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Agroexportadoras sepultan democracias

Jorge Zavaleta  Alegre.- América Latina se ha convertido en la versión absoluta donde el libre mercado solo viene dejando corrupción. No hay país de esta Región, exceptuando Uruguay, donde la fragilidad de las instituciones democráticas sea aprovechada para hacer negocios extremadamente lucrativos.



Esta lista puede ser liderada por el Perú, donde cinco jefes de Estado pasan por procesos  judiciales en diferentes etapas – y  es un paraíso de leyes para los  agroexportadoras e  hidroenergéticas, que violando normas   comprometen la  salud de los consumidores, agricultores, y destruyen las fuentes de agua en perjuicio del presente y futuro  de miles de los pueblos  andinos. 

Hoy percibimos, por señalar la  grave amenaza del pueblo de Caraz, en la Cordillera de los Andes Nororientales, que despierta   para exigir que el sexto presidente nacional, derogue el Decreto Supremo N° 114-2019 PCM, que declara el “Estado de Emergencia de la Laguna Parón, “por peligro inminente ante posible desembalse” que  asegura  el  agua  de una transnacional radicada en la costa  norte del país, bastión del partido aprista  fundado en 1917 por Haya de la Torre y sepultado por Alan García Pérez, con su suicidio a principios del 2019..

La decisión gubernamental se basa en un informe  de la Autoridad Nacional que señala que el nivel del agua de la laguna se encuentra por encima de la cota mínima de seguridad. Sin embargo, la comunidad en protesta señala que el interés de las autoridades, es jugar en pared con la transnacional hidroenergética Orazul, para que finalmente el agua sea descargada en beneficio de la empresa.

Orazul, anteriormente tenía la licencia de uso del agua de la Laguna de Parón y perjudicaba a los agricultores de la Comunidad de Cruz de Mayo que también usaban el agua que venía de la laguna; hasta que el 2008 las comunidades se organizaron y recuperaron el control de la Laguna.

En ese entonces la empresa hidroenergética Orazul realizaba irregulares y grandes descargas de agua, poniendo en peligro la sostenibilidad de la Laguna y perturbando el delicado ecosistema del Parque Nacional Huascarán en general, del que es parte la Laguna.

La versión de la comunidad,  a través de la Red Muqui,  señala que no han tenido conocimiento del informe técnico, y que a pesar de que anteriormente han participado de mesas de diálogo, no les hicieron llegar el informe, que se suma a una serie de errores que el Estado ha venido cometiendo, al no asumir los compromisos con las poblaciones que se encuentran alrededor de Parón.

La agroexportadora  desde febrero ha querido descargar la laguna, señalando un “inminente peligro”. “En años anteriores también señalaron lo mismo y la comunidad permitió que se realicen descargas de agua, pero descargaban más de lo acordado, perjudicando el  riego”.  Orazul  ha logrado que el ex presidente de la comunidad sea defenestrado.

Las autoridades no tienen interés  ahora de proteger  el turismo. La comunidad no se opone a la descarga de agua siempre y cuando no esté muy por debajo de la cota máxima de seguridad que y terminaría afectando al turismo y la agricultura.

La arbitrariedad del  gobierno y su agroexportadora aliada  amenaza con  la fuerza cuando crece la voz de las rondas campesinas, con la participación de docentes, agricultores, la junta de regantes, transportistas, etc.

En la zona de la Laguna de Parón, las comunidades aledañas y gran parte del Parque Nacional Huascarán están concesionados a una empresa minera que tiene un proyecto llamado Yanamia. Las comunidades necesitan mejorar la gestión de agua para que todas las comunidades sean beneficiadas en el uso del agua de la Laguna Parón.


José Antonio Segrelles, del Departamento de Geografía Humana , Universidad de Alicante (España), explica que la globalización y la progresiva liberalización de los mercados agropecuarios mundiales representarán un importante estímulo para que los países latinoamericanos intenten aumentar la productividad y la competitividad internacional de sus producciones agrícolas y ganaderas, en consonancia con un modelo de crecimiento económico basado en la búsqueda de beneficios a corto plazo.

Pero advierte que este proceso conducirá sin duda alguna a la profundización de los clásicos antagonismos entre la agricultura comercial y capitalista, ejercida por los complejos agroindustriales controlados por las empresas transnacionales y los grandes agricultores locales, y la agricultura campesina, condenada a la precariedad.



Tanto la creciente pobreza rural, por un lado, como la intensificación productiva, por otro, llevan consigo la degradación de los ecosistemas y graves desequilibrios ecológicos que acentúan los agudos problemas ambientales heredados de la revolución verde y del papel dependiente y periférico de América latina dentro del capitalismo mundial.

Aunque cada vez existe mayor atención ecológica en la población latinoamericana, no tiene ningún sentido reclamar el respeto ambiental y la necesaria conservación de los recursos sin criticar la lógica del modelo liberal, pues existe una incompatibilidad manifiesta entre el desarrollo sostenible y el modo de producción capitalista.

Con la Revolución Industrial se consolidó un mercado mundial para los principales cereales. En la actualidad cerca de 250 millones de toneladas de cereales son objeto de transporte internacional cada año. El aumento en el comercio de frutas y hortalizas frescas es responsable de la mayor parte de los problemas actuales asociados a las plagas de cuarentena  y el despojo  de alimentos para los campesinos productores.

Tampoco la agro exportación es sinónimo de calidad alimentaria.  La prueba es la industria alimentaria  de los  EEUU que viene generando la obesidad como enfermedad social, que ya se extendió a México y algunos  sectores populares  de Inglaterra y España.

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