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México: Control del agua por las industrias extractivas

El 15 de octubre entró en vigencia el sistema por el cual particulares podrán solicitar concesiones y asignaciones de aguas nacionales superficiales, subterráneas, permisos de ocupación de terrenos federales administrados por la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), permisos de descarga de aguas residuales y transmisión de derechos de título, entre otras autorizaciones.
Población de Chiapas y Oaxaca protesta contra explotación minera que contamina sus fuentes de agua. / No a la Mina



Este mecanismo, que facilita cualquier trámite sobre permisos relacionados con el agua, fue aprobado por decreto el 1 de octubre y se realiza vía electrónica a través de Conagu@ Digital. Según CONAGUA, este sistema permitirá reducir en 78% el costo económico a particulares y hará más eficientes los procesos de atención y resolución de trámites, representando un ahorro anual de más de 16 millardos de pesos (US$800 millones).

La entidad precisó, igualmente, que el costo anual de los trámites es de alrededor de 20 millardos de pesos ($1,000 millones), mientras que cada solicitud ingresada le cuesta a la economía nacional 376,000 pesos ($18.8 millones) por la carga administrativa.

Pedro Moctezuma, integrante de la coordinadora Agua para Todos, que promueve la democratización, sustentabilidad y soberanía del agua en México, señaló al diario Vanguardia que “el proceso no contará con mecanismos para garantizar el derecho al agua de los pueblos originarios ni tampoco asegura los volúmenes requeridos por el medio ambiente y la no afectación a terceros”.

De hecho, para los trámites CONAGUA exige que los solicitantes cuenten con la firma electrónica avanzada, llave digital y huella digital, requisitos de los que carecen comunidades indígenas y campesinas, pero que son de uso común por las grandes empresas, particularmente las mineras.

“Se busca otorgar concesiones masivamente a particulares, como paso final para cumplir con las expectativas de las empresas mineras que recibieron concesiones en 98 millones de hectáreas, o sea, la mitad del territorio nacional a finales de la administración anterior [del presidente Felipe Calderón (2006-2012)], así como con las de las empresas energéticas a las cuales dio entrada la actual administración [del presidente saliente Enrique Peña Nieto]), manifestó Moctezuma.

En abril del 2017, el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (CESOP) de la Cámara de Diputados publicó un informe en el que sostiene que el Grupo México y Goldcorp (Canadá) son las dos mineras que consumen la mayor cantidad de agua en el país. Igualmente, el estudio señala que 14 empresas han contaminado fuentes de agua de las comunidades donde se encuentran y otras siete acaparan el agua poniendo en riesgo a las localidades vecinas.

Según cifras del portal de análisis CartoCrítica, “la mitad del agua destinada a la minería en el país se extrae de tan sólo tres estados: Sonora (107.9 millones de m³ anuales), Zacatecas (55.8 millones de m³ anuales) y Michoacán (44.4 millones de m³ anuales)”.

En el 2014, el Grupo México fue declarado responsable por el derrame de 40,000 m³ de sulfato de cobre que contaminó los ríos Bacanuchi y Sonora, en el noroeste de México, considerado como “el peor desastre ambiental en la industria minera en los tiempos modernos”.

Núcleos agrarios en riesgo
La medida se otorgó en el marco del levantamiento de vedas en 300 cuencas, de las 756 del país, donde se establecieron reservas de agua y que concentran 55% de lagos y ríos. El 5 de junio el gobierno decretó que las fuentes de agua pueden ser concesionadas hasta por 50 años a la industria minera, fracking y extracción de hidrocarburos.

Agua para Todos alertó que la medida favorece principalmente a la extracción minera ya que permite ceder grandes volúmenes de agua a empresas privadas.

“Miles de núcleos agrarios están en riesgo de perder sus permisos y preparan amparos”, afirmó Agua para Todos.

Lucía Meza Guzmán, senadora por Morena (Movimiento Regeneración Nacional), el partido del presidente electo Andrés Manuel López Obrador quien juramentará el 1 de diciembre para un mandato de seis años, indicó que en enero pasado la mayoría del gobernante Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Cámara de Diputados “buscó hacer todo lo posible para aprobar la Ley General de Aguas [que reemplazaría a la Ley de Aguas Nacionales vigente desde 1992] que pretendía la privatización del líquido y su uso en el fracking, aún a costa de la contaminación de los mantos freáticos”.

Aunque la mayoría priísta no logró su objetivo en ese momento, la promulgación por Peña Nieto de los 10 decretos en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente “abre la puerta a la privatización del agua”, afirmó Meza Guzmán en una columna publicada el 21 de octubre por el diario El Sol de Cuautla.

A pesar de que la Secretaría de Medio Ambiente asegura que el agua no se privatizará, los decretos cumplen con lo que la Ley General de Aguas preveía: trasvases y privatización del agua que estaban vedados por varias décadas y la asignación de grandes volúmenes a comisiones locales, varias de ellas bajo control privado.

“Acumular agua y en cantidades crecientes es una expresión del control territorial que ejercen las industrias extractivas, cuyo resultado se expresa en un desequilibrio de los ecosistemas (geografías del agua) y en la distribución desigual ecológica, económica y cultural sobre el agua. Este desequilibrio y desigualdad es consecuencia de considerar el agua como capital constante al margen de la importancia socio-cultural y de la diversidad epistémica que se tienen sobre ella”, señaló el periodista Christian Abad Restrepo en el reportaje “Control del agua y extractivismo minero”, publicado el 4 de marzo del 2018 por el diario La Estrella de Panamá. –Noticias Aliadas.

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