Los casos abarcan desde activistas que sufren detenci贸n y penas de prisi贸n, hasta el acoso cibern茅tico y las campa帽as de difamaci贸n especialmente las dirigidas contra mujeres y lesbianas, homosexuales, bisexuales, transg茅nero e intersexuales, incluso por sus propias comunidades.
La Oficina de Derechos Humanos ha revelado este jueves que recibe m谩s cada vez m谩s denuncias sobre intimidaci贸n y represalias contra v铆ctimas, miembros de la sociedad civil y activistas que han colaborado, colaboran o intentan colaborar con las Naciones Unidas.
El informe anual del Secretario General, que ha documentado presuntos abusos en cerca de 50 pa铆ses, destaca una creciente implicaci贸n de los Estados en tales represalias, lo que refleja un aumento en los casos a nivel mundial.
Los casos van desde activistas detenidos y sentenciados a prisi贸n hasta actos de intimidaci贸n, como filmar a los participantes en reuniones sin su consentimiento, incluso en los locales de las Naciones Unidas, entre otros ejemplos.
El informe incluye algunos casos particularmente graves de malos tratos y tortura de mujeres detenidas. Adem谩s, el hostigamiento no se reduce a los activistas, sino tambi茅n a sus familiares.
“Algunos Gobiernos parecen estar dispuestos a hacer todo lo posible para castigar a las personas que cooperan con nosotros. En realidad, esto puede subrayar la raz贸n de ser de las causas de las v铆ctimas", seg煤n el subsecretario general de derechos humanos de la ONU, Andrew Gilmour.
El pretexto de la seguridad nacional
Adem谩s, Gilmour se帽ala la preocupaci贸n del Secretario General por "la utilizaci贸n por parte de los Estados de argumentos como la seguridad nacional y estrategias antiterroristas como justificaci贸n para obstaculizar el acceso a las Naciones Unidas”.
El informe incluye denuncias de individuos u organizaciones "acusados de terrorismo, cooperaci贸n con entidades extranjeras, o de da帽ar la reputaci贸n o la seguridad del Estado".
Gilmour se帽al贸 que el informe solo refleja parcialmente la situaci贸n, ya que “la autocensura es un problema importante”. Algunas personas no se relacionan con la ONU "por miedo a su seguridad o en situaciones en los que el trabajo en materia de derechos humanos est谩 penalizado o menospreciado p煤blicamente".
Acoso cibern茅tico
Una tendencia detectada a trav茅s de las denuncias es la utilizaci贸n de internet para la incitaci贸n al odio y el acoso cibern茅tico.
Las campa帽as de difamaci贸n van dirigidas contra mujeres y lesbianas, homosexuales, bisexuales, transg茅nero e intersexuales..
Entre los pa铆ses citados en el informe figuran Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela en la regi贸n de Am茅rica Latina.
Las consecuencias para la sociedad civil son graves, dice el informe, el d茅cimo desde que se empezaron a reportar estas represalias.
“Despu茅s de una d茅cada de destacar regularmente el problema, esper谩bamos que los n煤meros bajaran, no subieran”, dijo Gilmour.
A帽adi贸 que, si bien la ONU continuar谩 fortaleciendo su respuesta en todo el sistema, incluso a trav茅s de mejores informes sobre las denuncias y mejores respuestas pol铆ticas, la responsabilidad recae en los Estados miembros, dijo Gilmour.
"Los Estados miembros deben ser responsables de sus propias acciones y pr谩cticas, y proporcionar soluciones cuando se produzcan represalias".
 |
| ONU Colombia |
La Oficina de Derechos Humanos ha revelado este jueves que recibe m谩s cada vez m谩s denuncias sobre intimidaci贸n y represalias contra v铆ctimas, miembros de la sociedad civil y activistas que han colaborado, colaboran o intentan colaborar con las Naciones Unidas.
El informe anual del Secretario General, que ha documentado presuntos abusos en cerca de 50 pa铆ses, destaca una creciente implicaci贸n de los Estados en tales represalias, lo que refleja un aumento en los casos a nivel mundial.
Los casos van desde activistas detenidos y sentenciados a prisi贸n hasta actos de intimidaci贸n, como filmar a los participantes en reuniones sin su consentimiento, incluso en los locales de las Naciones Unidas, entre otros ejemplos.
El informe incluye algunos casos particularmente graves de malos tratos y tortura de mujeres detenidas. Adem谩s, el hostigamiento no se reduce a los activistas, sino tambi茅n a sus familiares.
“Algunos Gobiernos parecen estar dispuestos a hacer todo lo posible para castigar a las personas que cooperan con nosotros. En realidad, esto puede subrayar la raz贸n de ser de las causas de las v铆ctimas", seg煤n el subsecretario general de derechos humanos de la ONU, Andrew Gilmour.
El pretexto de la seguridad nacional
Adem谩s, Gilmour se帽ala la preocupaci贸n del Secretario General por "la utilizaci贸n por parte de los Estados de argumentos como la seguridad nacional y estrategias antiterroristas como justificaci贸n para obstaculizar el acceso a las Naciones Unidas”.
El informe incluye denuncias de individuos u organizaciones "acusados de terrorismo, cooperaci贸n con entidades extranjeras, o de da帽ar la reputaci贸n o la seguridad del Estado".
Gilmour se帽al贸 que el informe solo refleja parcialmente la situaci贸n, ya que “la autocensura es un problema importante”. Algunas personas no se relacionan con la ONU "por miedo a su seguridad o en situaciones en los que el trabajo en materia de derechos humanos est谩 penalizado o menospreciado p煤blicamente".
Acoso cibern茅tico
Una tendencia detectada a trav茅s de las denuncias es la utilizaci贸n de internet para la incitaci贸n al odio y el acoso cibern茅tico.
Las campa帽as de difamaci贸n van dirigidas contra mujeres y lesbianas, homosexuales, bisexuales, transg茅nero e intersexuales..
Entre los pa铆ses citados en el informe figuran Bolivia, Colombia, Cuba, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Venezuela en la regi贸n de Am茅rica Latina.
Las consecuencias para la sociedad civil son graves, dice el informe, el d茅cimo desde que se empezaron a reportar estas represalias.
“Despu茅s de una d茅cada de destacar regularmente el problema, esper谩bamos que los n煤meros bajaran, no subieran”, dijo Gilmour.
A帽adi贸 que, si bien la ONU continuar谩 fortaleciendo su respuesta en todo el sistema, incluso a trav茅s de mejores informes sobre las denuncias y mejores respuestas pol铆ticas, la responsabilidad recae en los Estados miembros, dijo Gilmour.
"Los Estados miembros deben ser responsables de sus propias acciones y pr谩cticas, y proporcionar soluciones cuando se produzcan represalias".