OPINIÓN de Joan del Alcàzar.- Como las eliminatorias en el fútbol, el debate entre los candidatos de las elecciones generales del próximo día 28 se hará a doble partido: habrá debate de ida y de vuelta. Esto quiere decir que el que gane el primero puede perder en el segundo, y viceversa. Nadie puede confiarse.
Se lo escuché a Lola García, la subdirectora de La Vanguardia, en la SER: el lunes 22, con el primer debate en TVE, comienza realmente la campaña electoral. Estoy completamente de acuerdo.
Lo llaman campaña y no lo es, a eso que hemos visto hasta ahora. Es un espectáculo político de bajo nivel lo que venimos sufriendo desde hace demasiado; aún más desde que se inició oficialmente la campaña hace unos días. De hecho, la larguísima y pesada carrera electoral la pusieron en marcha el PP y Ciudadanos al día siguiente de que Mariano Rajoy perdiera la moción de censura.
Los tres candidatos de la derecha, desde la extrema a la de la gente guapa, hace semanas que están haciendo todo lo posible para elevar la temperatura de la confrontación, aun mintiendo y difamando, pronosticando desastres bíblicos si no salen vencedores. Steve Banon, el gurú de Donald Trump, ha puesto escuela y cuenta con alumnos aplicados que juegan sobre todo a embarrar el terreno de juego. Cabe destacar de entre ellos, sin embargo, porque es de justicia, a Pablo Casado. Ahora sabemos que lo que aprendió con el máster de la UJRC le permitió acumular un conocimiento: el de faltar a la verdad con arrogancia y cinismo a partes iguales.
Lunes y martes próximos los cuatro dirigentes políticos de ámbito estatal deberán verse las caras, confrontar sus programas, sus ideas, sus promesas. Pero, deberán hacerlo ante los demás y ante los millones de espectadores que desde el salón de su casa juzgarán a los contendientes.
Afortunadamente, Pedro Sánchez ha reconsiderado su posición inicial [y la segunda y la tercera] respecto al debate. Les faltó previsión y agilidad a los socialistas; la jugada de incluir Vox era buena; mucho, en la medida que permitía visualizar la fractura abierta entre las derechas, así como la foto de Colón. Pero parece mentira que nadie desde el Estado mayor de Ferraz tuviera previsto un Plan B si la Junta Electoral respondía como ha respondido. No tenerlo pensado puso al partido de los socialistas en una situación tan delicada como desfavorable. Empeñarse en querer doblarle la mano a TVE, a La Sexta y a PP, Ciudadanos y Podemos, a todos a la vez, era suicida. Han hecho bien en dar marcha atrás: rectificar es cosa de sabios; es de torpes perseverar en el error.
La última encuesta del CIS, y otras de menor fiabilidad, han dicho por activa y por pasiva que el número de indecisos es muy elevado. Es muy posible. Por lo tanto, cuantos más debates, cuanta más discusión, cuanta más información le llegue a la ciudadanía, mejor.
Se trata, sin embargo, de indecisos que mayoritariamente dudan entre una u otra sigla dentro del bloque -izquierda o derecha- en el que se ubican. Votar PP o votar Ciudadanos o Vox puede ser una pregunta que muchos electores aún no han resuelto. Elegir entre el PSOE o Unidas Podemos, lo será para otros. También en los territorios con partidos de obediencia autóctona habrá quien se debatirá entre votar una opción u otra, algunas de las cuales no estarán representadas en los debates del lunes y martes.
¿Qué pasará en Cataluña, por ejemplo, donde el mapa partidario es mucho más amplio que el de los dos debates? ¿Será, de nuevo, el eje nacional el que vertebre las votaciones o volverá a serlo el eje izquierda/derecha? ¿Se derrumbará JXCat en beneficio de ERC? ¿Qué será del PSC de Miquel Iceta? ¿Atraerá el voto de izquierda catalanista moderado, para apoyar la vía de diálogo que propugna Pedro Sánchez, unos días con más convicción que otros? ¿Qué pasará con los votantes que lidera Ada Colau? ¿Serán los aliados catalanes de Pablo Iglesias capaces de rentabilizar el ser la opción más clara en proponer que los catalanes manifiestan con papeletas qué quieren? ¿Aparecerá Vox con fuerza, en detrimento de la señora Marquesa de Casa Fuerte, tan agria ella? ¿Penalizarán los electores del Principado la fuga de Arrimadas, después de constatar su insolvencia como jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña?
¿Cómo resolverán los valencianos el reto de votar para elegir representantes en Madrid y, en el mismo acto electoral, elegir a los de Cortes Valencianas? ¿Favorecerá a los socialistas de Ximo Puig en detrimento de sus socios comandados por Mónica Oltra? ¿Superará Martínez Dalmau las expectativas poco optimistas de Unidas Podemos? ¿Será significativa la bajada del PP de la corrupción y del deterioro de todos los indicadores económicos y sociales de los que fueron responsables durante dos décadas? ¿Irrumpirá la extrema derecha valenciana, hasta ahora integrada dentro del PP?
Todas estas preguntas solamente podrán tener respuestas tangenciales, indirectas, en los debates de los días 22 y 23, pero esto no devalúa esos ejercicios de confrontación de ideas y de líderes. Nos confirman, eso sí, que habría que hacer muchos más debates. De hecho, sería positivo para la calidad de la democracia española que se incrementaran los debates entre las diversas formaciones políticas y entre los candidatos; mucho más esclarecedores para los electores que los mítines, esos actos casi litúrgicos que sólo congregan a los ya convencidos.
Elevar el número de debates sería, pues, un acuerdo que deberían tomar para asegurarlos mediante la Ley electoral. A lo que no podrá obligar ninguna ley será a que los intervinientes respeten dos cosas: a sus adversarios y a la verdad.
Obligar a ahorrarse los insultos y las descalificaciones, y obligar a dejar fuera del debate las mentiras y las difamaciones sólo se conseguirá cuando los ciudadanos penalicen a los que insultan, descalifican, mienten y difaman. Esto, sin embargo, sólo pasa en las democracias avanzadas, las de alta calidad. Todavía nos falta mucho para llegar a ese estadio, pero es cosa de seguir insistiendo. No perdamos la esperanza.
Se lo escuché a Lola García, la subdirectora de La Vanguardia, en la SER: el lunes 22, con el primer debate en TVE, comienza realmente la campaña electoral. Estoy completamente de acuerdo.
Lo llaman campaña y no lo es, a eso que hemos visto hasta ahora. Es un espectáculo político de bajo nivel lo que venimos sufriendo desde hace demasiado; aún más desde que se inició oficialmente la campaña hace unos días. De hecho, la larguísima y pesada carrera electoral la pusieron en marcha el PP y Ciudadanos al día siguiente de que Mariano Rajoy perdiera la moción de censura.
Los tres candidatos de la derecha, desde la extrema a la de la gente guapa, hace semanas que están haciendo todo lo posible para elevar la temperatura de la confrontación, aun mintiendo y difamando, pronosticando desastres bíblicos si no salen vencedores. Steve Banon, el gurú de Donald Trump, ha puesto escuela y cuenta con alumnos aplicados que juegan sobre todo a embarrar el terreno de juego. Cabe destacar de entre ellos, sin embargo, porque es de justicia, a Pablo Casado. Ahora sabemos que lo que aprendió con el máster de la UJRC le permitió acumular un conocimiento: el de faltar a la verdad con arrogancia y cinismo a partes iguales.
Lunes y martes próximos los cuatro dirigentes políticos de ámbito estatal deberán verse las caras, confrontar sus programas, sus ideas, sus promesas. Pero, deberán hacerlo ante los demás y ante los millones de espectadores que desde el salón de su casa juzgarán a los contendientes.
Afortunadamente, Pedro Sánchez ha reconsiderado su posición inicial [y la segunda y la tercera] respecto al debate. Les faltó previsión y agilidad a los socialistas; la jugada de incluir Vox era buena; mucho, en la medida que permitía visualizar la fractura abierta entre las derechas, así como la foto de Colón. Pero parece mentira que nadie desde el Estado mayor de Ferraz tuviera previsto un Plan B si la Junta Electoral respondía como ha respondido. No tenerlo pensado puso al partido de los socialistas en una situación tan delicada como desfavorable. Empeñarse en querer doblarle la mano a TVE, a La Sexta y a PP, Ciudadanos y Podemos, a todos a la vez, era suicida. Han hecho bien en dar marcha atrás: rectificar es cosa de sabios; es de torpes perseverar en el error.
La última encuesta del CIS, y otras de menor fiabilidad, han dicho por activa y por pasiva que el número de indecisos es muy elevado. Es muy posible. Por lo tanto, cuantos más debates, cuanta más discusión, cuanta más información le llegue a la ciudadanía, mejor.
Se trata, sin embargo, de indecisos que mayoritariamente dudan entre una u otra sigla dentro del bloque -izquierda o derecha- en el que se ubican. Votar PP o votar Ciudadanos o Vox puede ser una pregunta que muchos electores aún no han resuelto. Elegir entre el PSOE o Unidas Podemos, lo será para otros. También en los territorios con partidos de obediencia autóctona habrá quien se debatirá entre votar una opción u otra, algunas de las cuales no estarán representadas en los debates del lunes y martes.
¿Qué pasará en Cataluña, por ejemplo, donde el mapa partidario es mucho más amplio que el de los dos debates? ¿Será, de nuevo, el eje nacional el que vertebre las votaciones o volverá a serlo el eje izquierda/derecha? ¿Se derrumbará JXCat en beneficio de ERC? ¿Qué será del PSC de Miquel Iceta? ¿Atraerá el voto de izquierda catalanista moderado, para apoyar la vía de diálogo que propugna Pedro Sánchez, unos días con más convicción que otros? ¿Qué pasará con los votantes que lidera Ada Colau? ¿Serán los aliados catalanes de Pablo Iglesias capaces de rentabilizar el ser la opción más clara en proponer que los catalanes manifiestan con papeletas qué quieren? ¿Aparecerá Vox con fuerza, en detrimento de la señora Marquesa de Casa Fuerte, tan agria ella? ¿Penalizarán los electores del Principado la fuga de Arrimadas, después de constatar su insolvencia como jefa de la oposición en el Parlamento de Cataluña?
¿Cómo resolverán los valencianos el reto de votar para elegir representantes en Madrid y, en el mismo acto electoral, elegir a los de Cortes Valencianas? ¿Favorecerá a los socialistas de Ximo Puig en detrimento de sus socios comandados por Mónica Oltra? ¿Superará Martínez Dalmau las expectativas poco optimistas de Unidas Podemos? ¿Será significativa la bajada del PP de la corrupción y del deterioro de todos los indicadores económicos y sociales de los que fueron responsables durante dos décadas? ¿Irrumpirá la extrema derecha valenciana, hasta ahora integrada dentro del PP?
Todas estas preguntas solamente podrán tener respuestas tangenciales, indirectas, en los debates de los días 22 y 23, pero esto no devalúa esos ejercicios de confrontación de ideas y de líderes. Nos confirman, eso sí, que habría que hacer muchos más debates. De hecho, sería positivo para la calidad de la democracia española que se incrementaran los debates entre las diversas formaciones políticas y entre los candidatos; mucho más esclarecedores para los electores que los mítines, esos actos casi litúrgicos que sólo congregan a los ya convencidos.
Elevar el número de debates sería, pues, un acuerdo que deberían tomar para asegurarlos mediante la Ley electoral. A lo que no podrá obligar ninguna ley será a que los intervinientes respeten dos cosas: a sus adversarios y a la verdad.
Obligar a ahorrarse los insultos y las descalificaciones, y obligar a dejar fuera del debate las mentiras y las difamaciones sólo se conseguirá cuando los ciudadanos penalicen a los que insultan, descalifican, mienten y difaman. Esto, sin embargo, sólo pasa en las democracias avanzadas, las de alta calidad. Todavía nos falta mucho para llegar a ese estadio, pero es cosa de seguir insistiendo. No perdamos la esperanza.
