OPINIÓN de Teodoro Rentería.- Los resultados del Segundo Censo Nacional de Derechos Humanos en los ámbitos federal y estatal a cargo del Instituto Nacional de Estadística Y Geografía, INEGI, no son nada halagüeños, es en definitiva una asignatura pendiente y que esperamos que el gobierno del presidente, Andrés Manuel López Obrador, como lo ha prometido revierta tan lacerante estigma.
Como la ha denunciado, desde siempre, el gremio periodístico organizado, los informadores integran uno de los grupos más afectados y vulnerables por la casi nula atención e insistimos por la vergonzosa impunidad imperante, Las cifras lo demuestran fehacientemente: De 1983 a la fecha, suman 304 asesinatos: 266 periodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de prensa; 14 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Tomamos los datos más relevantes del informe del INEGI, nos in antes explicar que son datos de 2017, es decir les lleva un año completo dar a conocer estás estadística.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, recibió 45 mil 639 solicitudes de queja, mientras que los Organismos de Protección de Derechos Humanos, OPDH, de las entidades federativas recibieron 156 mil 822, en conjunto suman 202 mil 461 quejas, presentadas en 12 meses.
Del total de solicitudes recibidas por la CNDH y los OPDH, sólo 39.4 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir expediente, en otras palabras se desecharon el 79.6 por ciento, 122 mil 70 casos
De los 3 mil 940 servidores públicos que integraron los ODPH de las entidades federativas al cierre de 2017, 19.5 por ciento se encontraba adscrito a Visitadurías Generales o Subprocuradurías. Por su parte, de los mil 657 servidores públicos de la CNDH, 52.2 por ciento desempeñaba funciones también en Visitadurías Generales o Subprocuradurías
Según el INEGI, el estudio tiene como objetivo profundizar en las funciones que dichas instituciones realizan como coordinadoras de la política de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad que esta información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en materia de derechos humanos.
Dos datos más que arrogó el estudio, en 2017, la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el tipo de presunto hecho violatorio de derechos humanos más frecuente registrado en los expedientes de queja calificados por la CNDH y OPDH, con 23.5 por ciento y 9.4 por ciento, respectivamente. De los 59 mil 554 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos concluidos durante 2017 por la CNDH y OPDH, 14.2 por ciento se concluyó por haberse solucionado por conciliación.
Lo dicho, nada halagüeños son los resultados de las comisiones de derechos humanos, sigue siendo una asignatura grave y pendiente en nuestro país. Tenemos confianza y que esta realidad lacerante cambie en el actual Gobierno.
Como la ha denunciado, desde siempre, el gremio periodístico organizado, los informadores integran uno de los grupos más afectados y vulnerables por la casi nula atención e insistimos por la vergonzosa impunidad imperante, Las cifras lo demuestran fehacientemente: De 1983 a la fecha, suman 304 asesinatos: 266 periodistas; 2 locutores; 10 trabajadores de prensa; 14 familiares y 10 amigos de comunicadores, y 2 civiles.
Tomamos los datos más relevantes del informe del INEGI, nos in antes explicar que son datos de 2017, es decir les lleva un año completo dar a conocer estás estadística.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, recibió 45 mil 639 solicitudes de queja, mientras que los Organismos de Protección de Derechos Humanos, OPDH, de las entidades federativas recibieron 156 mil 822, en conjunto suman 202 mil 461 quejas, presentadas en 12 meses.
Del total de solicitudes recibidas por la CNDH y los OPDH, sólo 39.4 por ciento fueron aceptadas y se procedió a abrir expediente, en otras palabras se desecharon el 79.6 por ciento, 122 mil 70 casos
De los 3 mil 940 servidores públicos que integraron los ODPH de las entidades federativas al cierre de 2017, 19.5 por ciento se encontraba adscrito a Visitadurías Generales o Subprocuradurías. Por su parte, de los mil 657 servidores públicos de la CNDH, 52.2 por ciento desempeñaba funciones también en Visitadurías Generales o Subprocuradurías
Según el INEGI, el estudio tiene como objetivo profundizar en las funciones que dichas instituciones realizan como coordinadoras de la política de derechos humanos en sus respectivos ámbitos de competencia, con la finalidad que esta información se vincule con el quehacer gubernamental dentro del proceso de diseño, implementación, monitoreo y evaluación de las políticas públicas de alcance nacional en materia de derechos humanos.
Dos datos más que arrogó el estudio, en 2017, la violación al principio de legalidad en el desempeño de la función pública fue el tipo de presunto hecho violatorio de derechos humanos más frecuente registrado en los expedientes de queja calificados por la CNDH y OPDH, con 23.5 por ciento y 9.4 por ciento, respectivamente. De los 59 mil 554 expedientes de queja calificados como presuntamente violatorios de derechos humanos concluidos durante 2017 por la CNDH y OPDH, 14.2 por ciento se concluyó por haberse solucionado por conciliación.
Lo dicho, nada halagüeños son los resultados de las comisiones de derechos humanos, sigue siendo una asignatura grave y pendiente en nuestro país. Tenemos confianza y que esta realidad lacerante cambie en el actual Gobierno.
