Rinden homenaje a los catorce republicanos que fueron secuestrados y asesinados en 1936 tras el golpe de estado del general Franco, y cuyos huesos fueron rescatados de la profundidad del pozo de Tenoya hace dos años.
La presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa (2d), durante el funeral y entierro celebrado este domingo en Arucas (Gran Canaria) de los 14 republicanos asesinados durante la Guerra Civil, entre ellos su padre y cuyos restos fueron recuperados en 2017 del pozo de Tenoya. EFE
Arucas (Gran Canaria), 24 mar (EFE).- Familiares de republicanos que acabaron en fosas comunes a manos de la dictadura franquista han defendido este domingo en un acto de reparación a 14 represaliados celebrado en Arucas (Gran Canaria) el proceso de memoria histórica y su continuidad para encontrar muchos cadáveres aún desaparecidos.
Ciudadanos de distintas islas se han dado cita en el municipio para asistir al entierro de los restos de catorce de esas víctimas de las represalias recuperados en 2017 de un pozo al que habían sido arrojados tras su muerte en la zona de Tenoya hace ahora 82 años.
La cita, apadrinada por el Ayuntamiento de Arucas, ha sido un homenaje, pero también un acto reivindicativo en el que, además de dar las gracias a quienes han hecho posible la reparación a las víctimas, también se han hecho votos para que no se olvide "nunca" la lucha de los desaparecidos y que su localización permanece todavía sin aclarar.
Propósitos que hacen preciso, según ha declarado la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de La Palma, Aralda Rodríguez, "que la memoria histórica siga adelante y que nunca nos la echen para atrás".
Como hija de un palmero asesinado por los que se alinearon con los impulsores del golpe de Estado que desencadenó la guerra civil y cuyo paradero se desconoce, Aralda Rodríguez no ha ocultado que la guía, en parte, su afán particular.
Porque, según ha destacado, la espera para conocer si llegará el momento de enterrar a su padre no ha finalizado, aunque, no obstante, también la mueve el deseo de que se haga justicia con todos los afectados.
Este mismo deseo ha expresado la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa, entre lágrimas que no ha podido reprimir ante el hecho de ver cumplido este domingo el deseo que le había acompañado toda la vida de hallar a su padre y darle sepultura.
Su progenitor es uno de los catorce desaparecidos cuyos restos se han enterrado en el cementerio de Arucas, en "un panteón muy bonito" erigido, según ha recalcado, a modo de "nido donde darles cobijo a todos".
Allí han ido a parar, metidos en cajas que han sido conducidas en procesión en coches fúnebres y adornadas con banderas republicanas, los huesos de siete víctimas identificadas, pero también las de otras siete personas cuya identidad de momento no se ha podido establecer por falta de muestras de parientes con que compararlas.
Los familiares que tras este acto han hallado la paz son los allegados de José Sosa, Francisco Santana, Lorenzo Santana, Pedro Roque, Juan Torres, Miguel Sánchez y Domingo González, todos ellos trabajadores de entre algo más de 20 y menos de 50 años, casados y con hijos en varios casos, que desaparecieron a manos de la dictadura.
La presidenta de la Asociación de la Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa (2d), durante el funeral y entierro celebrado este domingo en Arucas (Gran Canaria) de los 14 republicanos asesinados durante la Guerra Civil, entre ellos su padre y cuyos restos fueron recuperados en 2017 del pozo de Tenoya. EFE
Arucas (Gran Canaria), 24 mar (EFE).- Familiares de republicanos que acabaron en fosas comunes a manos de la dictadura franquista han defendido este domingo en un acto de reparación a 14 represaliados celebrado en Arucas (Gran Canaria) el proceso de memoria histórica y su continuidad para encontrar muchos cadáveres aún desaparecidos.
Ciudadanos de distintas islas se han dado cita en el municipio para asistir al entierro de los restos de catorce de esas víctimas de las represalias recuperados en 2017 de un pozo al que habían sido arrojados tras su muerte en la zona de Tenoya hace ahora 82 años.
La cita, apadrinada por el Ayuntamiento de Arucas, ha sido un homenaje, pero también un acto reivindicativo en el que, además de dar las gracias a quienes han hecho posible la reparación a las víctimas, también se han hecho votos para que no se olvide "nunca" la lucha de los desaparecidos y que su localización permanece todavía sin aclarar.
Propósitos que hacen preciso, según ha declarado la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de La Palma, Aralda Rodríguez, "que la memoria histórica siga adelante y que nunca nos la echen para atrás".
Como hija de un palmero asesinado por los que se alinearon con los impulsores del golpe de Estado que desencadenó la guerra civil y cuyo paradero se desconoce, Aralda Rodríguez no ha ocultado que la guía, en parte, su afán particular.
Porque, según ha destacado, la espera para conocer si llegará el momento de enterrar a su padre no ha finalizado, aunque, no obstante, también la mueve el deseo de que se haga justicia con todos los afectados.
Este mismo deseo ha expresado la presidenta de la Asociación de Memoria Histórica de Arucas, Pino Sosa, entre lágrimas que no ha podido reprimir ante el hecho de ver cumplido este domingo el deseo que le había acompañado toda la vida de hallar a su padre y darle sepultura.
Su progenitor es uno de los catorce desaparecidos cuyos restos se han enterrado en el cementerio de Arucas, en "un panteón muy bonito" erigido, según ha recalcado, a modo de "nido donde darles cobijo a todos".
Allí han ido a parar, metidos en cajas que han sido conducidas en procesión en coches fúnebres y adornadas con banderas republicanas, los huesos de siete víctimas identificadas, pero también las de otras siete personas cuya identidad de momento no se ha podido establecer por falta de muestras de parientes con que compararlas.
Los familiares que tras este acto han hallado la paz son los allegados de José Sosa, Francisco Santana, Lorenzo Santana, Pedro Roque, Juan Torres, Miguel Sánchez y Domingo González, todos ellos trabajadores de entre algo más de 20 y menos de 50 años, casados y con hijos en varios casos, que desaparecieron a manos de la dictadura.
