OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- El deseo compulsivo del PP de hacerse con la presidencia de Andalucía a cualquier precio es tan evidente y tan vergonzosamente explícito que resulta patético e irritante a la vez. El partido que comanda Pablo Casado está en caída libre en cuanto a las expectativas de voto según diversas encuestas, por lo que sorprende que desde la dirección partidaria sólo intenten cerrar la fuga por el flanco más ultraderechista, aquel por el que están perdiendo apoyos en beneficio de los neofascistas de Vox.
Los 12 votos de la ultra-derecha andaluza son imprescindibles para hacer presidente a Juan Manuel Moreno -que por cierto está desaparecido y no se sabe a qué espera para decir lo que piensa de las exigencias de Vox- y los de Abascal no parece que vayan a regalárselos. De momento han presentado dos exigencias: derogar la Ley de Violencia de Género y sentarse a negociar todo su programa no sólo con el PP, sino también con Ciudadanos.
En la rendición que apuntan los de Casado, el mismo líder no deja de reírse cada vez que ve una cámara ya está modificando su guión para que Santiago Abascal no rompa la baraja andaluza. Con la misma solemnidad con la que dicen estar inequívocamente en el mismo punto en el que estaban cuando se aprobó en el Parlamento la Ley Contra la Violencia de Género, desde el PP se inclinan ahora por hablar de violencia doméstica, que es lo que les pide Abascal, para que "se mejore la protección de los abuelos, las abuelas, los niños y los hombres que sufren maltrato en el ámbito familiar" [sic].
Salvo el vasco Borja Samper, ningún otro dirigente del PP ha levantado la voz ante el cambio de táctica. Andalucía pesa mucho, pero los analistas coinciden en que la maniobra podría salir cara a Casado y su pandilla. Además, a pesar de la paradigmática versatilidad de los principios de Albert Rivera, es difícil imaginar que los suyos puedan sentarse en un gobierno que depende y dependerá de Vox.
¿Están el PP y Ciudadanos a favor o no de mantenerse fieles al Pacto de Estado Contra la Violencia de Género? No es fácil la respuesta. Tanto los de Casado como los de Rivera se oponen o están a favor de una misma cosa según les convenga ese día. No hay más que recordar lo que dijeron antes y después del 8 de marzo de 2018. Antes del incontestable éxito de la masiva movilización feminista, acusaban a las organizadoras ser feminazis y peligrosas anticapitalistas; pero el día 9 aparecieron como los mejores valedores del feminismo más feminista.
En cuanto al PP, hay que dudar, ciertamente, de cuál es su verdadera posición. Se opusieron a la Constitución y hoy son los que reparten el certificado de constitucionalista a su caprichoso criterio. Alianza Popular primero y el Partido Popular después se han opuesto siempre a cualquier cambio legal que favoreciera la libertad de la mujer. Se opusieron a legislar el divorcio, se opusieron a legislar la interrupción del embarazo no deseado, y si firmaron el Pacto Contra la Violencia de Género es legítimo dudar de si era entonces o es ahora cuando muestran su cara verdadera.
Sin embargo, a pesar de las piruetas y volteretas dialécticas que ahora están haciendo desde Casado para abajo, lo cierto, desgraciadamente, es que la violencia de género es una maldita realidad a la sociedad española.
En el boletín de invierno de Amnistía Internacional se puede leer un documentado artículo firmado por Carmen López. Ni el Pacto de Estado de septiembre de 2017 recoge suficientes medidas como para combatir de forma efectiva y total la violencia de género. Ni siquiera está claro, por ejemplo, qué hacer después de una violación, ya que el recorrido que debe hacer una mujer agredida sexualmente es distinto según la región autónoma en la que se encuentre. Ninguna de ellas, además, cuenta con Centros de Crisis para las víctimas de violencia abiertos permanentemente, tal y como estableció hace tiempo el Consejo de Europa.
Otro problema central es la frecuente falta de formación de los profesionales que atienden a las mujeres víctimas de la violencia de género, ya sean los policías ya sean los funcionarios sanitarios o judiciales. Como dice Carmen López, esta falta de formación favorece los estereotipos que hacen dudar de la víctima, que minimizan las agresiones o que las responsabilizan a ellas. Hoy por hoy, la calidad de la atención a una mujer agredida depende fundamentalmente de la sensibilidad de quien la atienda, y no de la existencia de un protocolo aplicado por profesionales formados adecuadamente. Según Amnistía Internacional, más de 3.2 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia sexual en España, y en más del 97 por ciento de los casos los agresores fueron hombres.
La violencia de género, sin embargo, va más allá de la violencia sexual. El concepto, generalizado tras la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín en 1995, alude a la violencia física o psicológica que se ejerce contra alguien por su género. Como la inmensa mayoría de las víctimas son hembras, se suele usar como sinónimo de violencia contra las mujeres. Antes, en 1993, las Naciones Unidas habían establecido que la violencia contra la mujer es "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".
Las cifras son incontestables y desmienten los argumentos de Vox y del Partido Popular de Pablo Casado y compañía: en 2018, 45 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas; lo cual ha hecho que ya sean 973 las víctimas de violencia de género desde que hay estadísticas sobre ella, a partir de 2003. Otro dato importante es la de las denuncias falsas: desde 2009 hasta 2016 se interpusieron 1.055.912 denuncias por violencia de género. De ellas, 79 resultaron ser falsas, es decir, el 0,0075%, según datos de la Fiscalía.
Así pues, conviene no caer en las trampas de esta derecha ansiosa y desvergonzada, que modifica sus principios a conveniencia según la coyuntura con la única intención de recuperar el poder que considera le pertenece por derecho natural: no, no es correcto ni aceptable hablar de una descafeinada violencia doméstica. Es violencia de género, y es una lacra que cubre de indignidad a todos los que quieren disfrazarla de otra cosa.
Los 12 votos de la ultra-derecha andaluza son imprescindibles para hacer presidente a Juan Manuel Moreno -que por cierto está desaparecido y no se sabe a qué espera para decir lo que piensa de las exigencias de Vox- y los de Abascal no parece que vayan a regalárselos. De momento han presentado dos exigencias: derogar la Ley de Violencia de Género y sentarse a negociar todo su programa no sólo con el PP, sino también con Ciudadanos.
En la rendición que apuntan los de Casado, el mismo líder no deja de reírse cada vez que ve una cámara ya está modificando su guión para que Santiago Abascal no rompa la baraja andaluza. Con la misma solemnidad con la que dicen estar inequívocamente en el mismo punto en el que estaban cuando se aprobó en el Parlamento la Ley Contra la Violencia de Género, desde el PP se inclinan ahora por hablar de violencia doméstica, que es lo que les pide Abascal, para que "se mejore la protección de los abuelos, las abuelas, los niños y los hombres que sufren maltrato en el ámbito familiar" [sic].
Salvo el vasco Borja Samper, ningún otro dirigente del PP ha levantado la voz ante el cambio de táctica. Andalucía pesa mucho, pero los analistas coinciden en que la maniobra podría salir cara a Casado y su pandilla. Además, a pesar de la paradigmática versatilidad de los principios de Albert Rivera, es difícil imaginar que los suyos puedan sentarse en un gobierno que depende y dependerá de Vox.
¿Están el PP y Ciudadanos a favor o no de mantenerse fieles al Pacto de Estado Contra la Violencia de Género? No es fácil la respuesta. Tanto los de Casado como los de Rivera se oponen o están a favor de una misma cosa según les convenga ese día. No hay más que recordar lo que dijeron antes y después del 8 de marzo de 2018. Antes del incontestable éxito de la masiva movilización feminista, acusaban a las organizadoras ser feminazis y peligrosas anticapitalistas; pero el día 9 aparecieron como los mejores valedores del feminismo más feminista.
En cuanto al PP, hay que dudar, ciertamente, de cuál es su verdadera posición. Se opusieron a la Constitución y hoy son los que reparten el certificado de constitucionalista a su caprichoso criterio. Alianza Popular primero y el Partido Popular después se han opuesto siempre a cualquier cambio legal que favoreciera la libertad de la mujer. Se opusieron a legislar el divorcio, se opusieron a legislar la interrupción del embarazo no deseado, y si firmaron el Pacto Contra la Violencia de Género es legítimo dudar de si era entonces o es ahora cuando muestran su cara verdadera.
Sin embargo, a pesar de las piruetas y volteretas dialécticas que ahora están haciendo desde Casado para abajo, lo cierto, desgraciadamente, es que la violencia de género es una maldita realidad a la sociedad española.
En el boletín de invierno de Amnistía Internacional se puede leer un documentado artículo firmado por Carmen López. Ni el Pacto de Estado de septiembre de 2017 recoge suficientes medidas como para combatir de forma efectiva y total la violencia de género. Ni siquiera está claro, por ejemplo, qué hacer después de una violación, ya que el recorrido que debe hacer una mujer agredida sexualmente es distinto según la región autónoma en la que se encuentre. Ninguna de ellas, además, cuenta con Centros de Crisis para las víctimas de violencia abiertos permanentemente, tal y como estableció hace tiempo el Consejo de Europa.
Otro problema central es la frecuente falta de formación de los profesionales que atienden a las mujeres víctimas de la violencia de género, ya sean los policías ya sean los funcionarios sanitarios o judiciales. Como dice Carmen López, esta falta de formación favorece los estereotipos que hacen dudar de la víctima, que minimizan las agresiones o que las responsabilizan a ellas. Hoy por hoy, la calidad de la atención a una mujer agredida depende fundamentalmente de la sensibilidad de quien la atienda, y no de la existencia de un protocolo aplicado por profesionales formados adecuadamente. Según Amnistía Internacional, más de 3.2 millones de mujeres mayores de 16 años han sufrido violencia sexual en España, y en más del 97 por ciento de los casos los agresores fueron hombres.
La violencia de género, sin embargo, va más allá de la violencia sexual. El concepto, generalizado tras la Conferencia Mundial sobre la Mujer en Pekín en 1995, alude a la violencia física o psicológica que se ejerce contra alguien por su género. Como la inmensa mayoría de las víctimas son hembras, se suele usar como sinónimo de violencia contra las mujeres. Antes, en 1993, las Naciones Unidas habían establecido que la violencia contra la mujer es "todo acto de violencia de género que resulte, o pueda tener como resultado un daño físico, sexual o psicológico para la mujer, inclusive las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada".
Las cifras son incontestables y desmienten los argumentos de Vox y del Partido Popular de Pablo Casado y compañía: en 2018, 45 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o ex parejas; lo cual ha hecho que ya sean 973 las víctimas de violencia de género desde que hay estadísticas sobre ella, a partir de 2003. Otro dato importante es la de las denuncias falsas: desde 2009 hasta 2016 se interpusieron 1.055.912 denuncias por violencia de género. De ellas, 79 resultaron ser falsas, es decir, el 0,0075%, según datos de la Fiscalía.
Así pues, conviene no caer en las trampas de esta derecha ansiosa y desvergonzada, que modifica sus principios a conveniencia según la coyuntura con la única intención de recuperar el poder que considera le pertenece por derecho natural: no, no es correcto ni aceptable hablar de una descafeinada violencia doméstica. Es violencia de género, y es una lacra que cubre de indignidad a todos los que quieren disfrazarla de otra cosa.
