Su Ejecutiva lamenta los despidos y cierres que está aplicando el empresario Javier Moll en el Grupo Prensa Ibérica, y le pide que cese en esa política.
Al cumplirse hoy cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -más conocida como Ley Mordaza-, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) pide al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a los grupos parlamentarios de la izquierda en el Congreso que cumplan sus reiterados compromisos y promesas de modificar los artículos de esa norma que vulneran los derechos de la libertad de expresión e información y de manifestación pacífica, y también lo que limitan otros derechos de la ciudadanía.
Éste debe ser uno de los objetivos prioritarios en la nueva legislatura, para acabar con las arbitrariedades que se han cometido en la aplicación de esa ley y con la desproporción en la imposición de multas, como han denunciado el Defensor del Pueblo, el Consejo de Europa y numerosas organizaciones ciudadanas y sindicales de todo tipo, entre ellas la FeSP.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este último fin de semana en Madrid, ha acordado pedir al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso que, una vez superado el prolongado periodo de campañas electorales, se tomen en serio la necesidad de debatir y aprobar una ley que regule la profesión periodística y garantice el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía.
Esa ley, tal y como la FeSP y otras organizaciones han reclamado tanto al Gobierno actual -cuando no estaba en funciones- como a los anteriores, debe definir y proteger los derechos de los y las periodistas profesionales, de freelances, de quienes trabajan a pieza y de colaboradores, y establecer sus deberes; también debe crear Consejos Profesionales en los medios de comunicación, entre otros asuntos. El Congreso, asimismo, tiene que crear un Consejo Estatal del Audiovisual independiente del Gobierno, como existen en los países de la Unión Europea; resolver el concurso público para renovar la cúpula directiva de RTVE, e impulsar una ley de derechos laborales de los y las periodistas.
La Junta Ejecutiva de la FeSP también ha acordado mostrar su rechazo a la política de despidos y cierre de algunos periódicos que ha emprendido el empresario Javier Moll, presidente del Grupo Prensa Ibérica y actual presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), tras comprar el Grupo Zeta. En los últimos meses ha cerrado La Opinión de Tenerife y Levante de Castelló y ha despedido a buena parte de las plantillas de La Opinión de Murcia y La Opinión de Málaga, además de aplicar otros recortes en sus medios. Estas drásticas medidas las ha llevado a cabo sin avisar previamente a los representantes de los trabajadores, pese a que lo exige la ley.
La FeSP se solidariza con las y los trabajadores de Prensa Ibérica y del Grupo Zeta, cuya imprenta en Barcelona también ha sido cerrada. Esta Federación lamenta que el Gobierno, después de haber apoyado oficiosamente esta operación de compra de Javier Moll -existía otra oferta superior en 20 millones de euros a la de este empresario que no era bien vista por el Ejecutivo-, ahora guarde silencio ante los despidos y cierres que está aplicando. Hay que recordar que, en los últimos años, en varios diarios de Prensa Ibérica ya hubo despidos que dejaron las redacciones con poco personal, por lo que reducir aún más el número de sus profesionales hace muy difícil que puedan ofrecer periódicos con la calidad que merece la ciudadanía.
La FeSP hace un llamamiento a este empresario para que cese en su política de despidos y cierres, y que informe y negocie con la representación de las plantillas las reorganizaciones que considere necesarias, tal y como establece la legislación laboral.
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
Al cumplirse hoy cuatro años de la entrada en vigor de la Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana -más conocida como Ley Mordaza-, la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP) pide al presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, y a los grupos parlamentarios de la izquierda en el Congreso que cumplan sus reiterados compromisos y promesas de modificar los artículos de esa norma que vulneran los derechos de la libertad de expresión e información y de manifestación pacífica, y también lo que limitan otros derechos de la ciudadanía.
Éste debe ser uno de los objetivos prioritarios en la nueva legislatura, para acabar con las arbitrariedades que se han cometido en la aplicación de esa ley y con la desproporción en la imposición de multas, como han denunciado el Defensor del Pueblo, el Consejo de Europa y numerosas organizaciones ciudadanas y sindicales de todo tipo, entre ellas la FeSP.
La Junta Ejecutiva Federal de la FeSP, reunida este último fin de semana en Madrid, ha acordado pedir al Gobierno y a los grupos parlamentarios del Congreso que, una vez superado el prolongado periodo de campañas electorales, se tomen en serio la necesidad de debatir y aprobar una ley que regule la profesión periodística y garantice el derecho a la información y la comunicación de la ciudadanía.
Esa ley, tal y como la FeSP y otras organizaciones han reclamado tanto al Gobierno actual -cuando no estaba en funciones- como a los anteriores, debe definir y proteger los derechos de los y las periodistas profesionales, de freelances, de quienes trabajan a pieza y de colaboradores, y establecer sus deberes; también debe crear Consejos Profesionales en los medios de comunicación, entre otros asuntos. El Congreso, asimismo, tiene que crear un Consejo Estatal del Audiovisual independiente del Gobierno, como existen en los países de la Unión Europea; resolver el concurso público para renovar la cúpula directiva de RTVE, e impulsar una ley de derechos laborales de los y las periodistas.
La Junta Ejecutiva de la FeSP también ha acordado mostrar su rechazo a la política de despidos y cierre de algunos periódicos que ha emprendido el empresario Javier Moll, presidente del Grupo Prensa Ibérica y actual presidente de la Asociación de Medios de Información (AMI), tras comprar el Grupo Zeta. En los últimos meses ha cerrado La Opinión de Tenerife y Levante de Castelló y ha despedido a buena parte de las plantillas de La Opinión de Murcia y La Opinión de Málaga, además de aplicar otros recortes en sus medios. Estas drásticas medidas las ha llevado a cabo sin avisar previamente a los representantes de los trabajadores, pese a que lo exige la ley.
La FeSP se solidariza con las y los trabajadores de Prensa Ibérica y del Grupo Zeta, cuya imprenta en Barcelona también ha sido cerrada. Esta Federación lamenta que el Gobierno, después de haber apoyado oficiosamente esta operación de compra de Javier Moll -existía otra oferta superior en 20 millones de euros a la de este empresario que no era bien vista por el Ejecutivo-, ahora guarde silencio ante los despidos y cierres que está aplicando. Hay que recordar que, en los últimos años, en varios diarios de Prensa Ibérica ya hubo despidos que dejaron las redacciones con poco personal, por lo que reducir aún más el número de sus profesionales hace muy difícil que puedan ofrecer periódicos con la calidad que merece la ciudadanía.
La FeSP hace un llamamiento a este empresario para que cese en su política de despidos y cierres, y que informe y negocie con la representación de las plantillas las reorganizaciones que considere necesarias, tal y como establece la legislación laboral.
Junta Ejecutiva Federal de la Federación de Sindicatos de Periodistas (FeSP)
