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La cascada electoral rioplatense

OPINIÓN de Emilio Cafassi.- Ambas orillas del Río de la Plata inician este mes un calendario electoral virtualmente sincrónico, cosa que puede darse exclusivamente cada 20 años (o sea volver a repetirse en 2039) si no hubiera modificaciones en los mecanismos ya legislados con las reformas constitucionales del ´94 y ´97 en cada país y en la orilla occidental con la introducción de internas obligatorias en 2011. Vibrarán en simultáneo por la frecuencia de elección del Poder Ejecutivo que es de 4 años en Argentina y 5 en Uruguay. En cuanto al poder legislativo en Uruguay se eligen todos los senadores y diputados nacionales junto con el Presidente y Vice. En el caso argentino, con la elección de la fórmula presidencial se renueva sólo parcialmente el poder legislativo (130 diputados y 24 senadores). Sin embargo, lo que estará en juego mediante las formalidades previstas es, en un caso, la derrota de la más salvaje versión del neoliberalismo autoritario, aún sumando excrecencias y en el otro evitar que algo similar se instale en Uruguay y arrase con las enormes conquistas populares, derechos y libertades alcanzadas, cuyo detalle expuso Ortega Salinas en la edición anterior de Caras&Caretas.

En ambos casos, habrá elecciones internas antes de arribar a la definitiva en octubre. En Uruguay el próximo domingo 30 de este mes mientras que en Argentina serán en agosto, pero a 4 días de la publicación de este artículo vence el plazo para la inscripción de partidos y alianzas (10 días más tarde para los precandidatos) y nada está definido sino que crecen disparatados rumores de acuerdos de cúpula de algunas minorías que oscilan entre extremos polarizados, a diferencia de la margen oriental. Se elegirán candidatos presidenciales únicos (en Argentina, la fórmula con su vice) y en Uruguay los órganos deliberativos nacional y departamental que serán los que definan la fórmula presidencial y los candidatos a intendentes para las elecciones departamentales del año siguiente.

El propósito de introducir estos breves aspectos procedimentales, es subrayar el modo en que se expresan por los poros institucionales, las diferencias de cultura cívica entre los dos países y particularmente las grotescas manipulaciones, oportunismos y especulaciones a las que asistimos perplejos en Argentina, comenzando por el oficialismo. A mediados de enero de este año, el Presidente Macri -que gobierna prescindiendo prácticamente del poder legislativo- redactó tres decretos (N° 45, 54 y 55) modificatorios de los mecanismos electorales del exterior (casi medio millón de votos) que no fueron difundidos a la opinión pública. La oposición, al enterarse un mes después, lo acusó de intento de fraude y acudió a la justicia electoral que en una acordada los revocó. Un nuevo decreto redobló la estafa, porque postergó la entrada en vigencia de dos de ellos, pero ratificó el tercero que afecta a más del 70% de ese potencial electorado. Siguiendo con su estilo “decretista”, emitió hace menos de dos meses un nuevo decreto (N° 259) derogando otro (esta vez el N° 443 de Cristina Fernández de Kirchner de 2011) que habilitaba las listas “colectoras”, así llamadas por llevar un mismo candidato al poder ejecutivo (nacional o provincial) desde listas locales -legislativas o ejecutivas- divergentes, argumentando que confunden a la ciudadanía. En la práctica, mucho antes inclusive de los decretos que las autorizan o prohíben, las colectoras fueron utilizadas profusamente en la historia electoral argentina no sólo por el kirchnerismo sino por sus críticos, tanto los hoy oficialistas cuanto los más acérrimos opositores de ambos gobiernos, aprovechando la ausencia de reglamentación.

Sin embargo hoy, a menos de dos meses de la publicación del decreto, la alianza gobernante parece reconsiderar sus posturas al negociar el retorno de las colectoras a pesar del propio decreto, aunque no ya para acumular hacia la figura presidencial sino para la gobernación de la Provincia de Buenos Aires, el mayor distrito electoral del país cuya definición carece de segunda vuelta o ballotage. Más allá de estos bochornosos bandazos especulativos, la filosofía que anima a los dispositivos electorales de ambos países es casi idéntica, aunque con una diferencia significativa en el carácter optativo de la elección en la orilla oriental y obligatorio en la opuesta. Pero se hace evidente el modo en que las reglas se acomodan a cualquier conveniencia del poder en Argentina. Las internas abiertas más allá de detalles pretenden ser una respuesta a la creciente indiferencia ciudadana y la crisis de credibilidad en los partidos políticos que lejos de solucionarla le aporta tan sólo una pátina ilusoria de amplitud participativa, aunque varía muchísimo según como tramite las decisiones cada fuerza política en cada orilla.

En el caso del Frente Amplio (FA) fue el Plenario Nacional el que propuso en noviembre elevar a 4 precandidatos (de evidente recambio generacional) al Congreso de diciembre donde más de un millar de delegados los formalizamos y cuyo análisis dedicaré en un próximo artículo. En varios otros ejemplos, las precandidaturas fueron decididas en transacciones y pactos a puertas cerradas.

En Uruguay fueron los partidos tradicionales los que impulsaron la reforma electoral que entre otros profundos cambios -alertados por el crecimiento del FA- introdujeron las internas simultáneas. Los que hoy, luego de casi dos siglos de representación de los intereses oligárquicos ven florecer, tanto en su interior como por fuera, alternativas cada vez más semejantes a la descomposición ética y política argentina como el aterrizaje de Sartori en el partido Nacional o la fundación del partido del ex comandante del ejército.



El descrédito de las derechas proviene de la completa subordinación al liberalismo fiduciario, cosa imposible de superar reduciendo los procedimientos democráticos al mero acto de votar.

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