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Líbano: El derecho a la verdad de los familiares de las personas desaparecidas

“Hay que recordar para no repetir”: cada 13 de abril, durante los últimos 29 años, este ha sido el mantra de los familiares de las personas que fueron víctimas de desaparición forzada o que desaparecieron durante la guerra de Líbano, que empezó el 13 de abril de 1975. Cada año, las familias han repetido este mantra, obstinadas y desafiantes ante una nación sorda a su petición de verdad, una nación influida y conformada por la justicia de los vencedores, que no dejó lugar para ningún tipo de rendición de cuentas, y mucho menos de reconocimiento.





Pero este año, el 13 de abril es diferente.

En noviembre de 2018, el Parlamento aprobó una ley sobre las personas desaparecidas o víctimas de desaparición forzada que debería permitir la formación de una comisión nacional con el mandato de investigar casos individuales de desapariciones, localizar y exhumar fosas comunes y habilitar un proceso de búsqueda que, potencialmente, podría ayudar a pasar página a miles de familias que se han quedado atrapadas en un estado de dolor permanente durante demasiados años. Además, esta es la primera vez que las autoridades libanesas han adoptado una medida legítima para abordar uno de los legados más dolorosos del conflicto.

Esto no habría sido posible sin la lucha constante e infatigable de familiares y activistas por el derecho a la verdad. “Por supuesto, este año es diferente. [Esta ley] es un gran logro para un país como el nuestro”, me dijo Wadad Halwani cuando le pregunté cómo se sentía ante la celebración de este año. “Por fin hemos logrado el primer paso real hacia la verdad”. Esposa de un maestro y activista político que fue secuestrado de su hogar en 1982 y del que nunca más se supo nada, Wadad ha liderado la lucha desde entonces, con una llamada a la movilización —primero a otras familias, luego a artistas, intelectuales, escritores y cineastas y, más tarde, a ONG y activistas— en la que todos unieron fuerzas.

Durante el conflicto y en los años inmediatamente posteriores pidieron la puesta en libertad de las personas desaparecidas. Los 15 años de guerra se caracterizaron por fases sucesivas de homicidios en masa, asedios contra la población civil, desplazamientos forzados, secuestros y desapariciones forzadas. Entre 1975 y 1977, los periódicos incluían secciones especiales dedicadas a informar sobre secuestros. Todas las partes en el conflicto, tanto los grupos armados como las fuerzas armadas, llevaron a cabo secuestros. A las víctimas —en su mayoría civiles— las secuestraban en los puestos de control, en sus hogares o en las calles, bien para intercambiarlas con otros prisioneros, por dinero, por venganza o para sembrar miedo en las comunidades. La práctica de las desapariciones forzadas continuó después de que el conflicto terminara en 1990, aunque a menor escala.

“Os llevasteis a nuestros hijos vivos, devolvédnoslos vivos”, escuché que una mujer le gritaba a un ministro una mañana, cuando éste entraba en una reunión del gobierno. Las fuerzas de seguridad la apartaron, sin que el ministro la mirara siquiera. La prioridad del país era la reconstrucción, pasar página, avanzar. El ruido ensordecedor de las excavadoras silenció las voces de las familias y de las víctimas.

Durante los años de la posguerra, la petición de que las personas detenidas fueran puestas en libertad se convirtió en un llamamiento a la verdad, a medida que las esperanzas de encontrar con vida a los seres queridos disminuían con el paso de los años. A principios de la década de 1990, la ONG SOLIDE, fundada por Ghazi Aad, fue una de las primeras en llamar la atención sobre las alarmantes cifras de secuestros de personas libanesas y palestinas que luego eran trasladadas a Siria, donde no se volvía a saber nada más de ellas. Aad, que quedó parapléjico a consecuencia de un accidente de automóvil, lideró manifestaciones y sentadas en favor de cientos de familias que creían que sus seres queridos habían sido sometidos a desaparición forzada en Siria. Las fuerzas de seguridad lo golpearon y humillaron por liderar dichas protestas.

En 2005, cuando el ejército sirio y sus servicios de inteligencia salieron de Líbano, Halwani y Aad aunaron fuerzas para conseguir la verdad. Se organizó una acampada permanente en los jardines situados frente al edificio de la ONU, en el corazón de la capital. Allí, Aad se turnaba día tras día con madres, hermanas, hermanos y padres para estar en la tienda de campaña, recibir a periodistas, activistas, políticos simpatizantes y a cualquiera que quisiera más información. La acampada se convirtió en un lugar de acción, solidaridad y apoyo.

Con otros compañeros activistas y familiares, Halwani y Aad lideraron una intensa campaña de cabildeo que impulsó al recién nombrado presidente Michel Sleiman —primer presidente tras la salida del ejército sirio— a comprometerse, al jurar su cargo en 2008, a “trabajar con dedicación para liberar a las personas presas y detenidas y revelar la suerte de las personas desaparecidas”. Después, junto con un grupo de abogados, activistas y representantes gubernamentales, visitaron Bosnia y Herzegovina, donde se reunieron con las Madres de Srebrenica, visitaron fosas comunes, el depósito de cadáveres, el laboratorio donde se identificaba a las personas desaparecidas y el Instituto de Personas Desaparecidas, y se informaron sobre la legislación que había establecido los procesos para descubrir la suerte de las personas desaparecidas en Bosnia.

Al regresar a Beirut, iniciaron un proceso para la elaboración de una ley. El proyecto de ley se elaboró en consulta con varias organizaciones con experiencia en la materia y, en 2014, los dos diputados que habían formado parte de la delegación a Bosnia y Herzegovina lo presentaron en el Parlamento. En paralelo, SOLIDE y el Comité de Familias presentaron una demanda ante el Consejo Consultivo del Estado —el máximo órgano judicial administrativo libanés— con el fin de obtener reconocimiento de su derecho a la verdad. En 2015, el Consejo Consultivo reconoció este derecho y pidió al gobierno que entregara a las familias todas las investigaciones realizadas en el pasado. A pesar de todo, el proyecto de ley no llegó a incluirse en la agenda del Parlamento, cuya actividad estaba paralizada debido al estancamiento de la situación política y que prácticamente no se reunía en ese momento. Se lanzó una petición que consiguió suficientes firmas para obligar al Parlamento a incluir el proyecto de ley en la agenda parlamentaria.

Finalmente se aprobó la ley, pero Aad no vivió para verlo: murió en noviembre de 2016. Halwani sigue adelante y hoy, más que nunca, comparte su viaje y el de miles de familiares de Líbano con otros comités de familias de Siria y otros lugares. Su próxima misión es garantizar que se establece la comisión como primer paso para la aplicación de la ley.

“Ahora me siento satisfecha. Ya no me preocupa lo que pueda pasarme. Hoy en día, nuestra base es sólida”, me dijo antes de volver a centrar su atención en la preparación de la celebración del 13 de abril de este año.

Lynn Maalouf, directora de Investigación de Amnistía Internacional para Oriente Medio.

Este artículo fue publicado por primera vez en The Daily Star y puede consultarse aquí.

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