano, independientemente de si ejerce o no la profesi贸n de periodista. Se han impuesto 85 sanciones en aplicaci贸n de este art铆culo en el periodo que va desde la entrada en vigor de la LOSC hasta el 31 de diciembre de 2017.
Son necesarios mecanismos de supervisi贸n de la actuaci贸n policial
Amnist铆a Internacional considera, que tal y como ocurre en pa铆ses de nuestro entorno como B茅lgica, Reino Unido, Irlanda o Noruega, Espa帽a debe incorporar un mecanismo independiente de investigaci贸n y que 茅ste tenga un mandato de supervisi贸n de la actuaci贸n policial, estando facultado tambi茅n para la investigaci贸n de incidentes concretos, bien tramitando quejas y denuncias ciudadanas o, en algunos casos, debido a su gravedad, de oficio.
Amnist铆a Internacional considera que la reforma de la LOSC debe constituir una oportunidad para incorporar mecanismos adecuados de investigaci贸n de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas de seguridad, as铆 como para implementar mecanismos de rendici贸n de cuentas de la actividad policial, con personal competente, imparcial e independiente de los presuntos autores de los abusos.
Durante la tramitaci贸n del proyecto, Amnist铆a Internacional alert贸 de que la ley ampliaba el poder discrecional de los agentes policiales, sin ning煤n mecanismo de control para evitar actuaciones policiales arbitrarias y/o abusivas, lo que puede implicar impunidad ante la prevalencia de la posici贸n de la administraci贸n frente a los ciudadanos, en todo el procedimiento sancionador. La falta de mecanismos adecuados es especialmente grave cuando esta actuaci贸n puede interferir con el ejercicio de derechos humanos como la libertad de reuni贸n pac铆fica, expresi贸n o informaci贸n.
Amnist铆a Internacional ha constatado que, en numerosas ocasiones, muchas de estas sanciones prosperan en el 谩mbito administrativo, no solo por la dificultad probatoria para rebatir la versi贸n policial, basada en el principio de veracidad de funcionario p煤blico, sino por los costes aparejados a recurrir la sanci贸n ante los tribunales (abogado y procurador, tasas judiciales) adem谩s de que algunas personas prefieran pagar la sanci贸n para poder beneficiarse de la bonificaci贸n del 50% por “pronto pago”.
Acabar con las devoluciones en caliente en frontera
A trav茅s de la LOSC se reform贸 la Ley de Extranjer铆a para permitir las devoluciones en frontera de personas migrantes, sin acceso al procedimiento adecuado y en clara contradicci贸n con el derecho internacional de los derechos humanos.
Amnist铆a Internacional ha denunciado durante a帽os y de forma reiterada violaciones de derechos humanos en las expulsiones sumarias y colectivas de personas migrantes y solicitantes de asilo que se realizan en las fronteras de Ceuta y Melilla, y que tal y como han denunciado el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, o el Comisario Europeo de Derechos Humanos entre otros, violan los est谩ndares internacionales de derechos humanos.
Las expulsiones sumarias, adem谩s de estar prohibidas por el derecho internacional, pueden tener consecuencias terribles para los derechos humanos de las personas que intentan llegar a Espa帽a huyendo de sus pa铆ses, pudiendo vulnerar el principio de no-devoluci贸n, que proh铆be a los Estados devolver -directa o indirectamente- a una persona a un lugar donde su vida, su integridad o su libertad puedan correr peligro.
Las “devoluciones en caliente” m谩s recientes, documentadas por la organizaci贸n, tuvieron lugar en julio de este a帽o en Ceuta. En esa ocasi贸n, el Ministro del Interior lleg贸 a asegurar que, seg煤n la legislaci贸n vigente, no hab铆a habido ninguna irregularidad. Amnist铆a Internacional recuerda que ninguna legislaci贸n interna puede vulnerar normas y est谩ndares internacionales de derechos humanos, e insta a que en el marco de la actual reforma de la LOSC se aproveche la oportunidad de poner fin a esta pr谩ctica ilegal, derogando la disposici贸n adicional de la Ley de Seguridad Ciudadana que las habilita.
Con motivo de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) el 3 de octubre de 2017, que determina que las expulsiones sumarias y colectivas, tambi茅n llamadas “devoluciones en caliente”, son ilegales, la organizaci贸n inst贸 nuevamente al gobierno a detener de una vez esta pr谩ctica. Sin embargo, lejos de hacerlo, las autoridades continuaron con estas pr谩cticas ilegales.
La organizaci贸n tiene en marcha una ciberacci贸n en la que lleva recogidas casi 84.000 firmas para acabar con las violaciones de derechos humanos de esta ley.