NICOLÁS RAPETTI. LATFEM.- El informe “Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad” releva los testimonios de 33 detenidas en penales federales y de la provincia de Buenos Aires que debieron transitar el preparto, parto y posparto privadas de la libertad. A la cadena de violencias del encarcelamiento, se suman otras con impactos irreversibles en la vida y la salud de ellas y sus hijxs.
Comenzó con contracciones dentro de la Unidad Penitenciaria Bonaerense N° 33 de Los Hornos. No tuvo licencia por maternidad y no esperó ese momento en su casa o en un centro de salud. Fue trasladada del penal al Hospital Interzonal General de Agudos General José de San Martín de La Plata, siempre bajo vigilancia. Cuando llegaron al hospital, la esposaron y encadenaron a la camilla mientras hacía el trabajo de parto. El parto terminó siendo por cesárea y sólo en el quirófano le sacaron las esposas. Acababan de coserla cuando volvieron a esposarla a la camilla. Estuvo así dos días, hasta que le dieron el alta y la volvieron a llevar al penal. Su bebé, una nena, había sido derivada a neonatología y quedó en el hospital, sola. Se interrumpió la lactancia y V. perdió contacto con su hija recién nacida. El encadenamiento y el parto esposado en ese hospital fue denunciado en varias oportunidades.
A.T. tenía tres meses de embarazo cuando fue alojada en la Unidad N° 31 de Ezeiza. Era de alto riesgo por sus antecedentes obstétricos, pero no recibió los cuidados que necesitaba. Luego de unos meses, luego de sentir fuertes contracciones durante varias horas, fue derivada al Hospital Eurnekian. El médico dictó pautas de alarma, pero como no sintió contracciones, ella fue devuelta al penal. En lugar de monitorearla en enfermería, la llevaron a su celda. Los dolores seguían y pidió atención médica: le contestaron que ya había estado en el hospital. De madrugada, por sus gritos desgarradores, la llevaron al centro médico y le inyectaron un analgésico. La médica que la vio anotó en la historia clínica la necesidad de adoptar “pautas de alarma”. Pero la devolvieron al penal, a su celda, sin monitoreo. No podía caminar por el dolor. Los penitenciarios le negaron nuevamente atención médica. A.T. dio a luz en el piso de su celda, ayudada por dos compañeras de pabellón. La médica de guardia era pediatra, no obstetra, y junto con la celadora ayudaron a la finalización del parto. Trasladaron luego a A.T. y al bebé al hospital, quien nació con múltiples problemas de salud y un mes más tarde falleció. Tres semanas antes, la mujer había sido excarcelada. Por esta situación de violencia, hay un proceso penal en trámite.
En 2015, se conformó la “Mesa de Trabajo Interinstitucional sobre Violencia Obstétrica hacia Mujeres Privadas de su Libertad”, integrada por la Defensoría General de la Nación (DGN), la Defensoría del Pueblo de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires y la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN). Los casos relevados fueron presentados en el informe Parí como una condenada. Experiencias de violencia obstétrica de mujeres privadas de la libertad, que investigó en unidades penales federales y de la provincia de Buenos Aires. Para hacerlo, entrevistaron a 33 mujeres que transitaron el preparto, el parto y el posparto en contexto de encierro entre 2012 y 2016.
La ley 26.485, de Protección Integral a las Mujeres -vigente y reglamentada- definió la violencia obstétrica como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”. Se trata de una violencia que en general es normalizada: impone a la gestante en qué posición tiene que parir, no puede mover las piernas del estribo, le rompen la bolsa para apurar el parto, le ponen oxitocina sin necesidad, le hacen episiotomía de rutina, hacen cesáreas si tienen apuro.
Sobre ese trato, a las presas se les suman todas las otras violencias propias del encierro y el recorte ilegal de sus derechos. El Relator Especial de las Naciones Unidas sobre tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes señaló en 2016 algo que parece obvio, pero que su vigencia obliga a reiterar: “el uso de grilletes y esposas en mujeres embarazadas durante el parto e inmediatamente después de él está absolutamente prohibido e ilustra la incapacidad del sistema penitenciario para adaptar los protocolos a las situaciones que afectan exclusivamente a las mujeres. Cuando se utiliza como castigo o medida de coacción, por cualquier razón basada en la discriminación o para causar un dolor intenso, que pueda incluso suponer una amenaza grave para la salud, ese trato puede ser constitutivo de tortura o malos tratos”.
Una lectura con perspectiva de género de la violencia en el encierro muestra la particularidad de su ejercicio, son maltratos vinculados de forma directa con la condición de mujer privada de su libertad. A las graves violaciones a los derechos humanos que se denuncian en las unidades penitenciarias, se suma que el personal judicial responsable de las detenidas carece de formación sobre parto respetado y por eso mismo, el acceso a la justicia por violencia obstétrica en general termina obturado. El informe señala que es necesario “garantizar el acceso de todas las mujeres en conflicto con la ley penal a medidas alternativas a la detención o, en su defecto, a formas de detención morigeradas tales como el arresto domiciliario”. Y en el caso de detenciones domiciliarias, implica que se garantice también el acceso a sus “necesidades básicas de alimentación, trabajo, salud y educación”.
Algunos datos del informe:
-El 94% de las encuestadas inició el trabajo de preparto en la unidad penitenciaria y casi el 76% en su pabellón de alojamiento.
-Las urgencias médicas nocturnas de embarazadas o niñxs alojados con sus madres suelen recibir primero maltratos verbales y la no inmediatez de la atención.
-El 30% fue atendida por un/a médico/a de una especialidad distinta a la obstetricia.
-El 85% recibió maltrato verbal durante el trabajo de parto realizado en el penal.
-El traslado al hospital implica esperas de entre media y dos horas.
-El 72,7% fueron conducidas a hospitales en ambulancia. El 18%, dentro de un camión de traslado. El 6%, en patrullero o colectivo de visitas.
-El 54,5% fueron trasladadas con alguna medida de sujeción: esposas o “pateras”.
-En el 79% de los casos, además de personal femenino, asistieron agentes masculinos.
-El estudio mostró llamativos índices de internaciones en neonatología (36,4% de los casos), por razones que no siempre fueron debidamente informadas.
08 March 2019
latfem.org
